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Luis Roberto López Cáceres con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE CONCEPCIÓN Rol: C4713-20

Consejo para la Transparencia, 29/10/2020

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Concepción, ordenándose la entrega de copia íntegra de los informes de fiscalización que se indican, en particular de sus anexos. Lo anterior, toda vez que se trata de información del propio reclamante, asociada a un procedimiento administrativo, respecto del cual tiene la calidad de interviniente e interesado. Atendido que la información contiene datos personales y sensibles del reclamante, el órgano deberá proporcionarla previa acreditación de identidad y de su calidad de denunciante en el procedimiento administrativo consultado, en conformidad de lo dispuesto en el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo. En virtud del principio de divisibilidad, se deberán tarjar la identidad de todos los demás involucrados en el proceso, particularmente los testigos y trabajadores declarantes, como también de aquellos datos que permitan inferirlos; y, los datos personales y sensibles de contexto, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4713-20

Entidad pública: Inspección Provincial del Trabajo de Concepción

Requirente: Luis Roberto López Cáceres

Ingreso Consejo: 07.08.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Concepción, ordenándose la entrega de copia íntegra de los informes de fiscalización que se indican, en particular de sus anexos.

Lo anterior, toda vez que se trata de información del propio reclamante, asociada a un procedimiento administrativo, respecto del cual tiene la calidad de interviniente e interesado.

Atendido que la información contiene datos personales y sensibles del reclamante, el órgano deberá proporcionarla previa acreditación de identidad y de su calidad de denunciante en el procedimiento administrativo consultado, en conformidad de lo dispuesto en el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo.

En virtud del principio de divisibilidad, se deberán tarjar la identidad de todos los demás involucrados en el proceso, particularmente los testigos y trabajadores declarantes, como también de aquellos datos que permitan inferirlos; y, los datos personales y sensibles de contexto, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada

En sesión ordinaria N° 1140 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4713-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 15 de julio de 2020, don Luis Roberto López Cáceres solicitó a la Inspección Provincial del Trabajo de Concepción -en adelante, indistintamente la Inspección- la siguiente información: «Informes de Fiscalización referentes al solicitante, con relación a sus 3 empleadores durante los períodos trabajados en esas empresas».

2) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 20 de julio de 2020, la Inspección Provincial del Trabajo de Concepción respondió a dicho requerimiento de información, señalando que, se accede a la entrega de la información consultada, por cuanto tiene el carácter de pública -conforme lo establecido en el artículo 10° de la Ley de Transparencia- y que a su respecto, no concurren causales de secreto. En virtud de lo anterior, acompañó los informes de fiscalización N° 111, N° 112 y N° 113.

3) AMPARO: El 7 de agosto de 2020, don Luis Roberto López Cáceres dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la respuesta proporcionada sería parcial. Al respecto, hizo presente que, no se entregó los anexos de los indicados informes de fiscalizaciones, en los cuales, se consigna el período comprendido, la estimación de la coherencia y credibilidad, y las conclusiones del ente fiscalizador que, indica que prestó servicios efectivos en el período revisado, como trabajador dependiente.

4) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN: Mediante Oficio N° E15071, de fecha 4 de septiembre de 2020, esta Corporación solicitó al peticionario subsanar su amparo, en los siguientes términos: acompañe copia de la respuesta otorgada por el organismo reclamado, junto con todos los antecedentes anexos a ella, y los que acrediten la fecha en que le fue notificada.

Mediante presentación, de fecha 8 de septiembre de 2020, el peticionario subsanó su amparo de acceso a la información, adjuntando los antecedentes requeridos por esta Corporación. Asimismo, acompañó -a modo ejemplificativo- documento que se extendió para otro empleador para casos similares en estas fiscalizaciones: "anexo informe de fiscalización prestación de servicios y calidad de imponente".

5) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Inspector Provincial del Trabajo de Concepción, mediante Oficio N° E16876, de fecha 5 de octubre de 2020, solicitándole que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (5°) en caso de no existir inconvenientes para la entrega de la información pedida, se solicita la remisión de la misma a la parte recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, dando aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, al numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo y a la Recomendación de esta Corporación sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado.

A la fecha del presente acuerdo, no consta que el órgano hubiere presentado descargos u observaciones al presente reclamo en esta sede.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la falta de satisfacción del peticionario con la información proporcionada por el peticionario, toda vez que, ésta sería incompleta, referida a la entrega de los Informes de Fiscalización referentes al solicitante, con relación a sus 3 empleadores durante los períodos trabajados en esas empresas. Al respecto, el peticionario hizo presente que, no se entregó los anexos de los informes de fiscalización N° 111, N° 112 y N° 113, todos del año 2010.

2) Que, del análisis de los antecedentes del presente procedimiento de acceso a la información, esta Corporación verifica lo alegado por el reclamante, toda vez que, los documentos remitidos no comprenden anexos u otro documento análogo sobre los informes de fiscalización efectuados por la Inspección a las empresas singularizadas, en los términos referidos, con ocasión de su amparo y el documento ejemplificativo acompañado en su subsanación. Al respecto, los antecedentes proporcionados sólo consignan antecedentes generales, con respecto a las empresas fiscalizadas, las actuaciones efectuadas y sus resultados.

3) Que, en este contexto, este Consejo procedió a conferir traslado del amparo al organismo reclamado, con la finalidad de que efectuara sus descargos y/o observaciones, y particularmente, para que refiriera si la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información, o bien para que señale las eventuales circunstancias de hecho o causales legales, que hicieran procedente la denegación de la misma. Sin embargo, a la fecha, no existe constancia de que el órgano requerido haya presentado descargos u observaciones en esta sede, lo que impide a este Consejo contar con antecedentes o medios de prueba que pueda ponderar, para determinar la suficiencia de la respuesta otorgada, la configuración de causales de reserva o secreto, o bien, la inexistencia de la información reclamada.

4) Que, en cuanto a la publicidad de la información consultada, esta Corporación advierte, del análisis de los antecedentes remitidos por el órgano reclamado -y, en conformidad a los dichos del reclamante, expuestos en su requerimiento de acceso a la información- que, el peticionario tiene la calidad de interviniente e interesado en los procedimientos administrativos de fiscalización incoados. En este contexto, cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 17° de la ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos: «Las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a: a) conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente y la devolución de los originales, salvo que por mandato legal o reglamentario éstos deban ser acompañados a los autos, a su costa d) acceder a los actos administrativos y sus documentos, en los términos previstos en la ley». Al respecto, cabe tener presente que, el órgano reclamado no alegó la inexistencia de los antecedentes consultados, ni la concurrencia de causales de reserva o secreto sobre la materia.

5) Que, en este orden de ideas, las materias consultadas por el reclamante constituyen información pública, en la medida que se trata de información relativa a un procedimiento administrativo, respecto del cual, el peticionario tiene la calidad de interesado e interviniente. Bajo esta lógica, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, dispone que: «Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen».

6) Que, en virtud de lo expuesto precedentemente; verificándose lo alegado por el peticionario, en orden a que no se remitieron los anexos de los procedimientos de fiscalización consultados; advirtiéndose que, el órgano reclamado no aportó antecedentes o medios de prueba en la instancia procesal pertinente, a fin de ponderar su inexistencia; y, tratándose de antecedentes de naturaleza pública, respecto de los cuales el peticionario tiene la calidad de interviniente e interesado, se acogerá el presente amparo en esta parte, y conjuntamente con ello, se ordenará la entrega de la copia íntegra de los informes de fiscalización consultados, y en especial, de sus anexos, previa acreditación de identidad, por contener datos personales y sensibles del peticionario, al alero de la Ley N° 19.628 y el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, y teniendo en consideración el estado de catástrofe declarado en el país, producto de la pandemia, así como las directrices otorgadas por el Oficio N° 000252 de fecha 20 de marzo de 2020, de esta Corporación, se recomienda al órgano reclamado que realice la entrega efectiva de lo solicitado a la requirente o su apoderado, por un medio alternativo a la entrega personal en la oficina indicada. A modo meramente ejemplar, a través de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad del titular o envío de mandato por mecanismos telemáticos. (énfasis agregado).

7) Que, sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, en virtud del principio de divisibilidad, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar la identidad de todos los demás involucrados en el proceso, particularmente los testigos y trabajadores declarantes, como también de aquellos datos que permitan inferirla, lo anterior, en virtud de las causales de reserva previstas en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia, y en conformidad de lo dispuesto en la Ley Sobre Protección de la Vida Privada. Asimismo, el órgano reclamado deberá anonimizar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros. Acto seguido, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia. No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen. (énfasis agregado).

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Luis Roberto López Cáceres, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Concepción, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Inspector Provincial del Trabajo de Concepción, lo siguiente;

a) Entregue al reclamante copia íntegra de los informes de fiscalización N° 111, N° 112 y N° 113, y especialmente de sus anexos, previa acreditación de identidad, por contener datos personales y sensibles del peticionario, al alero de la Ley N° 19.628 y el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, y teniendo en consideración el estado de catástrofe declarado en el país, producto de la pandemia, así como las directrices otorgadas por el Oficio N° 000252 de fecha 20 de marzo de 2020, de esta Corporación, se recomienda al órgano reclamado que realice la entrega efectiva de lo solicitado a la requirente o su apoderado, por un medio alternativo a la entrega personal en la oficina indicada. A modo meramente ejemplar, a través de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad del titular o envío de mandato por mecanismos telemáticos. (énfasis agregado).

En virtud del principio de divisibilidad, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar la identidad de todos los demás involucrados en el proceso, particularmente los testigos y trabajadores declarantes, como también de aquellos datos que permitan inferirla, lo anterior, en virtud de las causales de reserva previstas en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia, y en conformidad de lo dispuesto en la Ley Sobre Protección de la Vida Privada. Asimismo, el órgano reclamado deberá anonimizar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros. Acto seguido, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia.

No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Luis Roberto López Cáceres; y, al Sr. Inspector Provincial del Trabajo de Concepción

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.