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Juan Saravia Jiménez con GENDARMERÍA DE CHILE Rol: C3246-20

Consejo para la Transparencia, 13/10/2020

Se acoge el amparo en contra de Gendarmería de Chile, requiriendo la entrega de la nómina actualizada a marzo de año 2020, de los internos en los Centros Penitenciarios de Punta Peuco, Colina 1 y en cualquier otro recinto penitenciario del país, condenados por "crímenes de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos". Lo anterior, por tratarse de datos que provienen de una fuente accesible al público - registro que debe existir en cada centro penitenciario -, por lo tanto, no resulta aplicable el régimen general de protección relativo al tratamiento de los datos personales, puesto que, tanto la Constitución Política de la República como la Ley, establecen el carácter público de los antecedentes relativos a condenas penales, las que, además, actualmente se encuentran en situación de cumplimiento. En conformidad a lo anterior, se desestiman las causales de reserva invocadas por el órgano reclamado establecidas en el artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con la ley N° 19.628 y el D.L. N° 645. En el mismo sentido, se resolvieron amparos Roles C1415-11, C3932-18, C4065-18, C4086-18, C1313-19 y C1360-19, respecto de información similar.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3246-20

Entidad pública: Gendarmería de Chile

Requirente: Juan Saravia Jiménez

Ingreso Consejo: 13.06.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo en contra de Gendarmería de Chile, requiriendo la entrega de la nómina actualizada a marzo de año 2020, de los internos en los Centros Penitenciarios de Punta Peuco, Colina 1 y en cualquier otro recinto penitenciario del país, condenados por "crímenes de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos".

Lo anterior, por tratarse de datos que provienen de una fuente accesible al público - registro que debe existir en cada centro penitenciario -, por lo tanto, no resulta aplicable el régimen general de protección relativo al tratamiento de los datos personales, puesto que, tanto la Constitución Política de la República como la Ley, establecen el carácter público de los antecedentes relativos a condenas penales, las que, además, actualmente se encuentran en situación de cumplimiento.

En conformidad a lo anterior, se desestiman las causales de reserva invocadas por el órgano reclamado establecidas en el artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con la ley N° 19.628 y el D.L. N° 645.

En el mismo sentido, se resolvieron amparos Roles C1415-11, C3932-18, C4065-18, C4086-18, C1313-19 y C1360-19, respecto de información similar.

En sesión ordinaria N° 1136 del Consejo Directivo, celebrada el 13 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C3246-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 23 de abril de 2020, don Juan Saravia Jiménez solicitó a Gendarmería de Chile, "la nómina actualizada al mes de Marzo del año 2020, de internos del penal de Punta Peuco, como también la de los internos del penal Colina 1 incluyendo (hospitalizados), y de los internos de cualquier otro recinto de Gendarmería de Chile a nivel nacional condenados por crímenes de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos".

2) OPOSICIÓN DE LOS TERCEROS INTERESADOS: Mediante sus respectivas declaraciones, 74 internos, no aceptaron otorgar acceso a la información pedida, alegando en términos generales que se trataba de antecedentes de carácter personal, además de no conocer al solicitante ni los motivos de la solicitud.

3) RESPUESTA: Gendarmería de Chile mediante carta N° 2389, de fecha 8 de junio de 2020, informó la cantidad de internos condenados por crímenes de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos por cada Centro de Cumplimiento Penitenciario.

4) AMPARO: Con fecha 13 de junio de 2020, don Juan Saravia Jiménez dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de Gendarmería de Chile, fundado en la respuesta incompleta o parcial. En particular sostuvo que "Como respuesta se me envió un cuadro general que indica la cantidad de internos por recinto penitenciario, que cumple condena por delitos de lesa humanidad, y NO una nómina, la cual debe ser nombre por nombre de los internos que cumple condena por delitos contra los derechos humanos".

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile mediante Oficio N° E10.328, de fecha 3 de julio de 2020, para que formule sus descargos y observaciones solicitando, especialmente, lo siguiente: (1°) refiérase a las alegaciones de la parte reclamante, en el sentido que se otorgó respuesta incompleta a su requerimiento; (2°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (3°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (4°) señale si, a su juicio, lo reclamado afectaría derechos de terceros; (5°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, de ser efectivo, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y en la afirmativa acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y los antecedentes que den cuenta de la fecha en que ésta se presentó ante el órgano que usted representa; y, (6°) proporcione los datos de contacto de los terceros -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

El órgano reclamado por medio de ordinario N° 833, de fecha 24 de julio de 2020, señaló que el amparo es infundado en el sentido que en la respuesta se entregó la nómina requerida, contenida en un cuadro, en el cual se especifica el número de internos del penal de Punta Peuco, como también la de los internos del penal Colina 1 incluyendo hospitalizados, y de los internos de cualquier otro recinto de Gendarmería de Chile a nivel nacional condenados por crímenes de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos.

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, en cuanto a la nómina con los nombres de las personas solicitadas, sostienen que resulta aplicable lo previsto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, atendido a que la mayoría de los internos manifestaron expresamente su oposición a la entrega de lo pedido. Razón por la cual, se encontraba impedidos de otorgar acceso a aquella.

Además, alegan la concurrencia de las causales de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia. Así, respecto de la primera causal sostienen que, si bien es cierto que deber ser alegada por el titular de los derechos que se podrían ver afectados con la divulgación de lo pedido, estiman que aquello afectaría no solo a la vida privada de ellos, los cuales no por estar privados de libertad pierden su derecho a la intimidad, sino también la seguridad e intimidad de sus familias o cercanos, exponiéndolos a una estigmatización social por efecto expansivo de los actos cometidos por los internos. Lo anterior debe ser concordado con lo dispuesto en el artículo 10 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-.

En cuanto a la segunda causal de excepción alegada, aquella debe ser concordada con lo dispuesto en los artículos 2 letra f) y 7 de la ley N° 19.628. Citando jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago en tal sentido. Por su parte el Decreto Ley N° 645, año 1925, sobre el Registro General de Condenas - en adelante D.L. N° 645-, en su artículo primero señala "Créase el Registro General de Condenas sobre la base del prontuario, tarjeta índice e impresión digital, anexo a la Inspección de Identificación de Santiago y bajo la dependencia del jefe de este servicio" entregando dicha competencia al Servicio de Registro Civil e Identificación, por su parte el artículo tercero prescribe que en dicho prontuario se inscribirán todas las sentencias condenatorias definitivas y ejecutoriadas por delitos y simples delitos, así como otras faltas. Así, sostienen que el artículo sexto del cuerpo legal citado es enfático en señalar que nadie tiene derecho a solicitar la exhibición de los datos que se anotan en el Registro, exceptuando a los fiscales del Ministerio Público, a autoridades judiciales, policiales y Gendarmería de Chile.

De esta forma, concluyen que al hacer entrega de los nombres de personas condenadas por delitos de lesa humanidad o violación de derechos humanos, estarían proporcionando un registro de estos, por tanto, exhibiendo datos integrantes del Registro Nacional de Condenas, infringiendo la ley y arriesgando la pena establecida en el artículo 246 del Código Penal, por tanto, los competentes para realizar dicho tipo de entregas (nominas - registros) corresponde al Servicio de Registro Civil e Identificación. En tal sentido, hacen presente jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones de Santiago.

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo a los terceros involucrados, por medio de oficios de fecha 1° y 2 se septiembre de 2020, a fin de que presentaran sus descargos y observaciones a la presente reclamación.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo se funda en la respuesta incompleta o parcial. Al respecto, el órgano reclamado argumenta la concurrencia de las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo prescrito en la ley N° 19.628 y en el artículo 6 del D.L. N° 645.

2) Que lo solicitado es la nómina actualizada de los internos de los Centros Penitenciarios Punta Peuco, Colina 1, incluyendo los hospitalizados, y los que se encuentren en cualquier otro recinto de Gendarmería de Chile a nivel nacional condenados por "crímenes de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos". Por su parte, el órgano reclamado, con ocasión de su respuesta, otorgó acceso a un cuadro en que informó la cantidad de internos por Unidad Penal, los que ascienden a un total de 216. Por lo tanto, el objeto del presente amparo dice relación con la procedencia de la forma en que fue entregada la información, esto es, sin identificar a los internos informados.

3) Que, en cuanto a la nómina solicitada, se debe tener presente que según lo dispuesto en el artículo 19 N° 7 letra d) de la Constitución Política de la República, los "encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a nadie en calidad de arrestado o detenido, procesado o preso, sin dejar constancia de la orden correspondiente, emanada de autoridad que tenga facultad legal, en un registro que será público". En tal sentido, se debe considerar lo señalado por Gendarmería de Chile en respuesta a gestión oficiosa efectuada en el marco de la tramitación del amparo Rol C4086-18, en la que informó, con respecto a la forma en que se da cumplimiento a dicha disposición: "cumple con llevar un registro de toda persona que ingresa a un establecimiento penal, procedido de orden de autoridad competente, lo cual se ejecuta por medio de un sistema informático". Así, se estableció que el sistema informático nacional en línea del citado órgano dispone, entre otros, de un módulo específico denominado "Recepción de Ingresados" en el cual se registran la fecha y hora de ingreso, nombres y apellidos, número de cédula nacional de identidad, fecha de nacimiento, edad, juzgado de procedencia, delito, calidad, entre otros antecedentes.

4) Que, a mayor abundamiento, se debe considerar que, en un estado de derecho, las personas son privadas de libertad por orden emanada de un Juez de la República, por lo que, en virtud de lo establecido en el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales, "Los actos de los tribunales son públicos, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley".

5) Que, en virtud de lo señalado precedentemente, si bien lo pedido dice relación con la nómina de personas que se encuentra privadas de libertad, por lo tanto, de datos personales en los términos prescritos en el artículo 2 letra f) de la ley N° 19.628, aquellos provienen de una fuente accesible al público - registro que debe existir en cada centro penitenciario y sentencia definitiva ejecutoriada por la cual se encuentran privados de libertad-, por lo tanto, no resulta aplicable el régimen general de protección dispuesto en el artículo 7 de la ley señalada, puesto que, tanto la Constitución Política de la República como la Ley, establecen el carácter público de los datos relativos a condenas penales. Asimismo, con respecto a lo prescrito por el artículo 6 del D.L. N° 645, se debe considerar que el alcance de dicha norma -que es de inferior jerarquía que la Constitución Política de la República- no puede extenderse fundadamente al dato sobre identidad de los detenidos, por cuanto aquel es público en virtud de disposiciones de mayor rango normativo. Además, existe interés público en que se divulgue si aquellas personas que han sido condenadas por resolución de un tribunal de la República, a penas privativas de libertad por los delitos que han perpetrado, se encuentran, efectivamente, cumpliendo aquellas en los términos dictaminados por los órganos jurisdiccionales competentes.

6) Que, complementando lo razonado precedentemente, se debe considerar que la hipótesis contemplada en el artículo 21 de la ley N° 19.628, en virtud de la cual se prohíbe la comunicación de condenas por simples delitos, una vez cumplida o prescrita la sanción o la pena; no resulta aplicable en el presente caso, pues, si bien, la información requerida dice relación con la situación penitenciaria de personas privadas de libertad, se refiere a condenas que aún no han sido íntegramente cumplidas; por lo que, debe concluirse que ha sido el propio legislador quien al consagrar la citada norma ha efectuado ex ante un juicio de ponderación que le ha llevado a descartar la eventual afectación de los derechos de los condenados o a considerar un interés público prevalente en la divulgación de información relativa a condenas mientras estas se encuentran en etapa de ejecución.

7) Que, en el mismo sentido, la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago al conocer del reclamo de ilegalidad Rol de ingreso de Corte N° 246-2018, deducido en contra de la decisión de amparo Rol C419-18, sostuvo en el considerando sexto que "...no resulta aplicable el artículo 7 de la ley 19.628, de reserva de información que deben guardar los funcionarios públicos, como alega la institución reclamante, por cuanto la divulgación de la información de las personas privadas de libertad, en este caso, está amparada por el artículo 19 N° 7 letra d) de la Carta Fundamental, siendo el propio Constituyente quien ha resuelto el carácter público de la fuente donde se encuentra el dato en cuestión. // Por lo anterior, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2 letra i) de la ley 19.628, tales son fuentes accesibles al público, al tratarse de registros de datos personales, de acceso no restringido o reservado para los solicitantes, por lo que los datos solicitados al centro de reclusión respectiva, en relación a trece condenados que se encuentran bajo su custodia, se estiman públicos por expresa disposición constitucional, criterio que se ve corroborado pues nuestra legislación permite el tratamiento de datos personales relativos al cumplimiento de condenas, tal como se desprende de lo dispuesto en el artículo 21 inciso 1° de la ley 19.628...". Siguiendo este criterio, la Iltma. Corte de Apelaciones rechazó reclamos de ilegalidad Roles de Ingreso de Corte N° 605-2018 y N° 112.343-2020, deducido en contra de decisiones de amparos Roles C4065-18, C1313-19 y C1360-19, respectivamente, por medio de los cuales se requirió a Gendarmería de Chile, entregar la nómina actualizada de internos por delitos de lesa humanidad recluidos en los penales de Colina 1 y de Punta Peuco.

8) Que, a mayor abundamiento, cabe hacer presente que este Consejo, en decisión de amparo Rol C1415-11, de fecha 15 de marzo de 2011, requirió al órgano reclamado la entrega de "nómina de personas que actualmente se encuentran cumpliendo condena en el "Centro de Cumplimiento Penal Punta Peuco" y de aquellas personas que, habiendo sido recluidos en el pasado en dicho establecimiento penitenciario, actualmente se encuentran cumpliendo condena en otro establecimiento penal, en el período señalado por la solicitante, como también información respecto de sus traslados a otros centros penitenciarios, en su caso". Así como también, en decisiones de amparos Roles C3932-18, C4065-18, C4086-18, C1313-19 y C1360-19, otorgó acceso a la identidad de las personas que se encontraban cumpliendo condenas por "crímenes de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos".

9) Que, en virtud de lo razonado precedentemente, se descarta la concurrencia de las causales de reserva dispuestas en el artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia, alegadas por el órgano reclamado, estimando que no se configura infracción a lo establecido en la ley N° 19.628, así como tampoco, lo prescrito en el artículo 6 del D.L. N° 645. En consecuencia, se acogerá el presente amparo, requiriendo la entrega de información reclamada, precisando que lo requerido es la identidad de los internos, incluyendo a los que se encuentran hospitalizados, por lo que, no se debe especificar cuál de ellos estaba en dicha condición.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por don Juan Saravia Jiménez en contra de Gendarmería de Chile, por los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional (S) de Gendarmería de Chile, lo siguiente:

a) Hacer entrega al reclamante de la nómina actualizada a marzo de año 2020, de los internos en los Centros Penitenciarios de Punta Peuco, Colina 1 y en cualquier otro recinto penitenciario a nivel nacional, condenados por "crímenes de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos". Lo anterior, incluyendo a los que se encuentran hospitalizados, sin indicar cuáles están en dicha condición.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), remitiendo copia de la información proporcionada al solicitante, de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Juan Saravia Jiménez y al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile, y este último deberá notificar a todos los terceros involucrados en el presente amparo (216), en virtud de lo previsto en el artículo 34 de la Ley de Transparencia, informando de los resultados de dicha gestión a esta Corporación.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.