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Soledad Luttino Rojas con SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Rol: C3302-20

Consejo para la Transparencia, 13/10/2020

Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra de la Superintendencia de Salud, referido a la entrega de diversos documentos, carpetas y expedientes relativos a procedimientos tramitados ante el órgano reclamado, y de antecedentes relativos a funcionarios públicos que indica. Lo anterior, al tratarse de información pública, respecto de la cual la distracción indebida alegada por el órgano reclamado no se configura en la especie. En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales de contexto, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada. No obstante lo anterior, en el evento que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3302-20

Entidad pública: Superintendencia de Salud

Requirente: Soledad Luttino Rojas

Ingreso Consejo: 16.06.2020

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra de la Superintendencia de Salud, referido a la entrega de diversos documentos, carpetas y expedientes relativos a procedimientos tramitados ante el órgano reclamado, y de antecedentes relativos a funcionarios públicos que indica.

Lo anterior, al tratarse de información pública, respecto de la cual la distracción indebida alegada por el órgano reclamado no se configura en la especie.

En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales de contexto, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada.

No obstante lo anterior, en el evento que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.

En sesión ordinaria N° 1136 del Consejo Directivo, celebrada el 13 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3302-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 13 de mayo de 2020, doña Soledad Luttino Rojas solicitó a la Superintendencia de Salud -en adelante, indistintamente la Superintendencia- la siguiente información: «reitera solicitudes de información N° AO006T0003498, N° AO006T0003499, N° AO006T0003486, N° AO006T0003466 y N° AO006T0003459»

Sobre lo anterior, cabe consignar que dichos requerimientos consignaban las siguientes peticiones de información:

1.1) Solicitud N° A0006T0003498: «Copia íntegra del expediente del profesional que se describe. Nombre y cargo del o la funcionario (a) que folio y timbró la ficha clínica en la Superintendencia de Salud».

1.2) Solicitud N° A0006T0003499: «Procedimiento de Tramitación (inicio al final), del recurso de reposición presentado por la profesional que suscribe que dio origen a la Ip 641/2016. Copia de todos los documentos de tramitación (providencias, oficios u otros)»;

1.3) Solicitud N° AO006T0003486: «1) Detalle y copia de los documentos presentados por la suscrita, que dieron origen a la fiscalización de persona que se indica hacia la Mutual de Seguridad; 2) Motivación por la cual la persona que se indica, emite un mes después informe de fiscalización efectuado a mutual por denuncia de la suscita. De no tener la información señale normativa a la que se acoge dicha persona para emitir informe de fiscalización en los plazos que lo hizo; 3) Normativa que aplico la señala persona en la fiscalización a Mutual de Seguridad. Agregue las funciones que debería haber efectuado; 4) Normativa por la cual la persona que se indica, puede cobrar viatico posterior la comisión de servicios; 5) Copia del depósito efectuado a persona que se indica con la correspondiente cartola bancaria, aplique el principio de divisibilidad donde corresponda, pero que sea de clara lectura fecha del depósito; 6) Copia de los gastos efectuados por la persona que se indica; 7) Detalle de las acciones ejercidas por la persona que se indica en la ciudad de Calama, que hacen plausible su cometido por cuatro días en Calama. Anexe los informes de fiscalización correspondientes. Aplique el principio de divisibilidad en la información que corresponde; 8) Copia de la carpeta que señala la persona que se singulariza (letra c, de la supuesta fiscalización), a Mutual por denuncia de la suscrita; 9) Parentesco o negocios o representación declaradas por personas que se individualizan con Mutual de Seguridad o ACHS o Cámara Chilena de la Construcción»;

1.4) Solicitud N° AO006T0003466: «Solicito se me envié copia del Convenio o Contrato y la Resolución que aprueba la contratación de persona que se indica, asimismo, requiero que se me informe: Calidad Jurídica, Monto de los honorarios o Remuneraciones que percibe dicha persona, plazo del convenio, además, requiero que se me envíe copia completa de todos los actos administrativos y de los documentos que se tuvieron a la vista o base fundante para la contratación o para la vinculación con el Servicio de la persona en comento»;

1.5) Solicitud N° AO006T0003459: «Respecto a su respuesta otorgada al Consejo Para la Transparencia por amparo por la solicitud 1988/2019: 1) Motivación por la cual se pide en la IP 641/2016 a Mutual de Seguridad, ajustar sus formas de notificación enfermedad auge. Esto considerando que la ley que la instruye es la N° 19.966, del año 2004 y decreto de salud N° 136-2005, art. 24 y 25; 2) Jurisprudencia que se acoge este servicio para enviar información al Consejo Para la Transparencia, protegida bajo en amparo de la ley N° 20.584 y N° 19.628 y otros cuerpos legales. 3) Identifique que parte de la solicitud, requería que se entregara información sensible al Consejo Para la Transparencia, adjunte forma que este organismo pide autorización a la solicitante - dueña de la información. 4.- Motivación por la cual en el año 2015, se otorgó sanción al Centro Médico Integramédica El Trébol 5.- Motivación por la cual en el año 2015, se otorgó sanción por no notificar de patología AUGE al IST de Santiago. 6.- Copia de oficio o similar por el cual esta Superintendencia instruye a Mutual de Seguridad respecto a la obligación de informar sobre el derecho a las GES y de dejar constancia escrita de ello en el "Formulario de Constancia de Información al Paciente GES". De no haberse efectuado la instrucción señale la motivación. 7.- Documentos u otros medios de pruebas presentados por Mutual de Seguridad, para no ser sancionado, respecto al incumplimiento de notificación de patología GES. 8.- Motivación para sancionar al IST, por no haber notificado patología AUGE a paciente el año 2016 9.- Motivación para no sancionar a Mutual de Seguridad por no haber notificado patología AUGE a un paciente el año 2016 9.- Adjunte documento utilizado por esta Superintendencia, donde se describa el juicio de reproche. Según lo contextualizado en la IP N° 641».

2) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 3 de junio de 2020, la Superintendencia de Salud respondió a dicho requerimiento de información, en los siguientes términos:

2.1) Primeramente, hizo presente que la Solicitud N° A0006T0003459 fue debidamente respondida por Oficio Ordinario N° 898, de fecha 6 de abril de 2020, cuya copia se adjunta. Asimismo, precisó que, Solicitud N° A0006T0003466, fue una solicitud efectuada por otro requirente.

2.2) Acto seguido, ilustró que, el presente requerimiento de acceso se circunscribe dentro de una serie de 13 requerimientos en total que ha formulado la peticionaria durante el mes de mayo de 2020, los cuales consignó. Por lo anterior, refirió que, para efectos de ponderar la determinación de una hipótesis de reserva, no sólo debe considerarse el requerimiento específico, sino también las solicitudes de información que una misma persona ha generado en un periodo acotado de tiempo. A fin de refrendar lo anterior, citó jurisprudencia emanada de esta Corporación. Sobre este punto, explicó que, los requerimientos de acceso a la información son procesados y respondidos por la Unidad de Riesgo, Cumplimiento y Transparencia Pasiva de la Institución, la cual ejerce funciones que singulariza, según Resolución Exenta N° 260, de fecha 1 de abril de 2019. Asimismo, puntualizó que, la Unidad de Riesgo, Cumplimiento y Transparencia Pasiva está compuesta únicamente de dos funcionarias -Jefatura y Analista-, a las que les corresponden dar cumplimiento y ejecución a las labores ya referidas, por ello, el ingreso de 13 solicitudes de acceso a la información de una sola requirente, en el plazo tan acotado de tiempo -como lo es un mes-, configura la causal de secreto o reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, en razón de la multiplicidad de solicitudes formuladas en un período acotado de tiempo, por una misma persona, lo que redunda en una carga especialmente gravosa para este organismo.

2.3) En complementación de lo anterior, agregó que, en la especie, se trata de una solicitud dividida en varios requerimientos de información, ingresados por una misma solicitante, que además ha efectuado 13 peticiones en un plazo de 30 días, lo que implica que para su debida atención la Unidad de Riesgo, Cumplimiento y Transparencia Pasiva deba distraerse indebidamente de sus funciones, destinando a una de las dos funcionarias a dar respuesta a sus requerimientos, ocupando la mayor parte de su horario laboral a dicha, habida consideración que la información requerida obra en poder de otras Unidades y Departamentos de esta Superintendencia, por lo que debe ser recopilada y organizada para otorgar su respuesta. Asimismo, puntualizó que, con ocasión de la pandemia global calificada por la Organización Mundial de la Salud, a consecuencia del brote de Covid -19, con fecha 11 de marzo de 2020, y en atención a la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, de fecha 18 de marzo de 2020, las citadas profesionales, así como el resto de funcionarias y funcionarios de la Superintendencia de Salud, se encuentran o bien realizando labores de teletrabajo, o bien desarrollando sus funciones en las dependencias de la Institución, pero cumpliendo un horario reducido de labores, lo que deriva en una mayor complejidad al momento de dar respuesta a los requerimientos de acceso a la información.

3) AMPARO: El 16 de junio de 2020, doña Soledad Luttino Rojas dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de los antecedentes consultados por la peticionaria.

Asimismo, mediante presentación complementaria, la peticionaria hizo presente que, el listado de solicitudes singularizadas no posee relación con el presente requerimiento, y que éstas no fueron debidamente respondidas.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Salud, mediante Oficio N° E10445, de fecha 6 de julio de 2020, solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; y, (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida.

Mediante presentación, de fecha 21 de julio de 2020, el órgano reclamado evacuó sus descargos y observaciones, reiterando, en síntesis, lo expuesto en su respuesta, en relación con la concurrencia de la causal de reserva de distracción indebida, consagrada en el artículo N° 21 N° 1 letra c).

Por otra parte, hizo presente que los juicios, imputaciones y afirmaciones formuladas por la requirente en las solicitudes de acceso a la información y el Recurso de Amparo en términos irrespetuosos, con el ánimo de menoscabar la labor realizada por la Superintendencia de Salud transgreden la normativa constitucional y determinan la falta del cumplimiento de un estándar mínimo de procedencia de una solicitud de acceso a la información. A fin de refrendar lo anterior, citó jurisprudencia emanada de esta Corporación.

Sobre este punto, hizo presente que, el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República prescribe el denominado "derecho de petición", en los siguientes términos: «La Constitución asegura a todas las personas: 14°.- El derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes». En tal sentido, razonó que, si bien la propia Carta Fundamental consagra el ejercicio de este derecho, también impone su limitación: "proceder en términos respetuosos y convenientes". Al respecto, afirmó que, la solicitud de acceso a la información que la peticionaria formula tiene juicios, imputaciones y afirmaciones que sólo buscan descalificar la labor que la Superintendencia realiza, refiriéndose a éste en términos completamente irrespetuosos, imputando incluso la perpetración de delitos. A fin de refrendar lo anterior, citó expresiones y calificaciones empleadas por la peticionaria, con ocasión de sus solicitudes de acceso y amparo. Por lo anterior, expresó que: «De esta manera, esta Superintendencia entiende que si el ejercicio de un derecho traspasa los límites que la normativa impone, en este caso, los impuestos por nuestra Carta Fundamental, ello se traduce indefectiblemente en un "abuso del derecho". Sobre la materia, citó dictámenes de la Contraloría General de la República, que habilitan a archivar nuevas peticiones o no atender nuevos requerimientos cuando éstos son efectuados en términos inapropiados, insultantes, irrespetuosos o inconvenientes. Adicionalmente, refirió jurisprudencia del Tribunal Constitucional, con respecto a la relación existente entre el Principio de Transparencia y Publicidad de los actos de la administración del Estado y el derecho de petición, y los límites que están afectos dichos derechos. Por último, citó jurisprudencia emanada de esta Corporación, concluyendo que, las peticiones de información están sujetas a la observancia del cumplimiento de condiciones, dado que necesariamente debe efectuarse en términos respetuosos y convenientes, condiciones que se erigen como limitación constitucional a la procedencia de la petición, y que el presente requerimiento claramente no cumple.

Acto seguido, reiteró la concurrencia de la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, toda vez que la solicitud se enmarca dentro de una serie de extensos requerimientos formulados por la peticionaria en un período acotado de tiempo, realizado además en tiempos de contingencia sanitaria. Al respecto, sostuvo que, dar respuesta implica atender 5 requerimientos de acceso, los cuales procedió a consignar, totalizando un número de 13 sub-requerimientos individuales, teniendo en consideración las otras 12 solicitudes de acceso a la información formuladas por la peticionaria.

Asimismo ilustró que, la información requerida obra en poder de otros Departamentos y Unidades de la Superintendencia de Salud, como lo son la Intendencia de Prestadores de Salud, la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, la Unidad de Gestión y Desarrollo de Personas y el Departamento de Administración y Finanzas, lo anterior debido a que son requeridos documentos y expedientes vinculados a procesos de fiscalización a la Mutual de Seguridad de Calama por un reclamo de la requirente, documentos internos de la propia Mutual, declaraciones de representación, viáticos, copias de depósitos, copias de gastos, cartolas bancarias, bitácoras de actividades, carpetas de información, ello además de la investigación de otros hechos para poder entregar la información solicitada como nombre y cargo del funcionario que folio y timbró la ficha clínica en la Superintendencia de Salud, normativas aplicables, motivaciones, entre otros. Al efecto, agregó que, resulta tan variada, compleja y extensa la información que solicita la recurrente, que ello implica para todas las Unidades y Departamentos de la Superintendencia de Salud precedentemente citadas, efectuar labores de búsqueda, recopilación, sistematización, encriptado y transformación a formato digital de la información. Sobre este punto, refirió que, la información solicitada, en su gran mayoría, apunta a hechos acaecidos entre los años 2015 y 2016, razón por la cual y por la naturaleza de la misma, no toda obra en formato digital, sino también en formato papel, debiendo llevarse a efectos revisiones y verificaciones de los mismos, revisión de boletas, depósitos, transferencias, informes, carpetas, expedientes, debiendo éstos últimos escanearse para poder proceder a su entrega. Por lo anterior, concluyó que, el requerimiento de especie -y los demás formulados por la peticionaria- genera la distracción de sus funciones no sólo de la Unidad encargada de la Transparencia Pasiva, sino también a otras Unidades y Departamentos de la Superintendencia de Salud, las cuales deben destinar -a lo menos- a uno de sus funcionarios a la búsqueda de información, junto con la realización de otras tareas con el fin de dar la correspondiente respuesta, labores que involucran una extensa cantidad de información que debe revisarse y validarse, todo lo cual redunda en una carga especialmente gravosa para este organismo.

Por último, hace presente que, la información solicitada resulta compleja de recopilar, dada la situación de emergencia pública por el brote de Covid-19, en virtud de la modalidad de teletrabajo y la reducción del horario laboral.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la denegación de la solicitud de acceso a la información efectuada por la peticionaria, referida a la entrega de los antecedentes consignados en los requerimientos que se individualizan. Al efecto, el órgano reclamado, denegó su entrega, por concurrir en la especie la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, esto es, la distracción indebida de los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Asimismo, hizo presente que, los juicios, imputaciones y afirmaciones formuladas por la requirente en las solicitudes de acceso a la información transgreden la normativa constitucional -específicamente del artículo 19° N° 14 de la Constitución Política de la República- y determinan la falta del cumplimiento de un estándar mínimo de procedencia de una solicitud de acceso a la información, lo cual se traduce en un abuso de derecho. Por último, refirió que, la situación de emergencia pública, a consecuencia de la pandemia de Covid-19 dificulta la recopilación de información.

2) Que, primeramente, con respecto a las peticiones de información formuladas en el requerimiento N° AO006T0003459, de la revisión del Portal de Transparencia, este Consejo verifica lo alegado por la Superintendencia de Salud, en orden a que dicho órgano proporcionó respuesta a la solicitud individualizada. Al efecto, consta que, mediante Ordinario N° 898, de fecha 6 de abril de 2020 y notificada con dicha fecha, el órgano requerido otorgó respuesta a la peticionaria. Asimismo, dicha respuesta, fue nuevamente remitida por el órgano requerido a la peticionaria, con ocasión de la respuesta a la solicitud que motivó el presente amparo. Por tal motivo, este Consejo advierte que, no se verifica la infracción -y los hechos que la configuran- señalada por la peticionaria en su reclamación, en los términos dispuestos en el artículo 24° de la Ley de Transparencia. En virtud de lo anterior, no configurándose en la especie el fundamento del amparo interpuesto por la peticionaria en esta parte, se rechazará el presente amparo en este punto. (énfasis agregado).

3) Que, acto seguido, con respecto a las peticiones de información formuladas en la solicitud de acceso a la información N° A0006T0003466, esta Corporación constató que dicho requerimiento fue formulado por una persona distinta a la peticionaria, no aportándose antecedentes en la solicitud de acceso sobre una eventual personería y/o mandato en representación de ésta. Por tales razones, se rechazará el amparo en esta parte. (énfasis agregado)

4) Que, en cuanto a la configuración en la especie de la causal de reserva prevista en el artículo 21° N° 1 letra c), cabe tener presente que, dicha causal permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido, el artículo 7° numeral 1° letra c) del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales. (énfasis agregado).

5) Que, en dicho contexto, y de conformidad a la causal de reserva alegada por la Superintendencia, respecto de la totalidad de las solicitudes de información ingresadas, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que «la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado». Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima concurren en la especie, y por tanto darían lugar a esfuerzos desproporcionados como los mencionados.

6) Que, en tal sentido, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que «la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales».

7) Que, sobre lo anterior, este Consejo ha razonado, a partir de su decisión Rol C1186-11, que el conjunto de requerimientos de información interpuestos por una misma persona, ante un mismo órgano de la Administración del Estado, en un período acotado de tiempo, puede justificar la concurrencia de la hipótesis de distracción indebida de los funcionarios de dicho órgano, respecto del cumplimiento regular de sus funciones, recogidas en el artículo 21 N° 1, literal c), de la Ley de Transparencia, cuando se acredite que su atención agregada implica para tales funcionarios la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo, de esta forma, la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas, implicando, todo ello, una carga especialmente gravosa para el organismo, en términos de la causal de secreto o reserva antes señalada. En este sentido, se debe tener presente que, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, de SEGPRES, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, los órganos de la Administración del Estado, se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia. (énfasis agregado)

8) Que, en tal contexto, esta Corporación estima que, este no ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano requerido. En efecto, a juicio de este Consejo, la cantidad de solicitudes presentadas por la peticionaria -13 requerimientos- no constituyen una entidad suficiente que configuren la distracción indebida de sus funcionarios en el caso de especie, máxime si se considera que por cada requerimiento de acceso a la información se cuenta con 20 días hábiles para ser satisfechas, pudiendo prorrogarse por 10 días hábiles más en caso de resultar necesarios, prerrogativa que no fue utilizada por el órgano requerido. Asimismo, sobre este punto, esta Corporación advierte que, la Superintendencia de Salud no proporcionó suficientes elementos o medios de prueba para ponderar la distracción indebida de sus funcionarios en el caso de especie, y consecuencialmente, que acreditaran la afectación al debido cumplimento de las funciones de la reclamada. En tal sentido, no precisó, ni cuantificó el volumen de información que es necesaria recopilar, procesar y remitir, la medida de tiempo que comprende la satisfacción de la solicitud de información, la que puede referirse a días, semanas, meses o años, ni el número de horas-hombre destinadas especialmente para la recopilación, tratamiento y entrega de la información consultada en el requerimiento en análisis, sólo limitándose a señalar -en este punto- que implica destinar a una de las dos funcionarias a dar respuesta a sus requerimientos, ocupando la mayor parte de su horario laboral.

9) Que, en cuanto a las dificultades generadas por el COVID-19 esgrimidas por la Superintendencia, se debe señalar que este Consejo, por medio de oficio N° 252, de 20 de marzo de 2020, informó a los órganos de la Administración del Estado, sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con ocasión de la pandemia global calificada por la Organización Mundial de la Salud, a consecuencia del brote de COVID-19, con fecha 11 de marzo de 2020, y en atención a la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, de fecha 18 de marzo de 2020. En dicho contexto, si bien se refiere a la adopción de medidas extraordinarias respecto de los plazos de cumplimiento de las obligaciones de proporcionar acceso a la información pública en el contexto de la pandemia mundial, tal como se razonó en la decisión de amparo rol C2447-20, en caso alguno justifica la falta de entrega de la misma, ni se constituye en una causal de reserva o secreto de aquella. En efecto, el oficio en cuestión establece, en lo pertinente y respecto del plazo para dar respuesta a una solicitud de acceso a la información, que: «A tales efectos y en consideración de las circunstancias de excepción previamente reseñadas, de producirse algún evento constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor que impida dar cumplimiento al plazo de veinte días estipulado y a la prórroga de 10 días adicionales, el órgano requerido deberá contactar al solicitante, a la brevedad posible, indicando fundadamente que, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, se ve imposibilitado de responder a su solicitud de acceso a la información en el plazo legal establecido, señalando un nuevo plazo para proceder a informar a éste su pronunciamiento». (énfasis agregado).

10) Que, como es posible apreciar del tenor del oficio citado, para la aplicación de la facultad excepcional que ahí se consagra, es pertinente que se verifiquen a lo menos dos requisitos, esto es, informar al solicitante, indicando fundadamente que, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, se ve imposibilitado de responder a su solicitud de acceso a la información en el plazo legal establecido; y, señalar un nuevo plazo para proceder a informar a aquel su pronunciamiento. En el presente caso, si bien el órgano enuncia las dificultades para cumplir con lo requerido en razón de la pandemia y estado de excepción, en caso alguno da cumplimiento a la segunda de las exigencias enunciadas, pues no señala plazo alguno para otorgar respuesta a la solicitud, indicando en definitiva que no accederá a lo pedido por la casual que invoca. (énfasis agregado)

11) Que, a su turno, en resguardo del principio de continuidad de la función pública consagrado en el artículo 3°, inciso primero, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado -que obliga a esta última a atender las necesidades públicas en forma continua y permanente-, la mencionada finalidad constitucional y legal no puede ser desatendida, siendo deber de los órganos realizar las acciones pertinentes, tendientes a cumplir los cometidos que les asigna el ordenamiento jurídico. En tal sentido, el órgano reclamado, debió seguir lo informado por este Consejo en el citado oficio N° 252, de 20 de marzo de 2020, lo cual habría facilitado su actuar en materia de cumplimiento de acceso a información pública, debiendo proceder a la búsqueda y entrega de la información solicitada, dentro de un plazo prudente establecidos por ellos mismos, de acuerdo a su propia realidad. (énfasis agregado).

12) Que, con respecto a la alegación efectuada por la reclamada, en orden a que el requerimiento de especie no cumple con el estándar mínimo de procedencia de una solicitud de acceso a la información, pues transgrede las condiciones impuestas por la Constitución Política de la República para el ejercicio del derecho de petición, consagrado en el artículo 19° N° 14 de la Carta Fundamental -proceder en términos respetuosos y convenientes-, a juicio de esta Corporación, si bien la peticionaria emplea expresiones, afirmaciones y juicios de valor despreciativos, irrespetuosos e inconvenientes, dicha circunstancia no puede configurarse como una obstaculización, y -mucho menos- una restricción al debido ejercicio de un derecho garantizado por el ordenamiento jurídico. Al efecto, el artículo 10° de la Ley de Transparencia establece que «Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley». Por lo anterior, se desestimarán las alegaciones en este sentido. No obstante lo anterior, se hace presente a la reclamante, que en lo sucesivo se abstenga de realizar juicios o afirmaciones en contra de cualquier órgano de la Administración del Estado, respecto de los cuales recurra de amparo ante esta Corporación, en el entendido de que en el procedimiento de acceso a la información pública, como en cualquier otro procedimiento administrativo, las actuaciones realizadas en él se deben realizar en términos respetuosos y convenientes tal como prescribe la Constitución Política de la República. (énfasis agregado).

13) Que, con respecto a la publicidad de los antecedentes pedidos, esta Corporación advierte que éstos -en parte- versan sobre diversos antecedentes, documentos, expedientes y carpetas, referidos a procedimientos administrativos tramitados ante la Superintendencia, respecto de los cuales, el órgano reclamado no alegó su inexistencia. Al efecto, éstos constituyen información pública, en la medida que se trata de información relativa a la Administración del Estado, en particular, de procedimientos administrativos respecto del cual, la peticionaria tiene la calidad de interesada. En tal sentido, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, dispone que: «Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen». Asimismo, en la especie resulta aplicable el artículo 17° de la Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado, el cual dispone que: «Las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a: a)Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente y la devolución de los originales, salvo que por mandato legal o reglamentario éstos deban ser acompañados a los autos, a su costa; d) acceder a los actos administrativos y sus documentos, en los términos previstos en la ley».

14) Que, por otra parte, la peticionaria solicita diversos antecedentes, referidos a la individualización de funcionarios públicos, funciones cometidas por éstos, copia de gastos, viáticos, depósitos, entre otros documentos. Sobre lo anterior, cabe tener presente que, la información sobre uso de recursos fiscales -viáticos, gastos y depósitos- es pública de conformidad a lo previsto en la Ley de Transparencia en sus artículos 5° y 10°. En efecto, en el referido artículo 8°, se dispone que son «Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen». A su turno, el artículo 5° de la Ley de Transparencia, señala que «en virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos...». Agrega que «Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas». En línea con lo anterior, la publicidad de la información consultada permite rendir cuenta del correcto ejercicio de las funciones públicas del órgano reclamado, y en particular, de una gestión eficiente de los recursos públicos, conforme los principios de eficiencia y eficacia que debe observar la Administración del Estado, consagrados en el inciso segundo del artículo 3° de la Ley N° 18.575, de 1986, del Ministerio del Interior, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. (énfasis agregado).

15) Que, con respecto a la individualización de funcionario que timbró y folió la ficha clínica, dicha información es pública, toda vez que, en virtud del artículo 17° de la Ley 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado: «Las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a: b) Identificar a las autoridades y al personal al servicio de la Administración, bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos». (énfasis agregado). En cuanto a las funciones y acciones cometidas por funcionarios, dicha información es pública, toda vez que, según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política de la Republica y 3° de la Ley de Transparencia, la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones del personal de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. Asimismo, atendido al tipo de función que desempeñan los servidores públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto del ejercicio de sus funciones.

16) Que, en mérito de lo expuesto precedentemente; tratándose de información de naturaleza pública, respecto de la cual el órgano reclamado no alegó la inexistencia de lo requerido; y, resultando insuficientes las alegaciones efectuadas por el órgano reclamado para tener por configurada la hipótesis de un eventual abuso de derecho y la concurrencia de la causal de reserva de distracción indebida, este Consejo procederá a acoger parcialmente el presente amparo de acceso a la información, y conjuntamente con ello, ordenará la entrega de los antecedentes consignados en los requerimientos N° A0006T0003498, N° A0006T0003499 y N° AO006T0003486. En virtud del Principio de Divisibilidad, consagrado en el artículo 11° letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia. No obstante lo anterior, en el evento que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.

17) Que, sin perjuicio de lo anterior, este Consejo comprende la situación excepcional por la que atraviesa el país como consecuencia de la pandemia mundial por el brote de COVID 19. En ese contexto, esta Corporación pudo prever, que la situación descrita anteriormente implicaría que los órganos de la Administración del Estado verían disminuida la capacidad de trabajo de sus dotaciones, que un gran número de funcionarias y funcionarios realizarán sus labores en modalidad de teletrabajo y que los servicios de despacho de documentos sufrirán retrasos, lo que, podría generar una demora en el desarrollo de ciertos procedimientos administrativos, afectando con esto los plazos contemplados para los respectivos procedimientos. Por lo anterior, se concederá un plazo adicional para dar respuesta al presente procedimiento.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Soledad Luttino Rojas, en contra de la Superintendencia de Salud, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Superintendente de Salud, lo siguiente;

a) Entregue a la reclamante copia de los antecedentes consignados en los requerimientos N° A0006T0003498, N° A0006T0003499 y N° AO006T0003486. En virtud del Principio de Divisibilidad, consagrado en el artículo 11° letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia.

No obstante lo anterior, en el evento que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Soledad Luttino Rojas; y, al Sr. Superintendente de Salud.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.