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Claudio Cifuentes Lobo con PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Rol: C4349-20

Consejo para la Transparencia, 06/10/2020

Se rechaza el amparo en contra de la Presidencia de la República, referido a la entrega de actas, minutas, notas escritas tomadas por funcionarios públicos que se indican y/o cualquier otro tipo de documento que contenga información detallada de la reunión que se consulta, sostenida entre el Presidente de la República y el Ministro de Salud en la fecha consultada. Lo anterior, toda vez que la reclamada ha explicado que la información solicitada no obra en su poder, no disponiendo esta Corporación de antecedentes que desvirtúen lo alegado por el órgano requerido, en cuanto a la inexistencia de lo solicitado. Asimismo, las notas escritas tomadas por funcionarios público se configuran como instrumentos de organización personal constitutivos de la vida privada de su titular, en conformidad a la Garantía de Protección a la Vida Privada, consagrada en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República. Adicionalmente, este Consejo advierte que la publicidad de lo requerido afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4349-20

Entidad pública: Presidencia de la República

Requirente: Claudio Cifuentes Lobo

Ingreso Consejo: 23.07.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo en contra de la Presidencia de la República, referido a la entrega de actas, minutas, notas escritas tomadas por funcionarios públicos que se indican y/o cualquier otro tipo de documento que contenga información detallada de la reunión que se consulta, sostenida entre el Presidente de la República y el Ministro de Salud en la fecha consultada.

Lo anterior, toda vez que la reclamada ha explicado que la información solicitada no obra en su poder, no disponiendo esta Corporación de antecedentes que desvirtúen lo alegado por el órgano requerido, en cuanto a la inexistencia de lo solicitado.

Asimismo, las notas escritas tomadas por funcionarios público se configuran como instrumentos de organización personal constitutivos de la vida privada de su titular, en conformidad a la Garantía de Protección a la Vida Privada, consagrada en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República.

Adicionalmente, este Consejo advierte que la publicidad de lo requerido afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado.

En sesión ordinaria N° 1134 del Consejo Directivo, celebrada el 6 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4349-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 13 de junio de 2020, don Claudio Cifuentes Lobo solicitó a la Presidencia de la República -en adelante, indistintamente la Presidencia- la siguiente información:

"Actas, minutas y/o cualquier tipo de documento que contenga información detallada de la reunión del 2 de enero de 2020 en la que estuvieron presentes, al menos, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, y el entonces Ministro de Salud, Jaime Mañalich, donde discutieron ´por primera vez el plan para enfrentar la pandemia del coronavirus´, según reconoció el mismo Presidente en la ceremonia de cambio de mando del titular de la cartera de salud, como consta en video que consta en enlace web que adjuntó al efecto.

En caso de no existir un acta y/o minuta oficial de esta reunión, solicito que se incluya cualquier tipo de nota escrita a mano que haya registrado lo discutido el 2 de enero. Solicito acceso a estas notas asumiendo que estas se utilizaron en el cumplimiento de sus funciones presidenciales y ministeriales, y que por lo tanto, la información que contienen sirve de sustento o complemento directo y esencial de los actos y resoluciones del Estado, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga."

Al respecto, solicitó que la totalidad de estas notas sea escaneada directamente desde el original y de acuerdo con el principio de divisibilidad, tarjando la información que contenga datos personales.

2) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 14 de julio de 2020, la Presidencia de la República respondió a dicho requerimiento de información, señalando que las reuniones del Presidente de la República no constan en un registro, bajo el formato actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos o acuerdos de la entidad, y en efecto, no constituye información elaborada con presupuesto público. Así, añadió que la no consignación de las reuniones de la autoridad antes referida, bajo los formatos señalados en el párrafo anterior, guarda relación con la inexistencia de norma constitucional o legal que obligue a la Presidencia de la República a llevar registro de la totalidad de actividades en las que participa el Presidente de la República. Indicó, además, que conforme a la Ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, no incluye en los artículos 3° y 4° al Presidente de la República como sujeto pasivo de Lobby. Al efecto, citó jurisprudencia de esta Corporación en este sentido.

Adicionalmente, señaló que de acuerdo a lo indicado por la Dirección de Asesoría Presidencial, no se registraron, el día 2 de enero del presente año, notas o minutas de reunión del Presidente de la República con el Ministro de Salud. No obstante lo anterior, expresó que aún bajo el supuesto que hubieren existido notas o documentos vinculados a las reuniones de la máxima autoridad del país, con ministros de estado, dichos antecedentes se encontrarían amparados por la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, toda vez que dichos documentos se vincularían directamente a temas propias de la función constitucional de gobierno y administración atribuida al Presidente de la República, al alero de lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución Política de la República. En este orden de ideas, advirtió que la publicidad de este tipo de antecedentes afectaría directamente el debido cumplimiento de las funciones del Presidente, en su calidad de Jefe de Estado, impactando con alta probabilidad y de modo sustancial en las posibilidades de trabajo, debate y revisión de políticas, planes y programas que cada Ministerio debe abordar de acuerdo a lo que mandate su respectiva Ley Orgánica.

Sumado a lo anterior, manifestó que en consideración a la materia tratada en la citada reunión, es del caso señalar que en caso de que hubiesen existido antecedentes, éstos también estarían sujetos a la reserva del artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia. En este sentido, indicó que es razonable concluir que los temas tratados en reuniones relativas a la planificación de políticas públicas del Gobierno ante la pandemia de Covid-19, afecten la salud pública a nivel nacional, y su publicidad afectaría, asimismo, dicho bien jurídico protegido por la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 23 de julio de 2020, don Claudio Cifuentes Lobo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información.

El reclamante hizo presente que resulta inverosímil la ausencia de registro esgrimida por la reclamada, respecto de una reunión sostenida por la máxima autoridad del país. Advirtió, además, la improcedencia de la aplicación de la Ley 20.730 en la especie, toda vez que lo solicitado se refiere a reuniones sostenidas entre el Presidente de la República y el Ministro de Salud, dos funcionarios públicos, y no referida a la gestión de intereses particulares.

En relación a las causales de reserva esgrimidas por el organismo requerido, en caso de que existiese la información, señaló que no se justificó con suficiente especificidad, el grado de daño que su conocimiento podría causar al interés jurídico protegido.

Por último, señaló que la unidad a la cual cabría preguntarle sobre la existencia de la documentación solicitada, en atención a sus funciones, no es la Dirección de Asesoría Presidencial, cuyas facultades son únicamente las de prestar asesoría al Presidente de la República en materia de comunicaciones, políticas públicas y proyectos especiales, sino que al Gabinete Presidencial, encargado de coordinar actividades y programas relacionados con la agenda presidencial.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Administrativo de la Presidencia de la República, mediante Oficio N° E12678 de fecha 4 de agosto de 2020 solicitándole que: (1°) considerando lo expuesto por el reclamante y la respuesta proporcionada por el órgano que Ud. representa, aclare si la información requerida obra en su poder, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (2°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada, detallando cómo la entrega dicha información afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; y, (3°) detalle cómo la entrega de dicha información afectaría el interés nacional.

Mediante Ordinario N° 571, de fecha 19 de agosto de 2020, el órgano reclamado presentó sus descargos y observaciones y reiteró lo señalado en su respuesta.

Hizo presente además, que se pidió a la Dirección de Asesoría Presidencial la entrega de notas o minutas de la reunión que fuere consultada, respecto de lo cual dicha repartición informó la inexistencia de documentos y antecedentes como los solicitados, lo que fue corroborado a su vez con el Gabinete Presidencial.

Además, aclaró que las causales de reserva fueron expuestas en la eventualidad de que los documentos solicitados hubiesen existido, lo que no ocurre en la especie. Así, indicó que la explicación alusiva a la naturaleza de lo requerido, tiene por objeto proveer al solicitante una convicción o acercamiento a una comprensión mas de fondo de lo que representa la solicitud de información en el marco del proceso de toma de decisiones de la autoridad.

Realizada la prevención anterior, reiteró que en el caso de haber existido los documentos solicitados, dichos antecedentes estarían sujetos a las causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. En efecto, señaló que este tipo de antecedentes se vincularían directamente a reuniones de trabajo del Presidente de la República con Ministros de Estado, en las que se tratan, trabajan y coordinan diversas medidas y políticas que el mandatario pretende impulsar, impactando en las posibilidades de trabajo, debate y revisión de políticas, planes y programas con los Ministros de Estado, y cuya divulgación resultaría inconveniente para el adecuado funcionamiento del Gobierno en general y de la Presidencia de la República en particular.

Por otra parte, respecto a la causal de reserva del artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia, advirtió que se justificaría una afectación a la salud pública, por el tenor del tema tratado en la reunión, según consta por lo señalado por el Presidente de la República en el video remitido por el solicitante, en la que se inició el proceso de planificación de políticas públicas del Gobierno de Chile ante la pandemia de Covid-19. No obstante, advirtió que no es posible para la entidad, especificar una afectación precisa a la salud pública, más allá de la temática de la misma, producto de la inexistencia de la información solicitada.

5) PRONUNCIAMIENTO DEL RECLAMANTE: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante Oficio N° E15526 de fecha 11 de septiembre de 2020, solicitó al reclamante manifestar su conformidad o disconformidad respecto de la información que le habría remitido el órgano, y en caso de disconformidad, detallar qué información de la solicitada no le habría sido entregada.

Con fecha 16 de septiembre, mediante comunicación electrónica, el peticionario expresó su disconformidad con la respuesta entregada por el organismo requerido. Así, indicó que lo solicitado es cualquier tipo de documento relacionado con la reunión consultada, advirtiendo que todas estas actividades generan un rastro documental de diferente tipo. Señaló que se solicitó al organismo que considerara todo tipo de registros y no solo aquellos registros "oficiales" a los que el Presidente no está obligado. Por lo anterior, manifestó que el organismo infringe el principio de máxima divulgación establecido en el artículo 11 letra d) de la Ley de Transparencia. Asimismo, expresó que se infringió el principio de divisibilidad, ya que no se analizó la información disponible, cualquiera sea su tipo.

Hizo presente además que la reunión consultada dice relación con la crisis sanitaria, un asunto de inminente interés público, que es considerado por la Presidencia como un motivo de reserva, lo cual va en contra a lo estipulado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Resolución 1/20, en donde se establece que los órganos obligados a responder a solicitudes de acceso a la información deben otorgar prioridad a las solicitudes de acceso a la información relacionadas con la emergencia de salud pública.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo de acceso a la información se funda en la denegación de los antecedentes consultados por el peticionario, referidos a la entrega de actas, minutas y/o cualquier tipo de documento que contenga información detallada de la reunión de fecha 2 de enero de 2020, en la que estuvieron presentes el Presidente de la República y el Ministro de Salud, o cualquier nota escrita tomada a mano utilizadas en cumplimiento de funciones presidenciales o ministeriales, que hayan registrado lo discutido en la reunión consultada. Al efecto, el órgano reclamado denegó lo solicitado, advirtiendo la inexistencia de los antecedentes requeridos. Asimismo, indicó que en la hipótesis de que dichos antecedentes hubiesen existido, estarían sujetos a reserva en conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 y N° 4 de la Ley de Transparencia.

2) Que, la Presidencia de la República, ha explicado en su respuesta, que la reunión consultado, no consta en registro bajo el formato de actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos o acuerdos de esta entidad, o en algún otro tipo de soporte documental referido por la Ley de Transparencia, toda vez que la no consignación de las reuniones de la autoridad que fuere consultada, guarda relación con la inexistencia de norma constitucional o legal que obligue a la Presidencia de la República a llevar un registro de la totalidad de actividades en que participa la máxima autoridad del país. En este sentido, informó que de acuerdo a lo indicado por la Dirección de Asesoría Presidencial, no existen registros en minutas de reunión, en la fecha consultada, del Presidente de la Republica con el Ministro de Salud, y precisó con ocasión de sus descargos que, la inexistencia de documentos e antecedentes como los solicitados, fue corroborado por el Gabinete Presidencial.

3) Que, sobre lo anterior, cabe consignar que este Consejo ha sostenido reiteradamente en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C409-13, C3691-17 y C3692-17, entre otras, que la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente. (énfasis agregado).

4) Que, a su turno, según lo prescrito en el numeral 2.3. de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación "Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: (...) b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen" (énfasis agregado).

5) Que, cabe tener presente además lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09. En dicha decisión, se resolvió que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, no resulta procedente requerir al órgano reclamado que haga entrega de información que, de acuerdo a lo señalado por el mismo en su respuesta y con ocasión de sus descargos, no obraría en su poder, toda vez que según lo informado por las reparticiones internas encargadas de los registros; la Dirección de Asesoría Presidencial y el Gabinete Presidencial, no existen documentos y antecedentes como los solicitados en los cuales se haya registrado la reunión consultada, lo que unido a la falta de antecedentes que desvirtúen lo señalado por el órgano reclamado en esta sede, constituye razón suficiente para rechazar el presente amparo.

6) Que, no obstante haberse explicado debida y fundadamente la inexistencia del instrumento consultado -en conformidad a la Instrucción General N° 10 y la jurisprudencia emanada de esta sede-, este Consejo procederá a pronunciarse sobre el fondo del procedimiento, particularmente sobre las notas escritas tomadas a mano en el marco de la reunión consultada, entre el Presidente de la República y el Ministro de Salud, y que se utilizaron en el cumplimiento de sus funciones presidenciales y ministeriales.

7) Que, sobre la materia, esta Corporación estima que las notas tomadas por funcionarios públicos, así como sus agendas y/o cuadernos, se configuran como un instrumentos de orden y organización personal, los cuales no se encuentran subsumidos dentro de los supuestos de publicidad -y, soportes documentales- contemplados por el ordenamiento jurídico. Al efecto, el artículo 8° de la Constitución Política de la República, dispone que: «Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen». Acto seguido, el artículo 5° de la Ley de Transparencia consigna que: «En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, (...)». En idéntico sentido, el artículo 10° de la Ley de Transparencia dispone que: «El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos (...)». Conforme al marco normativo precedentemente expuesto, esta Corporación advierte que los insumos y artículos personales de los funcionarios públicos, que contienen sus anotaciones no se encuentran subsumidos dentro del Principio de Publicidad y Transparencia de la Función Pública, consagrados en la Carta Magna y la Ley de Transparencia, toda vez que no se configuran como actos administrativos, resoluciones, documentos o soportes análogos, emanados por parte de un órgano de la administración del Estado, sino que son una manifestación inherente de la vida privada del sujeto -como se expondrá en los considerandos siguientes-. Por tal motivo, dicho instrumento -y su contenido- no detenta la calidad de información pública, en los términos previstos en la Ley de Transparencia. (énfasis agregado).

8) Que, establecido lo anterior, tratándose de antecedentes de naturaleza privada, aún en la eventualidad de que su publicidad pudiera estar justificada en la medida que dicho instrumento hubiera sido proporcionado a la reclamada -entendiendo que obran en su poder-, y habiendo sido financiado potencialmente por recursos públicos, el mismo es susceptible de ser reservado, en aplicación de las hipótesis de reserva previstas en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia. En tal contexto, sin perjuicio de que dicha información se genere presumiblemente en el ámbito del ejercicio de la función pública, y se vierta consecuencialmente en un soporte tangible, a juicio de esta Corporación, dichos instrumentos constituyen una materialidad que decantan la vida privada de su titular, en particular, de sus apuntes, ideas, reflexiones, opiniones o juicios de valor confidenciales o privados, su registro de actividades e intereses, todos aspectos constitutivos y salvaguardados por el Derecho a la Vida Privada, consagrado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República. En tal sentido, es menester tener presente que la vida privada es «el conjunto de los asuntos, conductas, documentos, comunicaciones, imágenes o recintos que, el titular del bien jurídico protegido, no desea que sean conocidos por terceros sin su consentimiento previo» (Cea Egaña, José Luis, en Derecho Constitucional, Tomo II Derecho, Deberes y Garantías, Ediciones Universidad Católica, Santiago, 2004, p.178). Bajo esta lógica, dicha información fue creada discrecionalmente para el uso y conveniencia personal del Mandatario, a fin -sin excluir otros propósitos- de facilitar el cumplimiento de sus funciones públicas y organizar su quehacer cotidiano, respecto de la cual el órgano reclamado no tenía acceso, ni se encontraba dentro su órbita de control y disposición, por tratarse de un artículo cuya titularidad y decisión de conservación, o su destrucción corresponden al funcionario público consultado. (énfasis agregado).

9) Que, por tal motivo, esta Corporación estima que la publicidad de dicho instrumento afectaría - de manera presente o probable y con suficiente especificidad- la esfera de la vida privada del funcionario público consultado, en los términos consignados en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por cuanto comprende la entrega de elementos y circunstancias que afectarían el contenido esencial de la Garantía consagrada en el artículo 19 N° 4 de la Carta Magna. Al respecto, cabe precisar que, el Sr. Presidente de la República no proporcionó su aquiescencia a la entrega de las notas escritas tomadas en el marco de la reunión consultada. En el mismo sentido, la divulgación del instrumento pedido envuelve la entrega de datos personales y sensibles de contexto, contemplados en el artículo 2° letra f) y g) de la Ley Sobre Protección de la Vida Privada: «f) Datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables; g) Datos sensibles, aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual». Lo anterior, toda vez que dicho instrumento podría consignar -sólo a modo ejemplificativo- números telefónicos, casillas electrónicas, direcciones particulares, nombres, entre otros antecedentes comprendidos dentro del ámbito de la vida privada del interesado y de terceros.

10) Que, sobre la materia de especie, es menester tener presente que el Derecho Comparado ha reconocido el carácter personal de las notas elaboradas por funcionarios públicos. En British Airports Authority v. CAB, 531 F. Supp. 408, 412 (D.D.C. 1982) -Estados Unidos-, se solicitó acceso a las notas manuscritas hechas por un funcionario federal. Al sostener que esas notas no eran registros del organismo sujetos a la Ley de Libertad de Información -Freedom of Information Act, en adelante, indistintamente FOIA-, el tribunal subrayó que eran de carácter personal, que el empleado no tenía por qué haberlas creado, que su intención era que no tuvieran un carácter permanente y que las guardaba en sus archivos de escritorio personales sin intención de distribuirlas. Asimismo, puede destacarse Porter County Chapter of Isaak Walton League v. AEC, 380 F. Supp. 630, 633 (N.D. Ind. 1974), donde se señala que los materiales manuscritos creados por empleados de la agencia para sus propios fines, mientras ejecutaban responsabilidades asociadas al empleo, no revestían la calidad de "registros de la agencia" en virtud de la FOIA. (énfasis agregado).

11) Que, acto seguido, atendido que el objeto consultado se constituye como un instrumento cuya finalidad es apoyar, facilitar y organizar el cumplimiento de funciones públicas, esta Corporación estima que, la publicidad de lo requerido afectaría el debido ejercicio de las funciones encomendadas al órgano requerido, y fundamentalmente del Sr. Presidente de la República, por cuanto dichas notas consignan -presumiblemente- los registros de planes, directrices, estrategias, programas y políticas públicas, relativas a las funciones constitucionales de gobierno y administración que le competen al Mandatario como Jefe de Estado. Al efecto, el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia permite la denegación al acceso a la información, cuando «su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado».

12) Que, en dicho contexto, es menester tener presente que la Constitución Política de la República establece en su artículo 24° que: «El gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el Jefe del Estado. Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes». En tal contexto, el artículo 32° de la Carta Fundamental consagra las atribuciones especiales del Jefe de Estado, entre las cuales es menester destacar, a modo ilustrativo de su relevancia las siguientes: «Son atribuciones especiales del Presidente de la República: 1°. Concurrir a la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, sancionarlas y promulgarlas; 3°. Dictar, previa delegación de facultades del Congreso, decretos con fuerza de ley sobre las materias que señala la Constitución; 5° Declarar los estados de excepción constitucional en los casos y formas que se señalan en esta Constitución; 6°. Ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal; y, 15°. Conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales». (énfasis agregado)

13) Que, en virtud del marco normativo precedentemente descrito; y, en atención al conjunto de prerrogativas radicadas en el funcionario público consultado, esta Corporación estima que, la documentación consultada se constituye como un insumo que eventualmente contiene y detalla la información necesaria para el cometido de funciones públicas, cuya publicidad implicaría una afectación -presente o probable, y con suficiente especificidad- al debido cumplimiento de las funciones de gobierno y administrativas específicas del Presidente de la República, con respecto a la conducción del país, en materias de trascendental importancia, tales como el Orden Público, la Seguridad de la Nación, la formulación de políticas económicas y sociales, las relaciones internacionales y particularmente, en el marco de la reunión consultada, del conjunto de estrategias y directrices formuladas para enfrentar la Emergencia de Salud Pública que afecta al país, como consecuencia de la pandemia mundial por el brote de COVID 19.

14) Que, en virtud de lo razonado precedentemente; tratándose de un instrumento de orden personal y constitutivo de la vida privada de la persona consultada; verificándose la afectación de la privacidad del funcionario público, como asimismo de los terceros referidos en las notas pedidas; y, advirtiéndose la potencial afectación al debido cumplimiento de las funciones específicas encomendadas al órgano requerido y al funcionario consultado, en los términos dispuestos en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo. Bajo esta lógica, la publicidad de la información consignada en dicho instrumento probablemente introduciría parálisis o confusión en el proceso de adopción de decisiones por parte de las Autoridades Públicas, afectando, consecuencialmente su privilegio deliberativo sobre las materias que son de su competencia. En virtud de lo razonado precedentemente, este Consejo no se pronunciará sobre la afectación que a la salud pública podría producirse en el evento que existiesen los antecedentes consultados, por resultar inoficioso.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Claudio Cifuentes Lobo, en contra de la Presidencia de la República, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Claudio Cifuentes Lobo; y, al Sr. Director Administrativo de la Presidencia de la República.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.