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Josefina Ramírez con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Rol: C4304-20

Consejo para la Transparencia, 06/10/2020

Se acoge el amparo deducido en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, sólo en cuanto no derivó la solicitud de información al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. En virtud del principio de facilitación, el Consejo derivará de oficio la solicitud de información al Ministerio del Interior y Seguridad Pública para los fines que correspondan.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

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Tipo de Documento


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4304-20

Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile

Requirente: Josefina Ramírez

Ingreso Consejo: 22.07.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, sólo en cuanto no derivó la solicitud de información al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

En virtud del principio de facilitación, el Consejo derivará de oficio la solicitud de información al Ministerio del Interior y Seguridad Pública para los fines que correspondan.

En sesión ordinaria N° 1134 del Consejo Directivo, celebrada el 6 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4304-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 1° de julio de 2020, doña Josefina Ramírez solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile - en adelante también PDI- la siguiente información: "Expediente migratorio para verificar si existe orden de expulsión".

2) RESPUESTA: El 20 de julio de 2020, la Policía de Investigaciones de Chile respondió a dicho requerimiento de información indicando, que de acuerdo al artículo 84 del Decreto Ley N° 1094, de 19 de julio de 1975, Ley de Extranjería y el artículo 167 del Decreto N° 597, de 24 de noviembre de 1984, las órdenes de expulsión son emitidas por el Ministerio del Interior o las Intendencias Regionales y a la Policía de Investigaciones sólo le corresponde su notificación y ejecución, por lo que no sería competente para pronunciarse sobre el estado de tramitación ni la emisión de la orden de expulsión, ya que este trámite es competencia del D.E.M o la Intendencia Regional correspondiente.

Adicionalmente, se señala que de acuerdo al artículo 173 del Decreto N° 597, la expulsión dispuesta deberá ser notificada por escrito y personalmente al afectado, y no se contemplan otras formas de comunicación de la medida de expulsión.

3) AMPARO: El 22 de julio de 2020, doña Josefina Ramírez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en respuesta negativa a su solicitud. Además la reclamante hizo presente que: "Que ante la solicitud de expediente migratorio para verificar la existencia o no de una orden de expulsión, en el Ministerio del Interior e Intendencias se han encargado de derivar las solicitudes de esta información a PDI. Y ahora, al solicitar a dicha entidad, estos niegan tener la facultad de notificar por estos medios dicha información, lo cual infringe lo dispuesto por la ley de transparencia y no permite regularizar mi situación migratoria. Dejándome en total desamparo".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante Oficio N° E12675, de 4 de agosto de 2020, solicitando que: (1°) considerando lo expuesto por el reclamante: (a) aclare si la información requerida en la solicitud de acceso obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; y, (b) indique por qué, a su juicio, la Institución que Ud. representa no es competente para atender el requerimiento; (2°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; (3°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada; (4°) en caso de no obrar en su poder la información requerida, señale si era procedente aplicar el procedimiento de derivación establecido en el artículo 13 de la Ley de Transparencia; y, (5°) de ser así, remita copia de la derivación y del comprobante de notificación de la misma ante el órgano derivado.

Mediante ORD. N° 630, de 21 de agosto de 2020, el órgano reclamado hace llegar sus descargos a este Consejo, acompañando, en síntesis, distintos datos personales de carácter migratorio de la reclamante. Además, indica que las órdenes de expulsión son emitidas por el Ministerio del Interior o Intendencias Regionales y a la PDI solo le compete su notificación. En particular, indica que la parte reclamante tiene una orden de expulsión vigente, la cual ha sido notificada, razón por la cual, no es posible acceder a su entrega.

5) COMPLEMENTO DE DESCARGOS: Mediante correo electrónico de 3 de septiembre de 2020, este Consejo solicita al órgano reclamado que complemente sus descargos, refiriéndose en los siguientes términos: (1°) aclare si el expediente migratorio de la parte reclamante obra en poder del órgano que usted representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; y (2°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (3°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (4°) en caso de no existir inconvenientes para la entrega de la información pedida, se solicita la remisión de la misma a la parte recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, dando aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, al numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo y a la Recomendación de esta Corporación sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado. Lo anterior, debido a que en sus descargos, la PDI se refirió específicamente a la orden de expulsión, siendo que lo requerido originalmente corresponde a la copia del expediente migratorio.

Mediante correo electrónico de 4 de septiembre de 2020, la reclamada complementa sus descargos, señalando en lo relevante, que esa institución no posee expedientes migratorios de extranjeros como tal, sin embargo, en cumplimiento de las funciones asignadas por las disposiciones legales atingentes a la materia, es posible recopilar diversa información al efecto. Ahora bien, por tratarse de datos personales, para el caso de la especie, su entrega debe cumplir con la exigencia establecida en el artículo 22°, de la Ley 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en respuesta negativa a la solicitud de información referida a:" Expediente migratorio para verificar si existe orden de expulsión". Al respecto, la reclamada, con ocasión de su respuesta señaló que las órdenes de expulsión son emitidas por el Ministerio del Interior o Intendencias Regionales y a la PDI solo le compete su notificación. En particular, indica que la parte reclamante tiene una orden de expulsión vigente, la cual ha sido notificada, razón por la cual, no es posible acceder a su entrega. En sus descargos y posterior complemento, la reclamada indica que no posee en su poder expedientes migratorios, sino que solamente información relacionada.

2) Que, sobre la especie, las materias consultadas por el reclamante constituyen información pública, en la medida que se trata de información relativa a un procedimiento administrativo migratorio iniciado por el propio requirente y seguido ante la Administración del Estado. En tal sentido, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, dispone que: «Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen (...)».

3) Que, en cuanto al expediente migratorio solicitado, la peticionaria tiene la calidad de interesada en el procedimiento consultado, por lo que resulta aplicable lo previsto en el artículo 17° de la Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado, el cual dispone que: «Las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a: a) Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente y la devolución de los originales, salvo que por mandato legal o reglamentario éstos deban ser acompañados a los autos, a su costa; d) acceder a los actos administrativos y sus documentos, en los términos previstos en la ley». (énfasis agregado).

4) Que, en cuanto a la información consultada, se debe tener presente lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 84° del decreto ley N° 1094, de 1974, del antiguo Ministerio del Interior, que establece normas sobre extranjeros en Chile: «La medida de expulsión de los extranjeros será dispuesta por decreto supremo fundado, suscrito por el Ministro del Interior bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República", en el que se reservarán al afectado los recursos administrativos y judiciales legalmente procedentes. Por lo anterior, esta Corporación advierte que, el organismo encargado de la elaboración del acto administrativo que dispone la expulsión de extranjeros no es el órgano reclamado. En el mismo orden de ideas, tras el análisis del marco normativo aplicable a la materia, a juicio de este Consejo, las funciones de la Policía de Investigaciones de Chile se circunscriben solamente a la ejecución de la medida, en orden a la ubicación, notificación y materialización de las expulsiones, en conformidad de lo dispuesto en el decreto supremo N° 597, de 1984, del antiguo Ministerio del interior, que aprueba el reglamento de extranjería y el decreto exento N° 1.733 del año 2013.

5) Que, por las razones antes expuestas, y teniendo en consideración que la información debería obrar en poder del Ministerio del Interior, este Consejo acogerá el presente amparo, sólo en cuanto el órgano reclamado no derivó el requerimiento a dicho órgano, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, lo cual será realizado por este Consejo, en virtud del principio de facilitación, consagrado en el artículo 11, letra f), de la citada ley.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Josefina Ramírez, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, sólo en cuanto no derivó el requerimiento de información al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente:

a) Notificar la presente decisión a doña Josefina Ramírez, y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.

b) Derivar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública la solicitud de información anotada en el numeral 1°, de lo expositivo, consistente en: "Expediente migratorio para verificar si existe orden de expulsión".

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.