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Jorge Condeza Neuber con Rol: C3317-20

Consejo para la Transparencia, 06/10/2020

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Dirección General de Promoción de Exportaciones, respecto de diversa información relativa al funcionamiento de dicha institución. Por decisión de mayoría, se acoge el amparo y se ordena la entrega de documentos relativos a la apertura y cierre de oficinas, contratación de personal, variados antecedentes de la Fundación Imagen de Chile, del sumario que indica, de la auditoría que menciona, de la orden de compra y del informe que indica, de la convocatoria para proveer el cargo que menciona, de los viajes y gastos del funcionario que individualiza, y sobre los cargos concursados por el sistema de alta dirección pública, entre otros antecedentes. Lo anterior, por tratarse de información pública que obra en poder de la Dirección, respecto de la cual se ha desestimado la concurrencia de las causales de reserva relativas a la afectación al debido funcionamiento del órgano, respecto de antecedentes necesarios para defensas jurídicas y judiciales, el privilegio deliberativo, la distracción indebida de sus funcionarios, y aquella relacionada con el carácter secreto de los sumarios no afinados, toda vez que dichas alegaciones no han sido acreditadas fehacientemente. Hay voto disidente del Presidente del Consejo para la Transparencia don Jorge Jaraquemada Roblero, para quien el presente amparo debió ser rechazado totalmente por cuanto la atención agregada de las 9 solicitudes deducidas por el requirente en un período acotado de tiempo, que incluye, aproximadamente, 34 peticiones referidas a materias de diversa naturaleza, afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano, toda vez que distraería indebidamente a sus funcionarios del cumplimiento regular de sus labores, teniendo en consideración la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe ante la emergencia por Coronavirus COVID-19, decretada por el Presidente de la República, y las recomendaciones de la autoridad sanitaria, la Contraloría General de la República y este mismo Consejo, y a que la mayor parte de sus funcionarios se encuentran cumpliendo labores de manera remota. Aplica precedente de la decisión que resolvió los amparos acumulados roles C3800-18, C3801-18, C3802-18, C3803-18, C3804-18, C3805-18, en el sentido que en atención que las solicitudes objeto de este amparo fueron realizadas en un reducido período de tiempo, el órgano reclamado, para contestar dentro del plazo legal dichas solicitudes, debe tratarlas de manera simultánea. Esta circunstancia, implica que, aun cuando alguna de las solicitudes de acceso individualmente considerada, eventualmente, pueda no tener la entidad suficiente para generar la distracción alegada, para la adecuada ponderación de la causal de reserva alegada, debe atenderse al hecho de que aquéllas se encuentran insertas en un contexto de múltiples requerimientos de distinto tenor y extensión, con plazos de respuesta cuyo vencimiento se produce de manera coetánea. Por su parte, por decisión de mayoría se rechaza el amparo respecto de los mails o correos electrónicos requeridos. Lo anterior, por cuanto la Ley de Transparencia no tiene la especificidad ni la determinación que le exige la Constitución Política para restringir el derecho que protege las comunicaciones vía correos electrónicos, pues no determina los casos ni las formas en que sería admisible la limitación de este derecho fundamental garantizado por el artículo 19 N° 5 de la Carta Fundamental, en función de resguardar al máximo posible la intimidad y la vida privada de su titular. Asimismo, se configura la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Respecto de esta parte, la presente decisión es acordada con el voto disidente de la Consejera doña Gloria de la Fuente González, para quien es pertinente la entrega de copia de los correos electrónicos requeridos por el reclamante, por cuanto dichos antecedentes, generados desde una casilla institucional en el ejercicio de competencias públicas, constituyen una forma de comunicación formal entre los funcionarios públicos que forma parte del íter decisional, lo que supone reconocer que estas comunicaciones electrónicas tienen el carácter de información pública, y no concurre una causal de secreto o reserva a su respecto.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento

Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Disidente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3317-20

Entidad pública: Dirección General de Promoción de Exportaciones.

Requirente: Jorge Condeza Neuber.

Ingreso Consejo: 16.06.2020.

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Dirección General de Promoción de Exportaciones, respecto de diversa información relativa al funcionamiento de dicha institución.

Por decisión de mayoría, se acoge el amparo y se ordena la entrega de documentos relativos a la apertura y cierre de oficinas, contratación de personal, variados antecedentes de la Fundación Imagen de Chile, del sumario que indica, de la auditoría que menciona, de la orden de compra y del informe que indica, de la convocatoria para proveer el cargo que menciona, de los viajes y gastos del funcionario que individualiza, y sobre los cargos concursados por el sistema de alta dirección pública, entre otros antecedentes.

Lo anterior, por tratarse de información pública que obra en poder de la Dirección, respecto de la cual se ha desestimado la concurrencia de las causales de reserva relativas a la afectación al debido funcionamiento del órgano, respecto de antecedentes necesarios para defensas jurídicas y judiciales, el privilegio deliberativo, la distracción indebida de sus funcionarios, y aquella relacionada con el carácter secreto de los sumarios no afinados, toda vez que dichas alegaciones no han sido acreditadas fehacientemente.

Hay voto disidente del Presidente del Consejo para la Transparencia don Jorge Jaraquemada Roblero, para quien el presente amparo debió ser rechazado totalmente por cuanto la atención agregada de las 9 solicitudes deducidas por el requirente en un período acotado de tiempo, que incluye, aproximadamente, 34 peticiones referidas a materias de diversa naturaleza, afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano, toda vez que distraería indebidamente a sus funcionarios del cumplimiento regular de sus labores, teniendo en consideración la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe ante la emergencia por Coronavirus COVID-19, decretada por el Presidente de la República, y las recomendaciones de la autoridad sanitaria, la Contraloría General de la República y este mismo Consejo, y a que la mayor parte de sus funcionarios se encuentran cumpliendo labores de manera remota. Aplica precedente de la decisión que resolvió los amparos acumulados roles C3800-18, C3801-18, C3802-18, C3803-18, C3804-18, C3805-18, en el sentido que en atención que las solicitudes objeto de este amparo fueron realizadas en un reducido período de tiempo, el órgano reclamado, para contestar dentro del plazo legal dichas solicitudes, debe tratarlas de manera simultánea. Esta circunstancia, implica que, aun cuando alguna de las solicitudes de acceso individualmente considerada, eventualmente, pueda no tener la entidad suficiente para generar la distracción alegada, para la adecuada ponderación de la causal de reserva alegada, debe atenderse al hecho de que aquéllas se encuentran insertas en un contexto de múltiples requerimientos de distinto tenor y extensión, con plazos de respuesta cuyo vencimiento se produce de manera coetánea.

Por su parte, por decisión de mayoría se rechaza el amparo respecto de los mails o correos electrónicos requeridos. Lo anterior, por cuanto la Ley de Transparencia no tiene la especificidad ni la determinación que le exige la Constitución Política para restringir el derecho que protege las comunicaciones vía correos electrónicos, pues no determina los casos ni las formas en que sería admisible la limitación de este derecho fundamental garantizado por el artículo 19 N° 5 de la Carta Fundamental, en función de resguardar al máximo posible la intimidad y la vida privada de su titular. Asimismo, se configura la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

Respecto de esta parte, la presente decisión es acordada con el voto disidente de la Consejera doña Gloria de la Fuente González, para quien es pertinente la entrega de copia de los correos electrónicos requeridos por el reclamante, por cuanto dichos antecedentes, generados desde una casilla institucional en el ejercicio de competencias públicas, constituyen una forma de comunicación formal entre los funcionarios públicos que forma parte del íter decisional, lo que supone reconocer que estas comunicaciones electrónicas tienen el carácter de información pública, y no concurre una causal de secreto o reserva a su respecto.

En sesión ordinaria N° 1134 del Consejo Directivo, celebrada el 6 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C3317-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUDES DE ACCESO: Entre el 15 de mayo y el 4 de junio de 2020, don Jorge Condeza Neuber dedujo ante la Dirección General de Promoción de Exportaciones, 9 solicitudes de información, consistentes en:

1.1 Código AC006T0000121, de fecha 15 de mayo de 2020, requirió lo siguiente:

a) "Respecto a la apertura o cierre de oficinas de ProChile se solicita copia de los decretos, oficios o como se denomine el documento que autorizo la apertura o cierre de oficinas comerciales de ProChile desde el 1 de enero del 2018 al 27 de abril del 2020.

b) Respecto a la contratación de personal se solicita lista de funcionarios bajo cualquier modalidad, contratados el año 2020 a la fecha para trabajar en Chile o en el extranjero indicando fecha exacta del contrato de trabajo y fecha de inicio de funciones en ProChile".

1.2 Código AC006T0000122, de fecha 20 de mayo de 2020, requirió lo siguiente:

a) "Referido a la fundación imagen país se solicita copia de las órdenes de compra giradas por esa institución el año 2018, 2019 y 2020 a la fecha.

b) Monto del aporte anual recibido desde el presupuesto de la nación el año 2018 y 2019.

c) Se indique detalle de la deuda de corto plazo generada el año 2019.

d) Se informe el detalle del patrimonio negativo generado el año 2019.

e) Se informe copia de las actas de cada reunión de directorio realizadas desde enero del 2018 a la fecha".

1.3 Código AC006T0000123, de fecha 20 de mayo de 2020, requirió lo siguiente:

a) "Referido a la fundación imagen país se solicita copia de las órdenes de compra giradas por esa institución el año 2018, 2019 y 2020 a la fecha.

b) Monto del aporte anual recibido desde el presupuesto de la nación el año 2018 y 2019.

c) Se indique detalle de la deuda de corto plazo generada el año 2019.

d) Se informe el detalle del patrimonio negativo generado el año 2019.

e) Se informe copia de las actas de cada reunión de directorio realizadas desde enero del 2018 a la fecha".

1.4 Código AC006T0000124, de fecha 22 de mayo de 2020, requirió lo siguiente:

a) "Respecto a la resolución exenta J363 del 5 de Mayo se solicita copia de la resolución que determinó la realización de un sumario debido al eventual mal manejo de fondos en la Oficina Regional Bio Bio.

b) Informar si se está realizando una investigación sumaria o un sumario administrativo".

1.5 Código AC006T0000126, de fecha 23 de mayo de 2020, requirió "Referente a la ANPL012019 realizada a los fondos FNDR región del Bio Bio recibidos por ProChile se solicita:

a) Copia del memorándum N° 294 del 15 de julio del 2019 de la Dirección General de Promoción de Exportaciones.

b) Copia de las comunicaciones entre ProChile y la Universidad del Desarrollo e Inacap solicitando detalles de los seminarios realizados en Concepción y Talcahuano el 17 de abril y 29 de Mayo respectivamente (2019) consignado en la página 10 del informe de auditoría.

c) Fecha de visita a la región del Bio Bio de los 3 auditores: Cuevas, Fuentes y Ahumada que realizaron la auditoria, indicando fecha de estadía. Además factura de los pasajes aéreos de cada viaje y pago de viáticos.

d) Copia de los memorándum con los que la oficina ProChile Bio Bio envió la documentación a los auditores para la realización de la auditoria.

e) Copia de los memorándum con que los auditores pidieron a la oficina ProChile Bio Bio documentación para esta auditoría.

f) Copia de las comunicaciones, cartas, mails, correos electrónicos, y cualquier comunicación escrita entre Prochile y la empresa Patricio Urrutia Producciones eirl entre Enero 2019 y Mayo 2020.

g) Respecto a las irregularidades determinadas en el hallazgo 4 de la auditoria se solicita copia de las denuncias efectuadas al ministerio público, en caso de que exista".

1.6 Código AC006T0000129, de fecha 29 de mayo de 2020, requirió lo siguiente:

a) "Respecto a la orden de compra 1082957-1077-SE19 se solicita copia del informe adquirido en esta orden de compra.

b) Fecha de entrega del informe a ProChile desde el proveedor".

1.7 Código AC006T0000130, de fecha 2 de junio de 2020, requirió "Respecto a la convocatoria realizada para proveer el cargo de representante en Houston de ProChile se solicita:

a) Fecha en la cual se realizó la publicación. Inicio y termino.

b) Página web (o lugares de la web) donde se publicó. En caso de haber usado un medio escrito, informar cual y una copia de la publicación.

c) Nombre de la empresa a cargo de la selección.

d) Nombre de la empresa encargada de la evaluación de los postulantes.

e) Puntaje obtenido por cada postulante, por cada ítem evaluado, sin indicar nombre ni rut ni Fnit o datos sensibles. Solo el puntaje obtenido por los candidatos.

f) Nombre de los miembros del comité de evaluación de esta selección".

1.8 Código AC006T0000131, de fecha 2 de junio de 2020, requirió "Respecto a los viajes al extranjero del director general de ProChile Sr. Jorge Oryan desde que asumió el año 2018 a la fecha 1 de Junio del 2020 se solicita:

a) Detalle de los viajes indicando destino, fecha de salida y de retorno y motivo del viaje.

b) Detalle de los viáticos pagados en cada viaje realizado.

c) Detalle de los fondos a rendir en cada viaje.

d) Copia de las facturas de aerolíneas o agencias de viaje por los pasajes aéreos comprados para cada viaje identificados en el punto 1. En caso de existir modificaciones posteriores y recargos pagados identificarlos.

e) Se solicita identificar viajes que sean invitaciones oficiales de otros gobiernos o instituciones".

1.9 Código AC006T0000133, de fecha 4 de junio de 2020, requirió: "Respecto a los cargos concursados en ProChile y entregados a SADP para su selección se solicita:

a) Cargos seleccionados en ProChile los años 2017-2018-2019 y 2020 a la fecha indicando el nombre del cargo y la persona seleccionada para el por el sistema ADP.

b) Concursos entregados al sistema ADP que resultaron declarados desiertos desde el año 2017 a la fecha indicando nombre del cargo.

c) Copia de los oficios que envió el director de ProChile declarando desiertos los concursos a ADP.

d) Nómina de quienes conformaron los comité de selección en cada concurso entregado al SADP hayan estos aprobados y declarados desiertos, entre los años 2017 y esta fecha.

e) Nómina de agregados comerciales seleccionados vía ADP entre los años 2017 y esta fecha".

2) RESPUESTA: Mediante oficio M.RR.EE. (PROCHILE) N° 9/2020, de 15 de junio de 2020, la Dirección otorgó respuesta conjunta a las 9 solicitudes, remitiendo copia de la Resolución Exenta N° 12/2020, de 12 de junio de 2020, por medio de la cual denegó la entrega de la información requerida de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, y artículo 7 N° 1, letra c), del Reglamento de la citada ley, señalando en síntesis, que "las diversas consultas formuladas por el solicitante hacen necesario que este Servicio destine un alto número de horas de trabajo a la atención de estas solicitudes, ya que requieren la revisión de documentos o antecedentes cuya realización demanda la utilización de recursos humanos especialmente destinados para labor. En el contexto de la crisis sanitaria y el estado de catástrofe que afecta al país, el personal de este Servicio se encuentra enfrentado a una carga de trabajo extraordinariamente mayor, la que se desarrolla en condiciones excepcionales, con sobre el 90% de la dotación en modalidad de trabajo a distancia, en el contexto de la cuarentena obligatoria bajo la que han estado diversas comunas de Santiago, desde el 27 de marzo, y más tarde el Gran Santiago, desde el pasado 15 de mayo".

Acto seguido, indicó que "En este contexto, para responder las señaladas solicitudes, este Servicio puede actualmente destinar solamente dos personas por cada unidad requerida para la revisión y recopilación de los antecedentes requeridos, pertenecientes a la Dirección Administrativa, Dirección Nacional, Departamentos Dirección Internacional y de Marketing y Eventos y Dirección de Asuntos Jurídicos, competentes en las materias por las cuales se consulta, de manera de asegurar el adecuado funcionamiento de las distintas unidades en el cumplimiento de las labores propias del Servicio. Como se observa, los requerimientos formulados implican que todas las direcciones de este Servicio deben destinar horas de trabajo a la recopilación de la información solicitada, la que en algunos casos se encuentra en formato físico o alojada en servidores ubicados exclusivamente en las dependencias de este Servicio. Que, se ha calculado que un funcionario puede requerir destinar para estas solicitudes 16 horas con dedicación exclusiva, lo que implica distraer indebidamente a los funcionarios de sus funciones, desviarlo del cumplimiento de las labores propias que corresponden a este Servicio (...) cabe indicar que durante la segunda quincena de abril el número de solicitudes de acceso a la información se incrementó considerablemente, lo que implicó una carga adicional de trabajo a los funcionarios de este Servicio, requiriendo en algunos casos su asistencia física a las dependencias del Servicio pese a las directrices de privilegiar el trabajo remoto, poniendo en riesgo al personal, destinándose en promedio para tal efecto la cantidad de 290 horas, afectando asimismo el desarrollo normal de las funciones del personal a cargo de estas labores, ya que han debido destinar horas fuera de la jornada laboral e incluso trabajar días inhábiles para tal efecto", citando diversa jurisprudencia de este Consejo, relativa a la causal de reserva, agregando que "se ha sostenido que el conjunto de requerimientos de información interpuestos por una misma persona, ante un mismo órgano de la Administración del Estado, en un período acotado de tiempo, puede justificar la concurrencia de la hipótesis de distracción indebida de los funcionarios".

Asimismo, particularmente, y sólo respecto de lo pedido en la letra a) de la solicitud código AC006T0000122, argumentó que "sólo durante el periodo comprendido entre abril a noviembre de 2019, se recibieron 618 folios de rendición, los que corresponden a 618 órdenes de compra; si esto se extrapola a los 28 meses que considera la consulta de transparencia (2018, 2019 y 2020), serían aproximadamente 2.163 órdenes de compra que habría que identificar, revisar, escanear y foliar para poder responder. A mayor abundamiento, cabe destacar que el trabajo que ha de realizarse implica la revisión de los documentos solicitados, puede tardar, en el mejor de los casos, 10 minutos por orden de compra, lo que incluye identificación, revisión, escaneo y foliar cada documento, lo que se traduciría en una dedicación de 45 días hábiles de 8 horas, para realizar solo esta tarea", agregando que, con relación a las actas consultadas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, confirió traslado a la Fundación Imagen de Chile, en su calidad de tercero, quien manifestó su oposición a la entrega de dicha información.

Luego, sobre lo pedido en la solicitud código AC006T0000124 y AC006T0000126 en los cuales requirió información que forma parte de un sumario no afinado, señaló además, que dicho procedimiento es secreto, conforme lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 137 de la ley N° 18.834, que aprueba el Estatuto Administrativo, en relación con lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letras a) y b), y N° 5 de la Ley de Transparencia, y haciendo mención a una solicitud anterior en la cual requirió información similar. Del mismo modo, respecto a la solicitud AC006T0000131, la institución señaló que la Jefa del Departamento de Compras indicó la imposibilidad de entregar la información adicional a la que se encuentra publicada en la plataforma ley del lobby, agregando que "en atención a que no cuenta con el personal necesario para revisar y clasificar la información sin que ello implique distraerlos de sus funciones y afectar en definitiva el cumplimiento de las funciones del Servicio. Indica, que se reasignaron dos personas de la unidad a cargo de viajes institucionales al Departamento de Finanzas, a partir del 20 de mayo del año curso, con lo que se ajustó la dotación a los requerimientos actuales, existiendo compromisos institucionales que deben ser cumplidos dentro de un plazo determinado que imposibilitan destinar personal a la recopilación solicitada. Es dable indicar además que personal de la citada unidad se encuentra con licencia médica por Covid (...) la solicitud N° AC006T0000131 requiere la revisión de antecedentes físicos, y actualmente se encuentran activos solo cuatro funcionarios con conocimiento en materias de viajes y comisiones de servicios, quienes realizan trabajo remoto por tratarse de personas de riesgo o al cuidado de personas en riesgo, por lo que solicitarles que asistan a las dependencias institucionales podría implicar poner en riesgo la salud de los funcionarios e incumplir las instrucciones de la autoridad sanitaria".

3) AMPARO: El 16 de junio de 2020, la solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a las solicitudes de información. Asimismo, alegó que "Existe claramente por parte de ProChile y de su jefatura un abuso en el uso de las posibilidades que ofrece la ley 20285 para denegar la información demostrando que existe una política institucional. Ya en solicitudes anteriores han utilizado reiteradamente lo establecido como casual de reserva o secreto de cierta información y ahora usan una respuesta estilo granel para simplemente disponer que nada sea entregado (...) Alega ProChile que las peticiones son una sobrecarga de trabajo a los funcionarios. Posiblemente es asi", haciendo mención a los funcionarios de la institución y sus funciones.

Acto seguido, reclamó que "mi última petición de información fue realizada el día 4 de junio recién pasado, Tiene el número AC006T0000133. Es decir durante todo el año 2020 esta dirección recibió 133 solicitudes de información, algo así como 32 peticiones mensuales. Casi una al día. ProChile registra mi solicitud 121 el 15 de mayo y la 133 el 4 junio - O sea el total recibido en ProChile entre esas fecha fue de 12 en un plazo de 20 días, es decir 0.6 al día. NO parece una gran carga de trabajo para una unidad con dos personas (...) han emitido la res exenta el día 12 de Junio (la recibí el 15) siendo que las últimas presentaciones fueron el 2 y 4 de Junio y la fecha máxima de entrega era el 1 ero y 3 de Julio. Es decir para algunas quedaban 20 días para responder, sin considerar la posibilidad de pedir extensión de 10 días extras. Pero antes de partir revisando las solicitudes, ProChile concluye que esto podría distraer indebidamente a los funcionarios o que ocuparan un tiempo excesivo considerado su jornada de trabajo o un alejamiento de sus funciones habituales", haciendo alusión a cada una de las solicitudes de información, respecto de las cuales no se configurarían las alegaciones del órgano.

Finalmente, manifestó que "solicito se pronuncie el Consejo si es correcto que la denegación sea firmada por la Directora Jurídica y no por el Director General de la Institución".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante oficio N° E10531, de fecha 7 de julio de 2020, confirió traslado al Sr. Director General de Promoción de Exportaciones, notificando el reclamo y solicitando que formule sus descargos u observaciones.

Por medio de oficio M.RR.EE. (PROCHILE) N° 82/2020, de 22 de julio de 2020, el órgano reiteró todo lo señalado en su respuesta, agregando que "Cabe indicar que solo a nivel central (dependencias en la ciudad de Santiago) ProChile cuenta con una asistencia de personal de un 7,25% (...) los requerimientos formulados implican que todas las direcciones de este Servicio deben destinar horas de trabajo a la recopilación de la información solicitada, la que en algunos casos se encuentra en formato físico o alojada en servidores ubicados exclusivamente en las dependencias de este Servicio", indicando, a modo de ejemplo, que "Referente a la solicitud relativa a contrataciones efectuadas mediante a los fondos FNDR región del Biobío; lo solicitado en relación a la orden de compra 1082957-1077-SE19; lo relativo a los antecedentes vinculados a la convocatoria para proveer el cargo de representante comercial en Houston, y la solicitud vinculada a los antecedentes de concursos sujetos al sistema de Alta Dirección Pública, cabe indicar que dichos documentos se encuentran en parte en formato físico y otros en versión digital en las dependencias de esta institución y su volumen aproximado puede corresponder a unas 150 páginas, ubicadas en distintas unidades del Servicio, que requieren su búsqueda y recopilación. Respecto a los viajes al extranjero del suscrito desde que asumió el año 2018 a la fecha 1 de Junio del 2020, cabe indicar que conforme se señaló en el acto administrativo denegatorio, para los efectos de responder la totalidad de la información requerida en esta materia, se hace necesario efectuar la revisión de antecedentes físicos de aproximadamente unos 120 documentos, en donde la dificultad expuesta radica en la modalidad actual de trabajo remoto, pues al no contar con personal del área de viajes (especializada) disponible para trabajo presencial en las oficinas, no se podía completar esta solicitud en los tiempos", reiterando lo expuesto sobre la oposición de la Fundación Imagen de Chile, y entregando sus datos de contacto, y lo relativo al secreto del sumario.

5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL TERCERO: En conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó conferir traslado de este amparo al tercero eventualmente afectado con la entrega de la información solicitada, mediante oficio N° E12571, de fecha 4 de agosto de 2020, a fin de que presente sus descargos y observaciones.

Mediante presentación de fecha 18 de agosto de 2020, la Fundación Imagen de Chile manifestó su oposición a la entrega de las actas solicitadas, señalando en síntesis, que "Fundación Imagen de Chile es, a diferencia de lo postulado por el recurrente en su solicitud de amparo, una fundación de derecho privado, autónoma y sin fines de lucro, constituida en 2009, con el objeto de impulsar, desarrollar, patrocinar, financiar, coordinar, promover y ejecutar la difusión de la imagen de nuestro país en el exterior, no siendo esta creada por ley, y sin ejecutar una función administrativa propiamente tal (...) FICH publica y actualiza periódicamente la información disponible en su página web asociada a su estructura orgánica y sus estados financieros de los cuales es posible obtener la respuesta a los requerimientos solicitados por el recurrente, por cuanto se detalla el valor de los ingresos y egresos, motivo por el cual se entiende que la solicitud de información se ve resulta con la información allí contenida, no siendo pertinente hacer entrega de sesiones de directorio en las cuales no se contienen los detalles financieros requeridos por el solicitante (...) En particular, las sesiones requeridas exponen entre otros, información de valor comercial, especialmente aquella asociada a la marca país cuya divulgación puede otorgar a sus competidores, en este caso, otros países y/o fundaciones/instituciones a cargo de la promoción de la imagen de sus respectivos países, una ventaja competitiva que podría verse afectada por la publicidad de la documentación requerida, la que se refiere expresamente a estrategias de promoción, a la celebración de contratos con proveedores de servicios, a la revisión de las campañas ejecutadas y la planificación de campañas futuras, entre otros temas que en nada se relacionan con el fondo del petitorio del Sr. Condeza, todo lo cual se recoge en el derecho expuesto bajo el artículo 21 número 2 de la Ley y que por tanto, debe mantenerse bajo secreto".

Acto seguido, indicó que "la construcción de la marca país, y el fortalecimiento de esta y de la imagen de Chile a través de diversas campañas, se trata de una función de carácter estratégico para el posicionamiento y desarrollo de la competitividad del país, esencial para el fortalecimiento de las relaciones internacionales y su proyección en mercados internacionales, generada por un ente privado que cumple una función de interés público (...) Se trata por tanto de información de carácter estratégico, comercial y de marketing, cuya publicidad se encuentra protegida como patrimonio económico vinculado al Estado ejerciendo una actividad en un régimen de privados (...) El rechazo asociado a la divulgación de la información contenida en las sesiones de directorio solicitadas, se configura por cuanto la misma no es generalmente conocida, ni fácilmente accesible, respondiendo a la estrategia comercial propia de la marca país y cuyo valor comercial proporciona una ventaja competitiva a la Fundación, llevando su publicidad a un desmedro de la posición de la misma, por cuanto se refieren al programa de uso de marca, su estrategia digital, los lineamientos de trabajo futuro, posicionamiento de marca y desarrollo de la imagen de Chile en general", adjuntando copia de los estatutos de la Fundación.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte de la Dirección General de Promoción de Exportaciones, a la solicitud del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a diversa información relativa apertura y cierre de oficinas, contratación de personal, variados antecedentes de la Fundación Imagen de Chile, del sumario que indica, de la auditoría que menciona, de la orden de compra y del informe que indica, de la convocatoria para proveer el cargo que menciona, de los viajes y gastos del funcionario que individualiza, y sobre los cargos concursados por el sistema de alta dirección pública, entre otros. Al respecto, el órgano denegó la entrega de la información, en primer lugar, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, y en segundo lugar, conforme el documento en particular, denegó su entrega fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letras a) y b), N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia.

2) Que, en primer lugar, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por otra parte, según lo dispuesto en los artículos 5°, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

3) Que, en segundo lugar, el órgano denegó la entrega de la totalidad de la información fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, el cual dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Asimismo, el artículo 7, N° 1, letra c) del Reglamento de dicha ley, establece que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

4) Que, en virtud de lo expuesto, y según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C1336-16, cabe determinar si, en la especie, concurren los hechos constitutivos de la referida causal, y teniendo en consideración que su atención podría implicar, para tales funcionarios, la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, al cumplimiento de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas. En este sentido, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dichos órganos se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia.

5) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que esta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias.

6) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, éste no ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado.

7) Que, en el presente caso, si bien el órgano indicó que se trata de un alto número de antecedentes a recopilar, que tiene una gran parte de sus funcionarios efectuando teletrabajo, la cantidad de funcionarios necesarios para revisar los documentos, y la dificultad de revisar los papeles que mantiene en formato físico, entre otras alegaciones, en suma, ninguno de dichos fundamentos permite tener por acreditada, de manera fehaciente e indubitada, la concurrencia de la causal de reserva de distracción indebida, teniendo presente que por tratarse de normas de derecho estricto, dichas causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva, teniendo en consideración que la documentación requerida se refiere a antecedentes sobre órdenes de compras; oficios, resoluciones o actos administrativos dictados por la propia Dirección; procesos de concursos y contrataciones de personal; comprobantes de gastos; informes contratados con fondos públicos; viáticos o pagos efectuados a sus propios funcionarios; entre otros antecedentes, incluyendo aquellos que deben publicarse en el Portal de Transparencia Activa de la institución, en el portal de Mercado Público, en la página web de la Dirección de Presupuestos o del Servicio Civil respecto de los procesos de Alta Dirección Pública, por lo que este Consejo estima que las alegaciones del órgano no revisten una magnitud tal que permitan tener por acreditada la hipótesis prevista en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

8) Que, en tercer lugar, con relación a lo solicitado en la letra e), de los numerales 1.2 y 1.3, del número 1) de la parte expositiva, esto es, copia de las actas de la Fundación Imagen de Chile de cada reunión de directorio realizadas desde enero del 2018 a la fecha, el órgano denegó su entrega fundado en la oposición de dicha institución de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Al respecto, cabe tener presente lo señalado por la propia Fundación en sus descargos, al indicar que la "Fundación Imagen de Chile es, a diferencia de lo postulado por el recurrente en su solicitud de amparo, una fundación de derecho privado, autónoma y sin fines de lucro, constituida en 2009, con el objeto de impulsar, desarrollar, patrocinar, financiar, coordinar, promover y ejecutar la difusión de la imagen de nuestro país en el exterior", a partir de lo cual resulta plausible sostener, al contrario de lo razonado por la fundación, que se trata de una institución sin fines de lucro, por lo que malamente podrá generarse a su respecto, afectación a sus derechos comerciales o económicos. Asimismo, y en contra de lo señalado por la institución, su rol principal es, evidentemente, el cumplimiento de una función administrativa, en la especie, apoyar aquella que compete a la propia Dirección General de Promoción de Exportaciones, esto es, la promoción de la oferta exportable de bienes y servicios chilenos, y de contribuir al desarrollo del país, mediante la internacionalización de las empresas chilenas, la promoción de la imagen país, de la inversión extranjera y del turismo, a través de una red nacional e internacional de personas especializadas y comprometidas, según se informa en la página web de dicho organismo, en el link https://www.prochile.gob.cl/landing/quienes-somos/.

9) Que, en el mismo sentido, y no obstante lo anterior, la Fundación no señaló en forma detallada y fehaciente, la forma en que se podrían afectar sus derechos económicos y comerciales, ni la forma concreta o específica en que se afectarían sus ventajas competitivas, limitándose a efectuar meras apreciaciones hipotéticas y subjetivas, sin la suficiente especificidad para justificar la reserva de la información solicitada. En consecuencia, se desestimarán sus alegaciones.

10) Que, en cuarto lugar, respecto de lo requerido en los numerales 1.4 y 1.5, el órgano denegó su entrega conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letras a) y b), y N° 5 de la Ley de Transparencia, este último, en relación con lo que establece el inciso 2° del artículo 137 de la ley N° 18.834, que aprueba el Estatuto Administrativo, por tratarse de información relativa a un sumario no afinado. Así las cosas, vale tener en consideración que lo requerido no se refiere a copia del expediente sumarial, o copia de las gestiones efectuadas por el fiscal a cargo del proceso, o de antecedentes que puedan afectar el éxito de la investigación, toda vez que lo requerido se refiere a copia de la resolución que determinó la realización de un sumario, informar si se trata de una investigación sumaria o un sumario administrativo, copia de los memorándums y las comunicaciones con las instituciones que indica, fechas de visitas y copia de denuncias al Ministerio Público, si es que existen, todos antecedentes, originados con anterioridad a la iniciación del proceso o que no tienen la magnitud suficiente de afectar el éxito de las investigaciones, que es el bien jurídico protegido con la reserva de este tipo de procedimientos administrativos.

11) Que, con relación a lo solicitado, conforme a la reiterada jurisprudencia de este Consejo, plasmada entre otras en las decisiones recaídas en los amparos Roles A47-09, C561-11 y C1847-15, entre otras, la norma de secreto de los sumarios administrativos consagrada tanto en el artículo 137 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, como en el artículo 135 de la ley N° 18.883, sobre Estatuto de Funcionarios Municipales, tiene por objeto asegurar el éxito de la investigación, cautelando el debido cumplimiento de las funciones del órgano, en los términos del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, en virtud de lo cual, cabe tener presente que no resulta plausible sostener que la entrega de dichos antecedentes pueda afectar el éxito de la investigación, así como tampoco, en la especie, el órgano ha señalado de manera alguna, la forma en que su entrega podría afectar el debido cumplimiento de sus funciones.

12) Que, de conformidad a lo razonado por este Consejo en el amparo rol C5062-19, en relación con los documentos solicitados, cabe hacer presente lo resuelto por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia recaída en reclamo de ilegalidad rol N° 2335 - 2010, en cuyo considerando 6°, expresó "(...) que en tal sentido, tal como se desprende del dictamen N° 36.929, de 6 de julio de 2008 de la Contraloría General de la República, lo que excepcionalmente se prohíbe es la información ‘en detalle’ de un sumario no afinado. Por ende, contrario sensu, es lícito recabar y entregar informaciones genéricas, marginales o tangenciales al fondo de la cuestión investigada, en cuanto con ello no se pone en jaque ni la honra de las personas ni el debido proceso en una condigna investigación". En la misma línea jurisprudencial la citada Corte ha concluido que "Por otro lado, la disposición del artículo 137 inciso segundo del Estatuto Administrativo debe interpretarse a la luz de la finalidad de la norma, vale decir, concierne a la cuestión de fondo tendiente a asentar la responsabilidad administrativa en hechos que han sido valorados de trascendencia para la administración, por ello mira el éxito de la investigación y como ha sostenido la Contraloría General de la República, a la honra y respeto a la vida pública de los funcionarios que, eventualmente, podrían tener comprometida su responsabilidad en los hechos investigados. De ahí que una información que no comprometa estos fines, que no sea detallada en relación con el asunto indagado, pudiera ser entregada" (Considerando 8° sentencia recaída en reclamo de ilegalidad rol 7608 - 2012).

13) Que, en el presente caso, el requerimiento no recae en la entrega del expediente sumarial propiamente tal. No obstante lo anterior, la recurrida no justifica, de manera concreta, las implicancias o entorpecimiento que en el curso de la investigación conllevaría la entrega de los documentos estrictamente solicitados, considerando que, en gran parte, aquellos fueron generados con anterioridad al inicio del procedimiento en cuestión, no informando detallada y fehacientemente, la forma en que la publicidad de dichos antecedentes podría afectar el debido cumplimiento de sus funciones, o la manera en que se vería perjudicado el resultado de la investigación en curso. En consecuencia, se desestimarán las causales de reserva alegadas en esta parte.

14) Que, en quinto lugar, y sin perjuicio de lo resuelto precedentemente, respecto de lo solicitado en el literal f) del numeral 1.5, sólo en lo que se refiere a copia de los mails o correos electrónicos entre Prochile y la empresa Patricio Urrutia Producciones EIRL, en el período que indica, se debe hacer presente que este Consejo, en decisión de mayoría, estima que los correos electrónicos, tal como ocurre con las conversaciones telefónicas, cartas u otros medios de comunicación audiovisuales o radiofónicos, son interacciones entre personas individualmente consideradas, pudiendo incluir información, ideas, opiniones o juicios de valor confidenciales o privados, a pesar de que dichos correos electrónicos se generen en el ámbito del ejercicio de la función pública y sin perjuicio de que sean decantados en casillas institucionales. En efecto, se trata de una forma de comunicación que puede abarcar una multiplicidad de situaciones humanas o de hecho, similares a las que se producen a través de las llamadas telefónicas que las personas tienen día a día al interior de los órganos de la administración del Estado y que no tienen la relevancia necesaria para justificar su publicidad en aras del control social.

15) Que, cabe señalar que el Estado está al servicio de la persona humana y tiene el deber de respetar y promover los derechos fundamentales que emanan de su propia naturaleza, como lo señala expresamente la Constitución Política en sus artículos 1°, inciso tercero, y 5°, inciso segundo. Por su parte, los derechos constitucionales consagrados en los numerales 4° y 5° del artículo 19 de la Constitución, aseguran el respeto y protección a la vida privada de la persona y su familia, el primero, y la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, el segundo, configurando en conjunto el ámbito de protección de la vida privada. El correlato de este estatuto nacional es posible identificarlo en las disposiciones del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

16) Que, en este sentido, la vida privada es "aquella que se ejecuta a vista de pocos, familiar y domésticamente, sin formalidad ni ceremonia alguna, particular y personal de cada individuo, que no es propiedad pública o estatal, sino que pertenece a particulares" (Silva B., Alejandro, en "Tratado de Derecho Constitucional", Tomo XI, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2006, p.188). Asimismo, "el concepto de vida privada está directamente vinculado a la ‘intimidad’, a ese ámbito en que el ser humano y la gente de sus afectos conviven, conversan, se aman, planifican el presente y el futuro, comparten alegrías y tristezas, gozan del esparcimiento, incrementan sus virtudes y soportan o superan sus defectos, y fomentan sus potencialidades humanas para su progreso integral, todo ello sin la intervención o presencia de terceros" (Evans de la Cuadra, Enrique, en "Los Derechos Constitucionales", Tomo I, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2004, p.212). De manera similar se sostiene que la vida privada es "el conjunto de los asuntos, conductas, documentos, comunicaciones, imágenes o recintos que, el titular del bien jurídico protegido, no desea que sean conocidos por terceros sin su consentimiento previo" (Cea Egaña, José Luis, en Derecho Constitucional, Tomo II Derecho, Deberes y Garantías, Ediciones Universidad Católica, Santiago, 2004, p.178). En este sentido, resulta indudable que la garantía constitucional de la vida privada abarca también los correos electrónicos, a la luz de su carácter de medio de comunicación privado, según lo expuesto en éste y en los considerandos precedentes.

17) Que, en el derecho comparado se ha señalado que "la existencia de una esfera privada, en la que los demás (poderes públicos o particulares) no pueden entrar sin el consentimiento de la persona, no implica solo un reconocimiento del altísimo valor que tiene la faceta privada de la vida humana, sino que constituye también una garantía básica de libertad: en un mundo donde toda la actividad de los hombres fuera pública, no cabría la autodeterminación individual. El constitucionalismo, así, exige diferenciar entre las esferas pública y privada y, por tanto, entre lo visible y lo reservado" (Diez - Picazo, Luis, Sistema de Derechos Fundamentales, Editorial Aranzadi S.A., Navarra, 2008, p.297). De la misma forma y desde la óptica del derecho a la intimidad, se ha definido a ésta como "el derecho a no ser molestado, y a guardar la conveniente reserva acerca de los datos de una persona que ésta no quiere divulgar. Es el derecho a mantener una vida privada sin interferencias de otras personas ni del Estado, con la garantía de que estos terceros no pueden invadir los aspectos reservados de la vida de las personas" (Balaguer C., Francisco et. al, Derecho Constitucional, Volumen II, Editorial Tecnos, Madrid, 1999, p.102). Por último, se ha afirmado que: "sí hay acuerdo en que el derecho a la intimidad consiste en el derecho a disfrutar de determinadas zonas de retiro y secreto de las que podemos excluir a los demás" (Pérez Royo, Javier; Curso de Derecho Constitucional, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Políticas S.A., Madrid, 2000, p.395).

18) Que, en consecuencia, los correos electrónicos son una extensión moderna de la vida privada, en cuanto manifiestan una forma de comunicación de carácter personalísimo, por lo tanto, deben ser protegidos por el derecho a la vida privada, garantía que es base y expresión de la libertad individual y que está íntimamente ligada a la dignidad de las personas, valores fundamentales consagrados en el artículo 1° de la Constitución Política.

19) Que, asimismo, los correos electrónicos se enmarcan dentro de la expresión "comunicaciones y documentos privados" que utiliza el artículo 19 N° 5 de la Constitución. Son comunicaciones que se transmiten por canales cerrados, no abiertos y tienen emisores y destinatarios acotados, y el hecho de que esos correos sean de funcionarios públicos no constituye por ello una excepción de tutela. En efecto, lo que se protege con esta garantía es la comunicación, sin distinguir si se hace por canales o aparatos financiados por el Estado. Por otra parte, no hay ninguna norma, ni en la Constitución ni en la ley, que pueda interpretarse para marginarlos de esta garantía. Si se aceptara que las comunicaciones de los funcionarios, por el hecho de ser tales, no están protegidas por el artículo 19 N° 5 de la Carta Fundamental, cualquiera podría interceptar, abrir o registrar esas comunicaciones, o cualquiera otra que se generara al interior de la Administración del Estado, como podría ser una comunicación telefónica. Eso sería peligroso no solo para los derechos de los ciudadanos, sino eventualmente también para el interés nacional y la seguridad de la Nación.

20) Que, por su parte, la doctrina comparte lo anteriormente expuesto. En efecto, se ha señalado que el numeral 5° del artículo 19 "comprende la protección de la correspondencia o de mensajes epistolares, telegráficos, telefónicos, radiales, por télex o por otros medios, que la técnica haga posible ahora y en el futuro" (Vivanco, Ángela, Curso de Derecho Constitucional, Tomo II, Santiago, Ediciones Universidad Católica, 2006, p.365). Y, reafirmando el tema, se ha sostenido que "no cabe duda alguna que el correo electrónico es un medio de comunicación persona a persona, que permite el desarrollo de diálogos comunicativos privados entre remitente y destinatario(s), de manera tal que se encuentra amparado por las normas del bloque constitucional de derechos humanos que conforman el sistema de garantía y protección de la inviolabilidad de las comunicaciones" (Álvarez Valenzuela, Daniel, "Inviolabilidad de las Comunicaciones Electrónicas", en Revista Chilena de Derecho Informático N° 5, Universidad de Chile, Santiago, 2004, p.197).

21) Que, lo anterior encuentra su fuente en las Actas de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución. En efecto, a fin de ampliar la protección que proporcionaba el artículo 10 N° 13 de la Constitución de 1925, la Constitución vigente se refiere a "comunicaciones privadas" a sugerencia del comisionado Guzmán, quien señaló que con el término correspondencia "generalmente se está apuntando solamente al correo en el sentido que le da el Diccionario y no a todo tipo de comunicaciones. Y, precisamente, derivando de esta búsqueda de lo genérico, desea sugerir a la Comisión si acaso el término más adecuado no fuera el de "comunicaciones privadas", porque comunicaciones cubre todo acto, no solo los que existen hoy, sino los que pueden existir mañana" (Actas Oficiales de la Comisión Constituyente, Sesión 129, 12 de junio de 1975, p.10). En igual sentido, el comisionado Silva Bascuñán señaló que la nueva redacción pretende cubrir "toda forma de comunicación intelectual y espiritual entre dos individuos proyectados el uno hacia el otro, por cualquier medio que esté dentro de las posibilidades técnicas del país y de la sociedad" (Ídem, p.4).

22) Que, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia ha sido especialmente protectora de ambas garantías. La Magistratura Constitucional ha destacado que "el respeto y protección de la dignidad y de los derechos a la privacidad de la vida y de las comunicaciones, son base esencial del desarrollo libre de la personalidad de cada sujeto, así como de su manifestación en la comunidad a través de los grupos intermedios autónomos con que se estructura la sociedad" (Sentencia del Tribunal Constitucional, Rol N° 389, de 28 de octubre de 2003, considerando 19). Enfatizando "el ligamen que existe entre la dignidad de la persona y el ejercicio de este derecho esencial (19 N° 5), pues la inviolabilidad de las comunicaciones privadas debe ser considerada una extensión, lógica e inevitable, sobre todo en la vida moderna, del carácter personalísimo o reservado que tienen ellas como base de la libertad individual y su proyección en los más diversos aspectos de la convivencia". Asimismo, ha sostenido que los correos electrónicos se enmarcan perfectamente dentro de la expresión "comunicaciones y documentos privados" que utiliza el artículo 19 N° 5° de la Constitución, pues "son comunicaciones, que se transmiten por canales cerrados, no por canales abiertos, y tienen emisores y destinatarios acotados. Por lo mismo, hay una expectativa razonable de que están a cubierto de injerencias y del conocimiento de terceros. En nada obsta a lo anterior el que no sea muy dificultoso interceptarlos o abrirlos" (Sentencia Rol N° 2153, de 11 de septiembre de 2012, considerando 42).

23) Que, de la misma forma y en lo que interesa, la jurisprudencia, tanto judicial como administrativa, también se ha pronunciado en favor de la protección de los correos electrónicos como parte de la esfera de intimidad y privacidad de las personas:

a) El Juzgado de Letras del Trabajo de Copiapó, en su sentencia de 15 de septiembre de 2008, recaída en la causa RIT T-1-2008, concluyó que una conversación utilizando la herramienta Messenger es privada, sin que en ningún caso pueda estimarse como pública por estar respaldada en un computador, ya que para que ello pudiese estimarse, necesariamente, se requeriría una manifestación de voluntad de la parte emisora y receptora, o al menos de una de ellas; por lo que a falta de dicha manifestación debe entenderse que la información sigue siendo privada, ya que en ella por las características que envuelve -comunicación electrónica escrita y directa de una persona determinada a otra, también determinada, por un medio cerrado-demuestra una voluntad tal de excluir del conocimiento de lo comunicado a terceros, que de haberse estimado que alguien podría haber interferido en dicha comunicación, conociéndola de cualquier modo, lo más probable es que no la hubiesen realizado (considerando 7°).

b) La Dirección del Trabajo, a su vez, ha confirmado la protección en el ámbito laboral señalando que el empleador puede regular las condiciones, frecuencia y oportunidad de uso de los correos electrónicos de la empresa "pero en ningún caso podrá tener acceso a la correspondencia electrónica privada enviada y recibida por los trabajadores" (Ordinario N° 2210/035, de 2009).

c) La Contraloría General de la República -en consideración a la norma contenida en el D.S. N° 93, de 2006, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia- ha reconocido que los funcionarios de los órganos públicos pueden utilizar casillas institucionales para comunicaciones personales o privadas, a menos que expresamente la respectiva.

24) Que, en consecuencia, los correos electrónicos se encuentran protegidos por la garantía contenida en el artículo 19 N° 5 de la Constitución, lo que implica el deber positivo de protección de ese espacio de intimidad y, asimismo, prohíbe acciones u omisiones que puedan afectar el núcleo esencial de este derecho constitucional o su libre ejercicio, pues éstas contravendrían la seguridad que garantiza el numeral 26 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

25) Que, el órgano requerido, para recabar la información solicitada deberá revisar las comunicaciones electrónicas solicitadas, lo que constituiría por sí sola una invasión inaceptable de la intimidad personal de los titulares de los correos electrónicos. Por ende, su publicidad es constitucionalmente admisible únicamente en los casos y formas que prescribe la ley. En efecto, el propio Tribunal Constitucional ha resuelto en sus sentencias Rol N° 226-95 (considerando 47), Rol N° 280-98 (considerando 29) y Rol N° 1365-2009 (considerando 23) que la limitación de un derecho fundamental no puede ser tolerada si no está rodeada de suficiente determinación y especificidad como para garantizar una protección adecuada a la esencia del derecho y a su libre ejercicio, en este caso, el derecho a la privacidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.

26) Que, en suma, la Ley de Transparencia no tiene la especificidad ni la determinación que le exige la Constitución Política para restringir el derecho que protege las comunicaciones vía correos electrónicos, pues no determina los casos ni las formas en que sería admisible la limitación de este derecho fundamental garantizado por el artículo 19 N° 5 de la Carta Fundamental, en función de resguardar al máximo posible la intimidad y la vida privada de su titular. En efecto, el Tribunal Constitucional en sentencia Rol N° 2246-12, recaída en recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, de fecha 31 de enero de 2013, razonó que "el acceso a comunicaciones privadas sólo puede permitirlo el legislador cuando sea indispensable para una finalidad de relevancia mayor, cuando sea necesario porque no hay otra alternativa disponible y lícita, bajo premisas estrictas, con una mínima intervención y nunca de manera constante y continua, sino que de forma limitada en el tiempo y siempre de modo específico, señalándose situaciones, personas y hechos" (considerando 57).

27) Que, finalmente, cabe destacar lo establecido en la historia de la ley, en particular el proyecto de ley que modifica la ley N° 20.285, Sobre Acceso a la Información Pública (boletín N° 12.100-07), lo expuesto en la Sesión 148ª Ordinaria, de 15 de octubre de 2019, de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados, que declaró inadmisible por inconstitucional la indicación sustitutiva a dicho proyecto de ley, presentada por el Honorable Diputado Sr. Leonardo Soto Ferrada, por medio de la cual se pretendía consagrar la publicidad de los correos electrónicos de los funcionarios públicos.

28) Que, dicha declaración de inadmisibilidad cobra relevancia para la adecuada interpretación que esta mayoría ha dado a la publicidad de dichos correos electrónicos, especialmente desde la perspectiva del elemento de interpretación de la ley histórico, consagrado en el artículo 19 del Código Civil, norma que indica, en lo pertinente, que para interpretar una expresión oscura de la ley, se puede recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestado en la historia fidedigna de su establecimiento. De ahí entonces que dicha declaración de inadmisibilidad con ocasión de un proyecto de ley es trascendente, particularmente porque de conformidad a lo establecido en el inciso 2° del artículo 24 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, no pueden admitirse indicaciones contrarias a la Constitución Política y precisamente la idea de hacer públicos los correos electrónicos de los funcionarios públicos, vulnera el contenido esencial del artículo 19 N° 5 de la Constitución Política, razón más que suficiente para declarar inadmisible aquella indicación. Lo anterior refuerza la interpretación de esta mayoría, en línea con lo resuelto de la misma forma por los tribunales superiores de justicia y por el Tribunal Constitucional.

29) Que, por lo anterior, a juicio de esta mayoría, se configura respecto de los mails o correos electrónicos requeridos, la causal de secreto o reserva contenida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, debiéndose, en consecuencia, rechazar el presente amparo, respecto de este punto.

30) Que, en consecuencia, en virtud de lo expuesto y lo razonado precedentemente, tratándose de información pública que obra en poder del órgano reclamado, y habiéndose desestimado la concurrencia de las causales de reserva alegadas por la institución, conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letras a), b) y c), y N° 5 de la Ley de Transparencia, este último, en relación con lo que establece el inciso 2° del artículo 137 de la ley N° 18.834, que aprueba el Estatuto Administrativo, y habiéndose acogido la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la ley N° 20.285, este Consejo procederá a acoger parcialmente el presente amparo, ordenando la entrega de la información solicitada, otorgándose un plazo prudencial para ello, debiendo el órgano tarjar, previamente, los datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la documentación que se entregue, como por ejemplo, la identidad de personas naturales que no tengan la calidad de funcionarios públicos, número de cédula de identidad, domicilio particular, teléfono o casilla de correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), 4 y 7 de la ley N° 19.628, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada ley; y rechazándolo respecto de los mails o correos electrónicos requeridos.

31) Que, finalmente, respecto de la solicitud del reclamante relativa a que "se pronuncie el Consejo si es correcto que la denegación sea firmada por la Directora Jurídica y no por el Director General de la Institución", en virtud del principio de Facilitación, consagrado en el artículo 11, letra f), de la Ley de Transparencia, cabe tener presente lo dispuesto en la Instrucción General N° 10 de este Consejo, en su numeral 7, respecto de la delegación de firma del Jefe Superior del Servicio para dictar actos en el procedimiento de acceso a la información, señalando que "Las respuestas a las solicitudes de información y demás actos administrativos que dicten los órganos de la Administración del Estado durante el procedimiento de acceso a la información, deberán ser suscritas por la respectiva autoridad, jefatura o jefe superior del órgano o servicio. No obstante, podrán delegar la facultad de firmarlos por orden de la autoridad delegante en funcionarios de sus respectivos servicios, sin que ello altere la responsabilidad establecida en los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia. En los actos que se dicten en ejercicio de alguna de las facultades delegadas, deberá dejarse constancia de que se efectúan ‘Por orden de (señalar el cargo de la autoridad delegante)’ con indicación del acto administrativo delegatorio".

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Jorge Condeza Neuber en contra de la Dirección General de Promoción de Exportaciones, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director General de Promoción de Exportaciones lo siguiente:

a) Entregar al reclamante copia de la información requerida en los numerales 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 con excepción de copia de los mails o correos electrónicos entre Prochile y la empresa Patricio Urrutia Producciones EIRL, en el período que indica, 1.6, 1.7, 1.8 y 1.9 del número 1) de la parte expositiva, debiendo el órgano tarjar, previamente, los datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la documentación que se entregue, como por ejemplo, la identidad de personas naturales que no tengan la calidad de funcionarios públicos, número de cédula de identidad, domicilio particular, teléfono o casilla de correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), 4 y 7 de la ley N° 19.628, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada ley.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo respecto de los mails y correos electrónicos requeridos por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente notificar la presente decisión al Sr. Director General de Promoción de Exportaciones, a don Jorge Condeza Neuber, y a la Fundación Imagen de Chile, en su calidad de tercero.

VOTO DISIDENTES

La presente decisión es acordada con el voto en contra del Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero, quien no comparte lo razonado en los considerandos 6) y 7), estimando que el amparo debió ser rechazado totalmente, en base a las siguientes consideraciones:

1) Que, de conformidad a la causal de reserva alegada por la Dirección, esto es, la dispuesta en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, respecto de la totalidad de las solicitudes de información ingresadas, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o, eventualmente, la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que este disidente estima concurren en la especie, y por tanto darían lugar a esfuerzos desproporcionados como los mencionados.

2) Que, por su parte, y de acuerdo a los criterios conforme a los cuales ha venido razonando este Consejo a partir de su decisión Rol C1186-11, el conjunto de requerimientos de información interpuestos por una misma persona, ante un mismo órgano de la Administración del Estado, en un período acotado de tiempo, puede justificar la concurrencia de la hipótesis de distracción indebida de los funcionarios de dicho órgano, respecto del cumplimiento regular de sus funciones, recogidas en el artículo 21 N° 1, literal c), de la Ley de Transparencia, cuando su atención agregada implica para tales funcionarios la utilización de un tiempo excesivo (énfasis agregado), considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo, de esta forma, la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas, implicando, todo ello, una carga especialmente gravosa para el organismo, en términos de la causal de secreto o reserva antes señalada. En este sentido, se debe tener presente que, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, de SEGPRES, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, los órganos de la Administración del Estado se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia.

3) Que, conforme a lo informado por la Dirección, atender el conjunto de solicitudes de acceso formuladas por la solicitante, conllevan una afectación a las funciones públicas que dicha entidad debe cumplir regularmente. Al efecto se constata que en un período acotado de tiempo, esto es, entre el 15 de mayo y el 4 de junio de 2019, el reclamante formuló un total de 9 solicitudes de acceso a la información al órgano reclamado, lo que incluye, aproximadamente, 34 peticiones referidas a materias de diversa naturaleza. A título ejemplar, versan sobre: información relativa apertura y cierre de oficinas, contratación de personal, órdenes de compras y actas de la Fundación Imagen de Chile, entre otros, y diversos antecedentes del sumario, auditoría, orden de compra y del informe que indica, de la convocatoria para proveer el cargo que menciona, de los viajes y gastos del funcionario que individualiza, y sobre los cargos concursados por el sistema de alta dirección pública, entre otras consultas.

4) Que, asimismo, tal como se razonó en la decisión de los amparos acumulados roles C3800-18, C3801-18, C3802-18, C3803-18, C3804-18, C3805-18, procede tener presente que, atendido que las solicitudes objeto de este amparo fueron realizadas en un mismo período, el órgano reclamado para contestar dentro del plazo legal dichas solicitudes, debe tratarlas de manera simultánea. Dicha circunstancia, implica que, aun cuando alguna de las solicitudes de acceso individualmente considerada, eventualmente, pueda no tener la entidad suficiente para generar la distracción alegada, para la adecuada ponderación de la causal de reserva alegada, debe atenderse al hecho de que aquéllas se encuentran insertas en un contexto de múltiples requerimientos de distinto tenor y extensión, con plazos de respuesta cuyo vencimiento se produce de manera coetánea.

5) Que, por su parte, analizado el contenido de las solicitudes señaladas, es posible concluir que la atención agregada de tales requerimientos, la búsqueda y recopilación de la totalidad de la información solicitada desde diversas unidades, el tarjado de datos personales en aplicación de la ley N° 19.628, significa para el organismo destinar un tiempo excesivo de la jornada de sus funcionarios exigiendo una dedicación desproporcionada a la atención de los requerimientos del reclamante. En consecuencia, la causal del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia concurre en el presente caso, toda vez que la atención de los requerimientos implicaría para el órgano la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo esta forma la atención de las otras funciones públicas que el Servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada en desmedro de la que se destina a la atención de las demás.

6) Que, a mayor abundamiento, cabe tener presente que, sin contar la gran cantidad de solicitudes objeto del presente amparo, el mismo reclamante ha interpuesto ante este Consejo, solo durante este año, más de 8 amparos o reclamos en contra de la Dirección General de Promoción de Exportaciones, correspondientes a los rol C2548-20, C2652-20, C2860-20, C2934-20, C4165-20, C4410-20 y C4716-20, entre otros, los que incluyen solicitudes de información posteriores a las que dieron origen a esta reclamación.

7) Que, sin perjuicio de lo anterior, en atención a la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe ante la emergencia por Coronavirus COVID-19, decretada por el Presidente de la República, el dictamen N° 3610, de marzo de 2020, de la Contraloría General de la República, establece que "conforme lo disponen los artículos 1°, inciso quinto, y 5°, inciso segundo, de la Constitución Política de la República, es deber del Estado dar protección a la población y a la familia (...) Asimismo, cabe anotar que, en resguardo del derecho a la protección de la salud, garantizado por el artículo 19, N° 9°, de la Constitución Política y en cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional, aprobado por la Organizaban Mundial de la Salud -de la que Chile es miembro-, mediante el decreto supremo N° 4, de 2020, del Ministerio de Salud, se declaró alerta sanitaria para enfrentar la amenaza a la salud publica producida por la propagación a nivel mundial del Coronavirus 2019 (...) ante una pandemia como la que afecta al territorio nacional, corresponde a los órganos de la Administración del Estado adoptar las medidas que el ordenamiento jurídico les confiere a fin de proteger la vida y salud de sus servidores, evitando la exposición innecesaria de estos a un eventual contagio; de resguardar la continuidad del servicio público y de procurar el bienestar general de la población".

8) Que, luego, el mismo dictamen dispone que "A la luz de lo prescrito por el artículo 45 del Código Civil, norma de derecho común y de carácter supletorio, el caso fortuito constituye una situación de excepción que, en diversos textos normativos, permite adoptar medidas especiales, liberar de responsabilidad, eximir del cumplimiento de ciertas obligaciones y plazos, o establecer modalidades especiales de desempeño, entre otras consecuencias que en situaciones normales no serían permitidas por el ordenamiento jurídico. En la especie, el brote del COVID-19 representa una situación de caso fortuito que, atendidas las graves consecuencias que su propagación en la población puede generar, habilita la adopción de medidas extraordinarias de gestión interna de los órganos y servicios públicos que conforman la Administración del Estado, incluidas las municipalidades, con el objeto de resguardar a las personas que en ellos se desempeñan y a la población evitando así la extensión del virus, al tiempo de asegurar la continuidad mínima necesaria de los servicios públicos críticos; esto es, aquellos cuyas funciones no pueden paralizarse sin grave daño a la comunidad".

9) Que, en el mismo sentido, mediante Oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020, de este Consejo, disponible en el link https://www.consejotransparencia.cl/wp-content/uploads/2020/03/Oficio%C2%B0000252-CPLT.pdf, indicó que "En el contexto de la pandemia global calificada por la Organización Mundial de la Salud, con fecha 11 de marzo del presente año, como consecuencia del brote de COVID-19, también denominado Coronavirus, y habiendo nuestro país entrado, el día 16 de marzo del corriente, a Fase 4 de dicha pandemia, desde el Estado, se ha hecho un llamado a otorgar a todas las trabajadoras y trabajadores las facilidades que sean necesarias, con el fin de evitar que, en lo posible, acudan a sus lugares de trabajo, y eviten las aglomeraciones masivas. Por cierto, esto también alcanza a quienes se desempeñan en los distintos órganos de la Administración del Estado, procurando, en todo caso, mantener el funcionamiento de todos aquellos servicios que sean necesarios para una adecuada atención, y resguardando la salud de los usuarios de dichas entidades (...) Con todo, el Consejo para la Transparencia, en su calidad de órgano del Estado, se encuentra, por sobretodo, al servicio de la persona humana, promoviendo el bien común; y, en estas circunstancias de excepción, junto con garantizar el adecuado ejercicio del derecho de acceso a la información, le asiste a su vez el deber de proteger la vida y salud de las personas, evitando la exposición innecesaria, tanto de funcionarias y funcionarios públicos, como de la ciudadanía en general, a un eventual contagio; como también de resguardar la continuidad del servicio público y de procurar el bienestar de toda la población", efectuando diversas recomendaciones a los servicios públicos en relación con los efectos de la pandemia y el ejercicio del Derecho de Acceso a Información Pública que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado.

10) Que, en dicho contexto, cabe tener presente las recomendaciones dictadas por la autoridad sanitaria, como medidas para disminuir el número de contagios por COVID-19, como la prohibición de circular por lugares declarados en cuarentena, como ocurre con las dependencias de la institución reclamada, teniendo en consideración que todas las solicitudes presentadas por el reclamante fueron ingresadas en un período en el cual estaban vigentes todas las medidas de resguardo decretadas para enfrentar la Pandemia, en la Región Metropolitana. Según lo expuesto por la Dirección, gran parte de la documentación requerida obra en su poder en formato físico, almacenada en las diversas unidades o reparticiones institucionales, por lo que disponer su entrega, dada la cantidad de antecedentes de que trata, conlleva el riesgo cierto de aumentar los factores de contagio.

11) Que, en consecuencia, la ponderación de la hipótesis de reserva invocada respecto de los requerimientos, para este disidente, lleva a concluir que su atención configura la distracción alegada, establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, dadas las particulares circunstancias sanitarias del país, por lo que el presente amparo debió ser rechazado.

Asimismo, la presente decisión es acordada con el voto en contra de la Consejera doña Gloria de la Fuente González, quien no comparte lo razonado en los considerandos 14) a 30), respecto de los mails o correos electrónicos requeridos, estimando que el amparo también debe ser acogido en esta parte, en base a las siguientes consideraciones:

1) Que, los correos electrónicos generados desde una casilla institucional, son públicos, en la medida que digan relación directa con el ejercicio de competencias públicas. En efecto, el ejercicio actual de la función pública, supone el uso de toda forma de comunicación para concretizar los fines que la Administración del Estado persigue, es por esto que a cada funcionario se le otorga una casilla institucional financiada con recursos del erario nacional, sostenidas por la plataforma técnica de las entidades respectivas, con el objeto de facilitarles el cumplimiento de sus tareas.

2) Que, lo anterior es una concreción de los principios de eficiencia, eficacia y coordinación consagrados en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del MINSEGPRES, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Luego, y siendo los correos electrónicos la herramienta que permite un intercambio eficaz de información, en tanto han venido a reemplazar, en parte, a los documentos administrativos contenidos en formato papel, tales como memorándums, oficios u ordinarios empleados por la Administración, no están ajenos al escrutinio y control social que la ciudadanía pueda hacer de ellos, en los términos dispuestos en los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia y 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República.

3) Que, en tal orden de ideas, si se estimara que los correos electrónicos institucionales enviados y recibidos por servidores públicos respecto de materias propias del desempeño de sus funciones son comunicaciones de carácter privado, se crearía un canal secreto que transformaría en reservados documentos esencialmente públicos por el puro hecho de ser remitidos por esa vía. Así ocurriría, por ejemplo, con los documentos adjuntos a un e-mail o con las respuestas que los órganos de la Administración otorgan electrónicamente, como ocurre en la mayoría de las solicitudes presentadas conforme a la Ley de Transparencia. De esta manera, el secreto o la reserva de la información dependen del contenido y no del continente. Sólo así son posibles el control y la participación ciudadana en el ejercicio de las funciones públicas y el adecuado ejercicio de la libertad de expresión.

4) Que, como manifestación de lo expuesto precedentemente, los correos electrónicos, son empleados cada vez más, como fundamentos de actos o decisiones de los órganos de la Administración del Estado. Como ejemplo pueden verse las resoluciones N° 4.140 y 8.802, de 2009; N° 95, N° 270, N° 833, N° 1.178, N° 2.954, N° 2.957, N° 2.960, N° 3.084 y N° 3.787, de 2011; y N° 9.844, N° 9.920 y N° 9.951, todas de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, así como el decreto supremo N° 634/2011, del mismo Ministerio; las resoluciones N° 661/2007, y N° 429/2008, ambas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, así como los decretos supremos N° 84/2004, y N° 13, N° 30 y N° 170, de 2006, todos de la misma cartera; la resolución N° 109/2011, de la Subsecretaría de Transportes; las resoluciones N° 550/2003, y N° 28/2007, ambas de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción; y, el decreto supremo N° 157, de 2011, del Ministerio de Minería, todos ellos publicados en el Diario Oficial.

5) Que, la práctica señalada precedentemente no hace sino reconocer que estos correos constituyen una forma de comunicación formal entre los funcionarios públicos que forma parte del íter decisional en cada uno de esos casos, lo que supone reconocer que estas comunicaciones electrónicas tienen el carácter de información pública. A mayor abundamiento, las entidades públicas ponen servidores de correo electrónico a disposición de sus funcionarios y les entregan cuentas de correo sostenidas por la plataforma técnica de las entidades respectivas, con el objeto de facilitarles el cumplimiento de sus tareas. Se trata de una concreción de los principios de eficiencia, eficacia y coordinación establecidos en la ley orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado.

6) Que, en consecuencia, es pertinente la entrega de los correos electrónicos requeridos por el reclamante, que fueren generados desde una casilla institucional, en el ejercicio de competencias públicas, al no concurrir una causal de secreto o reserva a su respecto. En efecto, en cuanto a la eventual afectación de los derechos de los terceros interesados en lo que se refiere a la esfera de su vida privada, en el marco de lo establecido en la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en la especie, ésta tampoco se produce, toda vez que lo pedido dice relación con intercambios de correos electrónicos en el ejercicio de la función pública.

7) Que, en razón de lo anterior, para esta disidente se debe ordenar la entrega de los correos electrónicos institucionales individualizados precedentemente.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.