logo
 

Matías Rojas Medina con MUNICIPALIDAD DE QUILICURA Rol: C4185-20

Consejo para la Transparencia, 06/10/2020

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Quilicura, ordenando entregar nombre del tribunal, RIT y RUC de la investigación judicial por malversación de fondos públicos provenientes de la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), en período indicado, más los antecedentes que obren en poder del órgano al respecto y en caso de no existir en su poder, dicha circunstancia se deberá comunicar al reclamante y a este Consejo en la etapa de cumplimiento. Asimismo, se tiene por entregada, junto con la notificación del presente acuerdo, aunque extemporáneamente, el informe de auditoría emitido por la Contraloría General de la República sobre la materia. Lo anterior, atendida la naturaleza pública de la información reclamada, sin que el órgano haya invocado circunstancia fáctica, ni causal de reserva legal que impidiera su entrega. Previo a la entrega de la información deberán tarjarse aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación requerida, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre protección de la vida privada y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por la Ley de Transparencia. Por su parte, se rechaza el amparo respecto de las investigaciones administrativas y judiciales, sobre posible malversación o desaparición de fondos destinados a la Ley SEP u otros del área educacional, que hubiesen ocurrido bajo la administración de la ex funcionaria consultada y en las cuales se hubiere imputado su responsabilidad, atendida la inexistencia de la información pedida, sin que este Consejo cuente con antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4185-20

Entidad pública: Municipalidad de Quilicura

Requirente: Matías Rojas Medina

Ingreso Consejo: 20.07.2020

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Quilicura, ordenando entregar nombre del tribunal, RIT y RUC de la investigación judicial por malversación de fondos públicos provenientes de la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), en período indicado, más los antecedentes que obren en poder del órgano al respecto y en caso de no existir en su poder, dicha circunstancia se deberá comunicar al reclamante y a este Consejo en la etapa de cumplimiento. Asimismo, se tiene por entregada, junto con la notificación del presente acuerdo, aunque extemporáneamente, el informe de auditoría emitido por la Contraloría General de la República sobre la materia.

Lo anterior, atendida la naturaleza pública de la información reclamada, sin que el órgano haya invocado circunstancia fáctica, ni causal de reserva legal que impidiera su entrega.

Previo a la entrega de la información deberán tarjarse aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación requerida, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre protección de la vida privada y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por la Ley de Transparencia.

Por su parte, se rechaza el amparo respecto de las investigaciones administrativas y judiciales, sobre posible malversación o desaparición de fondos destinados a la Ley SEP u otros del área educacional, que hubiesen ocurrido bajo la administración de la ex funcionaria consultada y en las cuales se hubiere imputado su responsabilidad, atendida la inexistencia de la información pedida, sin que este Consejo cuente con antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria.

En sesión ordinaria N° 1134 del Consejo Directivo, celebrada el 6 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4185-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 13 de junio de 2020, don Matías Rojas Medina solicitó a la Municipalidad de Quilicura la siguiente información:

a) Qué funciones cumplió en el Municipio, y entre qué fechas, la ex funcionaria que individualiza.

b) Si existen registros de observaciones de Contraloría, sumarios o investigaciones administrativas, ante posible malversación o desaparición de fondos destinados a la Ley SEP u otros del área educacional, que hubiesen ocurrido bajo la administración de dicha servidora, o en los cuales se hubiere imputado responsabilidad de ello a la misma, proporcionando copia digital de los expedientes.

c) En relación con lo anterior, precisar si se dio cuenta de eventuales delitos al Ministerio Público, proporcionando copia digital de todas las denuncias o documentos que constaten lo anterior, emanadas de este Municipio, detallando tribunal, RIT, Fiscalía y RUC de eventuales causas que hayan existido al respecto.

2) RESPUESTA: El 13 de julio de 2020, la Municipalidad de Quilicura respondió a dicho requerimiento de información, mediante Oficio alcaldicio N° 667/20, de 10 de julio de 2020, mediante el cual informó las fechas y cargos en los que se desempeñó la ex funcionaria - entre los años 2008 al 2014 - y señaló que no existen en su contra registro de observaciones de Contraloría, sumarios o investigaciones administrativas ante posible malversación o desaparición de fondos destinados a la ley SEP u otros del área educacional, que hayan ocurrido bajo la administración de la ex funcionaria. Asimismo, informó que no existen denuncias en su contra que hayan sido presentadas ante el Ministerio Público.

3) AMPARO: El 20 de julio de 2020, don Matías Rojas Medina dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado fundado en la respuesta parcial a su solicitud.

Además, el reclamante hizo presente que: "Existen registros de prensa que rebaten la inexistencia de procesos sumariales y/o penales vinculados a las materias consultadas en esta solicitud. Se adjunta, por ejemplo, publicación del medio digital Quilinic, de fecha 16 de marzo de 2015 (se adjunta), no desmentida por el municipio, en la cual se informan allanamientos realizados por personal de la PDI, planteando que "se investigará la probable malversación de fondos destinados a La ley SEP" y la supuesta no justificación del "gasto de unos 700 millones de pesos, que aparentemente se desaparecieron en los tiempos en que la persona que individualiza era directora del departamento de Educación y otra persona que indica prestaba también servicios en el DEM". Se solicita, por tanto, aclarar lo anterior, proporcionando los registros que se tengan sobre el particular".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y mediante Oficio N° E13014, de 10 de agosto de 2020, confirió traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Quilicura, solicitante que: (1°) considerando lo expuesto por el reclamante y la respuesta proporcionada por el órgano que Ud. representa, aclare si la información requerida obra en su poder, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (2°) se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información solicitada; y, (3°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información requerida.

Mediante Oficio Alcaldicio N° 872, de 10 de septiembre de 2020, el órgano efectuó sus descargos, señalando, en síntesis, lo siguiente:

Resulta necesario aclarar que el reclamante funda su amparo en los meros dichos de un pasquín comunal, el que irresponsablemente menciona a funcionarios municipales, atribuyéndoles responsabilidades penales, de las cuales este Municipio no puede hacerse responsable.

Para mejor comprensión y en un ánimo colaborativo de lo requerido, precisa que la ex funcionaria consultada, ejerció como Directora subrogante en el Departamento de Educación un breve y determinado período de tiempo y que no fue imputada por ninguno de los delitos e irregularidades que intenta atribuirle el solicitante, a modo de ejemplo, menciona el "Informe N° l.202 de 2015 de la Contraloría General de la República", sobre auditoría a los recursos de la Ley N°20.248, Subvención Escolar Preferencial (SEP) de la Municipalidad de Quilicura, el cual comprendió la revisión de recursos transferidos entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, del cual se efectuaron observaciones al Municipio y las que se encuentran subsanadas y revisadas posteriormente por dicho organismo.

Bajo las mismas circunstancias, existió una denuncia ante el Ministerio Público por una supuesta malversación de fondos públicos provenientes de la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), la que investigó el uso de recursos desde el año 2008 a 2012, causa judicial que se encuentra concluida por el Ministerio Público; por lo que se reitera que no existen procesos disciplinarios administrativos donde se investiguen responsabilidades de la ex funcionaria por los hechos que menciona el referido pasquín.

Conforme lo anterior, hace presente que ninguna de las situaciones señaladas dice relación con responsabilidades de la ex funcionaria, razón por la que no resulta plausible para este Municipio dar respuesta a la solicitud en los términos solicitados, sino, remitirse estrictamente a los antecedentes de hecho y derecho que permitieron entregar la respuesta a la solicitud de información.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, atendido el tenor del presente amparo, este Consejo entiende que se circunscribe a la letras b) y c) de la solitud, que se transcribe en el N° 1 de lo expositivo; referidas a las investigaciones administrativas y judiciales, sobre posible malversación o desaparición de fondos destinados a la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) u otros del área educacional, que hubiesen ocurrido bajo la administración de la ex funcionaria indicada, o en las cuales se hubiere imputado su responsabilidad.

2) Que, respecto de las investigaciones consultadas en las que hubiere sido imputada la ex servidora por su responsabilidad, el órgano tanto en su respuesta como en los descargos evacuados en esta sede, señaló que no existen en su contra registro de observaciones de Contraloría, sumarios o investigaciones administrativas ante posible malversación o desaparición de fondos destinados a la ley SEP u otros del área educacional, ni denuncias en su contra que hayan sido presentadas ante el Ministerio Público.

3) Que, en este sentido, en cuanto a la información que según el reclamante no habría sido entregada, se debe hacer presente que constituye un presupuesto básico para el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública el que la información requerida exista en poder del órgano solicitado, conforme preceptúan los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia. En consecuencia, atendido que el órgano reclamado sostiene que no obra en su poder la información reclamada, se rechazará el presente amparo en este punto, toda vez que no se cuenta con antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria.

4) Que, por su parte, en cuanto a las investigaciones administrativas y judiciales, sobre posible malversación o desaparición de fondos destinados a la Ley SEP u otros del área educacional, que hubiesen ocurrido bajo la administración de la ex funcionaria consultada, si bien el órgano no se refirió expresamente a aquellas, lo cierto es que con ocasión de sus descargos evacuados en esta sede, señaló que durante los años en que se desempeñó la ex funcionaria en el Municipio existió en relación con los recursos de la Ley SEP, un informe de auditoría de la Contraloría General de la República y una investigación judicial, las cuales se encuentran concluidas. En consecuencia, atendido lo señalado y no habiendo invocado el Municipio circunstancia fáctica alguna ni causal de reserva legal que impidiera su entrega se acogerá el amparo respecto de este punto.

5) Que, respeto del Informe de auditoría emitido por la Contraloría General de la República, atendido que este Consejo ingresó con fecha 24 de septiembre de 2020, a la página https://www.contraloria.cl/web/cgr/informes-de-auditorias y constató que se encuentra publicado, bajo el título "Informe final 1.202-15 Departamento de Educación de Quilicura - sobre auditoria a los recursos de La ley N° 20.248, subvención escolar preferencial - marzo 2016", en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, se tendrá por entregada esta información junto con la notificación del presente acuerdo, aunque extemporáneamente. Respecto de la referida investigación judicial se ordenará entregar nombre del tribunal, RIT y RUC de la causa, y asimismo, los antecedentes que obren en poder del órgano al respecto. En caso de que no existir antecedentes en poder de la reclamada dicha circunstancia se deberá comunicar al reclamante y a este Consejo en la etapa de cumplimiento.

6) Que, finalmente, se deberán tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación que se ordena entregar, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628. Lo anterior se dispone en virtud del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11 letra e), de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la misma Ley.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Matías Rojas Medina en contra de la Municipalidad de Quilicura, teniéndose por entregado, aunque extemporáneamente, junto con la notificación del presente acuerdo, el informe de auditoría señalado en el Considerando 5° precedente, todo ello, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Quilicura, lo siguiente;

a) Hacer entrega al reclamante:

- Nombre del tribunal, RIT y RUC de la investigación judicial por malversación de fondos públicos provenientes de la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), que investigó el uso de recursos desde el año 2008 a 2012; y los antecedentes que obren en su poder al respecto. En caso de no existir antecedentes en su poder al respecto, dicha circunstancia se deberá comunicar al reclamante y a este Consejo en la etapa de cumplimiento.

Se deberán tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación que se ordena entregar, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628. Lo anterior se dispone en virtud del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11 letra e), de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la misma Ley.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo respecto de las investigaciones consultadas en las que hubiere sido imputada por su responsabilidad la ex funcionaria indicada, atendida la inexistencia de esta información; en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Matías Rojas Medina y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Quilicura.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.