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John Griffiths Spielman con SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS Rol: C4510-20

Consejo para la Transparencia, 06/10/2020

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, relativo a la entrega del documento SS.FF.AA. GAB. (R) N. 040 / CGR, de fecha 10 de octubre de 2019. Lo anterior, por configurarse al respecto la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Defensa
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4510-20

Entidad pública: Subsecretaría para las Fuerzas Armadas

Requirente: John Griffiths Spielman

Ingreso Consejo: 31.07.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, relativo a la entrega del documento SS.FF.AA. GAB. (R) N. 040 / CGR, de fecha 10 de octubre de 2019.

Lo anterior, por configurarse al respecto la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia.

En sesión ordinaria N° 1134 del Consejo Directivo, celebrada el 6 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4510-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 11 de junio de 2020, don John Griffiths Spielman solicitó a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas copia autenticada del siguiente documento SS.FF.AA. GAB. (R) N. 040 / CGR, de fecha 10 de octubre de 2019, relacionado con respuesta del Subsecretario de las FFAA, al Contralor General de la República.

2) RESPUESTA: La Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, previa prórroga del plazo para formular respuesta, respondió a dicho requerimiento de información mediante resolución exenta N° 3990, de fecha 27 de julio de 2020, señalando, en síntesis, que deniega el documento pedido por estimar que concurre la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, por cuanto es un antecedentes que constituye la base para la adopción de una decisión, en los términos de la causal de reserva invocada.

En este sentido, señala que respecto de la información pedida concurren los requisitos exigidos para la causal de reserva invocada, dado que el documento se utilizará como base para la dictación del correspondiente acto administrativo de término. Así, señala que el documento requerido contiene información que está siendo objeto de revisión por parte de la Contraloría General de la República para emitir un Informe Final, por lo que su divulgación significaría adelantar y evidenciar aspectos aún susceptibles de ser modificados y analizados por parte de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.

3) AMPARO: El 31 de julio de 2020, don John Griffiths Spielman dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario para las Fuerzas Armadas mediante oficio N° E12987, de fecha 10 de agosto de 2020. Se solicitó expresamente al órgano: se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando, en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; y, informe el estado del proceso sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo.

El órgano reclamado, a través de oficio SS.FF.AA. DIV.JUR. N° 608, de fecha 18 de agosto de 2020, formuló sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis, que reitera lo informado en su respuesta al solicitante, en orden a que deniega la información pedida por estimar que concurre la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia.

En este sentido hace presente que los antecedentes requeridos versan sobre un informe de respuesta en relación a una auditoría ordenada por la Contraloría General de la República, la que, hasta la fecha sigue sin informe final. Así, cuando la Entidad de Control emita el informe final antedicho, la Subsecretaría podrá tomar medidas decisorias que, en el ámbito de sus funciones le atañen conforme a los artículos 20 y 21, letra a), de la ley N° 20.424, sobre estatuto orgánico del Ministerio de Defensa Nacional.

Por ello señala que con posterioridad a la emisión del informe final del órgano de control, los antecedentes pedidos podrán ser puestos a disposición del interesado, existiendo por tanto un plazo prudencial para su entrega, haciendo presente que más que una denegación permanente, la respuesta es una restricción temporal, sujeta a las condicionantes ya explicitadas.

En consecuencia, por lo expuesto y considerando lo dispuesto en las letras a), b), c) y m) del artículo 21 de la ley N° 20.424, la entrega de los antecedentes requeridos impide el cumplimiento de sus funciones, puesto que la auditoría en cuestión atañe a temas propios de la Subsecretaría, y para ejercer en lo sucesivo sus funciones legales, se debió denegar temporalmente la solicitud impetrada.

A mayor abundamiento, indica que el artículo 98 de la Constitución Política de la República, y los artículos 1°, 21 letra A, y 131 de la ley N° 10.336, sobre organización y atribuciones de la Contraloría General de la República, prescriben que le corresponde al Órgano Contralor, fiscalizar la sujeción al ordenamiento jurídico de la Administración, función que se materializa en inspecciones y/o auditorías. Sin embargo, el artículo 9° de la mencionada ley N° 10.336, establece que el Contralor General se encuentra facultado para dirigirse a cualquier Jefatura de Servicio con el objeto de requerir datos, informaciones, o bien, cursar instrucciones relativas a su servicio, y cuya inobservancia acarrea sanciones administrativas, haciendo presente que estos informes son obligatorios para todos los funcionarios correspondientes. Asimismo, el artículo 16 de la norma precitada dispone que, los órganos de la Administración quedan sujetos al control del Ente Contralor, debiendo proporcionarle oportunamente los informes y antecedentes que éste le requiera, con el objeto de cumplir su función de fiscalizador.

Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 19 del referido texto legal ha precisado que, los abogados, fiscales o asesores jurídicos de la Administración del Estado, están sujetos a la dependencia técnica del Órgano Contralor, cuya jurisprudencia y resoluciones deberán ser observadas por estos mismos.

Al respecto, señala que la Contraloría General de la República ha regulado la metodología de elaboración de los informes y preinformes que esta misma realiza, precisando lo anterior mediante los artículos 8° y 48 de su Resolución N° 20, de 2015, que fija normas que regulan las auditorías efectuadas por la Contraloría General de la República, que los equipos que efectúen auditorías deberán guardar la debida reserva de la información de la que tomen conocimiento, a su vez señala que el preinforme será reservado hasta la comunicación del Informe Final. Asimismo, el dictamen N° 30.637. de 2015, de esa procedencia, ha indicado que los preinformes que se efectúen en las labores de revisión tienen el carácter de reservados, y lo anterior obliga no sólo a los funcionarios que efectúen dicha labor investigadora, sino que también, a aquellos servidores públicos que deban preparar la respuesta requerida. Finalmente cita jurisprudencia administrativa en apoyo de su posición.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto obtener la entrega por parte de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas de copia del documento SS.FF.AA. GAB. (R) N. 040 / CGR, de fecha 10 de octubre de 2019, relacionado con respuesta del Subsecretario de las FFAA, al Contralor General de la República. Al efecto el órgano reclamado denegó la información pedida fundado en la causal de resera prevista en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia.

2) Que, en relación a la causal de secreto o reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia que fuere alegada por el órgano, cabe hacer presente que, se podrá denegar total o parcialmente lo requerido, cuando la divulgación de lo pedido afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas. Además, según lo previsto en el artículo 7 N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios. Así, según lo razonado sostenidamente por este Consejo, en las decisiones de los amparos rol C12-09, C79-09 y C3014-15, entre otras, para que se configure la causal de reserva en comento, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y, b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano.

3) Que, sobre el fondo de lo reclamado a juicio de este Consejo resulta aplicable el criterio sostenido en la decisión del amparo rol C2190-20, en atención que versa sobre la misma información, y que de acuerdo a lo informado por el órgano reclamado se mantienen las circunstancias que se consideraron al resolver el referido amparo. En efecto, así respecto del primero de los requisitos, cabe tener presente que, tal como señalare la reclamada con ocasión de su respuesta y descargos, el informe requerido es un antecedente que constituye la base para la dictación del correspondiente acto administrativo de término, en tal sentido, con ocasión de sus descargos preciso que "los antecedentes requeridos versan sobre un informe en relación a una auditoria ordenada por la Contraloría General de la Republica, la que hasta la fecha sigue sin informe final. De este modo cuando la entidad de control emita el informe antedicho, esta Subsecretaria podrá tomar las medidas decisorias que, en el ámbito de sus funciones le atañen conforme a los artículos 20 y 21 a) de la ley N° 20.424, sobre estatuto orgánico del Ministerio de Defensa Nacional". En ese contexto, este Consejo estima que se da cumplimiento al requisito previamente señalado.

4) Que, asimismo, en relación al segundo requisito, este Consejo advierte que la divulgación de los antecedentes solicitados pertenecientes a un procedimiento en curso ante Contraloría General de la República afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano. En efecto, tal como lo ha explicado la reclamada la entrega del informe requerido impide el cumplimiento de las funciones del órgano, en efecto, las letras a), b), c) y m) del artículo 21 de la ley N° 20.424 sobre estatuto orgánico del Ministerio de Defensa Nacional.

5) Que, en este orden de consideraciones, es pertinente señalar que el referido artículo 21 de la ley N° 20.424 señala en lo que corresponde que: "A la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas le corresponderá: a) Realizar la gestión de los asuntos de naturaleza administrativa y la tramitación de la documentación respectiva proveniente de las Fuerzas Armadas o de los organismos del sector que corresponda; b) Proponer al Ministro y coordinar políticas sectoriales para el personal de la defensa nacional en materias que sean de su competencia; c) Elaborar los decretos, resoluciones, órdenes ministeriales y oficios relativos a nombramientos, ascensos, retiros, renuncias, destinaciones, comisiones de servicio al extranjero y, en general, todos aquellos actos administrativos orientados a la resolución sobre solicitudes, beneficios u otros asuntos que deban tramitarse por la Subsecretaría, y que interesen al personal de las Fuerzas Armadas en servicio activo, a las personas en situación de retiro de las mismas, y a sus familias (...); m) Supervisar, en conformidad con las instrucciones del Ministro de Defensa Nacional y sin perjuicio de las facultades del Ministerio de Hacienda, la inversión de los recursos asignados a los organismos, servicios e instituciones del sector defensa".

6) Que, por lo expuesto, este Consejo estima que divulgar el informe solicitado afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, en particular en lo que dice relación con el literal a) del artículo antes citado. En consecuencia, la publicidad prematura de los antecedentes requeridos importa entorpecer la deliberación interna, quedando en evidencia las posibles diligencias que puedan decretarse, los objetivos y resultados de las mismas, unido a la presunción de la medida definitiva a adoptar, lo cual debilita las funciones de la reclamada. Por consiguiente, se rechazará el presente amparo, por configurarse la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don John Griffiths Spielman en contra de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, por configurarse la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don John Griffiths Spielman y al Sr. Subsecretario para las Fuerzas Armadas.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.