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Franco Pardo Carvallo con PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Rol: C3315-20

Consejo para la Transparencia, 29/09/2020

Se acoge parcialmente el amparo contra de la Presidencia de la República, sobre el mensaje publicado en la cuenta oficial de Twitter de S.E. el Presidente de la República, en que se informa que la persona que se indica es beneficiaria del Bono Invierno. Se ordena informar, por una parte, en términos afirmativo o negativos, "si se instruyó al Instituto de Previsión Social (IPS) a revisar si la madre de una persona identificada como "tinita" en Twitter era beneficiaria del Bono Invierno y que efectivamente cumplía los requisitos para acceder al beneficio"; y por otra, la "manera y medio" utilizado para conocer la identidad de persona que en definitiva era beneficiaria del Bono de Invierno para efectos de hacer las respectivas consultas ante el Instituto de Previsión Social. Lo anterior, por tratarse de requerimientos amparados por la Ley de Transparencia. Aplica criterios contenidos en las decisiones de amparos Roles C603-09 y C16-10 y C467-10, entre otros. De igual forma, se ordena entregar la información contenida en el perfil público de la cuenta de Twitter de S.E. el Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echeñique, así como aquella comunicada mediante el perfil público o mensajería directa en la o las cuentas institucionales de la Presidencia de la República, relativas a la verificación de que la persona que se indica en el requerimiento era beneficiaria del Bono Invierno, y cualquier otro antecedente que diga relación con dicha circunstancia, que obre en poder del organismo. Lo anterior toda vez que, respecto de aquella información que es comunicada mediante una cuenta institucional de Twitter, ya sea de aquella disponible a todo el público o mediante el canal de mensajería directo de que dispone la red social en comento, es información pública en los términos del inciso 2° del artículo 5° de la Ley de Transparencia, pues se trata de un bien de dicho organismo público que no está asociada a una persona determinada y que, por tanto, no puede estimarse que su divulgación afecte bienes jurídicos como la privacidad o intimidad. Por su parte, respecto de aquella información que es trasmitida mediante la cuenta personal de una autoridad del Estado en aquellos casos en que ésta se utilice para entregar información antes que la cuenta institucional o cuando la información obtenida en ejercicio del cargo es proporcionada únicamente a través de la cuenta privada, se encuentra sometida a las mismas reglas de apertura, no discriminación, transparencia y publicidad que la cuenta del órgano público, salvo en lo que se refiere a aquellos antecedentes comunicados mediante la opción de mensajería directa, pues en ese caso, al igual que las comunicaciones por mensajería de teléfono, se enmarcan en la expresión "comunicaciones y documentos privados" que utiliza el artículo 19 N° 5 de la Constitución. Se rechaza el amparo en lo que se refiere a la entrega de las comunicaciones efectuadas por funcionarios del organismo mediante mensajería directa por teléfono móvil o celular y red social Twitter pertenecientes a personas determinadas incluida la de S.E. el Presidente de la República. Esto toda vez que la Ley de Transparencia no tiene la especificidad ni la determinación que le exige la Constitución Política para restringir el derecho que protege las comunicaciones de cualquier tipo, pues no determina los casos ni las formas en que sería admisible la limitación de este derecho fundamental garantizado por el artículo 19 N° 5 de la Carta Fundamental, en función de resguardar al máximo posible la intimidad y la vida privada de su titular. Asimismo, se configura la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Se representa al órgano su falta de colaboración en la tramitación del presente amparo, al no remitir a este Consejo los datos de contacto de las personas titulares de las comunicaciones reclamadas.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Descriptores analíticos:

Tema
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Tipo de Documento



Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3315-20

Entidad pública: Presidencia de la República

Requirente: Franco Pardo Carvallo

Ingreso Consejo: 14.06.2020

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo contra de la Presidencia de la República, sobre el mensaje publicado en la cuenta oficial de Twitter de S.E. el Presidente de la República, en que se informa que la persona que se indica es beneficiaria del Bono Invierno.

Se ordena informar, por una parte, en términos afirmativo o negativos, "si se instruyó al Instituto de Previsión Social (IPS) a revisar si la madre de una persona identificada como "tinita" en Twitter era beneficiaria del Bono Invierno y que efectivamente cumplía los requisitos para acceder al beneficio"; y por otra, la "manera y medio" utilizado para conocer la identidad de persona que en definitiva era beneficiaria del Bono de Invierno para efectos de hacer las respectivas consultas ante el Instituto de Previsión Social.

Lo anterior, por tratarse de requerimientos amparados por la Ley de Transparencia. Aplica criterios contenidos en las decisiones de amparos Roles C603-09 y C16-10 y C467-10, entre otros.

De igual forma, se ordena entregar la información contenida en el perfil público de la cuenta de Twitter de S.E. el Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echeñique, así como aquella comunicada mediante el perfil público o mensajería directa en la o las cuentas institucionales de la Presidencia de la República, relativas a la verificación de que la persona que se indica en el requerimiento era beneficiaria del Bono Invierno, y cualquier otro antecedente que diga relación con dicha circunstancia, que obre en poder del organismo.

Lo anterior toda vez que, respecto de aquella información que es comunicada mediante una cuenta institucional de Twitter, ya sea de aquella disponible a todo el público o mediante el canal de mensajería directo de que dispone la red social en comento, es información pública en los términos del inciso 2° del artículo 5° de la Ley de Transparencia, pues se trata de un bien de dicho organismo público que no está asociada a una persona determinada y que, por tanto, no puede estimarse que su divulgación afecte bienes jurídicos como la privacidad o intimidad.

Por su parte, respecto de aquella información que es trasmitida mediante la cuenta personal de una autoridad del Estado en aquellos casos en que ésta se utilice para entregar información antes que la cuenta institucional o cuando la información obtenida en ejercicio del cargo es proporcionada únicamente a través de la cuenta privada, se encuentra sometida a las mismas reglas de apertura, no discriminación, transparencia y publicidad que la cuenta del órgano público, salvo en lo que se refiere a aquellos antecedentes comunicados mediante la opción de mensajería directa, pues en ese caso, al igual que las comunicaciones por mensajería de teléfono, se enmarcan en la expresión "comunicaciones y documentos privados" que utiliza el artículo 19 N° 5 de la Constitución.

Se rechaza el amparo en lo que se refiere a la entrega de las comunicaciones efectuadas por funcionarios del organismo mediante mensajería directa por teléfono móvil o celular y red social Twitter pertenecientes a personas determinadas incluida la de S.E. el Presidente de la República. Esto toda vez que la Ley de Transparencia no tiene la especificidad ni la determinación que le exige la Constitución Política para restringir el derecho que protege las comunicaciones de cualquier tipo, pues no determina los casos ni las formas en que sería admisible la limitación de este derecho fundamental garantizado por el artículo 19 N° 5 de la Carta Fundamental, en función de resguardar al máximo posible la intimidad y la vida privada de su titular. Asimismo, se configura la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

Se representa al órgano su falta de colaboración en la tramitación del presente amparo, al no remitir a este Consejo los datos de contacto de las personas titulares de las comunicaciones reclamadas.

En sesión ordinaria N° 1133 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de septiembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3315-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 06 de mayo de 2020, doña Franco Pardo Carvallo solicitó a la Presidencia de la República la siguiente información: "En relación al mensaje publicado en la cuenta oficial del Presidente Sebastián Piñera en la red social Twitter el día 5 de mayo de 2020, cuyo tenor literal señala "Estimada Tinita, le pedímos al @IPSChile que revise el caso de su mamá y le tenemos una muy buena noticia: su mamá sí tiene derecho al #BonoInvierno, el que va a recibir este mes junto con el pago habitual de su pensión", mediante el cual respondió un mensaje de la cuenta "@tinita08154217" de la misma red social, solicito informar:

a) Si el contenido del mensaje publicado en la cuenta del Sr. Presidente es real, es decir, si efectivamente se instruyó al Instituto de Previsión Social (IPS) a revisar si la madre de una persona identificada como "tinita" en Twitter era beneficiaria del Bono Invierno y que efectivamente cumplía los requisitos para acceder al beneficio. En dicho caso, remitir las comunicaciones sostenidas para tal efecto con el IPS en cualquier formato disponible, anonimizando los datos de carácter personal.

b) En caso de ser real el contenido del citado mensaje, informar manera y medio a través del cual el Sr. Presidente o quienes manejan su cuenta de Twitter conocieron la identidad real de la madre de la persona identificada en dicha red social como "tinita" para hacer la respectiva consulta ante el IPS.

c) Si existe alguna política pública tendiente a desarrollar interacciones entre la cuenta oficial del Presidente Sebastián Piñera en Twitter con cuentas falsas o "bots". En caso de ser efectivo lo anterior, indicar objetivos, acciones ejecutadas y recursos públicos utilizados en tal política, y remitir listado de cuentas falsas o "bots" que han interactuado con la cuenta oficial del Presidente Piñera en el marco de esta".

2) RESPUESTA: El 03 de junio de 2020, Presidencia de la República respondió a dicho requerimiento de información indicando, en resumen, que la primera parte de la pregunta consignada en la letra a) y la letra b), "no constituyen una solicitud de acceso a la información pública al tenor de la Ley Transparencia, debido a que requiere un pronunciamiento de la autoridad sobre una interacción en la red social "Twitter", no refiriéndose a un acto, documento o antecedente del Servicio, en alguno de los soportes indicados en el inciso 2° del artículo 10 de la citada ley".

Por otra parte, respecto a posibles comunicaciones que indica en la segunda parte de la letra a), comunica "la imposibilidad de requerir este tipo de información por este Organismo a cualquier persona, ya que la privacidad de las comunicaciones de S.E., de todo funcionario de la Presidencia de la República y de toda persona, se encuentran protegidas por el numeral 5° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que garantiza a todas las personas "la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar sólo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley".

Finalmente, sobre lo consultado en el literal c), indica que, según lo indicado por la Dirección Asesoría Presidencial de la Presidencia de la República, no existe una política pública en el tenor de lo indicado.

3) AMPARO: El 14 de junio de 2020, don Franco Pardo Carvallo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud. Alega que lo solicitado corresponde a actos de gobierno que, de existir, han de obrar en poder del órgano, pues de otra forma no se podría haber formulado la mentada publicación en la aludida red social. Asimismo, en lo que se refiere a la segunda parte de la letra a), lo pedido versa sobre "comunicaciones sostenidas por funcionarios públicos en el ámbito del ejercicio de sus funciones en tanto tales, realizadas eventualmente mediante canales institucionales financiados con recursos del erario nacional, y relativas a una determinada instrucción dada a un servicio del Estado en relación a la aplicación de una política pública en ejecución, y su respectiva respuesta. Es decir, se solicita la publicidad de comunicaciones que se relacionan de manera inmediata y directa con actos de la Administración del Estado precisos y determinados. Asimismo, en tal caso se trata de una solicitud de las comunicaciones sostenidas para el efecto en cualquier formato disponible, pudiendo por tanto incluir comunicaciones realizadas mediante documentos administrativos, o a través de formatos o soportes que pueden ser considerados como complementarios, de manera directa y esencial, a actos o resoluciones administrativas. Sin embargo, la Presidente (sic) de la República se limita a invocar una causal de reserva sin hacer referencia alguna al soporte o contenido de dichas comunicaciones, lo que hace imposible ponderar una eventual afectación de bienes jurídicos protegidos por esta".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Administrativo de la Presidencia de la República, mediante Oficio E10405, de 6 de julio de 2020, solicitando que: (1°) indique las razones por las que, a su juicio, lo requerido en los literales a) y b) no constituye una solicitud de información amparable por la Ley de Transparencia; (2°) señale si la información solicitada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la existencia de las comunicaciones solicitadas en literal a) de lo solicitado, (4°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; y, (5°) se pronuncie acerca de la concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada.

Por medio de Ord. N° 474, de 21 de julio de 2020, Presidencia de la República presentó sus descargos en esta sede argumentando, en síntesis, lo siguiente:

En cuanto a las razones por las que lo solicitado en los literales a) y b) de la solicitud no constituye una solicitud de información amparable por la Ley de Transparencia, indica que la solicitud está vinculada a un mensaje emitido en Twitter por S.E. el Presidente de la República, a través de su cuenta personal, en la que comparte con una usuaria de la red social el hecho de que su madre era beneficiaria del Bono Invierno que estaba dando a conocer a principios del mes de mayo el Gobierno de Chile.

Por tanto, es sobre esta interacción la que se enmarca la solicitud de don Franco Pardo Carvallo y "requiere saber si efectivamente el Presidente de la República solicitó al Instituto de Previsión Social la revisión del caso plantead o por la usuaria de Twitter, la instrucción efectuada y la forma en que se obtuvo la identidad para realizarlo".

Acto seguido, sostiene que del tenor de los requerimientos realizados por el solicitante no corresponde a una solicitud de acceso a la información pública, toda vez que "La primera parte de la pregunta del numeral 1 planteada por el solicitante , relativa a la veracidad de lo que el Presidente de la República declara en Twitter, importa un cuestionamiento de lo allí indicado; planteamiento que desconocería, desde su formulación, la presunción de veracidad de actos y declaraciones de autoridad, como principio jurídico que rige dichos actos y declaraciones, en ejercicio de sus funciones, en los países democráticos; en este sentido dicho principio permite asentar, a su vez, el principio de Seguridad Jurídica en Sociedad. Dicho lo anterior, es del caso que, precisamente, en el orden natural de las regulaciones que tienden a preservar los valores de la Democracia y la Seguridad Jurídica, el marco de acción y espíritu de la Ley de Transparencia, no comprenden dentro del concepto normativo de información pública, elementos justificatorios, en el contexto de antejuicios de veracidad en torno a declaraciones de autoridad, máxime si se trata de requerimientos que, ni en cuanto a sus sentido y espíritu, así como tampoco a su eventual naturaleza formal (actos, resoluciones, actas, expedientes, etc.) son información pública. Bajo esta premisa, la única forma de responder a un cuestionamiento de veracidad, al tenor de lo expuesto por el solicitante, sería una declaración de la autoridad en tal sentido, lo que, como se ha señalado, importaría una instancia no regulada por la normativa y principios de Acceso a la Información Pública.

Lo mismo ocurre respecto a la pregunta N° 2 de la solicitud, en que requiere un pronunciamiento de la autoridad sobre la forma en la cual se logró contactar a la usuaria de Twitter que interactuó con S.E., lo que escapa totalmente al sentido de la Ley de Transparencia, no requiriendo información sujeta a su regulación.

De acuerdo a lo señalado, es posible concluir que la presentación del solicitante no corresponde al ámbito de aplicación de la ley 20.285".

Ante la consulta sobre si la información solicitada obra en poder de la Presidencia de la República, indica que "lo requerido no consta alguno de los soportes documentales señalados por el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia, por lo que no obra en poder de la Presidencia de la República".

Respecto a la existencia de las comunicaciones solicitadas, argumenta que "no existe en este Organismo Público un decreto supremo, acto administrativo u otro tipo de documento sujeto a la Ley de Transparencia, en el cual conste una instrucción de S.E. o de un funcionario de la Presidencia de la República, dirigido al Instituto Previsión Social, para la revisión de antecedentes de la familiar de la usuaria de Twitter. De esta forma, el requerimiento efectuado a la citada entidad no consta en un acto o soporte documental en poder de este organismo público, lo que no implica que se haya podido tomar por otra vía con el Instituto de Previsión Social, ya que ni la Constitución Política de la República ni otra norma legal mandata o establece un procedimiento para efectuar este tipo de gestiones ni para llevar un registro de ellas".

Sobre concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida, indica que "[e]s un presupuesto básico para la entrega de la información la existencia de ella en poder de la Administración del Estado, situación que no ocurre en el presente caso, por lo que mal podría entregar o denegar información sobre lo requerido".

Finalmente, en lo relativo a posibles causales constitucionales o legales de secreto o reserva. que harían procedente la denegación de las comunicaciones solicitadas, manifiesta que "[n]o es posible para esta entidad referirse a una causal de secreto o reserva constitucional o legal, en razón de que no existen, en poder de este organismo público, antecedentes o registros sobre ellas".

5) COMPLEMENTACIÓN DE DESCARGOS Mediante Oficio N° E15395, de fecha 09 de septiembre de 2020, este Consejo solicitó a Presidencia de la República, en relación a las comunicaciones pedidas, complementara sus descargos en los siguientes términos: (1°) aclare cómo es que aquellas se llevaron a cabo, por ejemplo, de forma presencial o remota; (2°) especifique si aquellas constan en algún medio o soporte escrito, ya sea en formato análogo o digital de cualquier tipo; (3°) indique si respecto de la entrega o publicidad de las mismas concurre una causal legal de secreto o reserva; y (4°) en el evento de que las aludidas comunicaciones se hubiesen efectuado mediante correo electrónico u otro medio digital, tales como, mensajería directa por teléfono o redes sociales (Whatsapp, Twitter, Telegram, Facebook, entre otras) proporcione los datos de contacto de los terceros titulares de las mismas -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

Al respecto, por medio de Ord. N° 638, de 15 de septiembre del presente año, Presidencia de la República complementó sus descargos en orden a señalar, en síntesis, lo siguiente:

Lo requerido por el requirente y este Consejo excede lo que dicho organismo tiene obligación de responder en el marco del acceso a la información pública de la Ley de Transparencia.

No obstante, en relación a lo pedido en el numeral 1°, indica que aquellas se llevaron a cabo de forma remota.

En cuanto a lo requerido en el numeral 2°, señala que "las comunicaciones sostenidas entre los involucrados se realizaron a través de cuenta privada de twitter, y adicionalmente mediante aplicación de mensajería privada. / Debido a lo anterior, se hace presente que, en conformidad al tenor de lo dispuesto en la Ley de Transparencia y la normativa de la misma, estos mensajes privados enviados a través de una cuenta personal, no constituyen información pública, ni están en poder de la Presidencia de la República".

Cita el artículo 8 de la Constitución Política de la República y 5° de la Ley de Transparencia, y argumenta que "Teniendo presente lo recién mencionado, se concluye que lo solicitado en el caso de marras, no se trata de "actos, resoluciones, fundamentos de actos o resoluciones, o de un procedimiento seguido por la administración''. lo cual despeja la aplicación del artículo 5 inciso primero de la Ley de Transparencia. /Por otra parte, tampoco se trata de información, toda vez que lo solicitado y sólo para el caso que existieran, corresponden a mensajes privados y personales, los que no son objeto de la aplicación de la Ley de Transparencia. /Asimismo, no se trata de información elaborada con presupuesto público ni tampoco aquella se encuentra en poder de un órgano de la Administración, razón por la cual no es posible aseverar que en el caso en análisis se aplica lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° de la Ley de Transparencia". Hace presente la causa Rol N° 4402-18-INA del Tribunal Constitucional, en cuanto al sentido y alcance del inciso 2° del artículo 5° de la Ley de Transparencia.

En tal orden de ideas, concluye que "los mensajes privados enviados a través de una cuenta personal, no constituyen un documento público cuya entrega pueda ser requerida a través de una solicitud de transparencia por lo siguiente:

(i) No es un acto administrativo ni resolución adoptada por un órgano del Estado.

(ii) No forma parte de un procedimiento administrativo que haya culminado con la emisión de una decisión o medida -acto administrativo final o terminal- determinado.

(iii) Mensajes privados de redes sociales y de una aplicación de mensajería privada no constituye un antecedente que haya sido utilizado como fundamento de un acto o resolución particular ya emitido. Es más, la red social Twitter y las aplicaciones de mensajería privada de teléfonos celulares ni siquiera forman parte de los mecanismos institucionales que la Presidencia de la República dispone a cada miembro del personal para sus labores".

En relación a lo consultado en el numeral 3°, alega que en el improbable evento que se considere que las comunicaciones pedidas son información pública, respecto de las mismas correspondería aplicar la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 19 N° 4 y N° 5 de la Constitución Política de la República. Por tanto, "considerando la estructura en la que se enmarca los mensajes enviados a través de una red social y de una aplicación del teléfono celular, éstos se encuentran adscritos al concepto de comunicación privada, en consecuencia, los mensajes enviados por personal de la Presidencia de la República, y de toda persona, se encuentran amparados por las citadas garantías constitucionales. (...) Por lo demás, no existe norma específica que categorice que la autoridad pública podría acceder a las comunicaciones privadas, respecto de los funcionarios que desempeñan funciones en algún servicio u órgano del Estado".

Las mencionadas disposiciones constitucionales garantizan los derechos fundamentales relacionados con el respeto y protección de la vida privada y la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, respectivamente. En efecto, la primera de las garantías mencionadas comprende aspectos tales como la protección de la vida privada, situación que se hace extensiva a toda forma de comunicación privada, sea audiovisual o escrita, así como a la correspondencia y todo tipo de documentación de las personas. Por otra parte, la segunda de las garantías está íntimamente relacionada con la primera y comprende la reserva de las comunicaciones entre ambos comunicantes, es decir entre el emisor y receptor de las mismas.

Refiere que el ordenamiento jurídico ha establecido en artículo 222 del Código Procesal Penal los casos y procedimientos aplicables para efectos de limitar el derecho contenido en el artículo 19 N° 5 de la Constitución.

También señala que este Consejo se ha referido a las aplicaciones de mensajería privada, cuyos mensajes han estado en poder de un organismo público como pieza de un expediente sumarial. Cita la decisión de amparo rol C5112-18.

Finalmente, en cuanto a lo pedido en el numeral 4°, sostiene que "no es procedente entregar la información de contacto de las personas involucradas".

6) GESTIÓN OFICIOSA: Mediante Oficio N° E15395, de 09 de septiembre de 2020, este Consejo, como medida para mejor resolver, solicitó al Sr. Director Nacional del Instituto de Previsión Social: (1°) se refiera a la existencia de las comunicaciones solicitadas en la letra a) del requerimiento de información; (2°) en caso de existir, aclare cómo es que aquellas se llevaron a cabo, por ejemplo, de forma presencial o remota; (3°) especifique si aquellas constan en algún medio o soporte escrito, ya sea en formato análogo o digital de cualquier tipo; (4°) indique si respecto de la entrega o publicidad de las mismas concurre una causal legal de secreto o reserva; y (5°) en el evento de que las aludidas comunicaciones se hubiesen efectuado mediante correo electrónico u otro medio digital, tales como, mensajería directa por teléfono o redes sociales (WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook, entre otras) proporcione los datos de contacto de los terceros titulares de las mismas -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, a fin de evaluar una eventual aplicación dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

Con todo, a la fecha del presente acuerdo no consta que el aludido organismo haya dado respuesta al requerimiento.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa otorgada por Presidencia de la República a los requerimientos consignados en los literales a) y b) del numeral 1° de lo expositivo. Al efecto, el organismo reclamado denegó dichos antecedentes, argumentando que lo pedido en la primera parte de la letra a), así como lo solicitado en la letra b), constituyen solicitudes de pronunciamientos no sujetos a la Ley de Transparencia, mientras que lo solicitado en la segunda parte de la letra a), no puede ser entregado ya que "la privacidad de las comunicaciones de S.E., de todo funcionario de la Presidencia de la República y de toda persona, se encuentran protegidas por el numeral 5° del artículo 19 de la Constitución Política de la República".

2) Que, a modo de contexto previo, es necesario señalar que las solicitudes en análisis están vinculada a unos mensajes emitido en la red social Twitter por S.E. el Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echeñique, a través de su cuenta personal @sebastianpinera. En efecto, el día 04 de mayo del presente año, S.E. twitteó un mensaje acompañado de un video en que se señala: "En medio de tiempos muy difíciles, una buena noticia. Hoy comenzamos a pagar el #Bonolnvierno que aliviará la vida de 1.352.000 adultos mayores vulnerables, con un aporte de $64.549. Sabemos que no resuelve todos los problemas, pero si es un alivio urgente y necesario". Dentro de las respuestas que recibió se encontraba una efectuada por la cuenta "@tinita08154217, que señalaba "Presidente querido, ojalá le llegue a mi mamá. Ella tiene 86 años recibe pensión solidaria y no le subió su pensión. Pero ella pensó que otro estaba más necesitado. Cariños Sr. Presidente y mucho éxito, estamos orgullosas de Usted". Al día siguiente, el Jefe de Estado respondió dicho tweet con el siguiente mensaje: "Estimada Tinita, le pedimos al @JPSChlle que revise el caso de su mamá y le tenemos una muy buena noticia: su mamá si tiene derecho al #Bonolnvierno, el que va a recibir este mes junto con el pago habitual de su pensión". Finaliza la interacción entre ambos usuarios con un video subido a la cuenta personal del Mandatario, en el que se muestra una videollamada con la usuaria de Twitter, acompañado con un texto: "Agradezco la tecnología q nos acerca. Porque detrás de pantallas hay personas como María Celsa y su mamá, Sara del Carmen. Hoy conocimos su historia y hablamos x teléfono, entre otras cosas, del #Bonolnvierno que ya recibió. PD: Para los curiosos: Tinita era el nombre de su gata".

3) Que, en tal sentido, en cuanto a lo pedido en la primera parte de la letra a) y en la letra b) del numeral 1° de lo expositivo, es menester señalar que, si bien, se ha declarado que la información cuya entrega puede ordenar debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según reza el inciso del artículo 10 de la Ley de Transparencia (decisión de amparo Rol C533-09), este Consejo a partir de la decisión de amparo de los Roles C603-09 y C16-10, también ha manifestado que constituye una petición enmarcada en la Ley de Transparencia aquella destinada a conocer si se ha efectuado o no una determinada actuación por parte del organismo. En otras palabras, existe derecho a solicitar que se informe si se realizó o no una acción que habría acaecido en el pasado, como ocurre en el caso sub-lite.

4) Que, asimismo, este Consejo ha razonado que se encuentran amparadas por la Ley de Transparencia aquellas solicitudes que se refieran a información que puede desprenderse fácilmente de los registros o antecedentes que el organismo reclamado mantenga en su poder, cuya respuesta no suponga la imposición de un gravamen a su respecto, ni la configuración de ninguna de las causales de reserva alegadas, conforme al criterio desarrollado en la decisión de amparo Rol C467-10, entre otras, así como en aplicación de los principios de máxima divulgación y de facilitación, consagrados en el artículo 11, letras d) y f) de la Ley de Transparencia.

5) Que, en efecto, este Consejo no comparte la interpretación realizada por la Presidencia de la República en orden a que las solicitudes en análisis no se encuentran amparadas por la Ley de Transparencia, pues lo pedido en la primera parte de la letra a) sólo involucra responder afirmativa o negativamente sobre "si efectivamente se instruyó al Instituto de Previsión Social (IPS) a revisar si la madre de una persona identificada como "tinita" en Twitter era beneficiaria del Bono Invierno y que efectivamente cumplía los requisitos para acceder al beneficio", lo anterior, máxime si se considera que en sus propios descargos, el organismo dio a entender a este Consejo, que dicha actuación si habría tenido lugar al señalar que "el requerimiento efectuado a la citada entidad no consta en un acto o soporte documental en poder de este organismo público, lo que no implica que se haya podido tomar por otra vía con el Instituto de Previsión Social", para luego complementar que aquella actuación o comunicación se habría llevado a cabo de forma remota. Mientras que, respecto de lo pedido en la letra b), lo pedido únicamente implica señalar la "manera y medio" utilizado para conocer la identidad de persona que en definitiva era beneficiaria del Bono de Invierno para efectos de hacer las respectivas consultas ante el Instituto de Previsión Social. Luego, la entrega de dicha información puede ser realizada en términos similares a lo informado ante este Consejo.

6) Que, en consecuencia, se acogerá el amparo en estos puntos ordenando a la Presidencia de la República informar, por una parte, en términos afirmativo o negativos, "si se instruyó al Instituto de Previsión Social (IPS) a revisar si la madre de una persona identificada como "tinita" en Twitter era beneficiaria del Bono Invierno y que efectivamente cumplía los requisitos para acceder al beneficio"; y por otra, la "manera y medio" utilizado para conocer la identidad de persona que en definitiva era beneficiaria del Bono de Invierno para efectos de hacer las respectivas consultas ante el Instituto de Previsión Social.

7) Que, ahora bien, en cuanto a lo pedido en la segunda parte de la letra b) del numeral 1° de lo expositivo, este se trata de un requerimiento dirigido a acceder a las comunicaciones llevadas a cabo entre Presidencia de la República y el Instituto de Previsión Social (IPS), a fin de que este último revisara si una determinada persona era beneficiaria del Bono Invierno.

8) Que, al efecto el organismo reclamado señaló que las aludidas comunicaciones no se encuentran contenidas en "un decreto supremo, acto administrativo u otro tipo de documento sujeto a la Ley de Transparencia, en el cual conste una instrucción de S.E. o de un funcionario de la Presidencia de la República, dirigido al Instituto Previsión Social, para la revisión de antecedentes de la familiar de la usuaria de Twitter", no obstante, agrega que ello "no implica que se haya podido tomar por otra vía con el Instituto de Previsión Social, ya que ni la Constitución Política de la República ni otra norma legal mandata o establece un procedimiento para efectuar este tipo de gestiones ni para llevar un registro de ellas".

9) Que, posteriormente, en la complementación de los descargos a que se hace alusión en el numeral 5° de lo expositivo, señaló que aquellas habrían tenido lugar de forma remota, "a través de cuenta privada de twitter, y adicionalmente mediante aplicación de mensajería privada", sin embargo, pese a haber sido requerido, no especificó qué personas eran titulares de las cuentas de Twitter y aplicación de mensajería utilizadas o si ellas correspondían por ejemplo a cuentas de Twitter institucionales. Con relación a esto último, este Consejo se ve en la necesidad de señalar que habiendo requerido al órgano que, en evento de que las comunicaciones pedidas se hubiesen efectuado mediante correo electrónico u otro medio digital, tales como, mensajería directa por teléfono o redes sociales (WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook, entre otras) proporcionara los datos de contacto de los terceros titulares de estas, esto conforme a las atribuciones que el artículo 34 de la Ley de Transparencia le otorga, esto es, "solicitar la colaboración de los distintos órganos del Estado", a fin de "recibir todos los testimonios y obtener todas las informaciones y documentos necesarios para el examen de las situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia", y habiéndose denegado su entrega por el organismo, se ha situando a este Consejo en la imposibilidad de dar aplicación a lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento respecto de los terceros titulares de la información pedida. Lo anterior, claramente constituye una falta a la debida colaboración por parte de los órganos del Estado, que será representada al Sr. Director Administrativo de la Presidencia de la República, en lo resolutivo de la presente decisión.

10) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

11) Que, los derechos constitucionales consagrados en los numerales 4° y 5° del artículo 19 de la Constitución, aseguran el respeto y protección a la vida privada de la persona y su familia, el primero, y la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, el segundo, configurando en conjunto el ámbito de protección de la vida privada. El correlato de este estatuto nacional es posible identificarlo en las disposiciones del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

12) Que, la vida privada es "aquella que se ejecuta a vista de pocos, familiar y domésticamente, sin formalidad ni ceremonia alguna, particular y personal de cada individuo, que no es propiedad pública o estatal, sino que pertenece a particulares" (Silva B., Alejandro, en "Tratado de Derecho Constitucional", Tomo XI, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2006, p.188). Asimismo, "el concepto de vida privada está directamente vinculado a la ‘intimidad’, a ese ámbito en que el ser humano y la gente de sus afectos conviven, conversan, se aman, planifican el presente y el futuro, comparten alegrías y tristezas, gozan del esparcimiento, incrementan sus virtudes y soportan o superan sus defectos, y fomentan sus potencialidades humanas para su progreso integral, todo ello sin la intervención o presencia de terceros" (Evans de la Cuadra, Enrique, en "Los Derechos Constitucionales", Tomo I, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2004, p.212). De manera similar se sostiene que la vida privada es "el conjunto de los asuntos, conductas, documentos, comunicaciones, imágenes o recintos que, el titular del bien jurídico protegido, no desea que sean conocidos por terceros sin su consentimiento previo" (Cea Egaña, José Luis, en Derecho Constitucional, Tomo II Derecho, Deberes y Garantías, Ediciones Universidad Católica, Santiago, 2004, p.178). De esta forma, resulta indudable que la garantía constitucional de la vida privada abarca también los correos electrónicos, a la luz de su carácter de medio de comunicación privado, según lo expuesto en éste y en los considerandos precedentes.

13) Que, en el derecho comparado se ha señalado que "la existencia de una esfera privada, en la que los demás (poderes públicos o particulares) no pueden entrar sin el consentimiento de la persona, no implica solo un reconocimiento del altísimo valor que tiene la faceta privada de la vida humana, sino que constituye también una garantía básica de libertad: en un mundo donde toda la actividad de los hombres fuera pública, no cabría la autodeterminación individual. El constitucionalismo, así, exige diferenciar entre las esferas pública y privada y, por tanto, entre lo visible y lo reservado" (Diez - Picazo, Luis, Sistema de Derechos Fundamentales, Editorial Aranzadi S.A., Navarra, 2008, p.297). De la misma forma y desde la óptica del derecho a la intimidad, se ha definido a ésta como "el derecho a no ser molestado, y a guardar la conveniente reserva acerca de los datos de una persona que ésta no quiere divulgar. Es el derecho a mantener una vida privada sin interferencias de otras personas ni del Estado, con la garantía de que estos terceros no pueden invadir los aspectos reservados de la vida de las personas" (Balaguer C., Francisco et. al, Derecho Constitucional, Volumen II, Editorial Tecnos, Madrid, 1999, p.102). Por último, se ha afirmado que: "sí hay acuerdo en que el derecho a la intimidad consiste en el derecho a disfrutar de determinadas zonas de retiro y secreto de las que podemos excluir a los demás" (Pérez Royo, Javier; Curso de Derecho Constitucional, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Políticas S.A., Madrid, 2000, p.395).

14) Que, por tanto, las comunicaciones realizados a través de mensajería directa por teléfono móvil o celular, así como mediante herramientas o aplicaciones digitales que contemplen un canal privado de comunicación entre usuarios, son una extensión moderna de la vida privada, en cuanto manifiestan una forma de comunicación de carácter personalísimo, por lo tanto, deben ser protegidos por el derecho a la vida privada, garantía que es base y expresión de la libertad individual y que está íntimamente ligada a la dignidad de las personas, valores fundamentales consagrados en el artículo 1° de la Constitución Política.

15) Que, asimismo, los mensajes directos efectuados a través de tecnologías de la información se enmarcan en la expresión "comunicaciones y documentos privados" que utiliza el artículo 19 N° 5 de la Constitución. Ello, pues son comunicaciones que se transmiten por canales cerrados, no abiertos y tienen emisores y destinatarios acotados, y el hecho de que esos mensajes sean de funcionarios públicos no constituye por ello una excepción de tutela. En efecto, lo que se protege con esta garantía es la comunicación, sin distinguir si se hace por canales o aparatos financiados por el Estado. Por otra parte, no hay ninguna norma, ni en la Constitución ni en la ley, que pueda interpretarse para marginarlos de esta garantía. Si se aceptara que las comunicaciones de los funcionarios, por el hecho de ser tales, no están protegidas por el artículo 19 N° 5 de la Carta Fundamental, cualquiera podría interceptar, abrir o registrar esas comunicaciones, o cualquiera otra que se generara al interior de la Administración del Estado, como podría ser una comunicación telefónica. Eso sería peligroso no solo para los derechos de los ciudadanos, sino eventualmente también para el interés nacional y la seguridad de la Nación.

16) Que, sin embargo, en particular sobre la red social Twitter, la Contraloría General de la República, en dictamen N° 18.671, de 10 de julio de 2019, ha manifestado que los órganos de la Administración del Estado pueden acudir al uso de tecnologías de la información para apoyar la labor administrativa, postura que encuentra su fundamento en los anotados principios de eficiencia y eficacia, transparencia y publicidad administrativas y debido cumplimiento de la función pública por parte de los organismos públicos, todos los cuales deben observar al utilizar una plataforma digital como uno de sus medios de comunicación institucional. Agrega, en el mismo pronunciamiento que Twitter es una herramienta digital de comunicación social "que pueden utilizar los organismos del Estado para dar a conocer a la colectividad usuaria de la misma hechos o acciones directamente relacionados con la consecución de sus fines y con su quehacer institucional, así como también de participación ciudadana en la gestión pública al ser de libre acceso, en cuanto a los usuarios y a las opiniones que en esa plataforma abierta se expresen, cumpliendo, por cierto, las reglas y términos del referido servicio de difusión". En ese entendido, y en aplicación de los dictámenes que indica, concluye que las cuentas institucionales de Twitter de un organismo público "corresponde a un bien de dicho servicio, que debe ser utilizado para servir a los fines institucionales o para publicitar comunicaciones o hechos de interés general para toda la población acerca de algún aspecto relevante de las labores, actividades o tareas que versen acerca de su funcionamiento (...), en correspondencia con el derecho de los ciudadanos a conocer y ser informados de las actividades y labores desarrolladas en forma continua y permanente por los servicios públicos, y a emitir opiniones sobre ello" (énfasis agregado).

17) Que, el aludido pronunciamiento, fue complementado por dicha Entidad de Control, mediante dictamen N° 6696, de 23 de marzo de 2020, atendido que algunas autoridades o jefes de servicio entregaban información obtenida en ejercicio del cargo público, a través de sus cuentas personales, antes que utilizando la cuenta institucional, estableciendo que "si la autoridad utiliza su cuenta personal para entregar información antes que la cuenta institucional o cuando la información obtenida en ejercicio del cargo es proporcionada únicamente a través de la cuenta privada, ella debe someterse a las mismas reglas de apertura, no discriminación, transparencia y publicidad que la cuenta del órgano público, encontrándose, en consecuencia, impedido el bloqueo de usuarios. Lo anterior, toda vez que, en esos eventos, por propia voluntad de la autoridad, esta transforma su cuenta personal en una vía de comunicación pública de la información del ministerio, subsecretaría, servicio o municipalidad. Sin perjuicio de lo expuesto, y dado que las cuentas institucionales son creadas por los organismos precisamente para servir de canal de comunicación con los usuarios y la ciudadanía en general, corresponde reiterar que la entrega de información oficial y la obtenida en ejercicio del cargo público debe ser proporcionada por los medios institucionales". (énfasis agregado).

18) Que, lo anterior, guarda relación con lo expuesto en la decisión de amparo Rol C2648-19 referida a información sobre archivos Facebook Insights de la página oficial de Facebook del Sr. Presidente de la República, en la cual se consigna que la Presidencia de la República "accedió a la entrega de la información reclamada relativa al período posterior al día 11 de marzo de 2018, fecha en la que don Sebastián Piñera asumió el cargo de Presidente de la República, y en la que su página de Facebook personal pasó a ser el portal oficial del Presidente en dicha red social".

19) Que, todo lo anterior, permite concluir a este Consejo que respecto de aquella información que es comunicada mediante una cuenta institucional de Twitter, ya sea de aquella disponible a todo el público o mediante el canal de mensajería directo de que dispone la red social en comento, es información pública en los términos del inciso 2° del artículo 5° de la Ley de Transparencia, pues se trata de un bien de dicho organismo público que no está asociada a una persona determinada y que, por tanto, no puede estimarse que su divulgación afecte bienes jurídicos como la privacidad o intimidad. Por su parte, respecto de aquella información que es trasmitida mediante la cuenta personal de una autoridad del Estado en aquellos casos en que ésta se utilice para entregar información antes que la cuenta institucional o cuando la información obtenida en ejercicio del cargo es proporcionada únicamente a través de la cuenta privada, se encuentra sometida a las mismas reglas de apertura, no discriminación, transparencia y publicidad que la cuenta del órgano público, salvo en lo que se refiere a aquellos antecedentes comunicados mediante la opción de mensajería directa, pues en este caso, como se expuso precedentemente, al igual que las comunicaciones por mensajería de teléfono, se enmarcan en la expresión "comunicaciones y documentos privados" que utiliza el artículo 19 N° 5 de la Constitución.

20) Que, en la especie, resulta acreditado que S.E. el Presidente de la República comunicó, mediante un mensaje en la red social Twitter, una información obtenida en el ejercicio de su cargo sobre una determinada política pública en ejecución, esto es, que una determinada persona era beneficiaria del Bono Invierno, conforme se informó desde otro Servicio Público (IPS), luego, la información pedida se vincula directamente a las gestiones asociadas a dicha publicación, específicamente, en lo que se refiere a la verificación por parte del Instituto de Previsión Social de la existencia del aludido beneficio. Adicionalmente, tratándose la materia consultada, cabe además tener presente lo razonado por este Consejo, a partir de la decisión de amparo Rol C333-10, respecto que el hecho de recibir un beneficio del Estado de Chile hace que se reduzca el ámbito de la privacidad de las personas que gozan de éstos, toda vez que debe permitirse un adecuado control social respecto de quienes han sido otorgados dichos beneficios. Además, la propia Ley de Transparencia, en su artículo 7° letra i) ha establecido que la nómina de beneficiaros de programas de subsidios u otros beneficios que entregue el respectivo órgano, debe hacerse pública de manera proactiva por los órganos de la Administración del Estado, mes a mes, con la única excepción de aquellos casos en que se estime que dicha información constituye datos sensibles, en cuyo caso el tratamiento de los mismos debe hacerse de acuerdo con las normas de la ley N° 19.628.

21) Que, desde esta perspectiva, a juicio de esta Corporación toda la información que se vincule a la entrega de un beneficio social, así como aquella dirigida a comunicar tanto al beneficiario como a la comunidad las circunstancias de dicho otorgamiento, constituye información esencialmente pública, respecto de la cual no se advierte una afectación cierta o probable y con suficiente especificidad a los derechos de terceros, que justifique su reserva. A mayor abundamiento, una adecuada actuación del órgano en orden a cumplir con los principios de máxima divulgación y de facilitación, consagrados en el artículo 11, letras d) y f) de la Ley de Transparencia habría sido interpretar la solicitud de acceso de forma amplia, más allá del tenor literal de la misma, entiendo que lo requerido abarca cualquier información que acredite el otorgamiento del beneficio social a que se alude en el requerimiento respecto de la persona que se indica, y no solo las comunicaciones sostenidas al efecto entre funcionarios u órganos del Estado a efecto de verificar su procedencia.

22) Que, en mérito de todo lo expuesto, se acogerá parcialmente el amparo en este punto, ordenándose entregar la información contenida en el perfil público de la cuenta de Twitter de S.E. el Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echeñique, así como aquella comunicada mediante el perfil público o mensajería directa en la o las cuentas institucionales de la Presidencia de la República, relativas a la verificación de que la persona que se indica en el requerimiento era beneficiaria del Bono Invierno, y cualquier otro antecedente que diga relación con dicha circunstancia, que obre en poder del organismo; rechazándose en lo que se refiere a la entrega de las comunicaciones efectuadas por funcionarios del organismo mediante mensajería directa por teléfono móvil o celular y red social Twitter pertenecientes a personas determinadas incluida la de S.E el Presidente de la República. Esto último, por tratarse de información protegida por la garantía constitucional del artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, respecto de la cual se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en aplicación de los artículo 33, letras j) y m), de la citada ley N° 20.285, norma que prescribe el deber de este Consejo de velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y a la ley tengan carácter de secreto o reservado, y velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, sobre protección de datos de carácter personal por parte de los órganos de la Administración del Estado.

23) Que, sin perjuicio de lo indicado, en el evento de que todo o parte de la información que se ordena entregar no obre en poder de la reclamada, deberá señalarlo expresa y fundadamente al reclamante y a este Consejo, en sede de cumplimiento, en los términos dispuestos en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10, de este Consejo, sobre el Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Franco Pardo Carvallo en contra de la Presidencia de la República, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Administrativo de la Presidencia de la República, lo siguiente:

a) Hacer entrega al reclamante de lo siguiente:

1. Informar en términos afirmativo o negativos, "si se instruyó al Instituto de Previsión Social (IPS) a revisar si la madre de una persona identificada como "tinita" en Twitter era beneficiaria del Bono Invierno y que efectivamente cumplía los requisitos para acceder al beneficio".

2. Informar la "manera y medio" utilizado para conocer la identidad de persona que en definitiva era beneficiaria del Bono de Invierno para efectos de hacer las respectivas consultas ante el Instituto de Previsión Social.

3. Toda la información contenida en el perfil público de la cuenta de Twitter de S.E. el Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echeñique, así como aquella comunicada mediante el perfil público o mensajería directa en la o las cuentas institucionales de la Presidencia de la República, relativas a la verificación de que la persona que se indica en el requerimiento era beneficiaria del Bono Invierno, y cualquier otro antecedente que diga relación con dicha circunstancia, que obre en su poder.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo en lo que se refiere a la entrega de las comunicaciones efectuadas por los funcionarios del organismo, mediante mensajería directa por teléfono móvil o celular y red social Twitter pertenecientes a personas determinadas incluida la de S.E. el Presidente de la República. Esto último, por tratarse de información protegida por la garantía constitucional del artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, respecto de la cual se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

IV. Representar al Sr. Director Administrativo de la Presidencia de la República, la falta de colaboración en la tramitación del presente amparo, al no remitir a este Consejo los datos de contacto de las personas titulares de las comunicaciones reclamadas. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reitere dicha actitud.

V. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Franco Pardo Carvallo, al Sr. Director Administrativo de la Presidencia de la República y al Sr. Director Nacional del Instituto de Previsión Social.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.