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Michelle Araya Correa con SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES Rol: C4323-20

Consejo para la Transparencia, 06/10/2020

Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, ordenando entregar información sobre el número de objetores de conciencia declarados a través de formulario a que se refiere el artículo 119 ter del Código Sanitario, desagregada por servicio de salud y por año de declaración, desde septiembre de 2017 a la fecha de la solicitud. Lo anterior, toda vez que revisada la información proporcionada por el organismo en el enlace web señalado en su respuesta se verifica que en él no se encuentran permanentemente a disposición del público lo estrictamente pedido, pues los datos publicados corresponden al número de objetores de conciencia, clasificado por categoría de personal de la salud y servicio de salud, mas no por año de declaración. De esta forma la respuesta entregada es insuficiente para entender satisfecho el requerimiento en análisis.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4323-20

Entidad pública: Subsecretaría de Redes Asistenciales

Requirente: Michelle Araya Correa

Ingreso Consejo: 22.07.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, ordenando entregar información sobre el número de objetores de conciencia declarados a través de formulario a que se refiere el artículo 119 ter del Código Sanitario, desagregada por servicio de salud y por año de declaración, desde septiembre de 2017 a la fecha de la solicitud.

Lo anterior, toda vez que revisada la información proporcionada por el organismo en el enlace web señalado en su respuesta se verifica que en él no se encuentran permanentemente a disposición del público lo estrictamente pedido, pues los datos publicados corresponden al número de objetores de conciencia, clasificado por categoría de personal de la salud y servicio de salud, mas no por año de declaración. De esta forma la respuesta entregada es insuficiente para entender satisfecho el requerimiento en análisis.

Además, el organismo no alegó la concurrencia de circunstancias de hecho o causales de reserva que ponderar en esta sede.

En sesión ordinaria N° 1134 del Consejo Directivo, celebrada el 6 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4323-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 27 de junio de 2020, doña Michelle Araya Correa solicitó a la Subsecretaría de Redes Asistenciales la siguiente información: "información de objetores de conciencia declarados a través de formulario oficial estipulado en el artículo 119 ter del código sanitario clasificado por servicio de salud y por año desde su promulgación en septiembre del 2017".

2) RESPUESTA: El 20 de julio de 2020, la Subsecretaría de Redes Asistenciales respondió a dicho requerimiento de información indicando la dirección web desde donde se puede acceder al listado de los objetores de conciencia por servicio de salud a septiembre de 2019.

3) AMPARO: El 22 de julio de 2020, la solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta incompleta a su solicitud. Lo anterior, debido a que en la página web informada no existe la información con el detalle pedido. Agrega, que lo requerido es el "número de objetores de consciencia declarados a través del formulario oficial estipulado en el artículo 119 ter del Código Sanitario clasificado por año, es decir, objetores a diciembre 2017, objetores a diciembre 2018 y objetores a diciembre 2019 por servicio de salud. En la página oficial del MINSAL se encuentra la lista de objetores a septiembre 2019, perdiéndose los demás registros en cada actualización de los datos de la página. Lo invito a revisar mi solicitud por favor y la información detalla en la página".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Redes Asistenciales, mediante Oficio E12676, de 4 de agosto de 2020 solicitando que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (5°) en caso de no existir inconvenientes para la entrega de la información pedida, se solicita la remisión de la misma a la parte recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, dando aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, al numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo y a la Recomendación de esta Corporación sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado.

A la fecha del presente acuerdo no consta que el órgano reclamado haya presentado sus descargos en esta sede.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, lo solicitado corresponde a información sobre el número de objetores de conciencia declarados a través de formulario a que se refiere el artículo 119 ter del Código Sanitario, desagregada por servicio de salud y por año, desde septiembre de 2017 a la fecha de la solicitud. Luego, el presente amparo se funda en que la información entregada no corresponde a la solicitada, pues los datos disponibles en el sitio web informado no dan cuenta del desglose pedido sino únicamente el total de objetores de conciencia registrados, por servicio de salud, a septiembre de 2019.

2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales.

3) Que, revisada la información proporcionada por el organismo en el enlace web señalado en su respuesta se verifica que en él no se encuentran permanentemente a disposición del público lo estrictamente pedido pues los datos publicados corresponden al número de objetores de conciencia, clasificado por categoría de personal de la salud y servicio de salud, más no por año de declaración. De esta forma la respuesta entregada es insuficiente para entender satisfecho el requerimiento en análisis.

4) Que, al efecto, cabe señalar que de acuerdo con numeral 3.1., de la Instrucción General N°10, de este Consejo, precisa el cumplimiento de dicha obligación en el siguiente sentido: "cuando la información solicitada esté permanentemente a disposición del público, se deberá comunicar al solicitante, con la mayor precisión posible, la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información. Por ejemplo, este procedimiento podrá utilizarse cuando lo solicitado se encuentre disponible en internet, caso en el cual se deberá señalar el link específico que la alberga o contiene, no entendiéndose cumplida la obligación con el hecho de indicar, de modo general, la página de inicio respectiva". Por lo tanto, en virtud de lo antes expuesto, este Consejo concluye que la Subsecretaría no ha dado cumplimiento a lo establecido en la normativa precitada.

5) Que, a mayor abundamiento, atendido lo establecido en el Protocolo para la manifestación objeción de conciencia personal y para la objeción de conciencia invocada por instituciones en el marco de lo dispuesto en el artículo 119 ter del Código Sanitario, del Ministerio de Salud, disponible en https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/02/Protocolo_Objecion_Conciencia.pdf, resulta plausible la existencia de la información reclamada con el detalle pedido, toda vez que el aludido Protocolo establece que "la manifestación de objeción de conciencia se hará en un formulario tipo, que el establecimiento de salud pondrá a disposición de quienes deseen manifestar su objeción, para cuyo efecto deberá ser firmado por el objetor y el director del establecimiento ante quien se presente, en dos ejemplares originales, quedando uno en poder del objetor y otro en el de la dirección del establecimiento de salud. El formulario debe ser llenado en letra imprenta y contener todos los datos de identificación del objetor", entre ellos, "f. Fecha y hora de la manifestación de la objeción".

6) Que, además, atendida la ausencia de alegaciones por parte de la Subsecretaría Redes Asistenciales que den cuenta de la concurrencia de alguna circunstancia de hecho o causal de reserva que justifiquen su denegación, debe acogerse al amparo, ordenándose entregar la información pedida al tenor del requerimiento.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Michelle Araya Correa en contra de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario de Redes Asistenciales, lo siguiente:

a) Hacer entrega al reclamante de información sobre el número de objetores de conciencia declarados a través de formulario a que se refiere el artículo 119 ter del Código Sanitario, desagregada por servicio de salud y por año de declaración, desde septiembre de 2017 a la fecha de la solicitud.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Michelle Araya Correa y al SR. Subsecretario de Redes Asistenciales.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.