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Catalina Gaete Salgado con MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO Rol: C4836-20

Consejo para la Transparencia, 06/10/2020

Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Santiago, referido a la entrega de la agenda o cuaderno de Alcalde que se consulta. Lo anterior, por cuanto las agendas o cuadernos de los funcionarios públicos, se configuran como instrumentos de organización personal constitutivos de la vida privada de su titular, en conformidad a la Garantía de Protección a la Vida Privada, consagrada en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República y, en concordancia de la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4836-20

Entidad pública: Municipalidad de Santiago

Requirente: Catalina Gaete Salgado

Ingreso Consejo: 12.08.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Santiago, referido a la entrega de la agenda o cuaderno de Alcalde que se consulta.

Lo anterior, por cuanto las agendas o cuadernos de los funcionarios públicos, se configuran como instrumentos de organización personal constitutivos de la vida privada de su titular, en conformidad a la Garantía de Protección a la Vida Privada, consagrada en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República y, en concordancia de la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

Adicionalmente, este Consejo advierte que la publicidad de lo requerido afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado.

En sesión ordinaria N° 1134 del Consejo Directivo, celebrada el 6 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4836-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 1 de julio de 2020, doña Catalina Gaete Salgado solicitó a la Municipalidad de Santiago -en adelante, indistintamente Municipalidad o Municipio- la siguiente información: «la agenda de tapa negra que el Alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, porta regularmente en reuniones y comisiones de trabajo ligadas a su función municipal». A su vez hizo presente que, solicita dicho instrumento, en consideración de que éste se utiliza en el cumplimiento de sus funciones y que, por lo tanto, la información que contiene sirve de sustento o complemento directo y esencial de los actos y resoluciones, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga. Adicionalmente, solicitó que la totalidad de este cuaderno sea escaneada directamente desde el original y de acuerdo con el principio de divisibilidad, tarjando la información que contenga datos personales.

2) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 30 de julio de 2020, la Municipalidad de Santiago respondió a dicho requerimiento de información, denegando su entrega. Al respecto, sostuvo lo siguiente:

2.1) En el caso de especie, resulta aplicable la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia -la afectación de derechos de las personas-, pues la totalidad de la agenda pedida queda comprendida dentro de la causal citada, por cuanto las reflexiones, recordatorios e incluso las divagaciones del Alcalde contenidas en dicha agenda, son parte de su esfera privada, por cuanto constituyen una extensión de su consciencia y, una herramienta personal de reflexión y memoria. Sobre lo anterior, afirmó que, aún cuando dichas reflexiones, recordatorios o divagaciones sirvan de sustento a actos administrativos, los derechos constitucionales a la intimidad y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas del Alcalde -artículo 19 N° 4 y N° 5, respectivamente, de la Constitución Política de la República- tendrían preeminencia, en este caso, al derecho de acceso a la información. Sostener lo contrario, razonó, significaría que la circunstancia de ostentar el cargo de alcalde priva totalmente a la persona que lo ostenta de dichos derechos constitucionales.

2.2) Asimismo, argumentó que, lo solicitado también cabría dentro de las categorías de datos personales y datos sensibles, en conformidad de lo establecido en las letras f) y g) de la Ley sobre Protección de la Vida Privada, cuyo titular sería el Alcalde. En consecuencia, razonó que, la información no sería pública y requeriría del consentimiento expreso del titular de los datos.

2.3) Acto seguido, hizo presente que, el requerimiento no especifica alguna inquietud relacionada con algún acto administrativo en particular, sino sólo al contenido de la libreta como tal, es decir, lo que se busca es revisar las notas personales del alcalde sin referencia a algún acto administrativo concreto. Así las cosas, la solicitud de acceso a la información no cumple con el requisito del artículo 12 letra b) de la Ley de Transparencia, que dispone que se debe identificar claramente la información que se solicita. Sobre este punto, indicó que, no cabría subsanación posible para la solicitud, por cuanto ella es clara y explícita en su intencionalidad, en sentido que no se requiere información relativa a algún acto administrativo concreto, sino tan solo obtener copia de los apuntes del alcalde, para ver si ellos pueden ser vinculados de algún modo a cualquier acto administrativo de manera posterior.

2.4) Finalmente, ilustró que, el alcalde cumple cabalmente con el deber de publicar su agenda en cuanto sujeto pasivo de Lobby, dando estricto cumplimiento a los términos de la ley 20.730 y su reglamento, por lo que no se podría invocar este deber como antecedente para exigir su agenda física personal.

3) AMPARO: El 12 de agosto de 2020, doña Catalina Gaete Salgado dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de los antecedentes consultados.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Santiago, mediante Oficio N° E14157, de fecha 25 de agosto de 2020 solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos del tercero; (3°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (4°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si el tercero eventualmente afectado presentó su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (5°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

Mediante presentación, de fecha 8 de septiembre, el Municipio presentó sus descargos y observaciones, reiterando, en síntesis, lo expuesto en su respuesta. Al respecto, sostuvo que, la solicitud de información no menciona ningún acto administrativo o dato específico que se quiera obtener con motivo de la revisión de la agenda, sino que pretende acceder a los efectos personales de una autoridad pública para saber si ellos pueden vincularse a actos administrativos de forma posterior. Asimismo, afirmó que, sostener que el Derecho de Acceso a la Información Pública, ejercido en abstracto, tendría preeminencia sobre los derechos fundamentales, implicaría que, en la práctica, las autoridades públicas tendrían completamente suspendidos dichos derechos constitucionales mientras ostenten sus cargos, lo cual es un evidente abuso de los derechos consagrados en la Ley de Transparencia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo de acceso a la información se funda en la denegación de los antecedentes consultados por la peticionaria, referidos a la entrega de la agenda que el Alcalde del Municipio utiliza en el cumplimiento de sus funciones. Al efecto, el órgano reclamado denegó la entrega del instrumento consultado, toda vez que se configura como un efecto personal, lo cual constituye una extensión de su consciencia y, una herramienta personal de reflexión y memoria. Por lo anterior, argumentó que en el caso de especie, resulta aplicable la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, a fin de cautelar las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 4 y N° 5 de la Constitución Política de la República, esto es, la Protección a la Vida Privada de la persona y la Inviolabilidad de las Comunicaciones Privadas, respectivamente, las cuales tienen preeminencias sobre el ejercicio abstracto del Derecho de Acceso a la Información Pública. Asimismo, hizo presente que, lo pedido constituye datos personales y datos sensibles, en conformidad de lo establecido en las letras f) y g) de la Ley sobre Protección de la Vida Privada, cuyo titular es el Alcalde.

2) Que, primeramente, sobre la materia, esta Corporación estima que las agendas, cuadernos o bloc de notas de los funcionarios públicos, se configuran como instrumentos de orden y organización personal, los cuales no se encuentran subsumidos dentro de los supuestos de publicidad -y, soportes documentales- contemplados por el ordenamiento jurídico. Al efecto, el artículo 8° de la Constitución Política de la República, dispone que: «Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen». Acto seguido, el artículo 5° de la Ley de Transparencia consigna que: «En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, (...)». En idéntico sentido, el artículo 10° de la Ley de Transparencia dispone que: «El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos (...)». Conforme al marco normativo precedentemente expuesto, esta Corporación advierte que los insumos y artículos personales de los funcionarios públicos, que contienen sus anotaciones no se encuentran subsumidos dentro del Principio de Publicidad y Transparencia de la Función Pública, consagrados en la Carta Magna y la Ley de Transparencia, toda vez que no se configuran como actos administrativos, resoluciones, documentos o soportes análogos, emanados por parte de un órgano de la administración del Estado, sino que son una manifestación inherente de la vida privada del sujeto -como se expondrá en los considerandos siguientes-. Por tal motivo, dicho instrumento -y su contenido- no detenta la calidad de información pública, en los términos previstos en la Ley de Transparencia.

3) Que, establecido lo anterior, tratándose de antecedentes de naturaleza privada, aún en la eventualidad de que su publicidad pudiera estar justificada en la medida que dicho instrumento hubiera sido proporcionado a la reclamada -entendiendo que obran en su poder-, y habiendo sido financiado potencialmente por recursos públicos, el mismo es susceptible de ser reservado, en aplicación de las hipótesis de reserva previstas en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia. En tal contexto, sin perjuicio de que dicha información se genere presumiblemente en el ámbito del ejercicio de la función pública, y se vierta consecuencialmente en un soporte tangible, a juicio de esta Corporación, dichos instrumentos constituyen una materialidad que decantan la vida privada de su titular, en particular, de sus apuntes, ideas, reflexiones, opiniones o juicios de valor confidenciales o privados, su registro de actividades e intereses, todos aspectos constitutivos y salvaguardados por el Derecho a la Vida Privada, consagrado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República. En tal sentido, es menester tener presente que la vida privada es «el conjunto de los asuntos, conductas, documentos, comunicaciones, imágenes o recintos que, el titular del bien jurídico protegido, no desea que sean conocidos por terceros sin su consentimiento previo» (Cea Egaña, José Luis, en Derecho Constitucional, Tomo II Derecho, Deberes y Garantías, Ediciones Universidad Católica, Santiago, 2004, p.178). Bajo esta lógica, dicha información fue creada discrecionalmente para el uso y conveniencia personal del Alcalde, a fin -sin excluir otros propósitos- de facilitar el cumplimiento de sus funciones públicas y organizar su quehacer cotidiano, respecto de la cual el órgano reclamado no tenía acceso, ni se encontraba dentro su órbita de control y disposición, por tratarse de un artículo cuya titularidad y decisión de conservación, o su destrucción corresponden al funcionario público consultado. (énfasis agregado).

4) Que, por tal motivo, esta Corporación estima que la publicidad de dicho instrumento afectaría - de manera presente o probable y con suficiente especificidad- la esfera de la vida privada del funcionario público consultado, en los términos consignados en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por cuanto comprende la entrega de elementos y circunstancias que afectarían el contenido esencial de la Garantía consagrada en el artículo 19 N° 4 de la Carta Magna. Al respecto, cabe precisar que, el Sr. Alcalde no proporcionó su aquiescencia a la entrega del artículo personal consultado. En el mismo sentido, la divulgación del instrumento pedido envuelve la entrega de datos personales y sensibles de contexto, contemplados en el artículo 2° letra f) y g) de la Ley Sobre Protección de la Vida Privada: «f) Datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables; g) Datos sensibles, aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual». Lo anterior, toda vez que dicho instrumento podría consignar -sólo a modo ejemplificativo- números telefónicos, casillas electrónicas, direcciones particulares, nombres, entre otros antecedentes comprendidos dentro del ámbito de la vida privada del interesado y de terceros.

5) Que, sobre la materia de especie, es menester tener presente que el Derecho Comparado ha reconocido el carácter personal de las notas elaboradas por funcionarios públicos. En British Airports Authority v. CAB, 531 F. Supp. 408, 412 (D.D.C. 1982) -Estados Unidos-, se solicitó acceso a las notas manuscritas hechas por un funcionario federal. Al sostener que esas notas no eran registros del organismo sujetos a la Ley de Libertad de Información -Freedom of Information Act, en adelante, indistintamente FOIA-, el tribunal subrayó que eran de carácter personal, que el empleado no tenía por qué haberlas creado, que su intención era que no tuvieran un carácter permanente y que las guardaba en sus archivos de escritorio personales sin intención de distribuirlas. Asimismo, puede destacarse Porter County Chapter of Isaak Walton League v. AEC, 380 F. Supp. 630, 633 (N.D. Ind. 1974), donde se señala que los materiales manuscritos creados por empleados de la agencia para sus propios fines, mientras ejecutaban responsabilidades asociadas al empleo, no revestían la calidad de "registros de la agencia" en virtud de la FOIA. (énfasis agregado).

6) Que, acto seguido, atendido que el objeto consultado se constituye como un instrumento cuya finalidad es apoyar, facilitar y organizar el cumplimiento de funciones públicas, esta Corporación estima que, la publicidad de lo requerido afectaría el debido ejercicio de las funciones encomendadas al órgano requerido, y fundamentalmente del Sr. Alcalde, por cuanto dicha agenda consigna -presumiblemente- los registros de planes, directrices, estrategias, programas y políticas públicas, relativas a las funciones de dirección, administración y supervigilancia que le competen al Sr. Alcalde como Jefe de la entidad edilicia. Al efecto, el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia permite la denegación al acceso a la información, cuando «su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado». (énfasis agregado).

7) Que, en dicho contexto, es menester tener presente que el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, de Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, establece en su artículo 56° que: «El alcalde es la máxima autoridad de la municipalidad y en tal calidad le corresponderá su dirección y administración superior y la supervigilancia de su funcionamiento». En este sentido, el inciso segundo del referido precepto legal dispone que «el alcalde deberá presentar, oportunamente y en forma fundada, a la aprobación del concejo, el plan comunal de desarrollo, el plan comunal de seguridad pública, el presupuesto municipal, el plan regulador, las políticas de la unidad de servicios de salud y educación y demás incorporados a su gestión, y las políticas y normas generales sobre licitaciones, adquisiciones, concesiones y permisos». Acto seguido, el artículo 63° del singularizado decreto consigna las atribuciones del Alcalde, entre las cuales es menester destacar, a modo ilustrativo de su relevancia las siguientes: a) Representar judicial y extrajudicialmente a la municipalidad; e) Administrar los recursos financieros de la municipalidad, de acuerdo con las normas sobre administración financiera del Estado; f) Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público de la comuna que correspondan en conformidad a esta ley; i) Dictar resoluciones obligatorias de carácter general o particular; ll) Ejecutar los actos y celebrar los contratos necesarios para el adecuado cumplimiento de las funciones de la municipalidad y de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley N° 18.575. (énfasis agregado)

8) Que, en virtud del marco normativo precedentemente descrito; y, en atención al conjunto de prerrogativas radicadas en el funcionario público consultado, esta Corporación estima que, la agenda consultada se constituye como un insumo que presuntamente contiene y detalla la información necesaria para el cometido de funciones públicas, cuya publicidad implicaría una afectación -presente o probable, y con suficiente especificidad- al debido cumplimiento de las funciones específicas de dirección, administración, supervigilancia y ejecución que detenta el Alcalde, con respecto a la conducción del Municipio, en materias de importancia, tales como el Orden Público, la formulación de planes económicos y sociales, y el despliegue de estrategias para enfrentar la Emergencia de Salud Pública que afecta al país, como consecuencia de la pandemia mundial por el brote de COVID 19. Bajo esta lógica, la publicidad de los antecedentes consignados en dicho instrumento probablemente introduciría parálisis o confusión en el proceso de adopción de decisiones por parte de las Autoridades Públicas, afectando, consecuencialmente su privilegio deliberativo sobre las materias que son de su competencia.

9) Que, en virtud de lo razonado precedentemente; tratándose de antecedentes no subsumidos dentro de los supuestos de Publicidad establecidos en la Constitución Política de la República y la Ley de Transparencia; configurándose como un artículo de orden personal y constitutivo de la vida privada de la persona consultada; verificándose la afectación de la privacidad del funcionario público, como asimismo de los terceros referidos en el cuaderno pedido; y, advirtiéndose la potencial afectación al debido cumplimiento de las funciones específicas encomendadas al órgano requerido y al funcionario consultado, en los términos dispuestos en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por doña Catalina Gaete Salgado, en contra de la Municipalidad de Santiago, por concurrir en la especie las causales de reserva previstas en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Catalina Gaete Salgado; y, al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Santiago.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.