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Emilio José Díaz Ugarte con SUBSECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Rol: C2193-20

Consejo para la Transparencia, 29/09/2020

Por decisión de mayoría, se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, referido a la entrega de notas diplomáticas, cablegramas, mensajes y oficios confidenciales con información relativa a exiliados apristas peruanos en Chile, entre los años 1930 y 1945. Lo anterior, por cuanto al alero de los principios definidos por la reclamada como fundamentos de la Política Exterior de Chile, la divulgación de los antecedentes solicitados implicarían un fortalecimiento de las relaciones internacionales con la República del Perú, los cuales contribuirían a esclarecer circunstancias relevantes vinculadas a los exiliados apristas peruanos entre el período consultado, y en consecuencia, fortalecer y preservar la memoria histórica nacional respecto de personas que en su condición de exiliados políticos se incorporaron a la vida nacional participando en el área de la cultura y la política chilena, desestimándose, a su vez, la alegación del órgano requerido respecto a la afectación del interés nacional y a su debido funcionamiento. Hay voto disidente del Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero, quien estima que procede la reserva de aquellos antecedentes respecto de los cuales el órgano reclamado no accedió a su entrega, por cuanto contienen información sobre hechos que resultan sensibles para las relaciones bilaterales entre los Estados involucrados.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento

Reclamaciones contra esta decisión (Ver estado procesal):



Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Disidente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2193-20

Entidad pública: Subsecretaría de Relaciones Exteriores

Requirente: Emilio José Díaz Ugarte.

Ingreso Consejo: 28.04.2020

RESUMEN

Por decisión de mayoría, se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, referido a la entrega de notas diplomáticas, cablegramas, mensajes y oficios confidenciales con información relativa a exiliados apristas peruanos en Chile, entre los años 1930 y 1945.

Lo anterior, por cuanto al alero de los principios definidos por la reclamada como fundamentos de la Política Exterior de Chile, la divulgación de los antecedentes solicitados implicarían un fortalecimiento de las relaciones internacionales con la República del Perú, los cuales contribuirían a esclarecer circunstancias relevantes vinculadas a los exiliados apristas peruanos entre el período consultado, y en consecuencia, fortalecer y preservar la memoria histórica nacional respecto de personas que en su condición de exiliados políticos se incorporaron a la vida nacional participando en el área de la cultura y la política chilena, desestimándose, a su vez, la alegación del órgano requerido respecto a la afectación del interés nacional y a su debido funcionamiento.

Hay voto disidente del Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero, quien estima que procede la reserva de aquellos antecedentes respecto de los cuales el órgano reclamado no accedió a su entrega, por cuanto contienen información sobre hechos que resultan sensibles para las relaciones bilaterales entre los Estados involucrados.

En sesión ordinaria N° 1133 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de septiembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2193-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 9 de marzo de 2020, don Emilio Ugarte Díaz, solicitó a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, la siguiente información: "Acceso y copia de documentos que contengan información relativa a exiliados apristas peruanos en Chile, entre los años 1930 y 1945"

2) RESPUESTA: El 21 de abril de 2020, mediante Resolución Exenta N° 1481, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores respondió a dicho requerimiento de información denegando lo solicitado fundado en las causales de reserva del artículo 21 N° 1 y N° 4 de la Ley de Transparencia.

Hizo presente que, a través del Archivo General Histórico, se encontraron 42 antecedentes que enumera como notas, oficios y telegramas, vinculados a los exiliados apristas peruanos en Chile, entre los períodos consultados.

Advirtió que, la publicidad de los documentos requeridos, "afectará en forma presente, probable y específica las relaciones internacionales, en particular con la República del Perú, toda vez que en dichos instrumentos se reflejan pareceres de funcionarios del servicio exterior, circunscritos dentro de la órbita de la política exterior, y que se emitieron bajo una expectativa razonable de reserva".

En esta línea, advirtió que "independiente del momento en que fueron producidos, podría ser interpretado de forma inconsistente con los principios que rigen la política exterior de nuestro país, como también deterioraría, con alta probabilidad, las confianzas que, mutuamente, han depositado los Gobiernos de Chile y del Perú para la mantención duradera de paz y amistad entre ambos pueblos, lo que iría en desmedro del interés nacional y, consecuencialmente, el debido cumplimiento de las funciones de esta Subsecretaría de Estado".

Aclaró, además, que tiene como funciones colaborar con el Presidente de la República en el diseño, planificación, prospección, conducción, coordinación, ejecución, control e información de la política exterior que este formule, proponiendo y evaluando las políticas y planes orientadas a fortalecer la presencia internacional del país, y velando por los intereses de Chile, con el propósito de elevar la calidad del desarrollo, seguridad y bienestar nacional, tal como prescribe el artículo 1 de la Ley N° 21.080, en concordancia a lo previsto en el artículo 32 N° 15 de la Constitución Política de la República, de manera que sólo a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores le corresponde calificar si la develación de la información requerida afecta el interés nacional.

3) AMPARO: El 28 de abril de 2020, don Emilio José Díaz Ugarte dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Subsecretaria de Relaciones Exteriores, mediante Oficio N° E6936 de fecha 15 de mayo de 2020 solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) detalle cómo la entrega dicha información afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; y (3°) detalle cómo la entrega de dicha información afectaría el interés nacional.

Mediante RR.EE. (DIGEJUR) OF. PUB. N° 3490 de fecha 5 de junio de 2020, el órgano requerido remitió sus descargos y reiteró lo señalado en su respuesta.

5) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER (MPMR): Mediante Oficio N° E14166 de fecha 25 de agosto de 2020, este Consejo solicitó al órgano reclamado remitir copia de los documentos que obran en su poder, que contengan información relativa a los exiliados apristas peruanos en Chile en el período consultado y precisar detalladamente cómo la entrega de los documentos solicitados afectaría la política exterior de Chile.

Mediante Oficio RR.EE. (DIGEJUR) OF. RES. N° 2779, de fecha 8 de septiembre de 2020, el órgano reclamado adjuntó 42 documentos, a saber, oficios confidenciales, notas diplomáticas, cablegramas, mensajes, entre otros, vinculados a los exiliados apristas peruanos en Chile durante el período consultado.

Adicionalmente, señaló que luego de la revisión exhaustiva de cada uno de los 42 documentos, se determinó que respecto de 7 de ellos, no habría problema en proporcionárselos al requirente, mientras que los 35 restantes, revisten un carácter extremadamente sensible, toda vez que contienen juicios de valor de las autoridades de la época sobre la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), las que versan, entre otras materias, sobre los intentos de subversión desde Chile, los altercados con la prensa local de ese país, la denigración de figuras políticas y públicas, los ataques a delegados peruanos, las amenazas a destacadas personalidades, los incidentes policiales y judiciales. En este sentido, advirtió que se tratan de situaciones delicadas que, si se difunden o publican, traerán inmediatamente molestia y reclamo por parte del Perú, repercutiendo, necesariamente en las relaciones de amistad de ese país.

Agregó que la divulgación de la información contenida en los documentos en cuestión, afectará de forma presente, probable y específica las relaciones internacionales, en particular con la República de Perú, toda vez que el contenido de dichos instrumentos, incluyen expresiones en materia de política exterior de las autoridades de Chile respecto a actuaciones ocurridas en el Perú y se emitieron bajo una expectativa razonable de reserva.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de documentos con información relativa a exiliados apristas peruanos en Chile, entre los años 1930 y 1945. Al efecto, en su respuesta y con ocasión de sus descargos, el órgano requerido denegó lo solicitado fundado en las causales de reserva del artículo 21 N° 1 y N° 4 de la Ley de Transparencia.

2) Que, los antecedentes solicitados y que fueren remitidos por la Subsecretaría de Relaciones Exteriores a esta sede, consisten en notas diplomáticas, oficios confidenciales, cablegramas y mensajes, emitidos por las embajadas de Chile y Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y el encargado de Negocios de Chile en Perú, los cuales dan cuenta de juicios y opiniones de las autoridades de la época sobre la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), así como del otorgamiento de asilos políticos, traslados de deportados apristas peruanos, actividades de los mismos en Chile y las medidas solicitadas al respecto, información sobre reuniones, utilización de membretes de reparticiones públicas chilenas, ingresos clandestinos al país, apresamientos, autorizaciones de viajes, entre otras circunstancias relativas a personeros del partido aprista peruano.

3) Que, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores ha advertido que la divulgación de la documentación requerida, afectaría las relaciones internacionales con la República del Perú, toda vez que el contenido de dichos instrumentos, incluyen expresiones en materia de política exterior de las autoridades de Chile respecto a actuaciones ocurridas en el Perú y que se emitieron bajo una expectativa razonable de reserva, por lo que, sin perjuicio del momento en que fueron emitidos, la divulgación de los documentos solicitados vinculados a los exiliados apristas peruanos, podría ser interpretado de forma inconsistente con los principios que rigen la política exterior del Estado de Chile, así como también deterioraría las confianzas depositadas y la buena fe entre los respectivos gobiernos, lo que iría en desmedro del interés nacional y por consiguiente, al debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido.

4) Que, en relación a la interpretación inconsistente que de los principios que rigen la política exterior chilena podría producirse con la divulgación de lo solicitado según fuere advertido por la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, y que conforme a lo señalado en su página web institucional https://minrel.gob.cl/principios-de-la-politica-exterior-chilena/minrel/2008-08-02/194424.html, constituyen los lineamientos fundamentales en materia de relaciones exteriores y guían la política exterior de Chile, a saber: 1) el respeto al derecho internacional, que comprende la vigencia y respeto de los tratados internacionales, la solución pacífica de controversias, la independencia y respeto a la soberanía y la integridad territorial; 2) la promoción de la democracia y el respeto de los derechos humanos y; 3) la responsabilidad de cooperar, cabe hacer presente que, el órgano reclamado sin perjuicio de haber hecho presente una eventual contradicción a los principios referidos precedentemente, no ha señalado de qué manera específica estos se verían vulnerados con la divulgación de lo solicitado, y como dicha contravención se traduciría en una afectación en el interés nacional y consecuencialmente, en el debido cumplimiento de sus funciones.

5) Que, al alero de los principios definidos por la reclamada como fundamentos de la Política Exterior Chilena, específicamente la promoción de la democracia y el respeto de los derechos humanos; este Consejo advierte que, la divulgación de los antecedentes solicitados, en la medida que se trata de antecedentes vinculados a las circunstancias que rodean a personas que en su condición de exiliados políticos, vieron afectados sus derechos de libre circulación y residencia consagrados en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), implicarían un fortalecimiento de las relaciones internacionales con la República del Perú, los cuales contribuirían a esclarecer circunstancias relevantes vinculadas a los exiliados apristas peruanos entre el período consultado, y en consecuencia, fortalecer y preservar la memoria histórica nacional respecto de personas que en su condición de exiliados políticos se incorporaron a la vida nacional participando en el área de la cultura y la política chilena.

6) Que, en línea con lo anterior, cabe hacer presente que la condición de exiliados y las actividades desarrolladas por los apristas peruanos, no era desconocida en el contexto nacional. Así, se ha reconocido la presencia que los mismos tuvieron en las editoriales y revistas chilenas y en el escenario político y cultural de nuestro país. Al efecto, cabe consignar a modo ejemplar, lo consignado en antecedentes históricos sobre el particular: "Una revista importante fue Ercilla, perteneciente a la editorial anteriormente mencionada y que a partir de 1936 estuvo dirigida por Manuel Seoane junto a Manuel Solano y Bernardo García Oquendo, todos peruanos y apristas. Esta revista causó alto impacto debido a sus artículos sobre cultura, política y economía (...) Seoane logró posicionar a la revista Ercilla como la más importante del país gracias a su influencia en círculos políticos y sus múltiples contactos, proponiendo así nuevas ideas en el periodismo chileno (...) los exiliados apristas en Chile forjaron una carrera política e intelectual de gran importancia para el país, representada en editoriales, gestión de proyectos culturales, redes políticas y difusión ideológica, que desarrolló un protagonismo político cultural ascendente en Chile, adquiriendo gradualmente importancia en torno a la cultura y el debate político (...) los exiliados peruanos lograron desarrollar paulatinamente un proceso intelectual en el que se conformó una cultura política en torno a ideas apristas, viéndose plasmadas en sus revistas, discursos e ideas" (Hernández Toledo, Sebastián; "Apristas en Chile: circuitos intelectuales y redes políticas durante los años 1930", Revista de Historia y Geografía N° 31UCSH, 2014, págs. 81, 92, 93).

7) Que, por otra parte, cabe hacer presente además, la inconsistencia del órgano reclamado al advertir con ocasión de la medida para mejor resolver decretada por esta Corporación que ante documentos de similar contenido, a modo meramente ejemplar, el Oficio Confidencial N° 117 y el Oficio Confidencial N° 128, ambos del Departamento Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile al Embajador de Chile en el Perú, sobre ingreso clandestino de dirigentes apristas a Chile, ha señalado por una parte, respecto del primero, que no habría inconveniente en proporcionárselos al requirente, advirtiendo respecto del segundo la necesidad de su reserva. Lo anterior, relativiza la posición del órgano reclamado respecto a la necesidad de reservar los antecedentes que fueren requeridos.

8) Que, a su turno, de la revisión de los antecedentes solicitados, si bien es cierto se advierten juicios y opiniones de diversas autoridades de la época; ministros de relaciones exteriores y embajadores de ambos países, respecto de diversos acontecimientos que involucran a los exiliados apristas y de solicitudes de gestiones de diversas autoridades nacionales y extranjeras, vinculadas a la presencia de los apristas peruanos en el país, atendida la data en que los acontecimientos consignados en los documentos solicitados ocurrieron, y la sabida participación que los mismos tuvieron en el escenario político y cultural chileno, a juicio de este Consejo, su conocimiento no supone una afectación de los bienes jurídicos, en particular del interés nacional, que con la reserva se pretende proteger. En este sentido, la preservación de la memoria histórica supone acceder a información como la solicitada, para esclarecer procesos históricos, aclarando sus principales hitos y el contexto en que se llevaron a cabo.

9) Que, en consideración de lo anteriormente expuesto, no advirtiéndose por este Consejo una afectación presente o probable y con suficiente especificidad al interés nacional, y en consecuencia, al debido funcionamiento que del órgano reclamado se podría producir con la divulgación de lo solicitado, y al alero de los principios que rigen la política exterior establecidos por la propia reclamada, así como del interés público prevalente -atendida además la data de la información consultada- en preservar la memoria histórica nacional mediante la divulgación de lo requerido y en concordancia con el principio de trasparencia en el ejercicio de la función pública establecido en el artículo 8° inciso 2° de la Constitución Política de la República, en relación con lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, se acogerá el presente amparo, y conjuntamente con ello, se ordenará la entrega de los antecedentes solicitados.

10) Que, en virtud del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, lo preceptuado en los artículos 2, letras f) y g), y 4 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, deberán tarjarse, por parte del órgano reclamado, antes de efectuar la entrega de la información solicitada, la identidad de los terceros que figuren en los antecedentes solicitados, así como aquellos datos personales de contexto, tales como, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, domicilio, entre otros, que pudieren estar detallados en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, deberá anonimizare todo dato sensible que pueda estar contenido en la información solicitada.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Emilio José Díaz Ugarte en contra de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Subsecretaria de Relaciones Exteriores, que:

a) Entregue al solicitante copia copia de documentos que contengan información relativa a exiliados apristas peruanos en Chile, entre los años 1930 y 1945, en la forma señalada en el considerando 10° del presente acuerdo.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Emilio José Díaz Ugarte y a la Sra. Subsecretaria de Relaciones Exteriores.

VOTO DISIDENTE

La presente decisión es acordada con el voto en contra del Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero, quien no comparte lo razonado en los considerandos 4) a 10) del voto de mayoría, respecto de aquellos antecedentes sobre los cuales el órgano reclamado no accedió a su entrega, estimando que el amparo en esta parte, debe ser rechazado, en base a las siguientes consideraciones:

1) Que, primeramente, cabe hacer presente que, en relación a las notas diplomáticas contenidas en los documentos solicitados, esta Corporación ha razonado en las decisiones de amparos roles C933-14, C1226-15, C6033-18, C8249-19 y C711-19, entre otras, que la difusión de las notas diplomáticas podría generar un daño específico en las relaciones bilaterales entre los países involucrados, especialmente al haber sido emitidas en un proceso de comunicación recíproca de carácter secreto.

2) Que, conforme a lo anterior, más que a la sensibilidad o importancia de la información que en ellas se contiene, debe atenderse a la protección del canal de comunicación de que se trata, cuyo levantamiento unilateral por parte de un Estado afectaría la confianza entre las partes y la razonable expectativa respecto del carácter confidencial de las mismas y la vía de comunicación utilizada para tal finalidad.

3) Que, así las cosas la revelación de las notas diplomáticas contenidas en la información solicitada, de manera unilateral, afectaría de modo sustancial, la fluidez de los canales de comunicaciones existentes entre los países involucrados, y con ello se afectaría el interés nacional, y el debido funcionamiento de las funciones y tareas del órgano requerido

4) Que, revisados los cablegramas, mensajes y oficios confidenciales que forman parte de la información solicitada, se advierte que contienen descripciones de hechos sensibles, juicios de valor y opiniones relevantes por parte de las autoridades chilenas en relación al acontecer político del Perú. También se encuentran recogidas conversaciones mantenidas con funcionarios del gobierno peruano de la época, sobre solicitudes y medidas tomadas por las autoridades chilenas respecto a las actividades vinculadas a los exiliados apristas peruanos, sobre incidentes judiciales y policiales, todas ellas en reuniones, audiencias o en situaciones en que el personal diplomático chileno y peruano se encontraban bajo una expectativa razonable de reserva.

5) Que, así, y en consecuencia a lo esgrimido por la reclamada con ocasión de su respuesta y descargos, en dichos documentos, no obstante la data de los mismos, se contiene información sobre hechos que resultan sensibles para las relaciones bilaterales entre Chile y el Perú, particularmente los juicios de valor de las autoridades chilenas sobre el acontecer político del Perú, lo cual lleva a concluir que la revelación de la información solicitada afectaría con alta probabilidad y de modo sustancial la confianza existentes entre los Estados respectivos, y con ello, generar un daño específico en las relaciones entre los países involucrados. Lo anterior, en consecuencia, trae aparejado una afectación no sólo al interés nacional, en los términos dispuestos en el artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia, sino que además, de manera probable, al debido funcionamiento del órgano reclamado, según lo establecido en el artículo 21 N° 1 de la misma ley.

6) Que, a mayor abundamiento, cabe hacer presente que, al alero de las funciones que la Ley 21.080 le otorga a la reclamada en orden a colaborar junto con el Presidente de la República, diseñar, planificar, conducir, coordinar, ejecutar, controlar e informar sobre la política exterior del país, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores es el órgano que está en mejor posición de determinar la afectación específica y concreta que a la política exterior y/o a las relaciones internaciones, y por consiguiente, al interés nacional, se podría producir con la entrega de los documentos solicitados.

7) Que, por consiguiente, conforme a lo razonado, procede rechazar el amparo, respecto de aquellos antecedentes sobre los cuales la reclamada no accedió a su entrega, por configurarse a su respecto las causales de reserva contempladas en el artículo 21 N° 1 y N° 4 de la Ley de Transparencia.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.