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NN NN con JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS (JUNAEB) Rol: C2990-20

Consejo para la Transparencia, 06/10/2020

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, ordenando la entrega del expediente sumarial afinado por acoso solicitado. Lo anterior, dando aplicación al principio de divisibilidad conforme con el cual se resguarda la información cuya entrega afecta el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada y la vida privada tanto de las partes afectadas como de algunas personas que han intervenido en dicho procedimiento, y se da acceso a los antecedentes necesarios para el control social de la función pública en virtud del cual una vez adoptada una decisión por parte de la autoridad dotada de la potestad disciplinaria en el respectivo sumario administrativo, la ciudadanía conozca los fundamentos que han permitido a ésta arribar a determinadas conclusiones en dicho procedimiento disciplinario. Aplica precedentes de los amparos Roles C2795-17, C3571-17, C1790-18, C1894-18, C1954-18 y C2577-18, entre otras. Atendida la naturaleza del proceso consultado y la calidad que detentó el reclamante en aquél, se dispuso la reserva de su identidad, tanto en la presente decisión como en los registros de este Consejo. Finalmente, se representa la falta de colaboración en la tramitación del presente amparo a la reclamada, al no remitir a este Consejo los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, así como sus datos de contacto. Además, se solicita que notifique la decisión respectiva a los terceros involucrados.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento



Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2990-20

Entidad pública: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

Requirente: NN. NN.

Ingreso Consejo: 03.06.2020

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, ordenando la entrega del expediente sumarial afinado por acoso solicitado.

Lo anterior, dando aplicación al principio de divisibilidad conforme con el cual se resguarda la información cuya entrega afecta el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada y la vida privada tanto de las partes afectadas como de algunas personas que han intervenido en dicho procedimiento, y se da acceso a los antecedentes necesarios para el control social de la función pública en virtud del cual una vez adoptada una decisión por parte de la autoridad dotada de la potestad disciplinaria en el respectivo sumario administrativo, la ciudadanía conozca los fundamentos que han permitido a ésta arribar a determinadas conclusiones en dicho procedimiento disciplinario.

Aplica precedentes de los amparos Roles C2795-17, C3571-17, C1790-18, C1894-18, C1954-18 y C2577-18, entre otras. 

Atendida la naturaleza del proceso consultado y la calidad que detentó el reclamante en aquél, se dispuso la reserva de su identidad, tanto en la presente decisión como en los registros de este Consejo.

Finalmente, se representa la falta de colaboración en la tramitación del presente amparo a la reclamada, al no remitir a este Consejo los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, así como sus datos de contacto. Además, se solicita que notifique la decisión respectiva a los terceros involucrados.

En sesión ordinaria N° 1134 del Consejo Directivo, celebrada el 6 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2990-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 7 de mayo de 2020, el solicitante requirió a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (en adelante e indistintamente JUNAEB): "Copia íntegra de todo el sumario por acoso laboral y maltrato en mi contra mediante Resolución Exenta N° 872 del 2018, sobreseído por Resolución Exenta N° 85 de 2020".

2) RESPUESTA: El 3 de junio de 2020, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas respondió a dicho requerimiento de información indicando, en resumen, que el expediente, en la actualidad, se encuentra totalmente afinado y, por lo tanto, sometido al principio de publicidad.

No obstante, entendido que su entrega podría afectar los derechos de funcionarios que fueron parte del proceso disciplinario en comento, con fecha 13 y 26 de febrero de 2020, se practicó la notificación del artículo 20 de la Ley de Transparencia a los funcionarios que indica (7). Luego, estos últimos manifestaron su negativa a la entrega de la información requerida, por considerar que su divulgación afecta su privacidad, honorabilidad, sus derechos laborales e incluso pone en riesgo su fuente laboral.

Debido a lo anterior, se deniega lo requerido.

3) AMPARO: El 3 de junio de 2020, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Secretario General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, mediante Oficio E9416, de 19 de junio de 2020, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (3°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de las respectivas comunicaciones, de los documentos que acrediten su notificación, de las oposiciones deducidas y de los antecedentes que dan cuenta de la fecha en la que éstas ingresaron ante el órgano que usted representa; y, (4°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros que se opusieron a la entrega de la información, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

Mediante Ord. N° 671, de 24 de julio de 2020, el órgano reclamado presentó sus descargos en esta sede reiterando, en síntesis, lo expuesto en su respuesta a la solicitud. Agrega que al responder el requerimiento ponderó que, dada la especial naturaleza de la materia, las declaraciones prestadas por los funcionarios en el curso de la investigación fueron un valioso insumo para una adecuada decisión por parte del Jefe Superior del Servicio. De tal forma, que existiría un riesgo de que la divulgación de lo requerido inhiba a otros testigos a entregar ciertas opiniones o juicios personales que sólo se emiten bajo una razonable y evidente expectativa de reserva, lo que, en definitiva afectaría futuras investigaciones y, por ende, el adecuado cumplimiento de las funciones del órgano, generando múltiples consecuencias indeseadas para la Institución, de tal modo que ante la disyuntiva de privilegiar una situación u otra, se optó por proteger la reserva al no contar con el consentimiento de las personas afectadas, como ocurrió en este caso.

5) SOLICITUD DE COMPLEMENTACIÓN DE DESCARGOS: Con fecha 16 de septiembre del presente año, este Consejo solicitó a la JUNAEB complementar sus descargos, en orden a proporcionar la información requerida en los numerales 3° y 4° del oficio de traslado previamente individualizado.

No obstante, a la fecha del presente acuerdo no consta que el organismo haya dado cumplimiento a dicha solicitud.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, lo requerido corresponde a copia íntegra del sumario por acoso laboral y maltrato incoado en contra del solicitante. Por su parte, el órgano reclamado negó su entrega atendida la oposición deducida por los funcionarios que indica, que habrían participado en calidad de testigos. Al efecto, el órgano sostuvo que los aludidos terceros, habiendo sido notificados conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, se opusieron a la entrega de la información pedida, fundado en que su divulgación afecta su privacidad, honorabilidad, sus derechos laborales e incluso pone en riesgo su fuente laboral.

2) Que, en primer término, este Consejo se ve en la necesidad de señalar que habiendo requerido al órgano que adjunte a sus descargos, todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros y proporcione los datos de contacto de los terceros que se opusieron a la entrega de la información, esto conforme a las atribuciones que el artículo 34 de la Ley de Transparencia le otorga, es decir, "solicitar la colaboración de los distintos órganos del Estado", a fin de "recibir todos los testimonios y obtener todas las informaciones y documentos necesarios para el examen de las situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia", lo que no fue cumplido por la JUNAEB, se ha situando a este Consejo en la imposibilidad de ponderar en concreto las alegaciones supuestamente efectuadas por los terceros interesados ante el organismo, así como de dar aplicación a lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento respecto de aquellos. Lo anterior, claramente constituye una falta a la debida colaboración por parte de los órganos del Estado, que será representada al Sr. Secretario General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, en lo resolutivo de la presente decisión.

3) Que, ahora bien, en cuanto al fondo del asunto controvertido, se debe tener presente que el sumario administrativo consultado ha sido reclamado por una persona que tuvo la calidad de inculpado o sumariado en la causa, el que se inició por una denuncia por acoso, y que fue resuelto por resolución exenta N° 85, de 2020, disponiéndose su sobreseimiento.

4) Que, a partir de la decisión recaída en el amparo Rol A47-09, este Consejo ha sostenido que el carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta que el procedimiento que lo originó se encuentre afinado. En el mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República, al precisar que la reserva que establece el artículo 137, inciso segundo, del Estatuto Administrativo, es temporal y cesa una vez afinado el sumario administrativo, instante en que pasa a estar "(...) sometido sin limitaciones al principio de publicidad, que constituye la regla general respecto de todos los actos de la Administración del Estado (...)" (criterio adoptado, entre otros, en el dictamen N° 11.341/2010). De ahí que, tratándose de un sumario afinado, este se encuentra sujeto a la regla general de publicidad establecida en los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia.

5) Que, no obstante, respecto de antecedentes sobre una denuncia de acoso efectuada al interior de un servicio público, entre otras, en las decisiones de amparos roles C429-14 y C2049-15 y C1834-17 este Consejo ha razonado que: "la divulgación de los antecedentes solicitados afectaría no sólo la vida privada de la parte denunciante atendida la materia de los hechos a que se refiere sino también, tendría el efecto de inhibir la formulación de denuncias por parte de potenciales víctimas de acoso laboral, sexual u otro tipo de conducta impropia al interior de organismos públicos, afectando con ello la labor investigativa y preventiva que el organismo reclamado pueda desplegar ante futuras situaciones que impliquen algún tipo de responsabilidad funcionaria, afectando con ello el debido cumplimiento de las funciones del Servicio (...) en estas materias".

6) Que, por otra parte, en la decisión de amparo Rol C2371-15 en que se requirió copia de cada uno de los procedimientos administrativos incoados con ocasión de denuncias por acoso laboral al interior de una entidad pública, esta Corporación señaló que dada la especial naturaleza de la materia a que se refiere el sumario administrativo en comento, cabe tener presente que las declaraciones prestadas por los funcionarios en el curso de la investigación constituyen un insumo inestimable para una adecuada decisión por parte de la autoridad dotada de la potestad disciplinaria en el respectivo sumario administrativo. De este modo, existe un riesgo de que la divulgación de lo requerido inhiba a otros testigos a entregar ciertas opiniones o juicios personales que sólo se emiten bajo una razonable y evidente expectativa de reserva, lo que, en definitiva, afectaría futuras investigaciones y, por tanto, el adecuado cumplimiento de las funciones del órgano. En este sentido, se considera que divulgar íntegramente el expediente sumarial solicitado supone necesariamente restar efectividad a las labores que la reclamada pueda desplegar en el cuidado y protección de sus funcionarios, por cuanto éstos podrían inhibirse a colaborar con su testimonio en forma plena y veraz, al verse expuestos a que sus declaraciones u otro antecedente aportados por éstos, puedan ser conocidos por terceros, todo lo cual afectaría sus derechos y, asimismo, el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada.

7) Que, sin embargo, conforme con el principio de divisibilidad establecido en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia "si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causal legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda.", de modo que, en la especie, a juicio de este Consejo es posible acoger parcialmente el presente amparo, dando aplicación del referido principio, a fin de conciliar el resguardo de los bienes jurídicos que subyacen a la materia de dichos sumarios - artículos 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia- con el control social de la función pública en virtud del cual una vez adoptada una decisión por parte de la autoridad dotada de la potestad disciplinaria en el respectivo sumario administrativo, la ciudadanía conozca los fundamentos que han permitido a ésta arribar a determinadas conclusiones en dicho procedimiento disciplinario, sea cual fuere el resultado de aquél, y la naturaleza de los hechos que hayan motivado su instrucción. En el mismo sentido, se resolvieron los amparos Roles C2795-17, C3571-17, C1954-18 y C1894-18, sobre accesos a expedientes de sumarial sobre acoso laboral afinados.

8) Que, en consecuencia, se acogerá parcialmente este amparo requiriendo al órgano reclamado otorgar acceso al expediente sumarial pedido, excluyendo las declaraciones de los funcionarios públicos que concurrieron a declarar en calidad de testigos en el proceso, así como la identidad estos y toda mención al cargo o funciones desempeñaban. Esto, toda vez que atendido que el organismo en su respuesta a la solicitud dio cuenta del nombre de las personas que participaron en el sumario en calidad de testigo, no resulta posible aplicar el principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 literal e) de la Ley de Transparencia, en lo relativo a las declaraciones prestadas por dichos funcionarios, pues aun cuando se tarjen sus nombres, cargo u otros antecedentes, existe el riego de que se identifique quien presta tal o cual declaración. Por tanto, se rechazará el amparo en este punto por concurrir la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, en cumplimiento de la atribución conferida a esta Corporación por el artículo 33 letra j) de la ley citada.

9) Que, igualmente, de ser oportuno, el órgano reclamado deberá reservar cualquier mención a patologías o estados de salud físicos o psíquicos del expediente consultado, por constituir datos sensibles protegidos por la ley N° 19.628. Lo anterior, en ejercicio de la atribución de esta Corporación conferida por el artículo 33 literal m) de la Ley de Transparencia.

10) Que, asimismo, tal como se ha resuelto, entre otras, en las decisiones de amparo Rol C2795-17, C1790-19, C3204-18, C1039-19, de ser pertinente, en lo que atañe a correos electrónicos, impresiones de conversaciones vía WhatsApp, mensajes de textos, relatos referidos a llamadas telefónicas, entre otras, este Consejo estima que dicha información se encuentra protegida por los derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 N° 4 y 5 de la Constitución Política de la República, que aseguran a toda persona el respeto y protección de su vida privada y la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, lo que implica el deber positivo de protección de ese espacio de intimidad y, asimismo, prohíbe acciones u omisiones que puedan afectar el núcleo esencial de este derecho constitucional o su libre ejercicio, pues éstas contravendrían la seguridad que garantiza el numeral 26 del artículo 19 de la Constitución, todo lo cual a su vez se encuentra en armonía con el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental que establece entre las causales de secreto o reserva, respecto de la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos o fundamentos de la actividad de los órganos del Estado, precisamente, a los derechos de las personas, los que en su mayoría se encuentran establecidos en el mencionado artículo 19 del texto constitucional. A mayor abundamiento, los mencionados antecedentes no constituyen plausiblemente un elemento gravitante para el acertado escrutinio de dicho procedimiento investigativo, razón por la que la reclamada deberá reservarlos previo a la entrega del expediente. Lo anterior, en ejercicio de la atribución de esta Corporación conferida por el artículo 33 literal m) de la Ley de Transparencia.

11) Que, también, procede se tarjen todos los datos personales de contexto contenidos en el expediente -domicilio, teléfono, correo electrónico particulares, RUT, estado civil, fecha de nacimiento, entre otros- de conformidad a lo dispuesto en la ya citada ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. Lo anterior se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia.

12) Que, sin perjuicio a lo resuelto en el considerando anterior, en atención a que en el expediente se contiene información personal del reclamante, previo a la entrega de dichos antecedentes se deberá dar estricto cumplimiento a la Instrucción General N° 10, punto 4.3 de este Consejo, que dispone que "cuando la información requerida contenga datos de carácter personal y el peticionario indique ser su titular, sólo se procederá a la entrega presencial y quien la efectúe deberá verificar que la información sea retirada por quien efectivamente tenga dicha calidad o por su apoderado conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 19.880". Lo anterior, en ejercicio de la atribución de esta Corporación conferida por el artículo 33 literal m) de la Ley de Transparencia.

13) Que, por último, atendido que la revelación de la identidad de la parte requirente da cuenta de la circunstancia de que se efectuó una denuncia por acoso laboral en su contra, conforme con lo dispuesto en el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia, este Consejo estima que aquella debe ser protegida, por lo cual se mantendrá en reserva está en la presente decisión, disponiéndose, además, dicho resguardo en los registros internos de esta Corporación y en la información sobre procesos en curso disponible en nuestra página web.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por el solicitante en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Secretario General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, lo siguiente:

a) Hacer entrega al reclamante de copia del sumario por acoso laboral objeto del amparo, previa reserva de la siguiente información:

i. Las declaraciones de los funcionarios públicos que concurrieron a declarar en calidad de testigos en el proceso, así como la identidad estos y toda mención al cargo o funciones desempeñaban.

ii. Cualquier mención a patologías o estados de salud físicos o psíquicos del expediente consultado, por constituir datos sensibles protegidos por la ley N° 19.628.

iii. Correos electrónicos, impresiones de conversaciones vía WhatsApp, mensajes de textos, relatos referidos a llamadas telefónicas, entre otras, por tratarse de información protegida por los derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 N° 4 y 5 de la Constitución Política de la República.

iv. Datos personales de contexto contenidos en el expediente -domicilio, teléfono, correo electrónico particulares, RUT, estado civil, fecha de nacimiento, entre otros- de conformidad a lo dispuesto en la ya citada ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

En atención a que en el expediente se contiene información personal del reclamante, previo a la entrega de antecedentes se deberá dar estricto cumplimiento a la Instrucción General N° 10, punto 4.3 de este Consejo.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Dirección Jurídica que inicie el proceso de reserva de identidad de la parte reclamante, con la finalidad que la Dirección de Desarrollo de este Consejo verifique que se realicen las medidas que resulten necesarias respecto de las bases de datos que obran en poder de esta Corporación para evitar la publicidad, comunicación o conocimiento de la identidad de la parte reclamante y terceros involucrados del presente amparo, en los sitios externos del Consejo.

IV. Representar al Sr. Secretario General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, la falta de colaboración en la tramitación del presente amparo, al no remitir a este Consejo los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, así como sus datos de contacto. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reitere dicha actitud.

V. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al reclamante y al Sr. Secretario General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, además se solicita que proceda a notificar la presente decisión a los terceros que se opusieron a la entrega de la información requerida, dando cuenta de dicha circunstancia a este Consejo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.