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Javier Arancibia Bernal con DIRECCIÓN DE VIALIDAD DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Rol: C6244-20

Consejo para la Transparencia, 13/10/2020

Se dedujo amparo en contra de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, mediante el cual manifiesta su molestia por las supuestas discrepancias con lo informado en respuesta a la solicitud que indica y lo señalado en las Bases de la licitación ID 1069723-18-LE20. El Consejo declara inadmisible el amparo, por ausencia de infracción.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Ausencia de infracción


Descriptores analíticos:

Tema Obras Públicas (Vialidad)
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6244-20

Entidad pública: Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.

Requirente: Javier Arancibia Bernal.

Ingreso Consejo: 02.10.2020.

En sesión ordinaria N° 1136 del Consejo Directivo, celebrada el 13 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información pública Rol C6244-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) Que, con fecha 16 de septiembre de 2020, don Javier Arancibia Bernal, ingresó un reclamo mediante el portal SIAC de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, mediante el cual manifiesta su molestia por las supuestas discrepancias con lo informado en respuesta a la solicitud que indica y lo señalado en las Bases de la licitación ID 1069723-18-LE20. En específico se indicó: "Se ingresa el presente reclamo debido a discrepancias observadas entre el documento SIAC Transparencia AM010W0026734 y bases licitación ID 1069723-18-LE20. El documento AM010W0026734 elaborado por el Director Regional de Vialidad Región de Tarapaca Sr. Manuel Burgos Barria indica lo siguiente: "Que referente a lo consultado, acerca del estado de los vehículos, camiones y maquinarias de la Institución, se hace presente que de la flota de dichos bienes, estos se encuentran con su documentación al día y operativos, salvo aquellos que por problemas mecánicos mayores, se encuentran en reparación: - Excavadora 1A-POJC-158 (problemas de rodado y en reparaciones). - Minicargador 1A-PBJC-159 (motor fundido en proceso sumarial, detenido en evaluación). (...) Al comparar ambos documentos se observa de que durante la solicitud de Transparencia la Institución informo de que el cargador frontal está operativo, sin no conformidades y con su revisión técnica al día, lo que genera discrepancias con el documento de transparencia".

2) Que, con fecha 01 de octubre de 2020, la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas dio respuesta a la presentación, informando que, en mérito de lo expuesto y de los argumentos referidos en la reclamación, no es factible apreciar fundamento jurídico, que permita determinar alguna conducta contraria a los principios que rigen los actos de la Administración del Estado, toda vez que a fecha en que se informó sobre la operatividad de los equipos, el Cargador Frontal que posee esta Dirección, efectivamente se encontraba en condiciones óptimas de operatividad, no obstante y por razones propias de su uso, resultaba indispensable efectuar las mantenciones y reparaciones necesarias, a fin de velar por el buen estado y operatividad del mismo. Motivo por el cual, esta Entidad en uso de sus atribuciones y por razones de buena administración, decidió iniciar un proceso de contratación de arriendo de maquinaria, ya que al tener el equipo en reparación, de igual forma se debía continuar con las labores de la Administración Directa y con el cumplimiento de los compromisos de atención de los diversos caminos, que conectan y unen a los usuarios y poblados al interior de nuestra región.

3) Que, con fecha 02 de octubre de 2020, don Javier Arancibia Bernal dedujo amparo a su derecho de acceso a la información pública en contra de la Dirección de Vialidad de Tarapacá, el que se tuvo por reconducido a la Dirección de Vialidad, fundado en que recibió respuesta incompleta a su solicitud, señalando: "No se adjuntó documentación (tales como orden de compra, facturas, etc.) la cual exponga la fecha en la cual el Cargador Frontal de la D.V. Región de Tarapacá fue enviado a taller para reparaciones y fecha de entrega de este".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, a fin de resolver la admisibilidad del amparo en la especie, primeramente es necesario determinar si éste cumplió con los requisitos legales, en particular, si los hechos denunciados constituyen una infracción a la Ley de Transparencia.

2) Que, es preciso señalar que el artículo 10 de la Ley de Transparencia al referirse a las materias a las que se extiende el derecho de acceso a la información dispone: "El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en los actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales".

3) Que, de acuerdo a los antecedentes expuestos por la parte reclamante, se concluye que su comparecencia en esta instancia no es a consecuencia de la falta de entrega de aquella información contenida en alguno de los soportes que señala el artículo 10 precipitado. Ello, por cuanto, se advierte que lo pretendido por la parte recurrente solicitar una aclaración al órgano reclamado en relación a las discrepancias presentadas entre la respuesta a la solicitud que se indica y lo señalado en la Licitación ID 1069723-18-LE20, lo que, de acuerdo a la respuesta emitida por el órgano, corresponde a la emisión de un pronunciamiento, lo que no dice relación con el derecho de acceso a la información pública, sino que más bien corresponde al ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República, razón por la que no cabe pronunciarse respecto de ello en esta sede.

4) Que, asimismo, se hace presente a la parte reclamante que, en el evento de que su presentación constituyera una solicitud de acceso a la información pública, la misma no podría admitirse a tramitación, por cuanto se efectuó una solicitud tipo "reclamo" ingresado mediante la plataforma SIAC de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, el que no corresponde a ninguno de los canales habilitados por el órgano para efectuar solicitudes de información. Al respecto, en la página principal del órgano reclamado, disponen de un banner independiente denominado "Solicitud de datos. Ley de Transparencia", que además de especificar los canales habilitados para presentar dichos requerimientos, permite efectuar solicitudes de información electrónicas.

5) Que, asimismo, sobre las alegaciones de la parte reclamante referidas a que no se hizo envío de la documentación que exponga la fecha en la cual el Cargador Frontal de la D.V. Región de Tarapacá fue enviado a taller para reparaciones y fecha de entrega de éste, es dable hacer presente que dicha petición no se encuentra contenida en su requerimiento inicial, alterando el contenido de lo solicitado inicialmente.

6) Que, en consecuencia, no habiéndose ejercido el derecho de acceso a la información pública en los términos exigidos por la Ley de Transparencia, fuerza concluir que no puede tener lugar una solicitud en que se pida a este Consejo el amparo de tal derecho, debiendo declararse su inadmisibilidad.

7) Que, lo señalado precedentemente, no obsta a que la parte recurrente en el futuro formule una solicitud de acceso a la información pública al servicio reclamado o cualquier otro órgano de la Administración del Estado, en los términos previstos en la Ley de Transparencia, en particular en sus artículos 5° y 10, a través de los canales que correspondan, requiriendo en forma clara y precisa la entrega de un determinado acto, documento o antecedente que se encuentre en poder del organismo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Declarar inadmisible el amparo interpuesto por don Javier Arancibia Bernal en contra de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, por las razones expuestas precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Javier Arancibia Bernal y al Sr. Director Nacional de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 27, 28, y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio de la parte reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por el Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Javier Leturia Infante.

Se deja constancia que don Francisco Javier Leturia Infante, sin perjuicio de concurrir a la sesión para el sólo efecto de formar quórum, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, en razón de mantener un vínculo de parentesco con el Sr. Subsecretario de Obras Públicas, al ser hermano de dicha autoridad; solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.