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Soledad Luttino Rojas con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII) Rol: C4044-20

Consejo para la Transparencia, 13/10/2020

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Servicio de Impuestos Internos, sin perjuicio de tener por entregada, aunque extemporáneamente, copia de la Resolución N° 10, de fecha 09 de enero de 2020, de la Subdirección de Fiscalización y del ordinario DJ.02.00 N° 5, de la Dirección Regional de Antofagasta. Se ordena entregar a la reclamante copia de Memorando N° 67, de fecha 10 de octubre de 2019, de la Subdirección de Contraloría Interna y de las Resoluciones Exentas SII N° 20/2016 y N° 7590, de 1999, por tratarse de información pública que no fue proporcionada en la respuesta a la solicitud, respecto del cual no se efectuaron alegaciones que ponderar. Además, se ordena la entrega de los currículums vitae de los funcionarios consultados, previa reserva de e los datos personales de contexto que allí se contengan. Esto, por cuanto la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. Además, se trata de información que obra en poder del órgano, acerca del desempeño funcionario, respecto de la cual no se acreditó que su divulgación afecte los derechos de las personas. Se rechaza el amparo en lo que se refiere a copia íntegra de los expedientes a que habrían dado lugar las denuncias presentadas por la reclamante y funcionarios que habrían intervenido en su tramitación, por tratarse de información inexistente, y no contando con antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido; así como en lo relativo a "fecha y forma en que fue notificada esta denunciante de que no se instruiría proceso disciplinario", por cuanto la respuesta proporcionada resulta suficiente para dar por satisfecho el requerimiento. El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Ausente)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4044-20

Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos (SII)

Requirente: Soledad Luttino Rojas

Ingreso Consejo: 13.07.2020

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Servicio de Impuestos Internos, sin perjuicio de tener por entregada, aunque extemporáneamente, copia de la Resolución N° 10, de fecha 09 de enero de 2020, de la Subdirección de Fiscalización y del ordinario DJ.02.00 N° 5, de la Dirección Regional de Antofagasta.

Se ordena entregar a la reclamante copia de Memorando N° 67, de fecha 10 de octubre de 2019, de la Subdirección de Contraloría Interna y de las Resoluciones Exentas SII N° 20/2016 y N° 7590, de 1999, por tratarse de información pública que no fue proporcionada en la respuesta a la solicitud, respecto del cual no se efectuaron alegaciones que ponderar.

Además, se ordena la entrega de los currículums vitae de los funcionarios consultados, previa reserva de e los datos personales de contexto que allí se contengan. Esto, por cuanto la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. Además, se trata de información que obra en poder del órgano, acerca del desempeño funcionario, respecto de la cual no se acreditó que su divulgación afecte los derechos de las personas.

Se rechaza el amparo en lo que se refiere a copia íntegra de los expedientes a que habrían dado lugar las denuncias presentadas por la reclamante y funcionarios que habrían intervenido en su tramitación, por tratarse de información inexistente, y no contando con antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido; así como en lo relativo a "fecha y forma en que fue notificada esta denunciante de que no se instruiría proceso disciplinario", por cuanto la respuesta proporcionada resulta suficiente para dar por satisfecho el requerimiento.

El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1136 del Consejo Directivo, celebrada el 13 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4044-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 6 de mayo de 2020, doña Soledad Luttino Rojas solicitó al Servicio de Impuestos Internos (en adelante e indistintamente el SII), lo siguiente: "Respecto de la SAI 50018487 solicita conocer:

a) "motivación para desestimar instrucción procedimiento disciplinario como se menciona";

b) "copia integra de los expedientes de las tres denuncias señaladas y los funcionarios que intervinieron en cada uno de ellas";

c) "copia de los currículum de todos los profesionales y otros que intervinieron en cada una de las denuncias de la suscrita";

d) "motivación para nombrar a don Marcelo Freyhoffer Moya, en denuncia de esta profesional, si es uno de los denunciados";

e) "quien y como se eligió a funcionarios que analizarían las denuncias. Detalle por denuncia la información requerida";

f) "fecha y forma en que fue notificada esta denunciante de que no se instruiría proceso disciplinario";

g) "copia de todos los "supuestos" documentos que se detallan en la respuesta al solicitud y forma en que se entregó a la suscrita".

2) TRASLADO Y OPOSICIÓN DE TERCERO INTERESADO: respecto de lo requerido en la letra c) del numeral anterior y conforme a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Transparencia, el SII comunicó a los terceros interesados la solicitud de acceso y su derecho a oponerse a la entrega de la información pedida.

Los terceros interesados se opusieron a la entrega de sus currículum vitae, conforme a la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, fundado, en términos generales, por tratarse de documentación que contiene información personal, cuya comunicación se traduce en la afectación de mis derechos en la esfera de su vida privada.

3) RESPUESTA: El 25 de junio de 2020, el Servicio de Impuestos Internos respondió a dicho requerimiento de información indicando, en resumen, que:

Respecto de lo pedido en la letra a), se descartó alguna actuación irregular que pueda configurar una contravención a la probidad por parte de los funcionarios aludidos en la denuncia de fecha 09 de julio de 2019, porque no se observó ningún vicio que ameritara determinar alguna medida que fuere pertinente conforme al mérito de los antecedentes, por lo que se determinó no iniciar un procedimiento disciplinario por los hechos denunciados.

En cuanto a lo pedido en la letra b), informa que no existen expedientes.

En lo relativo a lo pedido en la letra c), indica que los terceros se opusieron a la entrega de la información, de conformidad al artículo 20 de la Ley de Transparencia, motivo por el cual se deniega la requerido por aplicación de la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

En lo relativo a la letra d), indica que no se advierte denuncia de hechos en que se impute a don Marcelo Freyhoffer Moya.

En cuanto a lo consultado en la letra e), informa que se realizaron de acuerdo al procedimiento regulado en las Resolución Exenta SII N° 20/2016, de fecha 18.03.2020, y Resolución N° 7590, de fecha 15.11.1999, que dispone que se encuentran llamados a intervenir, los que para el caso concreto corresponden al Subdirector de Contraloría Interna, don Marcelo Freyhoffer Moya, y el Jefe de Departamento de Fiscalía Administrativa, don Norberto Jorquera Herrera, quienes podrán actuar asesorados por funcionarios que se encuentren bajo su dependencia para el cumplimiento de las funciones, concurriendo en esta última calidad la abogada Ximena Aravena Méndez.

Respecto de lo solicitado en la letra f), señala que no se inició ningún procedimiento sumarial respecto de las solicitudes ingresadas por la recurrente, ya que los hechos en ellos descritos no constituyeron conductas contrarias al principio de probidad. Por otro lado, informa que considerando que de dichos antecedentes se desprendió una cuestión tributaria pendiente -los que están asociados a los ingresos de fecha 26 de septiembre de 2019 y 02 de diciembre de 2019, respectivamente, de la interesada-, los cuales fueron derivados a la Subdirección de Fiscalización, por ser de su competencia. Por lo tanto, corresponde señalar que la aludida Subdirección de Contraloría Interna no emitió comunicaciones dirigidas a la interesada, habiendo procedido dicha acción por parte de otras subdirecciones del Servicio, por lo que se declara la inexistencia de lo requerido de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia.

En lo relativo a la letra g), indica que entendiendo que lo pedido son las copias de los documentos adjuntos a la Resolución Exenta N° 18487, de fecha 27 de mayo de 2020, se adjuntan dichos antecedentes.

4) AMPARO: El 13 de julio de 2020, doña Soledad Luttino Rojas dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud. Sostiene respecto de cada requerimiento, lo siguiente: letra a): "sin respuesta a lo solicitado, sino otra información no requerida"; letra b): "sin respuesta a lo solicitado, sino otra información no requerida, negación de identificar a los funcionarios"; letra c): "sin respuesta a lo solicitado, sino otra información no requerida. se niega infundadamente a la información de funcionarios públicos (...)"; letra d): "organismo miente; adjunto carta enviada al director nacional como a doña paz vicuña en correo electrónico de fecha, donde se acusa recibo"; letra e): "Alude a documentos del servicio aludido, en la página no se encuentran. Además se desconoce si en esos documentos se permite el estudio de uno de los denunciados"; letra f): "El estatuto administrativo sólo permite dos tipos de procedimientos sumariales investigación interna y sumario administrativo, no existiendo otras investigaciones (...). Pues bien en copia de carta del reclamado enviado por ellos mismos, a la Presidencia de la República, señala textual "los antecedente han sido puestos a conocimiento del órgano contralor interno a fin de constatar su ocurrencia". Infringe la ley 19880, respecto a la tramitación de presentaciones de particulares, desde el inicio al final, sino entrega los documentos requeridos en especial art. 17 a, b y g entre otros de la ley aludida"; y letra g): "no adjunta los documentos señalados".

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, mediante Oficio E12456, de 3 de agosto de 2020, solicitando que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información reclamada en los puntos 1 y 2 de la solicitud; (3°) señale si la información reclamada, sobre los funcionarios que intervinieron en cada una de las denuncias que indica, obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (5°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (6°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de las respectivas comunicaciones, de los documentos que acrediten su notificación, de las oposiciones deducidas y de los antecedentes que dan cuenta de la fecha en la que éstas ingresaron ante el órgano que usted representa; y, (7°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros que se opusieron a la entrega de la información, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

Mediante presentación escrita ingresada con fecha 18 de agosto de 2020, el SII presentó sus descargos en esta sede señalando, en síntesis, lo siguiente.

En primer término, sostiene que la reclamación no señala la existencia de alguna infracción cometida ni aun menos indica los hechos que la configuran. En efecto, no se invoca causal legal ni fundamento, así como tampoco se aportan antecedentes para sustentar su reclamo.

En cuanto al fondo de la controversia, alega que respecto de lo pedido en las letras a), d), e), f) y g) se entregó la información requerida, pues de dio respuesta a cada una de las preguntas. Sin perjuicio de ello, respecto de los antecedentes reclamados en la letra g), se adjuntan a esta presentación para que sean puesto a disposición de la reclamante. De manera que se le hará entrega de las copias de los documentos adjuntos a la Resolución Exenta N° 18487, de fecha 27.05.2020, los cuales son:

a) Copia del oficio Resolución N° 10, de fecha 09 de enero de 2020, de la Subdirección de Fiscalización de esta entidad pública, que se pronunció sobre presentación que indica.

b) Copia del ordinario DJ.02.00 N° 5, de la Dirección Regional de Antofagasta, a través del cual se otorga respuesta a la denuncia de fecha 09.07.2019, efectuada por la señora Soledad Luttino.

En consecuencia, solo respecto de lo pedido en las letras b) y c) el SII denegó la información. En el primer caso, por ser inexistente y, en el segundo, por existir oposición de los terceros interesados.

En cuanto a la inexistencia alegado, informa que ella se invoca pues "este Servicio no cuenta con ningún expediente administrativo relativo a las denuncias presentadas por la señora Luttino Rojas. Lo anterior, debido a que tal como se le indicó por medio de la resolución exenta N° 18487, de fecha 27 de mayo de 2020, con ocasión de las mencionadas denuncias ingresadas por la señora Luttino Rojas, la anotada Subdirección de Contraloría Interna desestimó iniciar la instrucción de un proceso disciplinario, por lo que no se produjo expediente administrativo alguno, por lo que correspondía declarar la inexistencia de lo requerido de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N° 20.285".

Sobre el particular, y en cuanto a las motivaciones para desestimar la procedencia de instruir un sumario, es dable manifestar que aquellas se encuentran contenidas en el Memorando N° 67, de fecha 10 de octubre de 2019, a través del cual la Subdirección de Contraloría Interna de esta entidad de fiscalización manifestó que una vez efectuadas las indagaciones preliminares realizadas con motivo de las denuncias de la ocurrente de autos, se descartó alguna actuación irregular que pudiera configurar una contravención a la probidad por parte de los funcionarios aludidos en las citadas denuncias, por lo que en opinión de la mencionada Subdirección no se observó ningún vicio que ameritara determinar alguna medida que fuere pertinente conforme al mérito de los antecedentes, por lo que se determinó no dar inicio a un procedimiento disciplinario por los hechos denunciados.

Hace presente que la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la Republica elaborada en relación con los artículos 126; 128 y 129 de la ley N° 18.834, Sobre Estatuto Administrativo, ha precisado en el dictamen N° 82.720, de 2016, que compete a la superioridad dotada de la potestad sancionatoria ponderar si los hechos alegados son susceptibles de ser castigados con una sanción disciplinaria, evento en el cual tendrá que ordenar el correspondiente proceso sumarial.

Con todo, efectuadas las consideraciones anteriores, resulta útil recordar que es la superioridad del servicio, a la que le corresponde ponderar si las circunstancias descritas y los antecedentes que eventualmente se acompañen y se tengan a la vista, permiten acceder a la petición formulada -como en la especie ocurrió con la denuncia efectuada por la recurrente-, que finalmente determinó no iniciar un procedimiento sumarial y por tanto no exigía la elaboración de los mencionados expedientes administrativos solicitados por la interesada, comunicándose la inexistencia de la información.

Ahora bien, respecto a la individualización de los funcionarios que intervinieron en cada uno de los requerimientos de la solicitante, cabe señalar que como bien se le indicó a la recurrente de autos, que no existía un expediente administrativo respecto a las denuncias consultadas, tampoco se determinaron funcionarios para tal efecto. Además, no existe una Resolución Exenta u otro documento en virtud del cual se les asigne cada tarea específica a los funcionarios de la Subdirección de Contraloría Interna de esta entidad pública, por lo que respecto de este punto aplican las Resoluciones N° 7590-1999 y N° 20-2016, que Establece las Funciones y Atribuciones en las Subdirecciones que indica y que Reorganiza las Unidades que Conforman el Departamento Subdirección de Contraloría Interna y Establece Ámbitos de Competencia de las Unidades que lo Conforman, respectivamente. Se adjunta al presente documento, una copia de la mencionada resolución N° 20-2016, y respecto a la resolución N° 7590-1999, informa link.

En lo relativo a los currículums vitae pedidos, indica que frente a las oposiciones de dichos terceros este Servicio se encontraba impedido de proporcionar la documentación o antecedentes solicitados al tenor de lo establecido en el mencionado artículo 20 de la Ley N° 20.285. En conclusión, según se aprecia, resulta plenamente aplicable lo resuelto en orden a denegar la información requerida, por cuanto se encuentra protegida por las causales legales de reserva establecidas en el artículo 21 N° 2, de la Ley N° 20.285, y a los artículos 2° letra f), 4° y 7°, de la Ley N° 19.628, en relación con el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política.

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo a los terceros interesados, mediante Oficios E15472, E15473 y E15474, de 10 de septiembre de 2020.

Los aludidos terceros presentaron sus descargos y observaciones en esta sede, reiterando su oposición a la entrega de los currículums vitae reclamados, fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por tratarse de documentación que contiene información personal como nombre, dirección, estado civil, etc., cuya divulgación afecta sus derechos.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, previamente, respecto a lo alegado por el Servicio de Impuestos Internos, en el sentido de que este amparo debió ser declarado inadmisible, cabe tener presente que el fundamento de dicho reclamo es la respuesta negativa otorgada por la institución, por medio de la cual se denegó la entrega de la información solicitada, y en el que se acompañaron los antecedentes que requiere el artículo 24 de la Ley de Transparencia, por lo tanto, la resolución del presente reclamo corresponde al fondo del asunto debatido, dado que, en virtud de lo dispuesto en la letra b) del artículo 33 de la citada ley, es facultad de este Consejo "Resolver fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad a esta ley", en relación con el artículo 24 de dicha ley, que establece que "la reclamación deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, y deberá acompañarse de los medios de prueba que los acrediten, en su caso", requisitos que, en la especie, han sido cumplidos por la reclamante. En consecuencia, este Consejo desechará dicha alegación.

2) Que, lo solicitado corresponde, en términos generales, a diversa información relacionada con la tramitación las denuncias que se indican, además de antecedentes relativos a identidad y currículum vitae de funcionarios del SII. Luego, el amparo en análisis se funda en la disconformidad de la reclamante con la respuesta entregada por el organismo, por cuanto, a su juicio, la información entregada no corresponde a la pedida y se deniega información pública. Por su parte, el SII sostuvo que se dio respuesta a cada a uno de los requerimientos de la peticionaria, proporcionando la información que obra en su poder, y que solo se denegó aquella que es inexistente y la relativa a funcionarios públicos que se opusieron a su divulgación a consecuencia de la aplicación del procedimiento de notificación del artículo 20 de la Ley de Transparencia. En tal contexto, procede que este Consejo analice cada uno de los requerimientos reclamado y los antecedentes proporcionados a fin de determinar si estos últimos son suficientes para satisfacer las solicitudes de acceso o si procede la aplicación de alguna causal de secreto o reserva, según sea el caso.

3) Que, en cuanto a lo pedido en la letra a) del requerimiento, atendido que con ocasión de sus descargos el SII declaró que las motivaciones para desestimar la procedencia de instruir un sumario en relación a las denuncias consultadas, se encuentran contenidas en el Memorando N° 67, de fecha 10 de octubre de 2019, de la Subdirección de Contraloría Interna de dicha entidad de fiscalización, el que conforme a los antecedentes del caso no consta haya sido proporcionado a la reclamante al momento de dar respuesta a la solicitud de información, se acogerá el amparo en este punto, ordenando la entrega de dicho documento.

4) Que, respecto de lo pedido en la letra b) de la solicitud, el SII alegó la inexistencia de la información reclamada, esto es, copia íntegra de los expedientes a que habrían dado lugar las denuncias presentadas por la reclamante y funcionarios que habrían intervenido en su tramitación, fundado en la Subdirección de Contraloría Interna del organismo desestimó iniciar la instrucción de un proceso disciplinario, por lo que no se produjo expediente administrativo alguno y, en consecuencia, tampoco la participación de funcionarios en su sustanciación.

5) Que, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", por lo que, sólo será pública la información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo exigirse la entrega de aquella inexistente. Con todo, la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla, pues alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder, justificaciones que en la especie concurren.

6) Que, debido a lo expuesto precedentemente, y no contando este Consejo con antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que no obra en su poder la información reclamada por inexistente, se rechazará por tal motivo el amparo en esta parte.

7) Que, en cuanto a lo pedido en las letras d) y e) del requerimiento, si bien, el SII informó la identidad de los funcionarios que habrían intervenido en el análisis de las denuncias consultadas, y que aquella intervención se ajustaría a lo dispuesto en las Resoluciones Exentas SII N° 20/2016 y N° 7590, de 1999, no consta que dichos actos administrativos hayan sido entregados a la reclamante. Así las cosas, la información proporcionada por el organismo en su respuesta a la solicitud es insuficiente para entender satisfecho los requerimientos en análisis. Debido a esto, se acogerá el amparo en este punto, ordenando al SII complementar la respuesta proporcionada, remitiendo a la reclamante copia de las aludidas resoluciones exentas.

8) Que, ahora bien, respecto de los currículums vitae consultados en la letra c) de la solicitud, esto es, los correspondientes a los señores Marcelo Freyhoffer Moya, Subdirector de Contraloría Interna, don Norberto Jorquera Herrera, Jefe de Departamento de Fiscalía Administrativa y doña Ximena Aravena Méndez, abogada del Departamento de Fiscalía Administrativa, el SII negó el acceso a los mismos atendida la oposición deducida por dichos funcionarios. Por su parte, los terceros interesados justificaron su negativa a la divulgación de la información reclamada en la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

9) Que, este Consejo ha razonado que atendido el tipo de función que desempeñan los servidores públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales. Luego, y en base a la referida premisa ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros similares, de funcionarios y ex funcionarios. Sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en el artículo 8° de la Constitución Política de la Republica y en el artículo 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios y ex funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser, o haber sido, empleados públicos al servicio de la misma.

10) Que, en cuanto a la causal de reserva alegada por los tercero interesado, estos es, aquella prescrita en el artículo 21 N° 2, la Ley de Transparencia, es menester indicar que el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación -de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia- debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. En la especie los aludidos funcionarios se han limitado a invocar la norma legal y señalar que su divulgación afecta su vida privada por tratarse de antecedentes que contiene datos personales, tales como, nombre, dirección, estado civil, etc., sin acreditar de modo concreto y especifico cómo es que la entrega del documento requerido afecta el bien jurídico cautelado por la causal esgrimida. Lo anterior, máxime si se considera que el nombre de un funcionario público es en esencial información pública y, que en aplicación del principio en aplicación de divisibilidad, consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia y en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letras f) y g), y 4 de la ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada, al momento de efectuar la entrega de la información, se deben tarjar todos los datos personales de contexto, que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función pública desempeñada, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros.

11) Que, en consecuencia, se acogerá el amparo en esta parte, ordenando entregar a la reclamante copia de los currículums vitae de los funcionarios consultados, previa reserva de los datos personales de contexto que allí se contengan, tales como, como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, por estimarse que su divulgación afecta los derechos de sus titulares. Todo ello, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia y lo establecido en la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada.

12) Que, en lo relativo a lo pedido en la letra f) del requerimiento, del tenor del reclamado se desprende que la disconformidad de la reclamante apunta más bien al contenido de la respuesta que al derecho de acceso a información pública. En efecto, el SII informó a la reclamada que no se emitieron comunicaciones en los términos consultados, razón por la cual se declara la inexistencia de dicho antecedente. En tal orden de ideas, la respuesta resulta suficiente para satisfacer el requerimiento en análisis, y no contando este Consejo con antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, se rechazará por tal motivo el amparo en esta parte.

13) Que, finalmente, en cuanto a lo requerido en la letra g) de la solicitud, atendido que el SII con ocasión de sus descargos remitió a este Consejo copia de la Resolución N° 10, de fecha 09 de enero de 2020, de la Subdirección de Fiscalización y del ordinario DJ.02.00 N° 5, de la Dirección Regional de Antofagasta, para que sean puestos a disposición de la reclamante, se acogerá el amparo en esta parte, sin perjuicio de tener por cumplida la obligación de informar, aunque extemporáneamente, con la notificación de la presente decisión.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Soledad Luttino Rojas en contra del Servicio de Impuestos Internos, sin perjuicio de tener por entregada, aunque extemporáneamente, copia de la Resolución N° 10, de fecha 09 de enero de 2020, de la Subdirección de Fiscalización y del ordinario DJ.02.00 N° 5, de la Dirección Regional de Antofagasta, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, lo siguiente:

a) Hacer entrega a la reclamante copia de los siguientes documentos:

i. Memorando N° 67, de fecha 10 de octubre de 2019, de la Subdirección de Contraloría Interna.

ii. Resoluciones Exentas SII N° 20/2016 y N° 7590, de 1999.

iii. Currículums vitae de los funcionarios don Marcelo Freyhoffer Moya, don Norberto Jorquera Herrera y doña Ximena Aravena Méndez, previa reserva de e los datos personales de contexto que allí se contengan, tales como, como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Se rechaza el amparo en lo que se refiere a copia íntegra de los expedientes a que habrían dado lugar las denuncias presentadas por la reclamante y funcionarios que habrían intervenido en su tramitación, por tratarse de información inexistente; así como en lo relativo a "fecha y forma en que fue notificada esta denunciante de que no se instruiría proceso disciplinario", por cuanto la respuesta proporcionada resulta suficiente para dar por satisfecho el requerimiento.

IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, a los terceros interesados en el amparo y a doña Soledad Luttino Rojas, remitiendo a esta ultima copia de la Resolución N° 10, de fecha 09 de enero de 2020, de la Subdirección de Fiscalización y del ordinario DJ.02.00 N° 5, de la Dirección Regional de Antofagasta, acompañadas por el organismo en sus descargos.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y su Consejera doña Gloria de la Fuente González. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, sin perjuicio de concurrir para formar quórum, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el presente caso, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido; solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.