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Yheni León Bórquez con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SP) Rol: C3397-20

Consejo para la Transparencia, 06/10/2020

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Pensiones, ordenando la entrega del expediente previsional de la solicitante. Respecto de lo anterior, el compendio de normas del sistema de pensiones, en su libro I, título VI, capítulo II, dispone entre otras cosas, que: "Las Administradoras de Fondos de Pensiones (...), deben crear un Archivo Previsional destinado al resguardo y custodia de la documentación generada en la administración de los fondos previsionales de los afiliados". Luego, se indica que: "La Administradora deberá incorporar al Archivo Previsional, toda la documentación necesaria para reconstituir la historia previsional del trabajador, (...). La Administradora será la responsable de determinar formalmente qué documentación debe ser ingresada al Archivo Previsional. Para ello deberá señalar por escrito mediante un documento firmado por el Gerente General el tipo de documento e información que integrará el Archivo Previsional. Este documento debe estar siempre actualizado y disponible para fiscalización de la Superintendencia". En este caso, en cuanto a la alegación de inexistencia del órgano, según el criterio sostenido por este Consejo, a partir de la decisión del amparo Rol C457-10, el alcance de la expresión "obrar en poder" no debe limitarse únicamente a la información existente físicamente en las dependencias de un órgano de la Administración del Estado, sino que también comprende aquélla que éste mantiene bajo su órbita de control o bajo su disposición, en virtud de sus facultades fiscalizadoras, pudiendo requerir la información en análisis a la administradora, petición que el órgano ya ha formulado a la AFP respectiva. Además, no se advierte en lo anterior, la concurrencia de alguna causal de reserva, teniendo presente además, que el tercero interesado, no ha evacuado descargos en esta sede. Se rechaza el amparo respecto del organigrama de la gerencia consultada con la individualización de las personas requeridas, por cuanto siguiendo lo resuelto en la decisión de amparo rol C7442-19: "las relaciones de la Administradora con sus trabajadores, se encuentran reguladas por la normativa prevista en el Código del Trabajo, el que en su artículo 154 bis establece que "El empleador deberá mantener reserva de toda la información y datos privados del trabajador a que tenga acceso con ocasión de la relación laboral". Datos como los solicitados "son datos personales en atención a la definición prescrita en el artículo 2 letra f) de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada -en adelante ley N° 19.628-. En este punto, se debe considerar que por medio de la ley N° 21.096, que consagra el derecho a protección de los datos personales, se consagró a nivel constitucional el derecho a la protección de datos personales, incorporándolo en el texto del artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República; condición que debe ser considerada al ponderar aquel derecho con la aplicación del derecho de acceso a la información pública. Esto cobra especial relevancia a efectos de elevar el estándar exigido para limitar o restringir el ejercicio de un derecho fundamental". A su turno, el artículo 4° de la ley N° 19.628 prescribe que "el tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello", entendiéndose por tratamiento de datos, según los literales c) y o) de su artículo 2°, cualquier operación, de carácter automatizado o no, que permita, entre otras cosas, comunicar o transmitir datos de carácter personal, esto es, "dar a conocer de cualquier forma los datos de carácter personal a personas distintas del titular, sean determinadas o indeterminadas". En tal sentido, no existe en este amparo, título legal o consentimiento de las personas cuya información es solicitada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3397-20

Entidad pública: Superintendencia de Pensiones.

Requirente: Yheni León Bórquez.

Ingreso Consejo: 18.06.2020.

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Pensiones, ordenando la entrega del expediente previsional de la solicitante.

Respecto de lo anterior, el compendio de normas del sistema de pensiones, en su libro I, título VI, capítulo II, dispone entre otras cosas, que: "Las Administradoras de Fondos de Pensiones (...), deben crear un Archivo Previsional destinado al resguardo y custodia de la documentación generada en la administración de los fondos previsionales de los afiliados". Luego, se indica que: "La Administradora deberá incorporar al Archivo Previsional, toda la documentación necesaria para reconstituir la historia previsional del trabajador, (...). La Administradora será la responsable de determinar formalmente qué documentación debe ser ingresada al Archivo Previsional. Para ello deberá señalar por escrito mediante un documento firmado por el Gerente General el tipo de documento e información que integrará el Archivo Previsional. Este documento debe estar siempre actualizado y disponible para fiscalización de la Superintendencia".

En este caso, en cuanto a la alegación de inexistencia del órgano, según el criterio sostenido por este Consejo, a partir de la decisión del amparo Rol C457-10, el alcance de la expresión "obrar en poder" no debe limitarse únicamente a la información existente físicamente en las dependencias de un órgano de la Administración del Estado, sino que también comprende aquélla que éste mantiene bajo su órbita de control o bajo su disposición, en virtud de sus facultades fiscalizadoras, pudiendo requerir la información en análisis a la administradora, petición que el órgano ya ha formulado a la AFP respectiva.

Además, no se advierte en lo anterior, la concurrencia de alguna causal de reserva, teniendo presente además, que el tercero interesado, no ha evacuado descargos en esta sede.

Se rechaza el amparo respecto del organigrama de la gerencia consultada con la individualización de las personas requeridas, por cuanto siguiendo lo resuelto en la decisión de amparo rol C7442-19: "las relaciones de la Administradora con sus trabajadores, se encuentran reguladas por la normativa prevista en el Código del Trabajo, el que en su artículo 154 bis establece que "El empleador deberá mantener reserva de toda la información y datos privados del trabajador a que tenga acceso con ocasión de la relación laboral". Datos como los solicitados "son datos personales en atención a la definición prescrita en el artículo 2 letra f) de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada -en adelante ley N° 19.628-. En este punto, se debe considerar que por medio de la ley N° 21.096, que consagra el derecho a protección de los datos personales, se consagró a nivel constitucional el derecho a la protección de datos personales, incorporándolo en el texto del artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República; condición que debe ser considerada al ponderar aquel derecho con la aplicación del derecho de acceso a la información pública. Esto cobra especial relevancia a efectos de elevar el estándar exigido para limitar o restringir el ejercicio de un derecho fundamental". A su turno, el artículo 4° de la ley N° 19.628 prescribe que "el tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello", entendiéndose por tratamiento de datos, según los literales c) y o) de su artículo 2°, cualquier operación, de carácter automatizado o no, que permita, entre otras cosas, comunicar o transmitir datos de carácter personal, esto es, "dar a conocer de cualquier forma los datos de carácter personal a personas distintas del titular, sean determinadas o indeterminadas". En tal sentido, no existe en este amparo, título legal o consentimiento de las personas cuya información es solicitada.

En sesión ordinaria N° 1134 del Consejo Directivo, celebrada el 6 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C3397-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 18 de mayo de 2020, doña Yheni León Bórquez solicitó a la Superintendencia de Pensiones, la siguiente información:

a) "Funcionarios autores de la normativa elaborada en conjunto a la AAFP, con la entrada en vigencia de la Ley N° 21.023, y así mismo, funcionarios autores de la respuesta que me entregaron en C20200116-010936 y C20200128-005527, incluyendo copias de estas solicitudes que no me fueron remitidas.

b) Organigrama actualizado de la gerencia de procesos y recaudación previsional de AFP Hábitat, individualizando personas que acreditaron cotizaciones pagadas mediante egresos folio N° 158116 y 158116 de fechas 25/09/2019 de Tesorería General de la Republica.

c) Carpeta de expediente previsional integra, incluyendo facturas o boletas pagadas por los servicios de cobranza judicial en RIT: A-8-2019 y P 5024-2019".

2) RESPUESTA: Mediante ordinario N° 9778, de 28 de mayo de 2020, el órgano en síntesis, entregó determinada información relativa a lo pedido en la letra a). Sobre lo solicitado en los literales b) y c), señaló que dicha información no obraba en su poder.

3) AMPARO: El 18 de junio de 2020, la solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la falta de entrega de lo solicitado en las letras b) y c).

Al efecto, sostuvo en resumen, que sobre lo pedido en la letra b): "No resulta plausible que el Órgano Regulador y Fiscalizador no mantenga en su poder información de la dotación de una gerencia de AFP, esto debido a que los datos referidos al personal de una administradora, resultan requisito indispensable para la formación de la misma y su posterior funcionamiento, debiendo por tanto esta información obrar permanentemente en la esfera u orbita de control del Fiscalizador. Así mismo y de lo que se encuentra públicamente disponible, incluidos los antecedentes que acompañare, se verifica que lo requerido en literal b) obra en la esfera del regulador.

https://www.afphabitat.cl/nuestra-empresa/organizacion-mision-y-vision/

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https://cl.linkedin.com/in/andrea-gajardo-lopez-48aa8227

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http://www.cmfchile.cl/institucional/inc/ejecutivos_pdf.php? rut=98000100 comite_aux= info=1 txt_inicio= txt_termino="

Sobre lo solicitado en la letra c): "No me entregaron absolutamente ningún antecedente relativo al trámite de mi pensión y cobranza judicial, la AFP se encuentra obligada a entregármelos pero no me los quiere entregar, y entonces el Fiscalizador debe mantenerlos en su poder porque así lo establece su propia normativa. Los antecedentes que deben encontrarse en el "Expediente de Tramite de Pensión y Archivo Previsional" son los siguientes; Certificado de Saldo, Certificado Promedio de Renta Imponibles, Ficha de Cálculo de Pensión, Formulario de Retiro de Excedentes, Certificado de Saldo para Retiro de Excedentes, Comprobante de pago de Excedentes, Facturas de Cobranza Judicial y correos del trámite de Cobranza.

https://www.spensiones.cl/portal/compendio/596/w3-propertyvalue-3187.html (...)

Finalmente respecto a todo lo anterior, solicito considerar que lo solicitado en letras b) y c), ha resultado oficiado y requerido por la Superintendencia a AFP Hábitat, de modo que bastaría con esperar la respuesta de esta administradora al fiscalizador para se me entreguen toda la información".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Pensiones, mediante oficio N° E10975, de fecha 13 de julio de 2020, requiriendo que: (1°) aclare si lo solicitado, obra en su poder constando en alguno de los soportes documentales que dispone el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (2°) refiérase a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información reclamada; (3°) de no ser competente para pronunciarse respecto de la solicitud de información, señale las razones por las cuáles no se derivó de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia; (4°) de haber realizado la derivación, remita copia de esta comunicación y del comprobante de notificación de la misma ante el órgano derivado.

Posteriormente, por medio de ordinario N° 14500, de 5 de agosto de 2020, el órgano en síntesis, indicó lo siguiente:

a) Lo solicitado no se refiere a información que obre en poder de la Superintendencia, toda vez que se trata de un organigrama de una gerencia de la administradora y el archivo previsional de la solicitante.

Cuando la ley señala que es pública la información que obra en poder de los órganos, se refiere a información que el servicio detenta, y no otro, como una entidad o persona fiscalizada.

b) No obstante lo anterior, mediante la consulta web C20200518-193637, de fecha 18 de mayo de 2020, la solicitante recurrió ante la Superintendencia requiriendo la misma información objeto de este amparo.

Dado que la consulta decía relación con su situación previsional, se solicitó a AFP Hábitat mediante correo electrónico, que diera respuesta a los requerimientos en forma directa a la recurrente.

Luego, mediante ordinario N° 13.531, de fecha 27 de julio de 2020, se reiteró a la AFP que diera respuesta a la consulta web mencionada anteriormente.

Con todo, el Servicio estimó que la respuesta de la AFP no fue completa, por lo cual emitió el ordinario N° 14.246, de fecha 3 de agosto de 2020, para que la Administradora complementara su respuesta.

Como se aprecia, la recurrente al usar un canal dispuesto por este organismo para dar respuesta a consultas de carácter general sobre su situación previsional, confirma que no procede aplicar el procedimiento establecido en la Ley de Transparencia.

En consecuencia, se remiten los documentos que se encuentran en poder de esta Superintendencia, producto de la fiscalización en curso realizada en AFP Hábitat S.A., como dispone la normativa contenida en el Libro I, Título VI Archivo Previsional, Capítulo II. Archivo Previsional, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y copias de los Oficios y carta de respuesta.

5) SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO: En virtud de lo anterior, este Consejo por medio de oficio N° E14655, de fecha 31 de agosto de 2020, solicitó a la reclamante pronunciarse sobre su conformidad o disconformidad con lo expuesto por el órgano.

Al respecto, la solicitante mediante correo electrónico de 2 de septiembre de 2020, indicó en síntesis, que respecto de lo pedido, es la propia Superintendencia quien mediante su ordinario N° 14.500 ratifica que lo requerido obra en su esfera u orbita de control en virtud de su función y obligación fiscalizadora.

Por otra parte, la administradora debe entregar la información al fiscalizador encontrándose dentro de plazo para evacuarla, ello en virtud de la función y obligación publica que cumple dicha AFP.

La información del personal de la administradora ya es pública, y por el mismo motivo se han requerido los datos formales al órgano fiscalizador competente. La información obra en poder del órgano, máxime si se consideran los archivos de dotación de personal de las AFP que la Superintendencia recibe periódicamente, y que ya han sido entregados previamente según se verifica en oficio 29985 del 06 de octubre de 2016 que se acompaña.

Finalmente, solicita aplicar las sanciones contempladas en los artículos 45 a 47 de la Ley de Trasparencia, sin perjuicio de lo contemplado en los artículos 175 y 176 del Código Procesal Penal en relación al artículo 193 del Código Penal, en tanto el órgano ha entregado información falsa en la sustanciación de este proceso.

6) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo a AFP Hábitat, mediante oficio N° E15470, de 10 de septiembre de 2020.

A la fecha, no consta que el tercero interesado haya evacuado descargos en esta sede.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de la información anotada en las letras b) y c), del numeral 1°, de lo expositivo.

2) Que, en lo que concierne a lo pedido en la letra b), referente al organigrama actualizado de la gerencia consultada, individualizando a las personas que acreditaron las cotizaciones que se indican, cabe seguir lo resuelto en la decisión C7442-19, donde se pidió similar información -"(...) detalle de las inversiones de las carteras de todos los fondos, (...), además el nombre del inversionista que realiza esa decisión (...)"-. En tal sentido, se indicó que "(...) las relaciones de la Administradora con sus trabajadores, se encuentran reguladas por la normativa prevista en el Código del Trabajo, el que en su artículo 154 bis establece que "El empleador deberá mantener reserva de toda la información y datos privados del trabajador a que tenga acceso con ocasión de la relación laboral". Datos como los solicitados "son datos personales en atención a la definición prescrita en el artículo 2 letra f) de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada -en adelante ley N° 19.628-. En este punto, se debe considerar que por medio de la ley N° 21.096, que consagra el derecho a protección de los datos personales, se consagró a nivel constitucional el derecho a la protección de datos personales, incorporándolo en el texto del artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República; condición que debe ser considerada al ponderar aquel derecho con la aplicación del derecho de acceso a la información pública. Esto cobra especial relevancia a efectos de elevar el estándar exigido para limitar o restringir el ejercicio de un derecho fundamental". A su turno, el artículo 4° de la ley N° 19.628 prescribe que "el tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello", entendiéndose por tratamiento de datos, según los literales c) y o) de su artículo 2°, cualquier operación, de carácter automatizado o no, que permita, entre otras cosas, comunicar o transmitir datos de carácter personal, esto es, "dar a conocer de cualquier forma los datos de carácter personal a personas distintas del titular, sean determinadas o indeterminadas". En tal sentido, no existe en este amparo, título legal o consentimiento de las personas cuya información es solicitada. Por otra parte, la reclamante señaló que información como la solicitada se encuentra presente en internet, como en la red social "LinkedIn", donde determinadas personas, indican trabajar en Hábitat. Al respecto, se debe tener presente que el artículo 4°, de la ley N° 19.628, dispone que: "No requiere autorización el tratamiento de datos personales que provengan o que se recolecten de fuentes accesibles al público (...)". Luego, de necesitar la Superintendencia dicha información, tampoco la extraería de dicha web o enlaces como la indicada por la solicitante, sino la requeriría directamente a la AFP respectiva en un proceso de fiscalización, como fuente fidedigna.

3) Que, por otra parte, según consta en el expediente, AFP Hábitat, indicó en carta N° 814167, de 30 de julio de 2020, remitida a la solicitante, que: "el área a cargo de la recaudación y cobranza de cotizaciones pagadas a través de los tribunales de justicia es el Departamento de Cobranzas que pertenece a nuestra Gerencia de Finanzas". De lo anterior se extrae que la gerencia consultada, en rigor, como tal no existe, lo cual se confirma de acuerdo a lo publicado por la AFP en su web institucional https://www.afphabitat.cl/nuestra-empresa/organizacion-mision-y-vision/. Lo mismo se advierte en la web de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), http://www.cmfchile.cl/institucional/mercados/entidad.php?mercado=V rut=98000100 grupo= tipoentidad=RGAFP row=AAAwy2ACTAAABy9AAA vig=VI control=svs pestania=47. Sin embargo, en caso de existir dicha gerencia, el nombre del o la Gerente(a) estaría publicado en dichos links, situación en el cual, se daría aplicación a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, conforme al cual "Cuando la información solicitada esté permanentemente a disposición del público, o lo esté (...) en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio, se comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información, con lo cual se entenderá que la Administración ha cumplido con su obligación de informar". Como se observa, lo único relacionado con lo pedido, que se encuentra oficialmente publicado por la AFP, es el nombre del gerente de administración y finanzas, que en todo caso, no corresponde a lo estrictamente solicitado. En consecuencia, en mérito de lo expuesto anteriormente, el amparo respecto de lo requerido en la letra b), será rechazado por la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia.

4) Que, en otro orden de ideas, en lo que atañe a lo pedido en la letra c), sobre el expediente previsional de la solicitante, incluyendo facturas o boletas pagadas por los servicios de cobranza judicial en causas RIT: A-8-2019 y P 5024-2019, cabe tener presente que el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en su libro I, título VI, capítulo II, dispone en lo que importa que: "Las Administradoras de Fondos de Pensiones (...), deben crear un Archivo Previsional destinado al resguardo y custodia de la documentación generada en la administración de los fondos previsionales de los afiliados". Luego, se indica que: "La Administradora deberá incorporar al Archivo Previsional, toda la documentación necesaria para reconstituir la historia previsional del trabajador, esto es, formularios, solicitudes, planillas, certificados, dictámenes, resoluciones, expedientes, la documentación en que se fundamentan los movimientos de las cuentas personales, la documentación de respaldo de cualquier asiento contable, los registros auxiliares de las cuentas del patrimonio de los Fondos de Pensiones y los documentos en que se sustenta la recaudación y cualquier otro relacionado con la administración de los fondos previsionales. La Administradora será la responsable de determinar formalmente qué documentación debe ser ingresada al Archivo Previsional. Para ello deberá señalar por escrito mediante un documento firmado por el Gerente General el tipo de documento e información que integrará el Archivo Previsional. Este documento debe estar siempre actualizado y disponible para fiscalización de la Superintendencia".

5) Que según el criterio sostenido por este Consejo, a partir de la decisión del amparo Rol C457-10, el alcance de la expresión "obrar en poder" no debe limitarse únicamente a la información existente físicamente en las dependencias de un órgano de la Administración del Estado, sino que también comprende aquélla que éste mantiene bajo su órbita de control o bajo su disposición, en virtud de sus facultades fiscalizadoras. Así, tras análisis de los antecedentes, especialmente, del marco normativo aplicable señalado en los considerandos anteriores, se concluye que aun cuando la reclamada ha señalado que la información requerida no obra en su poder, atendidas las específicas facultades de supervigilancia y control que le competen respecto de las Administradoras de Fondos de Pensiones, aquella debe obrar dentro de la esfera de control de la Superintendencia de Pensiones, pudiendo requerir la información en análisis a la administradora.

6) Que, aquello se ve corroborado por el hecho que ante una consulta web formulada por la misma solicitante a la Superintendencia, de 18 de mayo de 2020, código C20200518-193637, donde solicitó la misma información en análisis, el órgano le informó, mediante correo electrónico de 25 de mayo de 2020, que: "este Organismo Contralor requirió directamente a AFP Habitat S.A. otorgar a la brevedad respuesta a usted, sobre su requerimiento de 18.05.2020, en cuánto a proporcionarle la siguiente información: (...) Archivo o carpeta de expediente previsional íntegra, incluyendo facturas o boletas de servicios pagados por la cobranza judicial de causas rit: A-8-2019 y P-5024-2019". Luego, en dicha instancia, el servicio por medio de ordinario N° 14246, de 3 de agosto de 2020, ante la respuesta incompleta de parte de AFP Hábitat, le indicó a dicha administradora lo siguiente: "deberá remitir el archivo previsional a doña Yheni León Bórquez a que se refiere el Libro I, Título VI Archivo Previsional, Capítulo II. Archivo Previsional, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, enviando copia de la respuesta emitida a esta Superintendencia".

7) Que, por lo tanto, atendiendo lo razonado precedentemente, y considerando que AFP Hábitat no evacuó descargos en esta sede por medio de los cuales se pueda advertir la configuración de alguna causal de reserva, es que este Consejo acogerá el amparo en esta parte, ordenándose la entrega de lo solicitado en la letra c), del numeral 1°, de lo expositivo. Con todo, en atención de que se trata de datos personales de la reclamante, se deberá proporcionar lo requerido de manera presencial, verificando que sea retirada personalmente por doña Yheni León Bórquez o por su apoderado, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3., de la Instrucción General N° 10, dictada por esta Corporación.

8) Que, finalmente, se desestimará la aplicación de las sanciones contempladas en los artículos 45 a 47 de la Ley de Transparencia, por no configurarse los supuestos fácticos descritos en las citadas normas; como asimismo, la aplicación de los artículos 175 y 176, del Código Procesal Penal, y artículo 193 del Código Penal, toda vez que la respuesta y descargos otorgados por el órgano reclamado, sólo obedecen a su propia interpretación jurídica de las normas que resultan aplicables a la materia en comento. Además, no se aprecia mala fe del servicio, en tanto, como se pudo ver, de igual forma solicitó a la AFP la entrega de la información solicitada.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Yheni León Bórquez en contra de la Superintendencia de Pensiones, de acuerdo a los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Superintendente de Pensiones, que:

a) Entregue a la solicitante, lo requerido en la letra c), del numeral 1°, de lo expositivo, esto es, copia de su "Carpeta de expediente previsional integra, incluyendo facturas o boletas pagadas por los servicios de cobranza judicial en RIT: A-8-2019 y P 5024-2019".

Con todo, en atención de que se trata de datos personales de la reclamante, se deberá proporcionar lo requerido de manera presencial, verificando que sea retirada personalmente por doña Yheni León Bórquez o por su apoderado, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3., de la Instrucción General N° 10, dictada por esta Corporación.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo respecto de lo solicitado en la letra b), del numeral 1°, de lo expositivo, por la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, de acuerdo a lo razonado precedentemente.

IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente notificar la presente decisión a doña Yheni León Bórquez, al Sr. Superintendente de Pensiones y a AFP Hábitat, en su calidad de tercero interesado en este amparo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y su Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.