logo
 

Andrea Loyola Sotomayor con MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE Rol: C5800-20

Consejo para la Transparencia, 29/09/2020

Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Chiguayante, fundado en que recibió respuesta incompleta a su solicitud de información. Indica no haber recibido respuesta a los reclamos anteriores por denuncia realizada el primer semestre de 2019. No señala por qué a alguno de los denunciados se les acepta o no las carpetas, no se han realizado las visitas a domicilio de lo denunciado y no entregan información del rechazo continuo de la carpeta de su casa. El Consejo declara inadmisible el amparo, por ausencia de infracción.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Ausencia de infracción


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5800-20

Entidad pública: Municipalidad de Chiguayante

Requirente: Andrea Loyola Sotomayor

Ingreso Consejo: 15.09.2020

En sesión ordinaria N° 1133 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de septiembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información pública Rol C5800-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) Que, con fecha 9 de agosto de 2020, doña Andrea Loyola Sotomayor, efectuó una presentación ante la Municipalidad de Chiguayante, a través de la cual solicitó la intervención del municipio respecto de las construcciones de viviendas que no respetarían los límites legales que indica, solicita respuesta a las denuncias que habría ingresado a través del correo electrónico del director de Obras Municipales en enero del presente año y señalar las razones del atraso de su carpeta.

2) Que, mediante Ord. N° 209, de 26 de agosto de 2020, la Municipalidad de Chiguayante otorgó una respuesta a su solicitud de información, indicando que se efectuaran visitas a terreno por profesionales de la Dirección para inspeccionar las infracciones denunciadas. Además, el órgano otorga información referida a los habitantes de las viviendas reclamadas, a los cuales se les otorgó un plazo para regularizar las construcciones sin permiso. Finalmente, respecto de las razones del atraso de su carpeta, se informa que el expediente de regularización de Permiso de Obras Menores de Ampliación de Vivienda Social se encuentra con observaciones.

3) Que, con fecha 15 de septiembre de 2020, doña Andrea Loyola Sotomayor, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información pública en contra de la Municipalidad de Chiguayante, fundado en que recibió respuesta incompleta a su solicitud de información. Indica no haber recibido respuesta a los reclamos anteriores por denuncia realizada el primer semestre de 2019. No señala por qué a alguno de los denunciados se les acepta o no las carpetas, no se han realizado las visitas a domicilio de lo denunciado y no entregan información del rechazo continuo de la carpeta de su casa.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, a fin de resolver la admisibilidad del amparo en la especie, primeramente es necesario determinar si éste cumplió con los requisitos legales, en particular, si los hechos denunciados constituyen una infracción a la Ley de Transparencia.

2) Que, es preciso señalar que el artículo 10 de la Ley de Transparencia al referirse a las materias a las que se extiende el derecho de acceso a la información dispone: "El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en los actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales".

3) Que, de acuerdo a los antecedentes expuestos por la parte reclamante, se concluye que su comparecencia en esta instancia no es a consecuencia de la falta de entrega de aquella información contenida en alguno de los soportes que señala el artículo 10 precipitado. Ello, por cuanto, lo pretendido por la parte recurrente es solicitar al órgano que emita un pronunciamiento respecto de los reclamos que indica haber ingresado, especialmente, por qué a alguno de los denunciados se les acepta o no las carpetas, no se han realizado las visitas a domicilio de lo denunciado y no entregan información del rechazo continuo de la carpeta de su casa, todo lo cual, no dice relación con el derecho de acceso a la información pública, sino que más bien corresponde al ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República, razón por la que no cabe pronunciarse respecto de ello en esta sede.

4) Que, en consecuencia, no habiéndose ejercido el derecho de acceso a la información pública en los términos exigidos por la Ley de Transparencia, fuerza concluir que no puede tener lugar una solicitud en que se pida a este Consejo el amparo de tal derecho, debiendo declararse su inadmisibilidad.

5) Que, lo señalado precedentemente, no obsta a que la parte recurrente en el futuro formule una solicitud de acceso a la información pública al órgano reclamado o cualquier otro órgano de la Administración del Estado, en los términos previstos en la Ley de Transparencia, a través de los canales que correspondan, requiriendo en forma clara y precisa la entrega de un determinado acto, documento o antecedente que se encuentre en poder del órgano. Así como también, podrá recurrir ante este Consejo, interponiendo un nuevo amparo a su derecho de acceso a la información, en los casos que se cumplan los presupuestos del artículo 24, esto es, dentro del plazo de quince días hábiles contados desde la notificación de la eventual negativa a la solicitud de información; o bien, una vez terminado el plazo de 20 días que dispone el órgano requerido para dar respuesta.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Declarar inadmisible el amparo interpuesto por doña Andrea Loyola Sotomayor en contra de la Municipalidad de Chiguayante, por las razones expuestas precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Andrea Loyola Sotomayor y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Chiguayante, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 27, 28, y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio de la parte reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por el Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Javier Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.