logo
 

Esteban Rodríguez González con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SP) Rol: C5640-20

Consejo para la Transparencia, 27/10/2020

Se acoge el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Pensiones, ordenándose la entrega de copia de la prueba técnica del concurso que se indica. Lo anterior, por cuanto en el caso de las pruebas técnicas, no se acreditó suficientemente la afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5640-20

Entidad pública: Superintendencia de Pensiones

Requirente: Esteban Rodríguez. González.

Ingreso Consejo: 09.09.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Pensiones, ordenándose la entrega de copia de la prueba técnica del concurso que se indica. Lo anterior, por cuanto en el caso de las pruebas técnicas, no se acreditó suficientemente la afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano.

En sesión ordinaria N° 1139 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5640-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 16 de agosto de 2020, don Esteban Rodríguez. González. solicitó a la Superintendencia de Pensiones lo siguiente: "Solicito la información ordenada de entrega en amparo Rol: C6029-19" (sic).

2) RESPUESTA: Mediante Oficio Ordinario N° 18069, de 7 de septiembre de 2020, la Superintendencia de Pensiones respondió a dicho requerimiento de información indicando que, deniega la solicitud de información, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Finalmente, señala que respecto de la decisión de Amparo Rol C6029-19, el órgano recurrió de ilegalidad ante los Tribunales de Justicia, por tanto, corresponderá estarse a lo dispuesto en el artículo 29 de la citada ley.

3) AMPARO: El 9 de septiembre de 2020, don Esteban Rodríguez González dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en respuesta negativa a la solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Pensiones, mediante Oficio N° E16588, 020 de 29 de septiembre de 2020, solicitando que: se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada, detallando cómo la entrega dicha información afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa.

Mediante Oficio Ordinario N° 20887, de 13 de octubre de 2020, el órgano reclamado hizo llegar sus descargos a este Consejo, señalando que no resulta jurídicamente la entrega de la información solicitada, por la existencia de un marco normativo cada vez más acotado de posibles preguntas y la necesidad de rehacer o confeccionar íntegramente el instrumento de medición o evaluación, en caso de accederse a la publicidad de la información requerida.

En efecto, la entrega de la prueba al Sr. Rojas Orrego implicaría la publicación de esa prueba y, muy probablemente, de cada una de las pruebas que se apliquen en el futuro. Lo anterior, obligaría a eliminar de la base de preguntas todas aquellas ya publicadas, para garantizar que las pruebas midan conocimientos y no la capacidad de memorizar la respuesta de un número importante de preguntas. Estas publicaciones, llevarían a un agotamiento de la base de preguntas considerando los dos procesos anuales que se efectúan. Así entonces, teniendo presente que las materias legales y normativas que se evalúan son acotadas, se dificultaría la confección de pruebas homogéneas entre periodos, lo que necesariamente llevaría a pruebas con nivel creciente de dificultad o tener que aplicar una prueba de desarrollo en vez de selección múltiple como la actual, lo que requeriría de un nuevo instrumento de evaluación.

Así entonces, en razón de la especial característica de esta prueba y por los motivos antes expuestos, a partir del proceso de octubre de 2010, se dejaron de publicar las pruebas que hasta ese momento y desde el año 2008, se publicaban en las páginas web de esta Superintendencia y la de la Comisión para el Mercado Financiero, precisamente por lo señalado previamente

Señaló además que no es factible la entrega solicitada por la necesidad de un tiempo adicional para la elaboración y validación de instrumentos de evaluación, que significarían además la existencia de costos presupuestarios o económicos no previstos derivados de ello, en caso de accederse a la publicidad de la información reclamada.

Indicó, que las pruebas se confeccionan utilizando una base de preguntas previamente testeadas y calificadas de acuerdo a su dificultad. Si bien por cada proceso se confeccionan nuevas preguntas, éstas corresponden en promedio al 15% de la prueba, correspondiendo al resto a preguntas ya aplicadas en algún proceso anterior. El tener que confeccionar anualmente 80 nuevas preguntas tiene un alto costo en horas hombres que no tiene esta Superintendencia, ya que la Unidad de Asesores Previsionales cuenta con un jefe de unidad y un analista y sus funciones son la Fiscalización de los Asesores Previsionales y la Administración del Registro de Asesores Previsionales, donde el proceso de acreditación de conocimientos es uno de sus sub procesos.

Por otra parte tener que reemplazar la prueba actual por un nuevo instrumento de evaluación implicaría tener que contar con recursos adicionales para su desarrollo.

Añadió el órgano que la entrega de la información solicitada hace imposible cumplir legal y objetivamente las finalidades previstas en la medición de conocimientos, en caso de accederse a la publicidad de la información requerida.

De acuerdo a la Ley y la normativa, se debe cumplir con la finalidad de aplicar un instrumento de evaluación para acreditar los conocimientos suficientes para aquellas personas que desean acreditarse como Asesores Previsionales. Considerando que este Organismo no cuenta con recursos para desarrollar un número importante de nuevas preguntas ni un nuevo instrumento, el hecho de publicar las preguntas aplicadas acota la base de preguntas lo que se traduciría en un instrumento que no evaluaría realmente las capacidades de los postulantes en la experticia de las materias, sino el grado de memorización de las preguntas publicadas y sus respuestas.

Adicionalmente, respecto al tiempo que lleva preparar las preguntas que se aplican para un proceso de acreditación de conocimientos, y una estimación del costo en dinero por la cantidad de horas hombres empleadas, se puede señalar que las actividades relacionadas con la confección de la prueba son: mantención de base de preguntas, confección de nuevas preguntas, testeo de dichas preguntas, clasificación del grado de dificultad (alta, media y baja), selección de las preguntas que conformarán la prueba considerando la distribución de las materias de acuerdo a los porcentajes definidos y grados de dificultad, análisis de las preguntas utilizadas de acuerdo a los resultados obtenidos y supervisión de cada una de las etapas anteriores.

Asimismo, señaló que dado el escaso número de integrantes de la Unidad de Asesores Previsionales, dos personas, las tareas antes señaladas son asumidas por: el Intendente de Fiscalización, la Jefa División Prestaciones y Seguros y el Jefe Unidad de Asesores Previsionales. Actualmente, con una tasa promedio de nuevas preguntas por prueba de un 15% las actividades antes señaladas requieren de 176 horas hombres por prueba, esto es de 352 horas hombres al año. Al publicar cada prueba y no poder utilizar un porcentaje de preguntas ya utilizadas en periodos anteriores, el número de horas hombres para esta actividad sería de 2.347 horas hombres al año. Lo anterior no es posible de abordar con los recursos actualmente disponibles, lo que requeriría la contratación de un profesional grado 10 de dedicación exclusiva a esta actividad, con un costo anual de $37.200.000. Lo que es poco probable que ocurra en el corto y mediano plazo.

Así entonces, sobre la base de lo expuesto, en la especie concurre la causal de reserva para la entrega de la información prevista por el artículo 21, N° 1 de la Ley de Transparencia.

Finalmente, consignar, que respecto de la Decisión de Amparo Rol: C6029-19, precisamente de cuya información solicita la entrega, esta Superintendencia recurrió de ilegalidad ante los Tribunales de Justicia. Pues bien, al respecto debe estarse a lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley N° 20.285.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en respuesta negativa a la solicitud de información que habría sido ordenada entregar en el amparo Rol C6029-19. Al respecto, el órgano reclamado alegó la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.

2) Que, respecto del fondo del asunto, cabe destacar que lo solicitado en el amparo rol C6029-19, es: "Por la presente me permito solicitarle respetuosamente, acogiéndome a la Ley N° 20.285 de 20 de agosto de 2008 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tener a la vista a la brevedad mi Prueba de Acreditación de Asesores Previsionales rendida el 31 de mayo de 2019, lo que me fue denegado ayer 01 de julio en la oficina de la Superintendencia que usted dirige, desconociendo por mi parte a la fecha el resultado de mi evaluación ".

3) Que, en lo que concierne a las pruebas técnicas y sus respectivas pautas de corrección, este Consejo ha fijado como criterios de interpretación para resolver amparos en materias similares a la discutida en estos antecedentes, en cuanto podrían afectar el debido cumplimiento de las funciones de un órgano de la Administración del Estado, los siguientes: a) Necesidad de rehacer o confeccionar íntegramente y de manera habitual el instrumento de medición o evaluación; b) Costos en términos de tiempo adicional utilizado para la elaboración y validación de instrumentos de evaluación; c) Costos presupuestarios o económicos no previstos por la institución en el marco de su ejecución presupuestaria; d) Imposibilidad de cumplir legal y objetivamente las finalidades previstas en la medición de conocimientos; e) Posibilidad concreta de alteración del porcentaje de aprobación de futuros procesos por conocimiento anticipado de las preguntas y respuestas; f) Impedir acreditar la suficiencia de los conocimientos de los evaluados en los procesos respectivos y g) Existencia de un marco cada vez más acotado de posibles preguntas a ser formuladas.

4) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud (de acceso) podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales" (énfasis agregado); así como lo resuelto en la sentencia sobre Recurso de Queja Rol N° 8452-2018, en la cual dicha magistratura sostuvo que frente a la regla fundamental de publicidad, la sola consideración de la naturaleza excepcional que sirve de fundamento a la reserva, no es per se suficiente para excluir el principio general básico de publicidad y libre acceso a la información, puesto que además es indispensable que mediante dicho acceso se produzca una efectiva afectación a algunos de los bienes jurídicos protegidos por el inciso 2° del Art. 8° de la Constitución (Considerando 8°).

5) Que, en el presente caso, el órgano solo ha señalado situaciones hipotéticas o meras apreciaciones subjetivas respecto a eventuales consecuencias que podrían afectar su debido funcionamiento, no logrando acreditar la afectación alegada, de una manera presente o probable y con suficiente especificidad, a fin de que este Consejo pueda estimar que los costos que la publicidad de la información provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría. Señala el órgano que publicar las pruebas produciría una reducción del número de preguntas a realizar en los próximos procesos de acreditación, agregando que ello implicaría un tiempo adicional para la elaboración y validación de instrumentos de evaluación, que significarían además la existencia de costos presupuestarios o económicos no previstos lo que a su vez haría imposible cumplir legal y objetivamente las finalidades previstas en la medición de conocimientos.

6) Que, por otra parte, cabe tener presente que la publicidad de la información relativa a las pruebas de acreditación de asesores previsionales, conlleva un evidente interés público, por tratarse de un tema -la asesoría en materia previsional, de una actual discusión, por lo que cualquier comunicación referente a la forma en que los asesores son acreditados, resulta positiva, teniendo en consideración que la calidad de tales asesores resulta vital para que los futuros pensionados puedan tomar las mejores decisiones respecto del monto de su futura pensión, razón por la cual se descartará la causal de reserva alegada por el órgano.

7) Que, por su parte con respecto a la aplicación del artículo 29 de la Ley de Transparencia a la causa en comento, por haberse solicitado idénticos antecedentes por la misma persona en la causa rol C6029-19, que actualmente se encuentra con un reclamo de ilegalidad pendiente, cabe señalar que nada obsta a que el mismo solicitante pueda deducir la misma solicitud de información, frente al mismo órgano, debido a que en este procedimiento, no existe cosa juzgada, por lo que cada requerimiento de información debe ser tramitado íntegramente por el órgano requerido, siendo irrelevante si en forma previa se decidió similar o igual requerimiento de información. En consecuencia, según lo razonado, la alegación del órgano reclamado será desestimada por este Consejo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Esteban Rodríguez González., en contra de la Superintendencia de Pensiones, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Superintendente de Pensiones, lo siguiente;

a) Entregue al reclamante la información ordenada de entrega en amparo Rol: C6029-19 (Prueba de Acreditación de Asesores Previsionales rendida el 31 de mayo de 2019 por el solicitante)

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Esteban Rodríguez González al Superintendente de Pensiones.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.