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C2611-20 Rol: C2611-20

Consejo para la Transparencia, 06/10/2020

Se rechaza el recurso extraordinario de revisión, deducido por don Claudio Darrigrandi Navarro, en su calidad de Director de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, de fecha 15 de septiembre de 2020, en contra de la decisión pronunciada por este Consejo en el amparo Rol C2611-20.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Obras Públicas (Vialidad)
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

RESUELVE RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN RESPECTO DEL AMPARO ROL C2611-20

En sesión ordinaria N° 1134 del Consejo Directivo, celebrada el 6 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la presentación efectuada por don Claudio Darrigrandi Navarro, en su calidad de Director de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, de fecha 15 de septiembre de 2020, relativa al Recurso Extraordinario de Revisión en contra de la decisión adoptada en la sesión ordinaria N° 1120 del Consejo Directivo, celebrada el 11 de agosto del presente año, en el procedimiento de amparo Rol C2611-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) Que, con fecha 11 de agosto de 2020, en sesión ordinaria N° 1120, este Consejo se pronunció sobre el amparo Rol C2611-19, deducido por don Pablo Aranda Valenzuela en contra de la Dirección de Obras Hidráulicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia, acogiendo dicha reclamación, en virtud de los fundamentos expuestos en la mencionada decisión.

2) Que, mediante Ordinario DOH N° 3270, de fecha 15 de septiembre de 2020, don Claudio Darrigrandi Navarro, en su calidad de Director de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, presenta Recurso Extraordinario de Revisión respecto de la decisión aludida en el numeral precedente. Funda sus alegaciones en virtud de lo dispuesto en el artículo 60 de la ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, pues en su opinión " al dictar el acto que se recurre por este medio, se ha incurrido en manifiesto error de hecho y éste ha sido determinante para la decisión adoptada, y paralelamente aparecen documentos de valor esencial para la resolución del asunto, ignorados al dictarse el acto".

3) Que, el organismo funda su pretensión en la circunstancia que en la decisión de amparo reclamada, en su considerando 3° señala "Que, sobre el marco normativo aplicable, cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 72°, inciso segundo de la Ley N° 20.998, Regula los Servicios Sanitarios Rurales, que crea la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, dependiente de la recurrida, y cuyas funciones consisten en (...)". Sin embargo, argumentan, en la misma Ley N° 20.998 en su artículo primero transitorio establece que "El reglamento de esta ley será dictado dentro del plazo de ciento ochenta días, contado desde la fecha de su publicación, mediante decreto expedido a través del Ministerio de Obras Públicas (...) La presente ley entrará en vigencia al mes siguiente de la publicación del reglamento a que se refieren los incisos anteriores"; no tratándose de un plazo fatal, informando que a la fecha el citado reglamento no ha sido aprobado, por ende, la Ley N° 20.998 aun no entra en vigencia. A mayor abundamiento, indican, el artículo transitorio décimo cuarto señala que "La Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales iniciará sus funciones a partir de la entrada en vigencia de esta ley, salvo lo dispuesto en el artículo 81 (...)", de acuerdo al cronograma que se establece.

4) Que, de acuerdo con la actual dotación de funcionarios que se desempeñan en el área de la Subdirección de Agua Potable Rural (predecesora de la futura Subdirección de Servicios Sanitarios que aún no existe en pleno derecho) el total de personas que trabajan en esta área es de 149 personas. Lo anterior consta en certificado suscrito por el jefe de gestión de personas de la Dirección de Obras Hidráulicas en que se entrega un listado de todos sus funcionarios y/o asesores. En consecuencia, aseveran, existió un error que determina de manera sustantiva lo resuelto en la decisión de amparo de la especie, pues se ha desestimado la argumentación entregada por la Dirección en el sentido que, en la actualidad, debido a la contingencia sanitaria, la solicitud de información configura la causal de distracción indebida de funcionarios, a fin de reunir lo pedido en el numeral 2 y parte del numeral 6 del requerimiento, debido a que lo solicitado es información que sería necesario recopilar, incluso en terreno. En el caso del numeral 2 de la solicitud, relativo a la información sobre la regularización de los derechos de aguas, es necesario coordinar con otras entidades involucradas que poseen la titularidad sobre derechos relativos a Agua Potable Rural (APR) cubiertos por el programa, lo que complejiza la labor de obtención de dicha información si no se destina con exclusividad a una dotación al efecto, lo mismo respecto al numeral 6, solo en lo relativo a la gestión de proyectos, requiere un procesamiento y recopilación de información no disponible en estos momentos, conforme expresan.

5) Que, esta dirección, conforme señalan, no controvierte el fondo del asunto en el sentido de considerar que es procedente la entrega de información que exista en poder del servicio, sin embargo discrepa en la procedencia de dicha entrega en el contexto actual, particularmente si se fundamenta en una circunstancia fáctica errónea, esto es la incrementación del personal en 223 funcionarios, lo cual está supeditado a la implementación de una ley que a la fecha no entra en vigencia.

6) Que, a fin de acreditar sus dichos acompaña:

a) Certificado N° 77 de 11 de septiembre de 2020, del jefe de gestión de personas de la Dirección de Obras Hidráulicas, que da cuenta la dotación actual.

b) Copia de Ord N° 109, de 16 de enero de 2020 que da cuenta del retiro del Decreto MOP Afecto N° 50, de fecha 22 de mayo de 2019, "Reglamento de la Ley N° 20.998, que regula los servicios sanitarios rurales", desde Contraloría General de la República para el trámite de toma de razón, a efectos de realizar algunas subsanaciones a éste; encontrándose aún pendiente su reingreso por parte del Ministerio de Obras Públicas.

7) Que, por tanto, de acuerdo a todo lo expuesto, solicitan modificar la decisión adoptada en el sentido de considerar justificada la denegación realizada respecto de la información ordenada entregar, en el entendido de la que la contingencia sanitaria impide destinar al personal que la solicitud demanda; y, en subsidio, vienen en plantear los argumentos esgrimidos como un "téngase presente", a fin de que sean considerados en el contexto del cumplimiento de la decisión recurrida.

8) Que, finalmente, solicitan se ordene la suspensión del cumplimiento de lo resuelto en la decisión recurrida, en tanto se conoce y resuelve el presente recurso, pudiendo en caso de rechazarlo otorgarse un nuevo plazo de cumplimiento, inclusive mayor, atendidas las circunstancias expuestas.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el inciso 1° del artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dispone: "Los actos administrativos serán siempre impugnables mediante los recursos que establezca la ley". Así, en términos generales, se ha señalado que los recursos administrativos son medios de carácter impugnatorio a través de los cuales el afectado por un acto administrativo inicia un procedimiento en que insta del órgano administrativo, autor de este, su modificación, reemplazo o anulación.

2) Que, el artículo 60 de la ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, en su literal b), reconoce la posibilidad de interponer recurso extraordinario de revisión, respecto de actos administrativos firmes, cuando "aparecieren documentos de valor esencial para la resolución del asunto, ignorados al dictarse el acto o que no haya sido posible acompañarlos al expediente administrativo en aquel momento". Luego, este Consejo advierte que el recurso deducido por el recurrente es de carácter extraordinario y excepcional. Es extraordinario porque sólo se autoriza en las circunstancias taxativas que expresamente contempla el artículo 60 de la ley N° 19.880, en consecuencia, no puede utilizarse para hacer revivir asuntos ya planteados y resueltos en recursos administrativos ordinarios. Es excepcional porque debe interpretarse en forma estricta y no amplia, a fin de no transformarlo en un recurso de carácter ordinario.

3) Que, habiéndose verificado que el presente recurso se ha interpuesto dentro del plazo legal establecido en el citado artículo 60 de la ley N° 19.880, procede su conocimiento y resolución. Por tanto, corresponde determinar, para los efectos de resolver acertadamente el fondo de las impugnaciones deducidas por el recurrente, si los argumentos esgrimidos y los antecedentes acompañados en su respectivo recurso resultan o no suficientes para modificar, reemplazar o dejar sin efecto lo resuelto por este Consejo en la decisión recurrida.

4) Que, Ley N° 20.998 que regula los servicios sanitarios rurales, en adelante e indistintamente Ley N° 20.998, publicada el 14 de febrero de 2017, supedita en su artículo primero transitorio su entrada en vigencia para el mes siguiente de la publicación de su reglamento, el cual debe ser expedido mediante decreto del Ministerio de Obras Públicas, normativa que debía dictarse en el plazo de 180 días desde la publicación de esta ley. Al efecto, el organismo informa en el presente recurso de revisión que la publicación del reglamento aludido a la fecha no se ha verificado, toda vez que aquel instrumento sigue siendo objeto de subsanaciones . No obstante lo anterior, teniendo en especial consideración lo referido por el organismo durante la tramitación del amparo Rol C2611-20 y reiterado en el recurso que deduce, queda de manifiesto que el impedimento que manifiestan para dar cumplimiento a la decisión que impugnan, particularmente la entrega de lo solicitado en los numerales 2 y 6 del requerimiento relativo a la regularización de los derechos de agua y montos transferidos a empresas sanitarias urbanas en gestión de proyectos, lo justifican esencialmente con ocasión a la emergencia sanitaria que atraviesa el país. Al efecto, dicha circunstancia, tal como se expuso en la decisión recurrida, no reviste mérito suficiente para configurar la causal de distracción indebida que alegan, respecto de información que es de su competencia y que debe encontrarse sistematizada atendido el carácter e interés público que reviste, sin perjuicio que a la fecha la dotación de que disponen no se haya visto incrementada por aun estar pendiente la vigencia de la ley N° 20.998.

5) Que, además, de los hechos expuestos en el presente recurso, se advierte que respecto a lo pedido en el numeral 5 de la solicitud, relativo a informar sobre los costos asociados en la implementación de la "Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales", creada en virtud de la Ley N° 20.998 , el organismo no dio respuesta al tenor de lo estrictamente requerido; razón por la cual, en instancia de cumplimiento, deberá con base a lo resuelto en decisión C2611-20 -considerando 8°, parte final-, informar conforme los parámetros consultados en el requerimiento.

6) Que, este Consejo por medio de oficio N° 252, de 20 de marzo de 2020, informó a los órganos de la Administración del Estado -entre ellos la entidad recurrente-, sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con ocasión de la pandemia global, indicando en lo pertinente que en caso de no poder cumplir dentro de los plazos legales, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, el servicio podrá señalar un nuevo plazo para proceder a informar, lo que no aconteció en la especie. En este mismo sentido, en la decisión recurrida, se otorgó al organismo un plazo extraordinario para la entrega de la información.

7) Que, a su turno, en resguardo del principio de continuidad de la función pública consagrado en el artículo 3°, inciso primero, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado -que obliga a esta última a atender las necesidades públicas en forma continua y permanente-, la mencionada finalidad constitucional y legal no puede ser desatendida, siendo deber de los órganos realizar las acciones pertinentes, tendientes a cumplir los cometidos que les asigna el ordenamiento jurídico. En tal sentido, el órgano reclamado, debió seguir lo informado por este Consejo en el citado oficio N° 252, lo cual habría facilitado su actuar en materia de cumplimiento de acceso a información pública, debiendo proceder a la búsqueda y entrega de la información solicitada, dentro de un plazo prudente establecido por ellos mismos, de acuerdo a su propia realidad.

8) Que, merito de lo expuesto, procede rechazar el Recurso Extraordinario de Revisión dispuesto en el artículo 60 de la ley N° 19.880, interpuesto en contra de la decisión de amparo Rol C2611-20, por carecer de fundamento plausible. Sin perjuicio de lo anterior, se radicarán los antecedentes acompañados por el recurrente en sede de cumplimiento, a fin de que sea la Dirección de Fiscalización de este Consejo quien adopte las medidas tendientes a determinar si el órgano reclamado ha cumplido con la entrega de la información ordenada.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el recurso extraordinario de revisión, deducido por don Claudio Darrigrandi Navarro, en su calidad de Director de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, de fecha 15 de septiembre de 2020, en contra de la decisión pronunciada por este Consejo en el amparo Rol C2611-20, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Radicar los antecedentes acompañados por el recurrente en la Dirección de Fiscalización de este Consejo, a fin de que sea esta quien adopte las medidas tendientes a determinar si la Dirección de Obras Hidráulicas ha cumplido con la entrega de la información ordenada en la decisión de amparo Rol C2611-20.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Claudio Darrigrandi Navarro, en su calidad de Director de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas y a don Pablo Aranda Valenzuela.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y su Consejera doña Gloria de la Fuente González. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, sin perjuicio de concurrir para formar quórum, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, en razón de mantener un vínculo de parentesco con el Sr. Subsecretario de Obras Públicas, al ser hermano de dicha autoridad; solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.