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Rosario Peñafiel Duran con TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rol: C4606-20

Consejo para la Transparencia, 29/09/2020

Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra de la Tesorería General de la República, ordenándose la entrega de la copia del expediente administrativo de cobranza que se indica, sólo en la medida que la peticionaria acredite previamente su titularidad sobre los datos personales requeridos y su calidad de contribuyente en el expediente administrativo pedido, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3, de la Instrucción General N° 10, dictada por esta Corporación. Lo anterior, toda vez que se trata de información de la propia reclamante, asociada a un procedimiento administrativo, respecto del cual tiene la calidad de interesada. Adicionalmente, este Consejo advierte que, lo requerido versa sobre el acceso a datos personales y sensibles de la titular y en tanto tal, del ejercicio del derecho al habeas data. Aplica criterio contenido en las decisiones amparo Roles C134-10, C178-10, C432-13 y C3555-19. En virtud del principio de divisibilidad, se deberán tarjar los datos personales de contexto, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento

Reclamaciones contra esta decisión (Ver estado procesal):



Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4606-20

Entidad pública: Tesorería General de la República

Requirente: Rosario Peñafiel Duran

Ingreso Consejo: 04.08.2020

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra de la Tesorería General de la República, ordenándose la entrega de la copia del expediente administrativo de cobranza que se indica, sólo en la medida que la peticionaria acredite previamente su titularidad sobre los datos personales requeridos y su calidad de contribuyente en el expediente administrativo pedido, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3, de la Instrucción General N° 10, dictada por esta Corporación.

Lo anterior, toda vez que se trata de información de la propia reclamante, asociada a un procedimiento administrativo, respecto del cual tiene la calidad de interesada. Adicionalmente, este Consejo advierte que, lo requerido versa sobre el acceso a datos personales y sensibles de la titular y en tanto tal, del ejercicio del derecho al habeas data. Aplica criterio contenido en las decisiones amparo Roles C134-10, C178-10, C432-13 y C3555-19.

En virtud del principio de divisibilidad, se deberán tarjar los datos personales de contexto, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada.

En sesión ordinaria N° 1133 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de septiembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4606-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 30 de julio de 2020, doña Rosario Peñafiel Duran solicitó a la Tesorería General de la República -en adelante, indistintamente TGR- la siguiente información: «copia digital de todo lo obrado en el expediente administrativo de la Tesorería Regional de Coquimbo, Rol 504-2008, en relación a su persona, así como el Certificado de deudas en cobranza»

2) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 31 de julio de 2020, la Tesorería General de la República respondió a dicho requerimiento de información, señalando lo siguiente:

2.1) Respecto del expediente consultado, informó que, los procedimientos administrativos de cobro deben tramitarse conforme a las normas del título V, Libro III del Código Tributario. Al respecto, indicó que, el artículo 190° del Código Tributario indica las cuestiones que se susciten entre los deudores y el fisco, que no tengan señalado un procedimiento especial, se tramitarán incidentalmente y sin forma de juicio ante el propio Tesorero Regional o Provincial, quien conforme al artículo 170°, actúa en el carácter de juez sustanciador. Por lo anterior, expresó que la vía idónea para requerir copias de los expedientes de cobro es mediante el respectivo escrito presentado en el correspondiente expediente, el que debe ser resuelto por una resolución dictada por el Juez Sustanciador, no siendo aplicable el procedimiento definido por la Ley de Transparencia. En mérito de lo anterior, denegó su acceso.

2.2) Con relación al certificado de deudas de cobranza, ilustró la forma en que se puede obtener, en enlace electrónico que indica.

3) AMPARO: El 4 de agosto de 2020, doña Rosario Peñafiel Duran dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de los antecedentes consultados. Al respecto, la peticionaria hizo presente que, lo pedido se circunscribe a un requerimiento de información relativo al solicitante, que obra en poder del organismo requerido, y no de un incidente. Acto seguido, expuso que, el procedimiento especial es precisamente el reglado en la Ley de Transparencia, y que al órgano requerido no le corresponde la calificación de la "Vía Idónea" para solicitar la entrega de información, sino entregarla o denegarla, basado en causa legal.

Con respecto al certificado de deuda de cobranza, puntualizó que el enlace electrónico proporcionado por la reclamada no es efectivo, toda vez que la información pedida -y que obra en poder del órgano- no es la que erróneamente se señala en el oficio de respuesta.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Tesorera General de la República, mediante Oficio N° E13797, de fecha 19 de agosto de 2020, solicitándole que: (1°) indique las razones por las que, a su juicio, lo requerido no constituye una solicitud de información amparable por la Ley de Transparencia; (2°) señale si la información solicitada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; y, (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada.

Mediante presentación, de fecha 27 de agosto de 2020, el órgano reclamado evacuó sus descargos y observaciones, reiterando, en síntesis, lo expuesto en su respuesta.

Al respecto, hizo presente que, los procedimientos ejecutivos de cobro de obligaciones tributarias o créditos fiscales impagos, deben sustanciarse conforme a las normas del Título V, Libro III del Código Tributario. Sobre este punto, agregó que este Ente Jurisdiccional ejerce jurisdicción en el ámbito del procedimiento de cobro ejecutivo respecto de las obligaciones morosas que da cuenta la nómina de deudores morosos del fisco.

A continuación hizo presente que, si bien un Tesorero Regional o Provincial tiene funciones administrativas - cuando actúa como jefe administrativo de la respectiva Oficina de Tesorerías-, en tanto conoce del procedimiento jurisdiccional de cobro no actúa como funcionario público, sino como Tribunal Especial; de manera que respecto de las actuaciones que tengan lugar en el ámbito del proceso de cobro, no tendrían aplicación las normas de la ley N.° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, la ley N° 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, la ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, como tampoco la Ley de Transparencia. A efectos de ilustrar lo anterior, citó los artículos 1° y 2° de la Ley de Transparencia.

Por lo anterior, concluyó que la Tesorería General de la República se encuentra sujeta a la Ley de Transparencia sólo en lo que se refiere al cumplimiento de la función administrativa que le compete. Sin embargo, en lo relacionado a las funciones jurisdiccionales del Tribunal Especial creado por ley para el conocimiento de los juicios ejecutivos de cobro de obligaciones tributarias, en el Título V, Libro III del Código Tributario, no está sujeto a ella, toda vez que el legislador excluyó de su aplicación a la función jurisdiccional de los Tribunales del País, ya sea Ordinarios o Especiales, como es el caso del Juez Sustanciador.

Asimismo, puntualizó que, el artículo 8° transitorio de la Ley de Transparencia sólo preceptuó como obligación de los Tribunales que forman parte del Poder Judicial, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5° del Código Orgánico de Tribunales, mantener a disposición permanente del público, en sus sitios electrónicos, los antecedentes indicados en el artículo 7° de la Ley de Transparencia, esto es, antecedentes o información de carácter netamente administrativa, que forman parte de la "Transparencia Activa". Respecto de los demás tribunales especiales y órganos que ejercen jurisdicción, como es el caso del Juez Sustanciador, expresó que, el legislador señaló la misma obligación, pero permitiendo que se cumpla en los sitios web de los servicios de que dependan o formen parte; sin hacer referencia alguna al ejercicio de las funciones jurisdiccionales, lo que confirma la idea de no recibir aplicación la ley de transparencia en ese ámbito.

Por último, con respecto a la petición de información referida al certificado de deuda en cobranza, citó jurisprudencia emanada de este Consejo, referente a que «una cosa es declarar el acceso a una información y otra obligar a la reclamada a emitir uno de los certificados solicitados, no siendo posible exigir la elaboración de estos últimos».

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la denegación del expediente administrativo consultado y del certificado de deudas en cobranza. Por lo anterior, este Consejo procederá a realizar un análisis de cada una de las materias requeridas.

2) Que, primeramente, con respecto al expediente administrativo consultado, la TGR denegó su entrega por tratarse de procedimientos ejecutivos de cobro de obligaciones tributarias o créditos fiscales impagos, que deben sustanciarse conforme a las normas del Código Tributario y en particular, en conformidad de lo dispuesto en el artículo 190° del presente cuerpo legal: «Las cuestiones que se susciten entre los deudores morosos de impuestos y el Fisco, que no tengan señalado un procedimiento especial, se tramitarán incidentalmente y sin forma de juicio ante el propio Tesorero Regional o Provincial». Por lo anterior, hizo presente que, lo requerido debe canalizarse mediante la presentación del respectivo escrito en el expediente, que debe ser resuelto por resolución del Juez sustanciador. Adicionalmente, con ocasión de sus descargos, la reclamada deniega lo solicitado, en atención a la naturaleza jurisdiccional del procedimiento ejecutivo de cobro llevado ante el Tesorero Regional o Provincial quien actúa como Juez Sustanciador.

3) Que, sobre este punto, resulta atingente tener presente lo dispuesto en el artículo 11° de la Ley de Transparencia, letra g), que consagra el Principio de No Discriminación: «los órganos de la Administración del Estado deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud». En mérito de lo anterior, los Órganos de la Administración del Estado, no deben realizar diferenciaciones arbitrarias con respecto a la entrega de la información, y en el caso de especie, condicionar su entrega a la naturaleza del procedimiento incoado. Asimismo, resulta subsumible al caso en comento, el artículo 11°, letra f), que consagra el Principio de Facilitación: «los mecanismos y procedimientos para el acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado deben facilitar el ejercicio del derecho, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo». Por lo anterior, en virtud de que la actitud adoptada por el órgano reclamado tiende a obstaculizar y entorpecer el ejercicio del derecho de acceso a la información, consagrado en el artículo 10° de la Ley de Transparencia; y, advirtiéndose que lo requerido es una gestión puramente administrativa, esto es, la obtención de copia de lo obrado en expediente de cobranza, referido a la propia peticionaria, se desestimarán las alegaciones del órgano reclamado en este punto. (énfasis agregado).

4) Que, sobre la materia, es menester señalar que en relación a la naturaleza de la información pedida, en las decisiones de amparo rol C1269-16, C5724-19 y C635-20, este Consejo determinó que los antecedentes relacionados con las deudas tributarias cuyo cobro se encuentra encomendado al Servicio de Tesorerías, se refiere a datos personales de los contribuyentes, motivo por el cual es información reservada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la ley N° 20.285; en concordancia con lo preceptuado con la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y lo resuelto por la Excelentísima Corte Suprema en causa sobre recurso de queja rol N° 4681-2013. No obstante lo anterior, conviene tener presente que de acuerdo a lo establecido por este Consejo, en el 4.3. de su Instrucción General N° 10, «cuando la información requerida contenga datos de carácter personal y el peticionario indique ser su titular, solo procederá la entrega presencial y quien la efectúe deberá verificar que la información sea retirada por quien efectivamente tenga dicha calidad o por su apoderado, conforme lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 19.880. En este caso, los solicitantes que concurran al respectivo órgano público a retirar la información requerida deberán acreditar su identidad mediante la exhibición de la cédula expedida por el Servicio de Registro Civil e Identificación, y quienes actúen como sus apoderados, deberán además, demostrar habérseles otorgado el respectivo poder, por escritura pública o instrumento privado suscrito ante notario. En forma excepcional, procederá la entrega por medios electrónicos cuando el titular utilice firma electrónica avanzada, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 19.799». (énfasis agregado).

5) Que, en este contexto, sobre la publicidad de los antecedentes consultados, es menester tener en consideración, lo dispuesto en el artículo 195° del Código Tributario: «Cada Tesorería Regional o Provincial deberá mantener los expedientes clasificados de modo de facilitar su examen o consulta por los contribuyentes morosos o sus representantes legales». A mayor abundamiento, se debe tener presente que, la peticionaria -presuntamente- tiene la calidad de interviniente en el procedimiento administrativo de cobro consultado, por lo que resulta aplicable lo previsto en el artículo 17° de la Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado, el cual dispone que: «Las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a: a) Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente y la devolución de los originales, salvo que por mandato legal o reglamentario éstos deban ser acompañados a los autos, a su costa; d) acceder a los actos administrativos y sus documentos, en los términos previstos en la ley». (énfasis agregado).

6) Que, en el mismo orden de ideas, este Consejo advierte que lo solicitado se circunscribe al uso del denominado "habeas data impropio", en virtud del cual, las personas pueden acceder a sus propios datos personales y sensibles, por ser titulares de éstos, conforme a lo previsto en el artículo 2°, literal ñ) y 12 de la citada ley, los cuales obran en poder de un tercero, en este caso, de la TGR. Tal derecho, puede ejercerse a través del procedimiento establecido por la Ley de Transparencia mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, según ha sido resuelto anteriormente por este Consejo, por ejemplo, en las decisiones a los amparos Roles C134-10, C178-10, C432-13, entre otras. (énfasis agregado).

7) Que, en mérito de lo razonado precedentemente, advirtiéndose la publicidad de los antecedentes consultados, los cuales presuntamente se refieren a los datos personales y tributarios de la propia reclamante; tratándose del debido ejercicio del derecho de acceso a los datos personales del propio peticionario -habeas data-; y, no configurándose en la especie la necesidad de mantener en reserva el referido expediente, esta Corporación acogerá el presente amparo en esta parte, y conjuntamente con ello, ordenará la entrega del expediente de cobranza solicitado.

8) Que, acto seguido, con respecto a la petición de información referida al Certificado de deudas en cobranza, este Consejo advierte que, con ocasión de su respuesta, la TGR ilustró pormenorizadamente la forma de obtener dichos instrumentos disponibles y confeccionados por el órgano reclamado, mediante enlace electrónico que indica. Luego, con ocasión de sus descargos, argumentó que acceder a lo solicitado implica la elaboración de nuevas certificaciones, dando cuenta que dicho documento no obra en poder del organismo, en los soportes documentales consignados en el inciso 2° del artículo 10° de la Ley de Transparencia. Sobre este punto, cabe tener presente lo razonado por esta Corporación en las decisiones C146-09 y C460-10, C1861-19 con respecto a la obligación de emitir certificados que no obran en poder del órgano: «una cosa es declarar el acceso a una información y otra obligar a la reclamada a emitir uno de los certificados solicitados», no correspondiendo a este Consejo exigir la elaboración de estos últimos.

9) Que, en este sentido, el considerando 4° de la decisión del amparo Rol C146-09 concluye, en lo que resulta aplicable al presente amparo, lo siguiente: «4) Que, respecto de la información que es solicitada a los órganos de la Administración en los términos de la Ley de Transparencia, este Consejo considera que respecto de ella puede requerirse la certificación de que los documentos entregados son idénticos a aquellos que se encuentran en poder del órgano de la Administración, lo que ha sido denominado como "solicitud de copia autorizada", y que se encuentra amparada por el artículo 17° de la Ley de Transparencia y su disposición acerca de que la información sea entregada "en la forma y por el medio que requirente haya señalado". No obstante, debe indicarse que tal certificación debe distinguirse de aquella solicitud de certificados cuya elaboración se encuentra regulada por normas especiales y, por ende, por disposiciones diversas a las contempladas por la Ley de Transparencia». (énfasis agregado). En virtud de lo anterior, advirtiéndose que lo pedido implica la generación de un nuevo certificado que contenga específicamente la información requerida; encontrándose este Consejo en la imposibilidad de exigir su elaboración, se rechazará el presente amparo en esta parte.

10) Que, con respecto a la información que se ordenó entregar, el peticionario deberá previamente acreditar su titularidad sobre los datos personales requeridos y su calidad de contribuyente en el expediente administrativo pedido, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3, de la Instrucción General N° 10, dictada por esta Corporación. Sin perjuicio de lo anterior, teniendo en consideración el estado de catástrofe declarado en el país, producto de la pandemia, así como las directrices otorgadas por el Oficio N° 000252 de fecha 20 de marzo de 2020, de esta Corporación, se recomienda al órgano reclamado que realice la entrega efectiva de lo solicitado a la requirente o su apoderado, por un medio alternativo a la entrega personal en la oficina indicada. A modo meramente ejemplar, a través de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad del titular o envío de mandato por mecanismos telemáticos. (énfasis agregado).

11) Que, se hace presente al órgano requerido que, en el evento que en la información a entregar se encuentren datos personales relativos a personas naturales distintos de la solicitante - tales como, cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfonos fijos o celulares, correo electrónico particular, datos tributarios, comerciales, entre otros- en conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° de la ley N° 19.628 y en aplicación del principio de divisibilidad en materia de acceso a la información pública, consagrado en el artículo 11° de la Ley de Transparencia, éstos deberán ser tarjados en forma previa a la entrega de la información, por estimarse que su revelación afectaría los derechos de los titulares de los mismos. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Rosario Peñafiel Duran, en contra de la Tesorería General de la República, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Tesorera General de la República, lo siguiente;

a) Entregue a la reclamante copia de todo lo obrado en el expediente administrativo de la Tesorería Regional de Coquimbo, Rol 504-2008. Lo anterior, sólo en la medida y bajo la condición que la peticionaria acredite previamente su titularidad sobre los datos personales requeridos y su calidad de contribuyente en el expediente administrativo, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3, de la Instrucción General N° 10, dictada por esta Corporación. Sin perjuicio de lo anterior, teniendo en consideración el estado de catástrofe declarado en el país, producto de la pandemia, así como las directrices otorgadas por el Oficio N° 000252 de fecha 20 de marzo de 2020, de esta Corporación, se recomienda al órgano reclamado que realice la entrega efectiva de lo solicitado a la requirente o su apoderado, por un medio alternativo a la entrega personal en la oficina indicada. A modo meramente ejemplar, a través de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad del titular o envío de mandato por mecanismos telemáticos. (énfasis agregado).

Se hace presente al órgano requerido que, en el evento que en la información a entregar se encuentren datos personales relativos a personas naturales distintos de la solicitante - tales como, cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfonos fijos o celulares, correo electrónico particular, datos tributarios, comerciales entre otros-, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° de la ley N° 19.628 y en aplicación del Principio de Divisibilidad en materia de acceso a la información pública, consagrado en el artículo 11° de la Ley de Transparencia, éstos deberán ser tarjados en forma previa a la entrega de la información, por estimarse que su revelación afectaría los derechos de los titulares de los mismos. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el presente amparo con respecto a la entrega del Certificado de deudas en cobranza, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Rosario Peñafiel Duran; y, a la Sra. Tesorera General de la República.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.