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Alejandro Sepúlveda Maulén con SERVICIO MÉDICO LEGAL (SML) Rol: C3720-20

Consejo para la Transparencia, 06/10/2020

Se rechaza el amparo deducido en contra del Servicio Médico Legal, relativo a la entrega del estudio Histopatológico solicitado. Lo anterior, por cuanto de los antecedentes expuestos, queda de manifiesto que el estudio solicitado no obra en poder del servicio recurrido, recayendo las alegaciones del reclamante al interponer su amparo, en la falta de gestión por parte del organismo en la elaboración de dicha pericia, exigiendo en esta sede que se lleven a efecto las medidas pertinentes para su ejecución, o bien, le entreguen por medio de este procedimiento las muestras (tejidos corporales de la víctima) que el servicio conserva, a fin de realizar el análisis por la vía privada; lo que no dice relación con el derecho de acceso a la información pública, por cuanto no corresponde a la entrega de información conforme los términos descritos en la Ley de Transparencia; enmarcándose las pretensiones del reclamante en el ejercicio al derecho a petición, consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República, debiendo por tanto dirigir aquellas ante la Fiscalía Local de Santiago Poniente, entidad respecto de la cual el Servicio Médico Legal ya solicitó su pronunciamiento en tal sentido.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento

Reclamaciones contra esta decisión (Ver estado procesal):



Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3720-20

Entidad pública: Servicio Médico Legal

Requirente: Alejandro Sepúlveda Maulén

Ingreso Consejo: 29.06.2020.

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra del Servicio Médico Legal, relativo a la entrega del estudio Histopatológico solicitado.

Lo anterior, por cuanto de los antecedentes expuestos, queda de manifiesto que el estudio solicitado no obra en poder del servicio recurrido, recayendo las alegaciones del reclamante al interponer su amparo, en la falta de gestión por parte del organismo en la elaboración de dicha pericia, exigiendo en esta sede que se lleven a efecto las medidas pertinentes para su ejecución, o bien, le entreguen por medio de este procedimiento las muestras (tejidos corporales de la víctima) que el servicio conserva, a fin de realizar el análisis por la vía privada; lo que no dice relación con el derecho de acceso a la información pública, por cuanto no corresponde a la entrega de información conforme los términos descritos en la Ley de Transparencia; enmarcándose las pretensiones del reclamante en el ejercicio al derecho a petición, consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República, debiendo por tanto dirigir aquellas ante la Fiscalía Local de Santiago Poniente, entidad respecto de la cual el Servicio Médico Legal ya solicitó su pronunciamiento en tal sentido.

En sesión ordinaria N° 1134 del Consejo Directivo, celebrada el 6 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3720-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 17 de junio de 2020, don Alejandro Sepúlveda Maulén, presentó ante el Servicio Médico Legal un requerimiento de información, al siguiente tenor:

"(...) estudio histopatológico de (...), en virtud de lo siguiente: Soy abogado de (...), tal como se acredita en el documento que acompaño en esta presentación. Mi representado fue condenado por la muerte [de persona cuyo estudio se requiere]. Luego de reuniones con un tanatologo, nos indicó que faltaría un documento para efectos de analizar alguna posibilidad para un recurso de revisión, y este es, el estudio histopatológico (...). Es por este motivo que solicito sea enviado el estudio señalado a este abogado para efectos de revisar las posibilidades para un recurso de revisión".

2) RESPUESTA: Por medio de Ord. N° 5563 de 23 de junio de 2020, el Servicio Médico Legal, señala acceder a la solicitud. No obstante, a continuación, aclara: "Consultada la Unidad de Histopatología del Departamento de Tanatología del Servicio Médico Legal, esta señaló: "El examen histopatológico, correspondiente al cadáver de (...), se encuentra pendiente; no es posible estimar una fecha de despacho, ya que, en la actualidad, no hay patólogos en Santiago, que realicen estos informes periciales".

3) AMPARO: El 29 de junio de 2020, don Alejandro Sepúlveda Maulén dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en lo siguiente: "La respuesta entregada por la institución, si bien formalmente fue un sí, en la práctica implica no obtener nunca la información, ya que depende de una disponibilidad que no se tiene certeza de cuando existirá. Necesito el estudio para ayudar a una persona privada de libertad y no puedo tener incerteza absoluta sobre los plazos. Solicito que se deriven las muestras del estudio a otra región para que lo haga otro Servicio, o en último caso, enviarlas a este abogado para su análisis particular, pero encontrar una fórmula para entregar la información de alguna manera, y no entregar una respuesta tan vaga e imprecisa. Si bien las muestras del estudio histológico solicitado existen, las tiene que analizar un experto, y no hay patólogos en la actualidad en Santiago, por lo tanto, no hay personal para analizar las muestras".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio Médico Legal, mediante Oficio N° E13206, de 12 de agosto de 2020.

Por medio de Ord. N° 7234 de 26 de agosto de 2020, el Servicio Médico Legal, señaló:

- El Servicio Médico Legal es un servicio público centralizado, funcional y territorialmente desconcentrado a través de direcciones regionales dependientes de la Dirección Nacional, que se rige por las disposiciones de la Ley N° 20.065. Su Ley Orgánica dispone que sus funciones tienen como objeto asesorar técnica y científicamente a los órganos jurisdiccionales y de investigación en lo relativo a medicina legal, ciencias forenses y demás materias propias de su ámbito. Por otra parte, el artículo 201 del Código Procesal Penal, señala "Cuando hubiere motivo para sospechar que la muerte de una persona fuere el resultado de un hecho punible, el fiscal procederá antes de la inhumación del cadáver o inmediatamente después de su exhumación a practicar el reconocimiento e identificación del difunto y a ordenar la autopsia". En este orden de ideas, el Servicio Médico Legal estará obligado a realizar peritajes y a evacuar los correspondientes informes solo cuando se lo soliciten los órganos jurisdiccionales y de investigación de ilícitos, haciendo referencia al Ministerio Público como titular exclusivo y excluyente de la Investigación Penal. La pericia de autopsia y sus respectivos exámenes se encuentran regulados actualmente en la Resolución Exenta N° 856 que actualiza y aprueba instrucciones y normativas sobre áreas técnicas que indica, señalando en qué circunstancias procede el estudio histopatológico.

- En este caso particular, es decir, en la pericia de autopsia consultada, no existe el deber irrestricto por parte del Servicio Médico Legal de realizar el examen histopatológico; este puede ser efectuado si ha sido considerado fundamental por el perito para establecer la causa de muerte, o ante un requerimiento expreso por parte del Ministerio Público. Sin embargo, ninguno de los dos presupuestos se han dado en la especie. Se añade a lo anterior, que el Servicio Médico Legal carece de la facultad constitucional y legal de determinar su curso, destino o alcance de los antecedentes propios de una investigación penal, por encontrarse dicha potestad radicada en el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia. Por tanto, a menos que el Ministerio Público ordene la realización del examen histopatológico no obstante exista la muestra en reserva, no corresponde a esta institución realizarlo.

- La causa penal por la que se instruyó la realización de la pericia de autopsia, a la fecha se encuentra concluida por la Fiscalía; sin perjuicio de ello, se ofició mediante ordinario N° 7233, de 26 de agosto de 2020, que adjuntan, a la Fiscalía Local de Santiago Poniente, para consultar su pese al cierre de su carpeta investigativa será necesario efectuar la pericia histológica. Ante una respuesta positiva de la Fiscalía, este Servicio dará curso a la pericia y obtenido el resultado, procederá a la derivación en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N° 20.285, en concordancia con el artículo noveno de la misma norma.

- El Fiscal Nacional del Ministerio Público, a través del Oficio FN N° 28 de 2011, complementa las instrucciones sobre la aplicación de la Ley N° 20.285, señalando que "todo interviniente puede solicitar copia de la carpeta investigativa, con todo el contenido de la misma, precisamente al órgano persecutor, Ministerio Público o al Tribunal que corresponda. En tal sentido, los órganos auxiliares del Ministerio Público, están obligados a entregar exclusivamente al fiscal la información que se genere en el marco de una investigación penal, órganos que además deben guardar reserva de aquellos antecedentes de acuerdo a lo prescrito en el inciso final del artículo 182 del Código Procesal Penal". Es decir, los intervinientes no requieren invocar la Ley N° 20.285 para acceder a la investigación penal.

- A su turno, expresan, las solicitudes de acceso a la información pública, no pueden ser percibidas como un medio para la entrega de copias de pericias legales, las que se encuentran amparadas por la excepción establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, y para ordenar la realización de un examen pericial no requerido por el Ministerio Público, debido a que ello constituiría una vulneración al principio de igualdad ante la ley.

- La información reclamada, insisten, no obra en poder del servicio, debido a que el perito a cargo de la causa ni el Ministerio Público estimaron conducente solicitar su realización, puesto que la causa de muerte se logró establecer sin necesidad de dicho estudio, según consta en el protocolo de autopsia N° 1394-2017. En la respuesta otorgada se señaló expresamente que no se ha realizado el examen histopatológico pedido, y a menos que el Ministerio Público lo ordene, no se realizará, motivo por el cual es imposible materialmente entregar copia de sus resultados y/o proceder a la correspondiente derivación al Ministerio Público, por lo que no existió una denegación a la entrega de información.

- Finalmente, hacen presente la causal del artículo 21 N° 1, letra a) de la Ley de Transparencia.

5) PRONUNCIAMIENTO DEL RECLAMANTE: En virtud de lo expuesto por el organismo en sus descargos, este Consejo por Oficio N° E15496 de 11 de septiembre de 2020, solicitó al reclamante su pronunciamiento, quien en presentación de fecha 22 de septiembre, manifestó su disconformidad, con base a lo siguiente:

- "Dado el tenor de la respuesta del Servicio Médico Legal, pareciera que ahora el Servicio se está retractando de haber acogido la solicitud por las dificultades técnicas de cumplirlo, lo que no procede desde el punto de vista procesal y jurídico, ya que un organismo del Estado no puede realizar una acción, generando una expectativa y eventualmente un derecho hacia un tercero, para después desdecirse sin mayor impacto jurídico. Reconocer lo contrario sería un atentado a principios básicos en un ordenamiento jurídico y democrático, como por ejemplo, la teoría de los actos propios de la administración, que ha sido argumentada y sostenida por una variedad amplia de profesores de derecho administrativo, y asimismo, ha sido corroborada por la jurisprudencia de nuestros tribunales cuando han tenido la oportunidad de conocer asuntos en que la Administración ha realizado un acto e intenta retractarse después. Dado lo anterior, me parece pertinente que este Honorable Consejo reconozca que ya se generó el derecho de recibir la información solicitada, solicitud que fue bastante detallada, por lo tanto, el Servicio no podría alegar que en realidad no entendió o interpretó de manera errada la información solicitada por esta parte.

- El Servicio alega que es materialmente imposible la entrega del estudio solicitado, lo que se contradice gravemente con la respuesta del organismo cuando se le solicitó el estudio, ya que la solicitud fue claramente acogida, y jamás se explicó que sería imposible obtener el estudio, ya que solo manifestó que se encontraba pendiente de realizar, y no era posible estimar fecha de despacho (lo que a esta parte le pareció grave fue que, no obstante acogerse la solicitud, no existiera una fecha estimada para la entrega).

- El Servicio vuelve a insistir en que no tiene la información, pero ahora ahonda más, señalando que a menos que el Ministerio Público se lo pida, no lo realizará, y entonces ¿el acto anterior por el que se acogió la solicitud no generó ningún efecto jurídico? El rol que le corresponde al Servicio Médico Legal, más allá del rol específico determinado por su ley orgánica, es cumplir la ley y Constitución, y lo más importante de todo, estar al servicio de las personas que financian vía impuestos precisamente ese tipo de servicios públicos, y es por eso que la Ley de Transparencia marca un hito importante en la conducta de los organismos de la administración, ya que estos servicios luego de la dictación de la Ley de Transparencia se ponen al servicio de las personas, estando obligadas a la entrega de información que se haya generado en su rol como organismo público, y que no sea reservada por causas legales.

- Respecto a la causal N° 1, la información no puede ir en desmedro de la prevención, investigación o persecución de un crimen o simple delito, porque como ya lo expuso el mismo Servicio, la investigación en el presente caso ya se encuentra cerrada, entonces la pregunta obvia es ¿cómo podría afectar la entrega de información a una causa que ya se encuentra concluida? El Servicio no lo menciona, y probablemente sea porque no genera ningún perjuicio para esos fines citados. Respecto a la causal N° 2, y sin perjuicio de que el Servicio no aclara cómo esta causal concurre en el presente caso, cabe destacar que no existe manera alguna en que la información afecte los derechos de las personas involucradas o terceros, ya que quien solicitó la información es abogado de una persona que precisamente tuvo relación con la causa donde se origina el estudio, como lo es mi representado, quien fue condenado por un delito que podría haber sido fundamentado de manera errónea desde el punto de la ciencia, por lo que no se entiende de qué manera esta información puede afectar a terceros en los ámbitos que están descritos en la ley. No parecen ser razonable las causales expuestas, tanto porque no se desarrollan, como porque según las explicaciones de esta parte, no habría sustento fáctico para poder alegarlas.

- Por último, omite el Servicio señalar algo muy relevante y que podría solucionar el problema que enfrenta el organismo al haber acogido una solicitud de información, y ahora, ante este Honorable Consejo negarla, con todo lo antijurídico que ello implica, y es que, esta misma parte fue la que le dio opciones al Servicio para entregar la información, como por ejemplo, señalando que podría enviar las muestras a otra jurisdicción, o accediendo a entregar las muestras a esta parte, que tienen mucho valor desde el punto probatorio para eventuales acciones que se quieran intentar en contra de una condena que podría ser injusta.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, constituye un presupuesto básico para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública el que los antecedentes solicitados existan en poder del órgano requerido, conforme preceptúan los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia. En tal sentido, el inciso 2° del artículo 5° de la Ley de Transparencia, dispone que "es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración" (énfasis agregado).

2) Que, el Servicio Médico Legal, informó en una primera instancia que el estudio en concreto solicitado, no se había realizado por no contar con el personal al efecto, y posteriormente en sus descargos, enfatizó que aquel será realizado en la medida que exista orden expresa del Ministerio Público, particularmente de la Fiscalía Local de Santiago Poniente en el marco de un proceso penal concluido, consultando expresamente a dicha entidad, con ocasión del requerimiento motivo de amparo, su pronunciamiento sobre la procedencia en su ejecución; en consecuencia, queda de manifiesto que el requerimiento recae en información que no obra en poder de la reclamada, no siendo este Consejo, en atención a la normativa precitada, competente para ordenar al organismo la realización de aquella pericia, en tal sentido y conforme lo dispone el artículo 3° del Código Procesal Penal, es el Ministerio Público quien tiene la potestad exclusiva de dirigir la investigación de los hechos constitutivos de delito, facultad normativa que no puede ser desatendida o arrogada por otro organismo en inobservancia de la ley, únicamente con base a lo expuesto por el Servicio Médico Legal en oficio de respuesta.

3) Que, si bien es efectivo que el Servicio Médico Legal utilizó en su oficio de respuesta el vocablo "se accede" a la solicitud, en el párrafo inmediatamente siguiente señaló expresamente que el estudio requerido no se había realizado, recayendo las alegaciones del reclamante al interponer su amparo, en la falta de gestión por parte del organismo en la elaboración de dicha pericia, exigiendo en esta sede que se lleven a efecto las medidas pertinentes para su ejecución, o bien, le entreguen por medio de este procedimiento las muestras (tejidos corporales de la víctima) que el servicio conserva, a fin de realizar el análisis por la vía privada; lo que no dice relación con el derecho de acceso a la información pública, por cuanto no corresponde a la entrega de información conforme los términos descritos en el artículo 10, inciso 2° de la Ley de Transparencia; enmarcándose las pretensiones del reclamante en el ejercicio al derecho a petición, consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República, debiendo por tanto dirigir aquellas ante la Fiscalía Local de Santiago Poniente, entidad respecto de la cual el Servicio Médico Legal ya solicitó su pronunciamiento en tal sentido.

4) Que, a mayor abundamiento, es importante precisar que el artículo 10, inciso 2° de la Ley de Transparencia permite el acceso a "las informaciones contenidas en actos resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales". De lo dispuesto en la norma precitada, se desprende que la petición subsidiaria realizada por el reclamante en su amparo, relativa a la entrega de las "muestras para el estudio", comprendiendo por tal, los tejidos corporales de la víctima obtenidos en el contexto de una investigación penal, no es procedente requerirlos por la vía de una solicitud de acceso a la información pública, cuya funcionalidad y ejecución es sobre la base de la reproducción (copia) de los antecedentes que obran en poder de los órganos de la Administración del Estado, lo que no es posible respecto muestras de tal naturaleza.

5) Que, en mérito de lo antes expuesto, este Consejo rechazará el presente amparo, siendo necesario indicar que no se analizará la procedencia de las demás causales de reserva invocadas por resultar inoficioso.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Alejandro Sepúlveda Maulén en contra del Servicio Médico Legal, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo indistintamente notificar la presente decisión a don Alejandro Sepúlveda Maulén y al Sr. Director Nacional del Servicio Médico Legal.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.