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Sebastián Krebs Godoy con DIRECCIÓN DEL TRABAJO Rol: C4823-20

Consejo para la Transparencia, 29/10/2020

Se acoge el amparo deducido en contra de la Dirección del Trabajo, ordenando la entrega del informe de investigación o fiscalización que se consulta, tarjando previamente de dicha documentación los datos personales y referencias que permitan advertir la identidad del denunciante y de aquellos trabajadores que hayan prestado su testimonio. Lo anterior, por cuanto atendida la materia sobre la cual recayó la fiscalización consultada y la facultad otorgada por la empresa pesquisada al recurrente, se estima que el acceso al informe solicitado es procedente por esta vía, dando estricta aplicación al principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, resguardando únicamente aquella información cuya entrega afecta el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada y derechos de los trabajadores que han intervenido en dicha investigación.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4823-20

Entidad pública: Dirección del Trabajo

Requirente: Sebastián Krebs Godoy

Ingreso Consejo: 11.08.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Dirección del Trabajo, ordenando la entrega del informe de investigación o fiscalización que se consulta, tarjando previamente de dicha documentación los datos personales y referencias que permitan advertir la identidad del denunciante y de aquellos trabajadores que hayan prestado su testimonio.

Lo anterior, por cuanto atendida la materia sobre la cual recayó la fiscalización consultada y la facultad otorgada por la empresa pesquisada al recurrente, se estima que el acceso al informe solicitado es procedente por esta vía, dando estricta aplicación al principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, resguardando únicamente aquella información cuya entrega afecta el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada y derechos de los trabajadores que han intervenido en dicha investigación.

En sesión ordinaria N° 1140 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4823-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 1 de julio de 2020, don Sebastián Krebs Godoy presentó ante la Dirección del Trabajo, el siguiente requerimiento: "proporcionar informe final o documento en que aparezcan las conclusiones a las que arribó el IPT Oriente y Valparaíso en las Fiscalizaciones número 1159 (región; 15, inspección: 22, año: 2020) y número 400 (región 05, inspección: 01, año: 2020), respectivamente; ambas por reemplazo de trabajadores en huelga".

2) RESPUESTA: Por medio de Ord. CAS-27207, de 23 de julio de 2020, la Dirección del Trabajo otorgó respuesta a la solicitud, argumentando lo siguiente:

- Lo solicitado dice relación con un informe referido a prácticas antisindicales. En materia constitucional, las prácticas antisindicales y desleales son una vulneración a la libertad sindical, constituida por el derecho a la negociación colectiva, huelga y el derecho a la sindicalización, establecidos en la Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 16 y 19, además de los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por el Estado de Chile.

- El procedimiento que debe observarse en la investigación de denuncias por prácticas antisindicales y desleales, se encuentra regulado en los artículos 289 a 294 bis y artículos 403 a 407, del Código del Trabajo, siendo aplicable el procedimiento de tutela laboral.

- Este servicio, en el cumplimiento de sus funciones y velando por el respeto a los derechos fundamentales, ha estimado que los documentos que contengan denuncias por prácticas antisindicales presentadas ante la Dirección del Trabajo, es información reservada, lo que ha sido ratificado por el Consejo para la Transparencia; citan al efecto causa Rol C3114-17.

- En términos prácticos, argumentan, el procedimiento en comento persigue determinar si existen o no indicios de agravios a las referidas garantías constitucionales, facultando a este servicio para que, de oficio o ante una denuncia, investigue tales hechos, según los parámetros regulados en la orden de servicio N° 2 de 29 de marzo de 2017 y su circular N° 28 de 3 de abril de 2017, cuya tramitación concluirá con la emisión de las conclusiones jurídicas que determinarán si la situación investigada presenta o no indicios de vulneración; y, en caso de haber indicios, se realizará la mediación respectiva, previo a denunciar al Tribunal. En consecuencia, resulta razonable que acceder a la entrega de estas materias, por una parte afectaría derechos de trabajadores denunciantes y declarantes, en cuanto a su estabilidad laboral, económica, vida privada, integridad física y psíquica, entre otros, siendo aplicable la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, como también pudiera conllevar que quienes pretendan formular futuras denuncias, se inhiban a realizarlas, impidiendo que el servicio cuente con un insumo inestimable para la realización de fiscalizaciones, afectando por tanto el debido cumplimiento de las funciones del organismo en los términos establecidos en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.

- A su vez, hacen presente la prohibición de difusión de datos establecida en el artículo 40 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1967, del trabajo, que dispone la restructuración y fija las funciones de la Dirección del Trabajo.

- Finalmente, señalan que atendido a que la Ley de Transparencia es un procedimiento especial para requerir información, que impide verificar la identidad de los requirentes, la Ley N° 19.880 en su artículo 17, letra a) faculta para acudir personalmente al órgano público, en su calidad de parte directa o titular de la información, acreditando su condición, para ser informado del estado de la denuncia, proceso o investigación y/o requerir copia de dichos antecedentes una vez que el proceso haya concluido; concepto que ha sido ratificado por este Consejo a través de su Instrucción General N° 10, numeral 4.3, razón por la cual reiteran que la entrega de la información sólo procederá de forma presencial, debiendo el denunciante acreditar su calidad de tal, o por su apoderado; gestión que atendido el escenario actual, se puede realizar a través del enlace que indican.

3) AMPARO: El 11 de agosto de 2020, don Sebastián Krebs Godoy dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la respuesta negativa.

Al efecto, refiere que lo pedido puede ser entregado aplicando el principio de divisibilidad, esto es, reservando información que efectivamente pueda afectar los derechos de los trabajadores (como las denuncias y declaraciones), pero permitiendo el acceso a los restantes antecedentes contenidos en el informe pedido.

Acompaña poder especial para representar a Car. S.A. ante este Consejo.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Directora del Trabajo, mediante Oficio E14519, de 28 de agosto de 2020.

Posteriormente, en sus descargos, emitidos el 14 de septiembre de 2020, el organismo refiere, reiterando los argumentos expuestos en la respuesta objetada, agrega lo siguiente:

- El requerimiento se enmarca dentro de un procedimiento investigativo tramitado a la luz de la normativa dispuesta para una Vulneración de Derechos Fundamentales (prácticas antisindicales), iniciado en la Inspección Provincial de Santiago con el N° de comisión 1301/2020/1199, de la cual surgen las comisiones investigativas requeridas por el reclamante 501/2020/400 - 1322/2020/1159, correspondientes a la Inspección Provincial de Valparaíso y Santiago Poniente, respectivamente, ya que los hechos denunciados se encontraban en distintos territorios jurisdiccionales. De las comisiones investigativas que surgieron a raíz de la denuncia se emitió oficio Ord. N° 860, con el resultado de aquellas, documento que fue notificado las partes interesadas el 18 de abril de 2020.

- Complementan lo señalado en la respuesta respecto a la gestiones que comprende la fiscalización por tales denuncias, indicando que en caso de que en la visita inspectiva no se constata la infracción denunciada, el fiscalizador levantará acta señalando dicha circunstancia; y, caso contrario, el empleador podrá allanarse o no cesar con el reemplazo de trabajadores, con lo cual se derivan inmediatamente los antecedentes al tribunal, sin mediación previa. Lo anterior, conforme expresan, permite advertir que si bien existe una carpeta con antecedentes, al versar en una constatación, no existen conclusiones jurídicas.

- En conclusión, lo pedido conlleva entregar gran parte de la carpeta investigativa de las fiscalizaciones señaladas por el reclamante, debiendo tener presente lo resuelto por este Consejo en Rol C3114-17, en orden al resguardo de los derechos de los trabajadores denunciantes y declarantes; en consecuencia no pueden hacer entrega de antecedentes sobre prácticas antisindicales y sus resultados, los que ya fueron notificados a las partes.

- Conforme la finalidad de este procedimiento de investigación de prácticas antisindicales, no se aplicó el artículo 20 de la Ley de Transparencia, atendido al tipo de información que allí se contiene. No obstante, refieren que el tercero es el Sindicato Nacional CAR-ATC.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, respecto a la materia solicitada, el artículo 345 inciso 2° del Código del Trabajo establece "se prohíbe el reemplazo de los trabajadores en huelga". A continuación, la señalada disposición indica "La infracción de la prohibición señalada en el inciso segundo constituye una práctica desleal grave, la que habilitará a la Inspección del Trabajo para requerir el retiro inmediato de los trabajadores reemplazantes. En el caso de negativa del empleador para retirar a los reemplazantes, la Inspección del Trabajo deberá denunciar al empleador al Juzgado de Letras del Trabajo conforme a las normas establecidas en los artículos 485 y siguientes, con excepción de lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 486. El sindicato podrá iniciar esta acción o hacerse parte de la denuncia presentada por la Inspección del Trabajo. El Tribunal, revisados los antecedentes de la denuncia, ordenará al empleador el retiro inmediato de los reemplazantes en la primera resolución, bajo el apercibimiento señalado en el artículo 492".

2) Que, a su vez, la reclamada remitió en sus descargos copia de la "Circular N° 28, de 2 de abril de 2017, que imparte instrucciones específicas sobre el procedimiento administrativo en caso de denuncia por vulneración de derechos fundamentales", en cuyo literal C, contempla el "procedimiento especialísimo de denuncia por reemplazo de trabajadores en huelga"; el que dispone: "Recibida una denuncia por reemplazo, el abogado de la Inspección, o en su defecto, por el Jefe de oficina y declarada admisible, tal investigación tendrá el carácter de urgente, por lo que debe ser asignada al fiscalizador, en forma extraordinaria el mismo día de admitida, con el objeto que sea diligenciada al día siguiente hábil (...) El fiscalizador deberá concurrir a la visita inspectiva (...) si no se constata infracción, el fiscalizador deberá levantar acta de lo realizado señalando expresamente en su conclusión el hecho de no haber constatado el ilícito denunciado. Tal acta, informe de fiscalización y demás antecedentes deben ser entregados al abogado a cargo para su visación. Una vez aprobado ingresará al sistema informático dando término al procedimiento, previo envío del oficio-comunicación al denunciante (...)"; si se constata la infracción denunciada (...) el empleador se allana a corregir íntegramente la infracción, se dejará constancia expresa en el acta de la corrección inmediata, terminándose así el procedimiento con las firma respectivas; el empleador no se allana a corregir, en este caso el fiscalizador habiendo realizado el respectivo requerimiento del retiro inmediato de los trabajadores reemplazantes y el empleador no corrige inmediatamente la infracción, deberá dejar constancia en acta de la negativa, pues tales antecedentes servirán de fundamento para la denuncia ante los Tribunales de Justicia. Finalmente, el informe de la investigación y demás antecedentes deben ser entregados al abogado a cargo para su visación y para la confección de la denuncia respectiva, la que deberá presentarse ante el Tribunal competente dentro del plazo de 2 días hábiles contado desde la fecha del acta realizada por el fiscalizador"(el destacado es nuestro).

3) Que, finalmente, y para el caso que el reemplazo de trabajadores se verifique en diversos territorios jurisdiccionales de la Dirección del Trabajo, como ocurre en la especie, la citada circular N° 28, dispone que el proceso se centralizará en la oficina donde se encuentre radicada la respectiva negociación colectiva, siendo el coordinador jurídico de la regional de que depende aquella oficina, quien se encargará de articular y gestionar por la vía más expedita las visitas inspectivas a las diversas faenas, incluso las ubicadas en territorios de otras regionales. "Las oficinas que reciban la instrucción de efectuar dichas visitas, se limitarán a verificar la existencia del reemplazo en la respectiva faena según lo instruido, debiendo evacuar informe que describa el hecho central y sus circunstancias de modo que tal documento pueda servir de suficiente antecedente [para la denuncia judicial respectiva]" (el destacado es nuestro).

4) Que, de los antecedentes acompañados por las partes se advierte que la empresa fiscalizada es "Car S.A.", detentando el recurrente respecto de aquella, poder para comparecer ante esta instancia reclamando la entrega de lo pedido. A su vez, el organismo relató los distintos escenarios que pueden derivar de una fiscalización por hechos como los denunciados, los que se corroboran conforme lo descrito en la circular que anexan; sin embargo, al no tener certeza respecto a la hipótesis en la cual se encuentra la situación consultada, lo requerido puede versar en la entrega del informe de fiscalización emitido en virtud de la ausencia de infracción o en el informe de investigación que el fiscalizador emite para entablar la respectiva denuncia ante el tribunal laboral competente.

5) Que, sin perjuicio de lo anterior, atendida la materia sobre la cual recayó la investigación consultada y la facultad otorgada por la empresa fiscalizada al recurrente, no logran configurarse las causales de reserva invocadas por el organismo, estimando que la entrega del informe solicitado es procedente por esta vía, dando estricta aplicación a los mecanismos establecidos en la Ley de Transparencia, particularmente al principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e) de la ley en comento, esto es, reservando de dicha documentación los datos personales y referencias que permitan advertir la identidad del denunciante y de aquellos trabajadores que hayan efectuado algún tipo de declaración; por cuanto puede afectar sus derechos, en particular tratándose de la esfera de su vida privada y sus derechos de carácter económico emanados de la relación laboral, existiendo un riesgo de que su divulgación inhiba a otros trabajadores a presentar las denuncias respectivas y testigos a entregar ciertas opiniones o juicios personales que sólo se emiten bajo una razonable y evidente expectativa de reserva, lo que, en definitiva, afectaría futuras investigaciones y, por tanto, el adecuado cumplimiento de las funciones del órgano, configurándose las causales establecidas en el artículo 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia; en consecuencia, se acogerá el amparo deducido, con la reserva ya referida.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Sebastián Krebs Godoy en contra de la Dirección del Trabajo, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Directora del Trabajo:

a) Hacer entrega al reclamante del informe de fiscalización o investigación emitido con ocasión de las Fiscalizaciones número 1159 (región; 15, inspección: 22, año: 2020) y número 400 (región 05, inspección: 01, año: 2020), correspondientes a las inspecciones provinciales del trabajo señaladas en el requerimiento. Lo anterior, reservando previamente de dicha documentación los datos personales y referencias que permitan advertir la identidad del denunciante y de aquellos trabajadores que hayan efectuado algún tipo de testimonio.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente notificar la presente decisión a don Sebastián Krebs Godoy y a la Sr. Sra. Directora del Trabajo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.