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Felipe Riffo Maechel con MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Rol: C3752-20

Consejo para la Transparencia, 06/10/2020

Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Valdivia, ordenando la entrega de las grabaciones de video de las sesiones del Concejo Municipal que consulta, o en su defecto, una vez efectuada una búsqueda exhaustiva, señalar expresa y fundadamente, tanto al reclamante como a este Consejo, si dichos antecedentes no existieran o no obraran en su poder. Lo anterior, interpretando analógicamente la jurisprudencia de este Consejo, que ha sostenido que los audios de las sesiones de los Concejos Municipales son públicas de conformidad con la Ley de Transparencia. Se estima que existe legitimidad en el tratamiento de los datos correspondientes a la imagen de los servidores públicos y autoridades que concurren a dichas audiencias, por tratarse de registros que, únicamente, dan cuenta del ejercicio de sus funciones públicas, la que debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. Aplica criterio adoptado en las decisiones de amparos roles C109- 10, C756-10, C238-11, C1063-13, C1764-16, C3084-19 y C5900-19, entre otras. Asimismo, con relación a los datos o imágenes correspondientes a los particulares que asistieron a las sesiones del Concejo Municipal, se estima que no resulta pertinente hacer aplicación del principio de divisibilidad, toda vez que, este tipo de registros recogen lo acontecido en audiencias de carácter esencialmente público, en conformidad a lo anterior, no existe expectativa de privacidad, sino que por el contrario, existe un consentimiento tácito de los asistentes que autorizan a que su imagen sea grabada, conclusión que debe aplicarse sin distinguir entre funcionarios públicos y particulares. Finalmente, se representa al órgano la infracción a la Ley de Transparencia, al no haber otorgado respuesta dentro de los plazos legales.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento



Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3752-20

Entidad pública: Municipalidad de Valdivia.

Requirente: Felipe Riffo Maechel.

Ingreso Consejo: 30.06.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Valdivia, ordenando la entrega de las grabaciones de video de las sesiones del Concejo Municipal que consulta, o en su defecto, una vez efectuada una búsqueda exhaustiva, señalar expresa y fundadamente, tanto al reclamante como a este Consejo, si dichos antecedentes no existieran o no obraran en su poder. Lo anterior, interpretando analógicamente la jurisprudencia de este Consejo, que ha sostenido que los audios de las sesiones de los Concejos Municipales son públicas de conformidad con la Ley de Transparencia.

Se estima que existe legitimidad en el tratamiento de los datos correspondientes a la imagen de los servidores públicos y autoridades que concurren a dichas audiencias, por tratarse de registros que, únicamente, dan cuenta del ejercicio de sus funciones públicas, la que debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía.

Aplica criterio adoptado en las decisiones de amparos roles C109- 10, C756-10, C238-11, C1063-13, C1764-16, C3084-19 y C5900-19, entre otras. 

Asimismo, con relación a los datos o imágenes correspondientes a los particulares que asistieron a las sesiones del Concejo Municipal, se estima que no resulta pertinente hacer aplicación del principio de divisibilidad, toda vez que, este tipo de registros recogen lo acontecido en audiencias de carácter esencialmente público, en conformidad a lo anterior, no existe expectativa de privacidad, sino que por el contrario, existe un consentimiento tácito de los asistentes que autorizan a que su imagen sea grabada, conclusión que debe aplicarse sin distinguir entre funcionarios públicos y particulares.

Finalmente, se representa al órgano la infracción a la Ley de Transparencia, al no haber otorgado respuesta dentro de los plazos legales.

En sesión ordinaria N° 1134 del Consejo Directivo, celebrada el 6 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3752-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 12 de mayo de 2020, don Felipe Riffo Maechel requirió a la Municipalidad de Valdivia, lo siguiente: "Solicito las grabaciones de vídeo del concejo municipal desde enero 2018 hasta la fecha".

2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 30 de junio de 2020, don Felipe Riffo Maechel dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la falta de respuesta a su solicitud. Además el reclamante hizo presente que "Soy concejal de la Municipalidad y solicite las grabaciones de Video de los Concejos Municipales que son públicos, los he solicitado en Concejo, por mail al secretario municipal y ahora por Transparencia Activa y no obtengo respuesta".

3) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante oficio N° E11504, de 20 de julio de 2020, confirió traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Valdivia, notificando el reclamo y solicitando que formule sus descargos u observaciones.

Posteriormente, dado que el órgano no otorgó respuesta dentro del plazo indicado en el oficio mencionado, mediante correo electrónico de fecha 25 de agosto de 2020, se concedió a la Municipalidad un plazo extraordinario para evacuar los descargos respectivos.

Sin perjuicio de lo anterior, hasta esta fecha, no existe constancia de que el órgano se haya pronunciado en los términos referidos.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de la misma. No obstante ello, en el presente caso, la solicitud en análisis no fue respondida dentro de los plazos legales. En razón de lo anterior, este Consejo representará al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Valdivia, en lo resolutivo de la presente decisión, la infracción tanto a la precitada disposición, como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h), del cuerpo legal citado.

2) Que, el presente amparo se funda en la falta de respuesta por parte de la Municipalidad de Valdivia, a la solicitud del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a copia de las grabaciones de vídeo del concejo municipal desde enero 2018 hasta la fecha de la solicitud.

3) Que, en primer lugar, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece categóricamente que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. A su turno, conforme lo dispuesto en el artículo 3, literal e), del Reglamento de la Ley N° 20.285, se comprende dentro del concepto de "documentos": "Todo escrito, correspondencia, memorándum, plano, mapa, dibujo, diagrama, documento gráfico, fotografía, microforma, grabación sonora, video, dispositivo susceptible de ser leído mediante la utilización de sistemas mecánicos, electrónicos o computacionales y, en general, todo soporte material que contenga información, cualquiera sea su forma física o características, así como las copias de aquéllos" (énfasis agregado).

4) Que, en segundo lugar, respecto de la publicidad de los registros de sesiones de concejo municipal, cabe tener presente analógicamente las decisiones acordadas por este Consejo con ocasión de los amparos roles C109-10, C756-10, C238-11, C1063-13, C1764-16, C3084-19 y C5900-19, entre otras, en las cuales se sostuvo que las grabaciones sonoras o audios de las sesiones de los Concejos Municipales son públicas, conforme a los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia. Lo anterior es coherente con lo dispuesto en el artículo 84 inciso 4°, de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que señala que las sesiones del concejo serán públicas. En base al referido marco normativo, las imágenes captadas a través de dispositivos de video grabación o cámaras de video portátiles por parte de funcionarios municipales en cumplimiento de funciones destinadas a mantener un debido registro de los debates y decisiones adoptadas por el Concejo Municipal, o por empresas contratadas específicamente para prestar dicho servicio, constituyen, en principio, información pública.

5) Que, conforme a lo razonado por este Consejo, cabe tener presente que dentro de los registros se incluyen imágenes de personas naturales, por lo que la información requerida incluye datos personales. Sobre el particular, se debe hacer presente que según lo prescrito en el artículo 4° de la Ley N° 19.628 "el tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello". Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de la resolución del amparo, se debe tener presente el tipo de información que consta en los formatos requeridos, la que da cuenta de la realización de sesiones de Concejo Municipal, por lo que cabe presumir que dichos registros contienen esencialmente imágenes correspondientes a autoridades locales, alcalde, concejales, jefes de unidades municipales, etc., actuando en el marco del cumplimiento de sus funciones.

6) Que, en este orden de ideas, si bien la imagen de los comparecientes a las sesiones de Concejo comunal, que detentan la calidad de funcionarios públicos o autoridades comunales, corresponden efectivamente a datos de carácter personal, se concluye que su tratamiento y comunicación es legítimo, al verificarse en este caso la existencia de un interés tutelable en su acceso, por cuanto la función que cumple todo servidor público, justifica un control social sobre aquella información que si bien puede incidir en aspectos de la vida privada del funcionario o autoridad comunal, su publicidad resulta procedente, a fin de establecer el debido cumplimiento de sus deberes, como el fundamento de los beneficios conferidos en mérito de la labor desempeñada y la calidad del servicio otorgado. Luego, en base a la referida premisa este Consejo ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros similares, de funcionarios. Sobre este punto, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política de la Republica y 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios y ex funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser, o haber sido, empleados públicos al servicio de la misma. En este contexto, resulta además necesario tener presente lo razonado por la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de fecha 8 de mayo de 2017, dictada en causa Rol N° 11.513-2016, quien expresó en su considerando 5°, respecto de dichos funcionarios, que éstos: "(...) se encuentran sujetos a un estándar de escrutinio público mayor que el de un particular, que permita el cumplimiento de las obligaciones de la administración y el control social sobre las mismas, de otra manera no sería posible verificar el requisito exigido por la ley".

7) Que, en tercer lugar, y sin perjuicio de lo señalado precedentemente, respecto de las personas que, eventualmente, asistieron a dichas sesiones y que pudieran aparecer en las grabaciones de video, que no detentan la calidad de servidores públicos, la entrega de imágenes captadas por cámaras dispuestas con el fin de registrar lo acontecido en las sesiones de Concejo municipal, por parte del órgano reclamado, si bien constituye un tratamiento de datos personales que no se relaciona directamente con el cumplimiento de funciones públicas, este Consejo estima que dichos soportes detentan un carácter esencialmente público, cuya entrega procede en forma íntegra, sin que se deba aplicar, en la especie, el principio de divisibilidad respecto al acceso a las imágenes de quienes, sin ser servidores públicos, asisten circunstancialmente a dichas reuniones.

8) Que, lo anterior, se funda en el tenor del artículo 84 inciso 4° de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que establece claramente que las sesiones del concejo serán públicas. En base al referido marco normativo, existe un conflicto solo aparente entre pretensiones amparadas constitucionalmente. Lo anterior, por cuanto una norma de rango legal especificó y delimitó, en forma previa y genérica, el alcance y correcto ejercicio del derecho de protección de datos personales, en el ámbito de las sesiones del concejo municipal, declarando ex ante la publicidad de aquella información generada en el contexto de las sesiones de concejo municipal. En conformidad a lo anterior, no resulta procedente para limitar el alcance del derecho de acceso a la información a la materia consultada, efectuar distinciones sobre el tipo de formato en que se respalda el contenido de las sesiones, sea éste actas escritas, registros de audio o registros en formato audiovisual; resultando también inoficioso distinguir entre quienes concurran a éstas, sean funcionarios públicos o particulares.

9) Que, complementando lo anterior, se debe tener presente que el derecho a la protección del dato personal correspondiente a la propia imagen, se sustenta en la expectativa que la comunicación a terceros de ésta, se desarrollará dentro de un ámbito de protección y confianza, que no alcancen más allá de quienes participan de una determinada reunión. Tal situación se hace impracticable tratándose de las sesiones de concejo municipal, que están sometidas irrestrictamente al principio general de publicidad, lo que aparece plenamente acorde al control social que debe existir sobre las actuaciones de dicho cuerpo colegiado. Por lo demás, asistir a un acto de esa naturaleza supone un consentimiento tácito a la publicidad del mismo, por tratarse de un acto de naturaleza pública, con presencia de público, y de interés público, al que se asiste voluntariamente (énfasis agregado) y donde el registro del mismo no se obtiene a través de cámaras ocultas, sino por el contrario, a la vista de los asistentes. En dicho contexto, resulta plausible sostener que esta mirada es consistente con lo dispuesto en el numeral 10° de la Declaración de principios sobre la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), que establece que: "Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público".

10) Que, conforme con lo razonado, tratándose de información pública que debe obrar en poder del órgano, y no existiendo causales de reserva que ponderar, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la información solicitada, o en su defecto, una vez efectuada una búsqueda exhaustiva, señalar expresa y fundadamente, tanto al reclamante como a este Consejo, si dichos antecedentes no existieran o no obraran en su poder, con los detalles que justifiquen su inexistencia, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por don Felipe Riffo Maechel en contra de la Municipalidad de Valdivia, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Valdivia, lo siguiente:

a) Entregar al solicitante copia de las grabaciones de vídeo del concejo municipal desde enero 2018 hasta la fecha de la solicitud, o en su defecto, una vez efectuada una búsqueda exhaustiva, señalar expresa y fundadamente, tanto al reclamante como a este Consejo, si dichos antecedentes no existieran o no obraran en su poder, con los detalles que justifiquen su inexistencia, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Representar al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Valdivia la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo legal, al no haber respondido la solicitud de información dentro de los plazos legales. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones.

IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Felipe Riffo Maechel y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Valdivia.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.