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Cristóbal Cerpa Gaete con GENDARMERÍA DE CHILE Rol: C4699-20

Consejo para la Transparencia, 27/10/2020

Se acoge el amparo deducido en contra de Gendarmería de Chile, requiriendo que informe al reclamante si la exfuncionaria consultada prestó servicios en la Institución durante el periodo que va de mayo de 2018 a diciembre de 2019. En el evento de ser positiva la respuesta, proporcionar el documento que contendría dichos antecedentes; o, en su defecto, indicar la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a ella, si se encuentra permanentemente a disposición del público. Lo anterior, debido a que la función pública, debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4699-20

Entidad pública: Gendarmería de Chile

Requirente: Cristóbal Cerpa Gaete

Ingreso Consejo: 06.08.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de Gendarmería de Chile, requiriendo que informe al reclamante si la exfuncionaria consultada prestó servicios en la Institución durante el periodo que va de mayo de 2018 a diciembre de 2019. En el evento de ser positiva la respuesta, proporcionar el documento que contendría dichos antecedentes; o, en su defecto, indicar la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a ella, si se encuentra permanentemente a disposición del público.

Lo anterior, debido a que la función pública, debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía.

En sesión ordinaria N° 1139 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4699-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUDES DE ACCESO: Con fecha 24 de julio de 2020, don Cristóbal Cerpa Gaete solicitó a Gendarmería de Chile, respecto de la funcionaria a contrata que individualiza, informe si "estuvo trabajando en Gendarmería en el periodo desde mayo de 2018 hasta 31 de diciembre de 2018, y año 2019...".

2) TRASLADO A TERCERO INVOLUCRADO: Gendarmería de Chile mediante ordinario N° 333, de fecha 29 de julio de 2020 y conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, comunica al tercero involucrado, la solicitud de acceso a la información del requirente y su derecho a oponerse a la entrega de esta.

3) OPOSICIÓN DEL TERCERO INVOLUCRADO: La persona por cuyos antecedentes se consultan, por medio de correo electrónico de fecha 4 de agosto de 2020, se opone a la entrega de aquellos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

4) RESPUESTA: Gendarmería de Chile mediante carta N° 3571, de fecha 6 de agosto de 2020, informó que en atención de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, notificó la solicitud de acceso a la persona por cuyos antecedentes se consultan, quien se opuso a su entrega, por lo que, se encuentran imposibilitados de proporcionar lo pedido en virtud de lo establecido en el artículo citado. Además, consideran que se configura respecto de lo requerido las causales de secreto o reserva prescritas en el artículo 21 N° 2 y N° 5 de la ley citada, en relación con lo señalado en los artículos 2, letras f) y g), 7 y 10 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-. En tal sentido, concluyen que los datos solicitados "son de aquellos que provienen de fuentes que no son accesibles al público en general, por lo que Gendarmería de Chile, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley antes mencionada, este servicio se ante la imposibilidad de hacer entrega de esta parte de la información requerida, y - en definitiva - guardará secreto de cada uno de los antecedentes solicitados, y que contienen datos de carácter personal - y sensibles - de la persona requerida".

5) AMPARO: Con fecha 6 de agosto de 2020, don Cristóbal Cerpa Gaete dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de Gendarmería de Chile, fundado en la respuesta negativa a la solicitud.

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de Gendarmería de Chile mediante Oficio N° E14.523, de fecha 28 de agosto de 2020, para que formule sus descargos y observaciones solicitando, especialmente, lo siguiente: (1°) se refiera a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (3°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (4°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

El órgano reclamado por medio de ordinario N° 1110, de fecha 17 de septiembre de 2020, reiteró lo señalado en su respuesta, agregando que la divulgación de lo pedido "provoca un menoscabo al derecho a la intimidad y a la vida privada, que nuestra Constitución Política de la República reconoce a todas las personas, por el sólo hecho de ser tales. Al respecto, nuestra carta fundamental asegura a todas las personas, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, garantías que se vulneran al divulgar información confidencial respecto de la persona expresamente aludida en la solicitud. Fundamentando lo anterior, el derecho a la intimidad y a la vida privada invocados en estos descargos, según la doctrina moderna, se catalogan como derechos de la personalidad, el que principia por el hecho del nacimiento y se extingue con la muerte, por constituir un atributo innato e inherente al ser humano. En un comienzo, el derecho a la vida privada se concebía como una extensión de la protección del espacio privado, distinguiéndose del espacio público, en el cual se encontraba afecto al escrutinio público. Actualmente, con la mutabilidad de la significación de la vida privada, este concepto jurídico indeterminado, fue transformándose desde ser considerado en el ámbito interior de individuo, como su moral, su psique, su pensamiento y su cuerpo, a incluir elementos relativos, su domicilio, sus comunicaciones y sus relaciones personales y afectivas, la familia, entre otros. El derecho a la vida privada permite entonces, que las personas libremente puedan decidir la información que quieran que se sean conocidos o aquellos a los que terceros puedan acceder, información sobre la cual el individuo tendría un cierto poder de control, el que se manifestaría a través de la posibilidad de consentir directamente, por ejemplo, el tratamiento de su información personal de carácter privada. Al respecto, nuestra carta fundamental en su artículo 19 numeral 4 y 5, asegura a todas las personas, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia y la inviolabilidad de las comunicaciones, y que en su artículo 5° dispone que el Estado está al servicio de la persona humana, y tiene el deber de respetar y promover de los derechos fundamentales que emanan de su propia naturaleza, como los derechos ya señaladas".

7) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INVOLUCRADO: En conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó conferir traslado del amparo deducido al tercero involucrado, mediante Oficio No E16.879, de fecha 5 de octubre de 2020, a fin de que presente sus descargos y observaciones.

Y CONSIDERANDO:

1) Que este amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud. Al respecto el órgano reclamado alegó la configuración de las causales de secreto o reserva dispuestas en el artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo establecido en la ley N° 19.628, así como también, la oposición manifestada por la exfuncionaria por cuyos antecedentes se consultan.

2) Que en cuanto a la información solicitada se debe tener presente que conforme al artículo 10 de la Ley de Transparencia, "el acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales". A su turno, el artículo 7 letra d) de la Ley de Transparencia ordena a los órganos de la Administración del Estado mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, la planta del personal a contrata y a honorarios, con las correspondientes remuneraciones.

3) Que, conforme a las disposiciones anteriores, resulta forzoso concluir que la información solicitada, resulta manifiestamente pública pues respecto del periodo consultado 2018-2019, constituían, además, una obligación de transparencia activa del organismo requerido. Además, se debe considerar que atendido el tipo de labores que desempeñan los funcionarios públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes. Luego, y en base a la referida premisa, este Consejo ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros similares. Sobre este punto, cabe recordar a mayor abundamiento, que la función pública, según lo establecido en los artículos 8 de la Constitución Política de la Republica y 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre el particular, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser tales y de encontrarse al servicio de aquella.

4) Que, de esta forma, y según lo razonado en los considerandos anteriores, no se acredita lo alegado por el órgano reclamado y por la exfuncionaria consultada, en orden a que su divulgación pueda afectar sus derechos, en los términos dispuestos en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Así como tampoco, que constituyan datos personales que deban ser reservados en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 de la ley citada, en relación con lo prescrito en la ley N° 19.628.

5) Que, si bien se requiere la información planteada en forma de pregunta, aquella puede ser satisfechas, simplemente, con una respuesta afirmativa o negativa, y en el evento de ser positiva ésta, proporcionar el documento que contendría dichos antecedentes; o, en su defecto, indicando la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a ella, si se encuentra permanentemente a disposición del público, en los términos establecidos en el artículo 15 de la Ley de Transparencia. En consecuencia, se acogerá el presente amparo, requiriendo la entrega de lo pedido.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Cristóbal Cerpa Gaete en contra de Gendarmería de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director General de Gendarmería de Chile, lo siguiente:

a) Informe al reclamante si la exfuncionaria consultada prestó servicios en la Institución durante el periodo que va de mayo de 2018 a diciembre de 2019. En el evento de ser positiva la respuesta, proporcionar el documento que contendría dichos antecedentes; o, en su defecto, indicar la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a ella, si se encuentra permanentemente a disposición del público.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Director General de Gendarmería de Chile, a don Cristóbal Cerpa Gaete y a la exfuncionaria, en su condición de tercero involucrado en el presente amparo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.