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Luis Mondaca Muñoz con SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS Rol: C4847-20

Consejo para la Transparencia, 27/10/2020

Se acoge el amparo deducido en contra del Servicio Nacional de Aduanas, ordenando la entrega del expediente administrativo de la auditoría de riesgo instruida mediante Resolución N° 881, de la Dirección Regional de Aduana de Antofagasta, incluyendo el informe final con los resultados de la fiscalización. Lo anterior, por cuanto se desestimó que con la entrega de dichos antecedentes se afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado, en el sentido de revelar el modo y la estrategia de fiscalización utilizados por la entidad; sin que se advierta que de ser conocidos previamente por los fiscalizados, podría permitir acceder a información relevante en este tipo de procedimientos, afectando el control fiscalizador en materia fronteriza que le encomienda la Ley. A mayor abundamiento, teniendo presente que el solicitante es parte interesada en el procedimiento administrativo consultado y que según lo dispuesto en el artículo 17, de la Ley N° 19.880, las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente. Previo a la entrega de la información deberán tarjarse aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación requerida, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre protección de la vida privada y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por la Ley de Transparencia. Se recomienda a la institución reclamada que realice la entrega efectiva del expediente al requirente -en su calidad de representante de la empresa consultada- de manera excepcional, por un medio alternativo a la entrega presencial, como por ejemplo, a través de correo electrónico, previa acreditación de su identidad y el envío del mandato correspondiente, por mecanismos telemáticos.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4847-20

Entidad pública: Servicio Nacional de Aduanas

Requirente: Luis Mondaca Muñoz

Ingreso Consejo: 12.08.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra del Servicio Nacional de Aduanas, ordenando la entrega del expediente administrativo de la auditoría de riesgo instruida mediante Resolución N° 881, de la Dirección Regional de Aduana de Antofagasta, incluyendo el informe final con los resultados de la fiscalización.

Lo anterior, por cuanto se desestimó que con la entrega de dichos antecedentes se afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado, en el sentido de revelar el modo y la estrategia de fiscalización utilizados por la entidad; sin que se advierta que de ser conocidos previamente por los fiscalizados, podría permitir acceder a información relevante en este tipo de procedimientos, afectando el control fiscalizador en materia fronteriza que le encomienda la Ley.

A mayor abundamiento, teniendo presente que el solicitante es parte interesada en el procedimiento administrativo consultado y que según lo dispuesto en el artículo 17, de la Ley N° 19.880, las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente.

Previo a la entrega de la información deberán tarjarse aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación requerida, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre protección de la vida privada y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por la Ley de Transparencia.

Se recomienda a la institución reclamada que realice la entrega efectiva del expediente al requirente -en su calidad de representante de la empresa consultada- de manera excepcional, por un medio alternativo a la entrega presencial, como por ejemplo, a través de correo electrónico, previa acreditación de su identidad y el envío del mandato correspondiente, por mecanismos telemáticos.

En sesión ordinaria N° 1139 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4847-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 23 de julio de 2020, don Luis Mondaca Muñoz solicitó al Servicio Nacional de Aduanas, la siguiente información:

"Copia de expediente administrativo asociado a auditoría de riesgo ordenada mediante Resolución N° 881, de fecha 16.05.2019, de la Dirección Regional de Aduana de Antofagasta, incluyendo el informe final que contenga el resultado de la fiscalización y la totalidad de actuaciones e informes emitidos en ese proceso".

2) RESPUESTA: El 12 de agosto de 2020, el Servicio Nacional de Aduanas respondió a dicho requerimiento de información mediante Resolución Exenta N° 2547, de esa fecha, señalando, en síntesis, lo siguiente:

Tratándose del Servicio Nacional de Aduanas, el artículo 1° de la Ordenanza del ramo le ha asignado-entre otras- las funciones de "(...) vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las costas, fronteras y aeropuertos de la República, intervenir en el tráfico internacional para los efectos de la recaudación de los impuestos a la importación, exportación y otros que determinen las leyes, y de generar las estadísticas de ese tráfico por las fronteras, sin perjuicio de las demás funciones que le encomienden las leyes".

La información solicitada consiste en antecedentes que inciden en aspectos relevantes del proceso de auditoría de riesgo, practicada por la Dirección Regional de Aduanas de Antofagasta, a la empresa Donaldson Chile Limitada, en el marco del "Plan de Fiscalización a Posteriori del año 2019", los cuales, atendido el tipo de información que contiene, como, por ejemplo, riesgos, pruebas de auditoría, planes de fiscalización, información estratégica, etc., tanto de las empresas privadas como del plan de fiscalización del Servicio, es de uso interno, en razón de su confidencialidad, por lo que su entrega a terceros afecta la función fiscalizadora que por expresa disposición legal corresponde al Servicio, configurándose la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.

Luego de citar la normativa que regula a la entidad en esta materia, agrega que correspondiendo al Servicio ejercer una labor de fiscalización en áreas tan estratégicas como lo es la planificación y ejecución de programas de fiscalización, tales como las auditorías a posteriori a los usuarios y demás personas que intervienen en el comercio internacional, el conocimiento de los riesgos y vulnerabilidad desde los diversos procesos que éste desarrolla, conllevaría a que los fiscalizados contaran con información relevante sobre los niveles de control que se ejercen en dichas áreas, esenciales para una efectiva y eficiente estrategia en dicho ámbito de acción que la propia ley le ha encomendado.

En la especie, la información solicitada dice directa relación con las actividades referidas al giro del negocio del Servicio Nacional de Aduanas, por lo que su conocimiento por parte de terceros afectaría el debido cumplimiento de las funciones de fiscalización de este Servicio, resultando, por ende, procedente denegar la entrega de la información requerida; toda vez que, dentro del proceso de auditoría a posteriori, se comprenden las hipótesis de riesgo que son utilizadas por el Servicio para dar cumplimiento al Plan de Auditoría, cuya publicidad supone revelar el modo y criterios de evaluación utilizados por el órgano fiscalizador. Cita jurisprudencia de este Consejo sobre la materia y la causal de reserva invocada.

3) AMPARO: El 12 de agosto de 2020, don Luis Mondaca Muñoz dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud.

Además, el reclamante hizo presente que la "solicitud denegada por el Servicio de Aduanas recae específicamente en un expediente administrativo, las conclusiones alcanzadas en ese procedimiento y la decisión final. No recae en antecedentes o documentos que pueden afectar el cumplimiento de las funciones fiscalizadoras de la entidad requerida o que puedan afectar el interés de la Nación. La solicitud se enmarcó específicamente en el derecho contemplado en el artículo 17 a) y d) de la ley 19.880, teniendo el solicitando el carácter de interesado en esa información. En consecuencia, no se trata de información comprendida en el artículo 21 de la ley de Transparencia sino únicamente de los documentos y conclusiones contenidas en un procedimiento de fiscalización dirigido específicamente a mi representado, teniendo éste el carácter de interesado conforme a lo prescrito ese ese cuerpo legal".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y mediante Oficio N° E14162, de 25 de agosto de 2020, confirió traslado al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Aduanas, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada, detallando cómo la entrega dicha información afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (2°) indique si la publicidad de la información requerida, a su juicio, afecta derechos de terceros y, en la afirmativa, si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (3°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y en la afirmativa acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y los antecedentes que den cuenta de la fecha en que ésta se presentó ante el órgano que usted representa; y, (4°) proporcione los datos de contacto de los terceros -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

Mediante correo electrónico de fecha 08 de septiembre de 2020, el órgano remitió su escrito de descargos, reiterando lo señalado en la respuesta para denegar la información requerida en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.

Con fecha 01 de octubre de 2020, el órgano complementó sus descargos señalando, que, conforme a lo ordenado por este Consejo, se procedió a requerir los antecedentes respectivos al departamento que llevó el expediente administrativo asociado a auditoría de riesgo ordenada mediante Resolución N° 881, de fecha 16 de mayo de 2019, de la Dirección Regional de Aduana de Antofagasta, respecto de la empresa Donaldson Chile Limitada, en el marco del "Plan de Fiscalización a Posteriori del año 2019"y remitió los siguientes documentos a su respecto:

? Resolución N° 881, de 16 de mayo de 2019, que autoriza la auditoría de riesgo a la empresa Donaldson Chile Limitada.

? Oficio N° 612, de 24 de mayo de 2019, que notifica auditoría a la empresa.

? Acta Reunión N° 1 Auditoría Integral, de 21 de junio de 2019.

? "Informe de Cierre de Auditoría de Riesgo N° 192", de 29 de octubre de 2019.

? Registro 1589, en que la empresa "solicita notificar decisión formal de término de proceso de auditoria y conclusiones de ésta".

? Oficio Ord. N° 473, en que el órgano deniega la notificación requerida.

5) NUEVOS ANTECEDENTES: Con fecha 21 de octubre de 2020, el reclamante acompañó poder notarial, de misma fecha, otorgado por el representante legal de la empresa Donaldson Chile Limitada para actuar en este tipo de procedimientos, con las facultades que allí se indica.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega del expediente administrativo de la auditoría de riesgo ordenada mediante Resolución N° 881, de fecha 16 de mayo de 2019, de la Dirección Regional de Aduana de Antofagasta, incluyendo el informe final con los resultados de la fiscalización, según se señala en el N° 1 de lo expositivo. Al efecto el reclamante señaló que su solicitud se enmarcó en el derecho contemplado en el artículo 17, de la ley 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, toda vez que la empresa que representa tiene el carácter de interesada en el procedimiento consultado. Según consta en el N° 5 de lo expositivo, el requirente actúa en representación de la empresa Donaldson Chile Limitada.

2) Que, a modo de contexto cabe señalar, que según los antecedentes tenidos a la vista, la Resolución N° 881, de 16 de mayo de 2019, de la Dirección Regional de Aduana de Antofagasta, en el numeral 1°, de su parte resolutiva, señala "AUTORÍZASE, para realizar en el periodo comprendido entre la fecha de emisión de la presente resolución hasta el 31/12/2019, todas aquellas diligencias objeto de la auditoría de riesgo a la empresa DONALDSON CHILE LIMITADA, R.U.T. (...)"; la cual concluyó el 29 de noviembre de 2019, con el "Informe de Cierre de Auditoría N° 192", de esa fecha. Al efecto, mediante comunicación de fecha 07 de enero de 2020, del Auditor Aduanero, del Departamento de Fiscalización/Unidad Fiscalización a Posteriori, informa al reclamante que "la auditoría está finalizada".

3) Que, el artículo 1° del Decreto con Fuerza de Ley 30, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley de Hacienda N° 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas, le asigna a la reclamada, entre otras, las funciones de vigilar y fiscalizar el paso de mercaderías por las costas, fronteras y aeropuertos de la República e intervenir en el tráfico internacional para los efectos de la recaudación de los impuestos a la importación, exportación y otros que determinen las leyes, fijando con ello su calidad de entidad fiscalizadora.

4) Que, luego, se debe señalar que, de acuerdo con el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa establece que: "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales.

5) Que, al respecto, el órgano denegó la entrega de lo requerido, en base a la causal genérica de reserva del artículo 21 N° 1, de la Ley de Transparencia, la cual establece que se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido. En tal sentido el organismo señaló que la publicidad del expediente pedido afectaría la función fiscalizadora que por expresa disposición legal corresponde al Servicio, toda vez que, dentro del proceso de auditoría a posteriori, se comprenden las hipótesis de riesgo que son utilizadas para dar cumplimiento al Plan de Auditoría, cuya publicidad supone revelar el modo y los criterios de evaluación utilizados por el órgano fiscalizador para tales efectos y conllevaría a que los fiscalizados contaran con información relevante sobre los niveles de control que se ejercen en dichas áreas, esenciales para una efectiva y eficiente estrategia en dicho ámbito de acción.

6) Que, sobre el particular, cabe hacer presente que este Consejo tuvo a la vista los antecedentes que conforman el expediente requerido, que se especifican en el N° 4 de lo expositivo, incluido el informe final de la auditoría analizada, la cual, en lo medular, se refiere a las actividades realizadas, los objetivos y alcances de la auditoría, la hipótesis de riesgo, la descripción del agente económico y el resultado con los principales hallazgos y acciones de la fiscalización; sin que se advierta que con la publicidad de estos antecedentes se pudiera revelar el modo y la estrategia de fiscalización utilizados por la reclamada, los criterios de evaluación empleados para tales efectos y que los fiscalizados contaran con información relevante sobre los niveles de control que se ejercen en dichos procedimientos, y que de ser conocidos pudieran afectar las funciones del órgano en materia de fiscalización y control fronterizo que le encomienda la Ley, por lo que la causal de reserva invocada será desestimada.

7) Que, a mayor abundamiento, se ha de tener presente que el solicitante es parte interesada en el procedimiento administrativo respecto del cual se requieren los antecedentes anotados en el numeral 1°, de lo expositivo, no debiendo por lo tanto, olvidar lo dispuesto en el artículo 17 letra a), de la Ley N° 19.880, que dispone que las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente.

8) Que, en mérito de lo expuesto, atendida la naturaleza de la información pedida y que el requirente es parte interesada en el procedimiento consultado, al tenor de lo dispuesto en el numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, y teniendo en consideración el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe declarado en el país, producto de la pandemia del COVID-19, así como las directrices otorgadas por el Oficio N° 252 de fecha 20 de marzo de 2020, de esta Corporación, se acogerá el presente amparo, ordenándose la entrega de la información solicitada, y conjuntamente con ello, se recomendará al órgano reclamado que realice la entrega efectiva de la documentación solicitada al requirente - en su calidad de representante de la empresa consultada -, de manera excepcional, por un medio alternativo a la entrega presencial. A modo meramente ejemplar, a través de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad del titular y el envío del mandato correspondiente por mecanismos telemáticos.

9) Que, finalmente, se deberán tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación que se ordena entregar, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628. Lo anterior se dispone en virtud del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11 letra e), de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la misma Ley.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Luis Mondaca Muñoz en contra del Servicio Nacional de Aduanas, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Aduanas, lo siguiente;

a) Hacer entrega al reclamante:

Copia del expediente administrativo de la auditoría de riesgo ordenada mediante Resolución N° 881, de fecha 16 de mayo de 2019, de la Dirección Regional de Aduana de Antofagasta, incluyendo el informe final que contenga el resultado de la fiscalización y la totalidad de actuaciones e informes emitidos en dicho proceso.

Se deberán tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación que se ordena entregar, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628. Lo anterior se dispone en virtud del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11 letra e), de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la misma Ley.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Recomendar al órgano reclamado que realice la entrega efectiva del expediente con sus antecedentes al requirente -en su calidad de representante de la empresa consultada-, de manera excepcional, por un medio alternativo a la entrega presencial, por ejemplo, a través de correo electrónico, previa acreditación de la identidad del titular y envío del mandato correspondiente por mecanismos telemáticos.

IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Luis Mondaca Muñoz y al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Aduanas.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana Maria Muñoz Massouh.