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Rodrigo Morales Contreras con SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES Rol: C833-11

Consejo para la Transparencia, 19/10/2011

Se dedujo amparo en contra de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, fundado en la denegación de la información solicitada sobre información sobre reclamantes en contra del Carrier 171 por contratos de larga distancia no suscritos, en los últimos 5 meses. El Consejo rechazó el amparo ya que señaló que la divulgación de datos como los solicitados importaría afectar los derechos de las personas en los términos de la causal de reserva contenida en el numeral 2 del art. 21 de la Ley de Transparencia, particularmente el derecho a la vida privada en su vertiente positiva, esto es, la autodeterminación informativa, entendida como la potestad de controlar la información propia. No obstante lo precedentemente razonado, debe hacerse presente que no toda información subsumible en la categoría de dato personal es per sé secreta, pues ello obviaría el sentido de la regla de publicidad de la información que obra en poder de la Administración del Estado, problemática que se ha zanjado, aplicando al caso concreto los denominados test de daños y de interés público.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Telecomunicaciones
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C833-11

Entidad pública: Subsecretaría de Telecomunicaciones, SUBTEL

Requirente: Rodrigo Morales Contreras

Ingreso Consejo: 04.07.2011

En sesión ordinaria Nº 291 del Consejo Directivo, celebrada el 19 de octubre de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C833-11.

VISTOS:

Los artículos 5° inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo señalado en la Ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones; lo dispuesto en las Instrucciones Generales del Consejo para la Transparencia, N° 4 sobre Transparencia Activa; N° 7, complementaria de la anterior, y N° 9, modificatoria de ambas; el Decreto Supremo N° 556, de 1997, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que aprueba el Reglamento sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones; los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Que el 31 de mayo de 2011, don Rodrigo Morales Contreras solicitó a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (en adelante, indistintamente SUBTEL) «información sobre reclamantes en contra del Carrier 171 por contratos de larga distancia no suscritos, en los últimos 5 meses». Agrega, que no obstante no ser requisito exponer el motivo de la solicitud de información, a juicio del peticionario, parece necesario informar a los particulares afectados, en el evento de comunicárseles el requerimiento, que la información se solicita para la promoción y eventual interposición de una demanda colectiva en contra del carrier señalado.

2) RESPUESTA: Mediante Ordinario N° 4029/GN° 139, de 20 de junio de 2011, la SUBTEL respondió a dicho requerimiento de información, entregando al requirente una planilla Excel con el listado de los reclamantes, señalando la comuna y región de su residencia y excluyendo de la misma sus respectivos RUT y domicilios específicos. Funda la referida exclusión en el principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11, letra e) de la Ley de Transparencia y en la causal de reserva del artículo 21, Nº 2 del mismo cuerpo legal en relación con lo previsto en el artículo 2°, literal f) de la ley N° 19.628, indicando que la publicidad de la información cuya reserva se mantiene afecta los derechos de las personas, particularmente, aquellos que dicen relación con la esfera de su vida privada.

3) AMPARO: El 4 de julio de 2011, don Rodrigo Morales Contreras dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, fundado en la denegación de la información solicitada. Asimismo, manifiesta que si bien la negativa a entregar la información se basó en la afectación de derechos de terceros, no se dio previamente aplicación al artículo 20 de la Ley de Transparencia, notificando a los terceros el requerimiento y comunicando su facultad de oponerse al mismo.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Subsecretario de Telecomunicaciones, mediante Oficio N° 1758, de 13 de julio de 2011, quien mediante Oficio N° 5093/GN° 190, de 29 de julio de 2011, luego de hacer referencia a la respuesta entregada al reclamante, evacuó sus descargos en los siguientes términos:

a) La exclusión del RUT y domicilio de los reclamantes de la nómina entregada al requirente, tiene su fundamento en el carácter de dato personal que revisten tales antecedentes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y artículo 2, literal f), de la Ley N° 19.628 sobre Protección de Datos Personales.

b) A continuación, cita algunas decisiones de este Consejo (decisiones recaídas en los amparos Roles C415-09, C630-11 y C678-11) en las cuales se ha ordenado a los órganos requeridos, resguardar ciertos datos personales, tales como RUT y domicilio, en aquellos casos que la entrega de la información solicitada implique la revelación de tales antecedentes. Concluye, en conformidad a lo expuesto, que el Servicio actuó en concordancia con los principios y criterios utilizados por el Consejo.

c) Destaca que el artículo 7° de la Ley N° 19.628 exige a las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público. Agrega, que precisamente en esa situación se encuentra el RUT y domicilio de las personas naturales que interpusieron reclamos ante la SUBTEL, lo que obliga a su protección por aplicación del artículo 4°, inciso quinto de la Ley N° 19.628, y a los cuales sólo puede accederse con la autorización de su titular o cuando la ley lo permite (Decisión recaída en amparo Rol A33-09).

d) En relación a las alegaciones del Sr. Morales, relativas a que la SUBTEL no habría dado cumplimiento al artículo 20 de la Ley de Transparencia, causándole grave perjuicio y cometiendo falta o abuso al asumir un rol paternal, excediendo con ello sus facultades al no trasladar la solicitud a los terceros, advierte que, tal como señalara el requirente en su amparo, la SUBTEL ha recibido en 5 meses 1.167 reclamos, de manera que tomando en consideración el breve plazo que contempla el citado artículo 20, resulta materialmente imposible que en el plazo de dos días, se oficie mediante carta certificada a la totalidad de las personas naturales que interpusieron reclamos ante el Servicio. Al respecto, hace referencia a la decisión recaída en el amparo Rol C64-10, caso en el que había 946 terceros involucrados, y en que el Consejo estimó que la aplicación del artículo 20 ya referido implicaba la distracción indebida de los funcionarios del órgano requerido de sus labores habituales, considerando, entre otros factores aplicables al caso concreto, el número de interesados a los que había que notificar.

e) Finalmente, para controvertir las declaraciones del reclamante relativas a que la SUBTEL con su decisión de denegar la información estaría defendiendo los intereses de la empresa que se pretende demandar, adjunta copia de 5 resoluciones exentas, dos de ellas que resuelven reclamos masivos, mediante los cuales se acogen los reclamos interpuestos en contra del carrier 171, ordenando se dejen sin efecto los contratos no suscritos por los reclamantes, como asimismo, los cobros asociados a éstos, restituyendo los montos correspondientes, con intereses y reajustes, en caso de ser ello procedente.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en primer término, es preciso dejar establecido que lo solicitado en la especie corresponde a «información sobre reclamantes en contra del Carrier 171 por contratos de larga distancia no suscritos, en los últimos 5 meses», información que, según consta de los antecedentes tenidos a la vista, fue entregada al peticionario a través de una nómina de 1.167 denunciantes o reclamantes ante la SUBTEL, cuyas denuncias o reclamos se incoaron bajo los términos del procedimiento previsto en el Título II del Decreto Supremo N° 556, de 1997, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que aprueba el Reglamento sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones, la que, a su vez, se contuvo en una plantilla Excel, en la que se consignaron los siguientes datos asociados a los citados reclamantes: número de solicitud, fecha de ingreso, categoría, nombre completo del denunciante, y comuna y región de residencia.

2) Que, en la respuesta entregada al requirente como en los descargos evacuados en esta sede, la Subsecretaría de Telecomunicaciones ha indicado que el RUT y domicilio específico de los denunciantes han sido resguardados al momento de hacer entrega de la información requerida, por cuanto, a su juicio, concurre a su respecto la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 2°, literal f), de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, atendido su carácter de dato personal. Asimismo, hace referencia a diversas decisiones de este Consejo, en las cuales se ha estimado procedente guardar reserva respecto del RUT y domicilio de los involucrados, en aquellos casos en que la respuesta a un requerimiento involucra la entrega de tales antecedentes.

3) Que, por su parte, el recurrente alega que la Subsecretaría de Telecomunicaciones no ha dado aplicación al artículo 20 de la Ley de Transparencia, norma cuya aplicación sería procedente en el evento que los derechos de las personas se vieran afectados a propósito de una solicitud de acceso a la información. Agrega, que por tal razón indicó en su requerimiento el motivo del mismo, a fin de que se comunicara a los terceros afectados la razón que le servía de fundamento.

4) Que, en forma previa a entrar al fondo del asunto, conviene señalar, a modo de contexto, que en conformidad a lo prescrito en el artículo 28 bis de la Ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, corresponde a la Subsecretaría de Telecomunicaciones la resolución de los reclamos que se refieran a cualquier asunto derivado de la citada ley. Por su parte, el Decreto Supremo N° 556, de 1997, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que aprueba el Reglamento sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones, establece, especialmente en sus Títulos II y III, el procedimiento aplicable a la resolución de los reclamos formulados al amparo de dicho cuerpo legal, comprendiendo tanto a aquellos deducidos por suscriptores o usuarios en contra de las compañías telefónicas, portadores o suministradores de servicios complementarios, como también a aquellos formulados por, entre o en contra de concesionarios, usuarios y particulares que no se encuentren regulados en el Título II de dicho Decreto Supremo. Asimismo, de la revisión del sitio web institucional, http://www.subtel.gob.cl/prontus_subtel/site/edic/base/port/inicio.html, se pudo constatar que es posible formular reclamos en línea, a través del “Portal de Reclamos” habilitado especialmente para tales efectos ( http://oraias.subtel.cl/sgr_reclamos/pkg_sgr_portal.prc_inicio), el cual requiere de registro previo para su utilización. Tal registro solicita a los denunciantes, en forma obligatoria, los siguientes antecedentes: tipo de persona (natural o jurídica), RUT, nombre y apellidos, sexo, email, teléfono o celular de contacto y domicilio.

5) Que, en relación con la información requerida y no entregada por la SUBTEL, esto es, RUT y domicilio específico de las personas naturales que interpusieron reclamos ante dicho Servicio, cabe señalar, en términos generales, tal como ha venido razonando este Consejo en las decisiones recaídas en los amparos Roles A91-09, C302-10, C403-10 y C211-11, que el dato relativo a la identificación de las personas que han formulado un reclamo o denuncia ante un órgano de la Administración del Estado, como en el caso que motiva el presente amparo, corresponde a información que, por encontrarse en poder del órgano respectivo, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 5º y 10 de la Ley de Transparencia, tiene, en principio, el carácter de información pública, salvo que concurra en la especie alguna de las causales de secreto o reserva contempladas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

6) Que, al respecto, resulta pertinente consignar que este Consejo ha sostenido que la vinculación entre la identidad –constituida, en este caso, por el nombre y apellidos del reclamante, sumado a su RUT, sexo, email, teléfono o celular de contacto y domicilio– de las personas naturales que han formulado reclamos en contra de un tercero, con el hecho mismo de su denuncia o reclamo, constituye un dato personal del cual dichas personas son titulares y, en tal carácter, se encuentran amparados por la Ley Nº 19.628, sobre Protección de la Vida Privada (decisión recaída en amparos Roles C110-11 y C211-11). En este contexto, cabe precisar que sólo resulta procedente la comunicación de datos personales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4° de dicho cuerpo legal, en caso que una ley lo autorice o su titular consienta expresamente en ello, hipótesis que no concurriría en el presente caso.

7) Que, asimismo, se advierte que los datos de quienes han formulado reclamos ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones ha sido proveídos a dicho órgano de la Administración del Estado por las mismas personas sobre las que éstos versan, esto es, han sido recolectados de una fuente no accesible al público, por lo cual, en principio, les resulta aplicable la regla de secreto contemplada por el artículo 7° de la misma Ley N° 19.628, que exige a quienes trabajen en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público.

8) Que, así, dando aplicación al citado artículo 7° de la Ley N° 19.628, y atendido que la SUBTEL ha obtenido los datos correspondientes a la identificación de los reclamantes de los propios interesados, y no de un registro de libre acceso público, tales datos sólo cabría tratarlos al interior del servicio, específicamente, para los fines específicos que motivaron su entrega, y no para su cesión a terceros, debiendo aplicárseles lo dispuesto por los artículos 4°, 9° y 20 de la Ley N° 19.628. Dicho razonamiento se ajusta a lo resuelto por este Consejo a propósito de los amparos Roles A10-09, A33-09, A126-09, A140-09, C415-09, C824-10 y C925-10.

9) Que, siguiendo el razonamiento anterior, este Consejo ha considerado que la divulgación de datos como los solicitados importaría afectar los derechos de las personas en los términos de la causal de reserva contenida en el numeral 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, particularmente el derecho a la vida privada en su vertiente positiva, esto es, la autodeterminación informativa, entendida como la potestad de controlar la información propia.

10) Que, no obstante lo precedentemente razonado, debe hacerse presente que no toda información subsumible en la categoría de dato personal es per sé secreta, pues ello obviaría el sentido de la regla de publicidad de la información que obra en poder de la Administración del Estado, contenida en los artículos 5°, 11 letra c), y 21 de la Ley de Transparencia, problemática que se ha zanjado, aplicando al caso concreto los denominados test de daños y de interés público.

11) Que, en base a lo señalado en el considerando anterior, y respecto a la identidad de los denunciantes o reclamantes –cuyo listado ya fue entregado al solicitante por la SUBTEL–, este Consejo estima que su revelación en el caso que nos ocupa, a diferencia de lo resuelto en otros casos en los que el denunciante podría verse expuesto a represalias o amedrentamiento de parte del denunciado en el evento de darse a conocer su identidad, no genera el efecto de inhibir futuras denuncias o reclamos, dada la naturaleza de los mismos, los que se dan en el contexto de una relación de prestación de servicios entre una empresa concesionaria de servicios de telecomunicaciones y sus usuarios, reforzándose lo anterior en razón de que tales reclamaciones se deducen ante el órgano fiscalizador respectivo, para su resolución, y cuya tramitación está sometida a un procedimiento administrativo especial, que ofrece garantías procesales para las partes intervinientes en ellos. Asimismo, la identidad de los reclamantes –sus nombres y apellidos– se encuentran en poder de la Administración –SUBTEL– como sustento o complemento directo de los actos administrativos que resuelven los procedimientos impugnatorios respectivos, toda vez que su presentación y revisión por parte de dicho órgano es, precisa e inequívocamente, la base sobre la que se dicta la resolución que resuelve, en los términos de los artículos 5° de la Ley de Transparencia y 3°, letra g), de su Reglamento.

12) Que, por ello, dado que la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en su respuesta, proporcionó al requirente la nómina de las 1.167 personas –indicando sus respectivos nombres y apellidos– que dedujeron reclamos ante la propia SUBTEL y en contra el carrier 171, en razón de contratos de larga distancia no suscritos con dicho prestador de servicios de telecomunicaciones, en los últimos 5 meses anteriores a la solicitud de información, debe concluirse que la actuación de la reclamada se ajustó a derecho en cuanto a proporcionar tal información.

13) Que, no obstante lo dicho, respecto de los demás datos personales de identificación, tales como el RUT, sexo, email, teléfono o celular de contacto y domicilio, pertenecientes a las personas naturales que han formulado reclamos ante la SUBTEL, debe seguirse el razonamiento expresado en los considerandos 6) a 9) de la presente decisión, en cuanto a su debido resguardo y reserva, por tratarse de datos de contexto proporcionados sólo para su mejor individualización, sin que se vislumbre un interés público relevante en su divulgación.

14) Que, en consecuencia, el presente reclamo deberá rechazarse respecto de la información objeto del presente amparo, esto es, la entrega del RUT y domicilio específico de las personas naturales que interpusieron reclamos ante la SUBTEL, conforme a lo razonado.

15) Que, finalmente, cabe indicar que si bien se ha podido constatar que la Subsecretaria de Telecomunicaciones ha omitido dar lugar al procedimiento de oposición reglado por el artículo 20 de la Ley de Transparencia, conforme al cual los órganos de la Administración deben comunicar mediante carta certificada, a la o las personas a que se refiere la información solicitada –en el caso que nos ocupa, los reclamantes-, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados, tal omisión se ve justificada por el hecho que su cumplimiento implicaría distraer indebidamente a los funcionarios del Servicio de sus funciones habituales, atendido a el elevado número de terceros involucrados en este caso, el cual asciende a 1.167 personas, tal como se ha podido verificar de la revisión de la nómina acompañada por el propio requirente. Dicho criterio se ve reforzado por lo decidido por este Consejo en casos similares, por ejemplo, en la decisión del amparo Rol C64-10.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo interpuesto por don Rodrigo Morales Contreras en contra de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en virtud de los razonamientos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General de este Consejo que notifique la presente decisión a don Rodrigo Morales Contreras y al Sr. Subsecretario de Telecomunicaciones.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos.

Certifica el Director General del Consejo para la Transparencia, don Raúl Ferrada Carrasco.