logo
 

Valeria Donat Fuentes con Rol: C4546-20

Consejo para la Transparencia, 06/10/2020

Se rechaza el amparo deducido en contra del Consejo de Defensa del Estado, por cuanto la divulgación de la información reclamada relativa al caso RI 3808-2019 sobre el cual versa la solicitud, afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4546-20

Entidad pública: Consejo de Defensa del Estado

Requirente: Valeria Donat Fuentes

Ingreso Consejo: 02.08.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra del Consejo de Defensa del Estado, por cuanto la divulgación de la información reclamada relativa al caso RI 3808-2019 sobre el cual versa la solicitud, afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido.

Aplica criterio contenido entre otras, en las decisiones Roles C1302-14, C1510-14, C3205-16, C1318-17, C4428-17 y C4427-18.

En sesión ordinaria N° 1134 del Consejo Directivo, celebrada el 6 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4546-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 09 de julio de 2020, doña Valeria Donat Fuentes solicitó al Consejo de Defensa del Estado, la siguiente información referido a los informes que pidió dicho organismo a las diferentes reparticiones públicas sobre el caso RI 3808-2019, el cual fue presentado el día 08 de mayo de 2019 (N° de solicitud: OIRS-2019-2272):

a) Ord. CDE 4495 al SRCEI para que indique si la causante tiene parientes de mejor derecho que el Fisco; Ord. CDE N° 4496 a la PDI para que informe y amplíe el informe Dactilográfico y Caligráfico de las escrituras de mandato y testamento de la causante; y Ord. CDE N° 4494 a la notaría Mozo para que informara si se otorgaron las escrituras que contienen los testamentos y mandato.

b) Copia del informe con el cual fue revisado el caso el día 06 de mayo de 2020.

c) Nombre de las personas que conformaban el Comité que los revisó.

d) Informe final donde se explique por qué se llegó a dicha conclusión.

2) RESPUESTA: El Consejo de Defensa del Estado respondió a dicho requerimiento de información mediante oficio Ord. N° 3035, de fecha 31 de julio de 2020, señalando, en síntesis, lo siguiente:

En relación a lo pedido en la letra c), accede a la entrega de la información relativa al nombre de los abogados Consejeros que conformaron el Comité Civil el día 06 de mayo de 2020.

Respecto de lo solicitado en los literales a), b), y d), señala que no es posible acceder a lo requerido por concurrir las causales de reserva previstas en el artículo 21 N° 1 letra a) y N° 5 de la Ley de Transparencia.

En este sentido, explica que concurre la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia, por cuanto lo pedido en esta parte son antecedentes necesarios a la defensa jurídica y judicial que ha debido y debe desarrollar el Servicio en un asunto específico de su competencia, el que ha correspondido intervenir en resguardo del interés estatal, y en definitiva, al bien común nacional. Agrega que dar a conocer dichos antecedentes, implicaría revelar determinados actos que ha ejecutado o podría llegar a ejecutar en relación a dichos asuntos específicos, así como en general, a la clase, tipo o categoría de asuntos, materias y procesos a que este caso particular pertenece o corresponde, y con ello, exponer sus actuaciones de defensa y criterios de decisión, en cuanto, entre otros aspectos, a la oportunidad de su intervención, estrategias a seguir, acciones y excepciones legales a interponer, doctrinas, tesis y argumentaciones a sostener.

Por su parte, sostiene que también concurre la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 61 de la ley orgánica del Consejo de Defensa del Estado, contenida en el DFL N° 1 de 1993, de hacienda, y el artículo 247 del Código Penal. Así, señala que la función de defensa jurídica y judicial que la ley ha asignado al Servicio, la debe cumplir y la cumple necesariamente mediante profesionales abogados, los que se encuentran obligados por el secreto profesional que la ley les impone como un deber en el ejercicio de su profesión, cuya infracción se encuentra sancionada por los artículos 231 y 247 del Código Penal, y cuya reglamentación precisa se encuentra en el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados. Por consiguiente, sostiene que lo pedido en los literales a), b) y d) son antecedentes propios del desarrollo y cumplimiento de las funciones que la ley encomienda al Consejo de Defensa del Estado, cuya reserva se encuentra amparada, además, por el secreto profesional del abogado.

3) AMPARO: El 02 de agosto de 2020, doña Valeria Donat Fuentes dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Consejo de Defensa del Estado, fundado en que se le denegó la información pedida en las letras a), b) y d) de la solicitud.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Presidente del Consejo de Defensa del Estado mediante oficio N° E13639, de fecha 17 de agosto de 2020. Se solicitó expresamente al órgano: se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, señalando cómo lo solicitado constituye un antecedente necesario para la defensa jurídica y judicial, explicando cómo dicha documentación está destinada a respaldar la posición del órgano ante una controversia de carácter jurídico; informe las partes, Tribunal, Rol, si procediere, y el estado en que se encuentra el procedimiento que sirvió de fundamento para denegar la entrega de la información reclamada; indique si la publicidad de la información requerida, a su juicio, afecta derechos de terceros y, en la afirmativa, si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y en la afirmativa acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y los antecedentes que den cuenta de la fecha en que ésta se presentó ante el órgano que usted representa; y, proporcione los datos de contacto de los terceros -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

EL órgano reclamado, a través de oficio Ord. N° 3346, de fecha 31 de agosto de 2020, señalando, en síntesis, que reitera lo señalado en su respuesta a requirente, en orden a que se denegó la información pedida por estimar que concurren las causales de reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra a), y N° 5 de la Ley de Transparencia, en este último caso, en relación en relación con el artículo 61 de la ley orgánica del Consejo de Defensa del Estado, contenida en el DFL N° 1 de 1993, de hacienda, y el artículo 247 del Código Penal, por las mismas razones informadas a la solicitantes, las que se dan por reproducidas.

Hace presente, además, que el procedimiento que sirve de fundamento para denegar la entrega de la información reclamada por el artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia, se encuentra en estudio de inicio de acciones penales por parte de la Procuraduría Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, y corresponde al RUC N° 1800689832-3, de la Fiscalía del Ministerio Público.

En este sentido, señala que el estado de estudio de inicio de acciones, ratifica la obligación de los profesionales y funcionarios de este Servicio de mantener reserva respecto de los trámites, diligencias, documentos e instrucciones relativos a los procesos o asuntos en que intervenga el Consejo de Defensa del Estado, conforme lo dispone el artículo 61 de su ley orgánica, contenida en el D.F.L N° 1, de 1993, del Ministerio de Hacienda, y el artículo 247 del Código Penal, en relación a la causal del artículo 21, N° 5, de la Ley de Transparencia.

Finalmente, señala que la publicidad de la información requerida no afecta derechos de terceros, por tanto, no procede aplicar el procedimiento del artículo 20 de la Ley de Transparencia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el amparo tiene por objeto obtener la entrega por parte del Consejo de Defensa del Estado de la información pedida en las letras a), b) y d) del requerimiento relativos al caso RI 3808-2019, al tenor de lo señalado en el N° 1 de lo expositivo. Al efecto, el órgano reclamado denegó su entrega fundado en las causales de reserva previstas en el artículo 21 N° 1, letra a), y N° 5 de la Ley de Transparencia, en este último caso, en relación en relación con el artículo 61 de la ley orgánica del Consejo de Defensa del Estado, contenida en el DFL N° 1 de 1993, de hacienda, y el artículo 247 del Código Penal, en atención que lo antecedentes reclamados forman parte de un caso respecto del cual está en evaluación la forma de intervención de dicho organismo.

2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales.

3) Que, a modo de contexto cabe tener presente que el Consejo de Defensa del Estado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° de su Ley Orgánica, aprobada por el D.F.L. N° 1/1993, del Ministerio de Hacienda, «...tiene por objeto, principalmente, la defensa judicial de los intereses del Estado». Por su parte, el artículo 3° N° 1 de la misma norma, establece, entre sus atribuciones, la de encargarse de «...la defensa del Fisco en todos los juicios y en los actos no contenciosos de cualquier naturaleza, sin perjuicio de la que corresponda, de acuerdo con la ley, a los abogados de otros servicios públicos».

4) Que, este Consejo ha resuelto a partir de la decisión C1351-12 que, en lo sucesivo aplicará los criterios en materia de unificación interpretativa de la Excelentísima Corte Suprema, contenidos en las sentencias Roles 2423-2012, 2582-2012 y 2788-2012 -sobre secreto profesional- de 28 de noviembre de 2012. En las sentencias referidas, la Corte Suprema ha señalado que "(...) la relación que entabla el Consejo de Defensa del Estado con el Fisco de Chile es una relación cliente-abogado y en esta virtud los antecedentes que recaba quedan sujetos a secreto profesional, secreto que (...) forma parte del derecho a defensa garantizado en la Constitución Política de la República" (considerando 20°), y que corresponde a la hipótesis de reserva descrita la letra a) del N° 1 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, "(...) toda vez que teniendo el Consejo de Defensa del Estado por objeto, principalmente, la defensa judicial de los intereses del Estado, la publicidad de los antecedentes que obren en su poder y que él mismo genere en el marco de la decisión de defensa importa, entonces una violación del secreto profesional y con ello al derecho a defensa, cuestión que se traduce en una afección directa a la función del órgano (...)" (considerando 22°). Asimismo, ha precisado que este secreto «(...) se extiende (...) a todos a los antecedentes con que cuente el abogado y que digan relación con el encargo que ha recibido, extensión que ya ha sido reconocida en fallo de esta Corte de fecha 13 de mayo de 1954, en los autos caratulados "Guttman con Guttman" (Revista de Derecho y Jurisprudencia, T. I, pág. 128, Vol. 51, 1954)» (considerando 13°). En las sentencias citadas la Excelentísima Corte Suprema ha afirmado además que el artículo 61 de la Ley Orgánica del CDE, no hace "(...) sino precisar la prohibición de publicitar la información que ha sido puesta en su conocimiento, pues la misma la han recibido en su calidad de abogados y, por ende, queda amparada bajo el secreto profesional" (considerando 14°). Por ello, concluye que en estos casos la problemática no radica en establecer si los antecedentes solicitados "(...) se encuentran o no señalados expresamente en el artículo 61 de Ley Orgánica del mismo Consejo, sino si los mismos se encuentran sujetos a reserva en virtud del secreto profesional" (considerando 17°).

5) Que, en este sentido el alcance razonable que debe otorgarse al secreto profesional, permite sostener que este ampara el flujo de información que el cliente ha puesto a disposición de su abogado, en el contexto de una asesoría, defensa, u otro quehacer específico. Por tal razón, comprende tanto la documentación que el cliente ha entregado a su abogado, como las circunstancias de hecho informadas a dicho profesional y, los antecedentes que el profesional haya generado en el ámbito relativo a los fines antes enunciados.

6) Que, de los antecedentes examinados en el presente caso, a juicio de esta Corporación, divulgar los antecedentes consultados obliga al Consejo de Defensa del Estado a comunicar información que se encuentra amparada por el secreto profesional que invoca. En efecto, al ser los oficios e informes solicitados los medios por los cuales la reclamada, se encuentra en proceso de recopilación de información sobre un caso en particular, a fin de determinar las acciones de dicho organismo en el proceso que la involucra, su divulgación, comprometería no sólo su estrategia judicial sino también el privilegio deliberativo del Consejo y, consecuentemente con ello, el debido cumplimiento de sus funciones, estando por ello su divulgación protegida por la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia en concordancia con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado.

7) Que, en virtud de lo señalado precedentemente, se rechazará el presente amparo por configurarse la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, sin necesidad de pronunciarse sobre las demás alegaciones del órgano reclamado por resultar inoficioso.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por doña Valeria Donat Fuentes en contra del Consejo de Defensa del Estado, por configurarse la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia en concordancia con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Valeria Donat Fuentes y al Sr. Presidente del Consejo de Defensa del Estado.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.