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Pablo Montero Olave con UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA Rol: C4665-20

Consejo para la Transparencia, 27/10/2020

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Universidad de La Frontera, relativo a la entrega de la información pedida referida a las evaluaciones de la asignatura código MCI455 patología quirúrgica, cursada en los años académicos 2018 y 2019 por la persona consultada. Lo anterior, en atención a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que no obra en su poder la documentación reclamada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento

Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4665-20

Entidad pública: Universidad de La Frontera

Requirente: Pablo Montero Olave

Ingreso Consejo: 05.08.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Universidad de La Frontera, relativo a la entrega de la información pedida referida a las evaluaciones de la asignatura código MCI455 patología quirúrgica, cursada en los años académicos 2018 y 2019 por la persona consultada.

Lo anterior, en atención a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que no obra en su poder la documentación reclamada.

En sesión ordinaria N° 1139 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4665-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Pablo Montero Olave solicitó a la Universidad de la Frontera, a través de dos requerimientos registrados bajo el N° 20 y N° 21, respectivamente, ambos de fecha 08 de junio de 2020, la siguiente información, con finalidad de aprendizaje, retroalimentación y mejora continua, en lo particular a la asignatura código MCI455 patología quirúrgica, cursada en los años académicos 2018 y 2019, de la carrera de medicina:

a) Duplicado/Escaneado de los Facsímiles de preguntas y apuntes, de evaluaciones teóricas rendidas, aplicadas y utilizadas por quién suscribe, documentos únicos, de carácter individual y personal, en los cuales se registraron anotaciones, cálculos, observaciones, indicaciones y otros.

b) Duplicado/Escaneado de la hoja de respuestas entregada en cada evaluación, con las alternativas seleccionadas por quien suscribe.

c) Favor indicar respuestas correctas de las preguntas, escala de puntajes y nota.

d) Consignar Fecha de aplicación, Hora de Inicio y hora de término de cada evaluación.

Fecha de emisión o ejecución respecto del año académico 2018:

Primera evaluación parcial - 2018 - Noviembre.

Segunda evaluación parcial - 2018 - Diciembre.

Fecha de emisión o ejecución respecto año académico 2019:

Primera evaluación parcial - 2019 - 4 octubre.

Segunda evaluación parcial - 2020 - 28 febrero.

Tercera evaluación - (traumatología) aplicada y ejecutada en plataforma online - 2020 - 13 abril.

Periodo de vigencia del documento: 5 años

Origen o Destino: Vicerrectoría académica - Facultad de medicina - Departamento de cirugía, traumatología y anestesiología.

Soporte: Debería estar disponible en Papel y Registro electrónico de plataforma online campus virtual.

2) RESPUESTA: La Universidad de la Frontera respondió a los requerimientos de información formulados, previa prórroga del plazo para formular respuesta, mediante oficios Ord. TR N° 15 y N° 16, ambos de fecha 20 de julio de 2020, señalando, en síntesis, lo siguiente:

De acuerdo al inciso final del artículo 38 del Reglamento de Régimen de Estudios de Pregrado señala que "es responsabilidad de cada estudiante revisar notas finales de cada asignatura cursada en el período académico. Si existiera alguna disconformidad de su parte, el estudiante podrá solicitar la revisión del caso y correspondiente rectificación si corresponde, ante la Dirección de Carrera, en un plazo no superior al de dos semanas después del inicio de las actividades lectivas del semestre siguiente". "Las documentaciones de respaldo de las evaluaciones tomadas deben mantenerse por cada académico hasta la cuarta semana, inclusive posterior al inicio del siguiente período lectivo en que fueron tomadas".

Respecto de la asignatura Patología Quirúrgica MCI455 cursada por el solicitante en el segundo semestre 2019, el periodo académico que finalizó con el cierre de acta de la asignatura el 25 de abril 2020, y por tanto los documentos de respaldo debían mantenerse hasta el 31 de mayo 2020.

Además, de acuerdo a lo informado por la Dirección de Carrera, la solicitud de revisión de notas finales no fue realizada por el estudiante en el plazo estipulado.

Por su parte, en relación a la asignatura Patología Quirúrgica MCI455 cursada por el requirente el segundo semestre de 2018, periodo académico que finalizó con el cierre de acta de la asignatura el 25 de enero de 2019, y por tanto los documentos de respaldo en este caso debían mantenerse hasta el mes de abril de 2019.

Por lo anterior, informa que en ambos casos no existe deber de respaldo documental a la fecha.

3) AMPARO: El 05 de agosto de 2020, don Pablo Montero Olave dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Universidad de la Frontera, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Rector de la Universidad de La Frontera mediante oficio N° E13805, de fecha 19 de agosto de 2020. Se solicitó expresamente al órgano: aclare si la información requerida obra en su poder, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; indique si procedió a efectuar la búsqueda de la información solicitada, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre Procedimiento Administrativo de acceso a la información; se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información requerida; y, se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada.

El órgano reclamado formuló sus descargos u observaciones, a través de oficio Ord. TR. N° 24, de fecha 13 de octubre de 2020, señalando, en síntesis, que en primer lugar se debe tener presente que las evaluaciones rendidas por los alumnos no son actos administrativos, y por ende no están afectos a la normativa prevista en la circular 28.704/81 por la cual la Contraloría General de la Republica imparte instrucciones referentes a eliminación de documentos, conforme al cual la destrucción de todo documento, debe disponerse por resolución exenta de toma de razón, dejándose constancia en acta levantada al efecto de la forma en que se le ha dado cumplimiento.

Por ello, los exámenes o pruebas que los académicos de una Universidad toman a sus alumnos no son actos administrativos, sino actos académicos, en que la normativa que rige su mantención es definida en forma autónoma por cada Universidad. En este contexto el inciso penúltimo y el final del artículo 38 del Reglamento de Régimen de Estudios de Pregrado, de la Universidad de La Frontera, cuyo texto refundido está contenido en la Res. Exta. N° 2188 de 06 de agosto de 2019, dispone: "es responsabilidad de cada estudiante revisar sus notas finales de cada asignatura cursada en el periodo académico. Si existiera alguna disconformidad de su parte, el estudiante podrá solicitar la revisión del caso y correspondiente rectificación si corresponde, ante la Dirección de la Carrera, en un plazo no superior al de dos semanas después del inicio de las actividades lectivas del semestre siguiente. Pasado este tiempo no podrá alterarse dicha calificación". "Las documentaciones de respaldo de las evaluaciones tomadas deben mantenerse por cada académico hasta la cuarta semana, inclusive posterior al inicio de siguiente período lectivo en que fueron tomadas, de existir dicha reclamación del estudiante las evaluaciones deberán mantenerse hasta que se resuelva definitivamente dicha reclamación". Asimismo, el artículo 39 del referido cuerpo normativo establece que "las actas son inalterables. Sin embargo, en caso de detectar un error u omisión que requiera modificación, el Docente Responsable de la asignatura mediante el sistema de ACTAS DE INTRANET solicitará al Director de la Unidad Académica en que se impartió la Actividad Curricular la emisión de un acta electrónica rectificatoria. El acta electrónica rectificatoria se entenderá forma parte del acta original. Las actas rectificatorias deberán ser emitidas a más tardar la tercera semana de inicio del periodo lectivo siguiente".

Así, precisa que la solicitud formulada fue efectuada el 08 de junio de 2020. La asignatura Patología Quirúrgica MCI455 fue cursada por el estudiante en segundo semestre 2019, periodo académico que finalizó según los plazos establecidos con el cierre de acta de la asignatura el 25 de abril 2020. Como se indicó la documentación de respaldo de las evaluaciones tomadas deben mantenerse por cada académico hasta la cuarta semana, inclusive posterior al inicio de siguiente período lectivo en que fueron tomadas; situando dicho plazo en este caso, el 31 de mayo 2020, y por tanto a la fecha de la solicitud, ya no existía obligación de contar con las mismas, siendo correcta la respuesta dada en este sentido.

A su vez la asignatura Patología Quirúrgica MCI455 fue cursada por el estudiante en segundo semestre 2018, periodo académico que finalizó según los plazos establecidos con el cierre de acta de la asignatura el 25 de enero 2019. En este caso la documentación de respaldo debía mantenerse hasta el mes de abril 2019, por lo que, a la fecha de la solicitud, tampoco existía obligación de contar con las mismas.

Por lo anterior, y de acuerdo a lo informado por la Dirección de Carrera, la solicitud de revisión de notas finales no fue realizada por el estudiante dentro de los plazos estipulados, por lo tanto, no existiendo deber de respaldo documental sobre lo pedido, se justifica que no se haya podido acceder a lo pedido. Adjunta copia de la resolución exenta N° 2188, de fecha 06 de agosto de 2019 que aprueba nuevo reglamento de régimen de estudios y deroga resolución exenta N° 1869 de 2019 y modificaciones posteriores contenida en resolución exenta N° 2119 de 20149. Asimismo, adjunta resolución exenta N° 2890, de fecha 14 de noviembre de 2018, que fija calendario académico año 2019.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto obtener la entrega por parte de la Universidad de La Frontera de la información pedida en relación a las evaluaciones de la asignatura código MCI455 patología quirúrgica, cursada en los años académicos 2018 y 2019 por el requirente, de la carrera de medicina, al tenor de lo señalado en el N° 1 de lo expositivo. Al efecto el órgano reclamado informó al solicitante que no obra en su poder lo pedido, por cuanto de acuerdo a su Reglamento de Régimen de Estudios de Pregrado, a la fecha de los requerimientos formulados ya no existía deber de respaldo documental de lo pedido.

2) Que, en primer lugar, cabe tener presente que de acuerdo al artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales.

3) Que, por consiguiente, cabe tener en consideración que los antecedentes requeridos relativos a las evaluaciones académicas consultadas, constituye información que se puede requerir mediante una solicitud de información de acuerdo a la Ley de Transparencia, toda vez que se trata de documentación que obraría en poder del órgano reclamado. No obstante, cuestión distinta es si procede su entrega por concurrir alguna causal de reserva legal o circunstancia de hecho, análisis que se realizará a continuación.

4) Que, en cuanto a la alegación de fondo realizada por el órgano reclamado, cabe hacer presente, que la inexistencia de la información es una circunstancia de hecho, cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla, sino que esta alegación debe ser fundada, indicando en forma clara el motivo por el cual aquella no obra en su poder, lo que debe ser acreditado de forma fehaciente. En la especie, la Universidad de La Frontera tanto en su respuesta como descargos informó no obra en su poder la información pedida, explicando detalladamente las razones de aquellos. En este sentido señaló que de conformidad al inciso penúltimo y el final del artículo 38 del Reglamento de Régimen de Estudios de Pregrado, de la Universidad de La Frontera, cuyo texto refundido está contenido en la Resolución Exenta N° 2188 de 06 de agosto de 2019, dispone: "es responsabilidad de cada estudiante revisar sus notas finales de cada asignatura cursada en el periodo académico. Si existiera alguna disconformidad de su parte, el estudiante podrá solicitar la revisión del caso y correspondiente rectificación si corresponde, ante la Dirección de la Carrera, en un plazo no superior al de dos semanas después del inicio de las actividades lectivas del semestre siguiente. Pasado este tiempo no podrá alterarse dicha calificación". "Las documentaciones de respaldo de las evaluaciones tomadas deben mantenerse por cada académico hasta la cuarta semana, inclusive posterior al inicio de siguiente período lectivo en que fueron tomadas, de existir dicha reclamación del estudiante las evaluaciones deberán mantenerse hasta que se resuelva definitivamente dicha reclamación". Asimismo, el artículo 39 del referido cuerpo normativo establece que "las actas son inalterables. Sin embargo, en caso de detectar un error u omisión que requiera modificación, el Docente Responsable de la asignatura mediante el sistema de ACTAS DE INTRANET solicitará al Director de la Unidad Académica en que se impartió la Actividad Curricular la emisión de un acta electrónica rectificatoria. El acta electrónica rectificatoria se entenderá forma parte del acta original. Las actas rectificatorias deberán ser emitidas a más tardar la tercera semana de inicio del periodo lectivo siguiente".

5) Que, dicha normativa se ha dictado por la Universidad de La Frontera en ejercicio su autonomía universitaria, teniendo presente que de acuerdo al decreto con fuerza de ley N° 2, de 2010, de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, en su artículo 104 inciso primero se establece que "Se entiende por autonomía el derecho de cada establecimiento de educación superior a regirse por sí mismo, de conformidad con lo establecido en sus estatutos en todo lo concerniente al cumplimiento de sus finalidades y comprende la autonomía académica, económica y administrativa. Agrega el inciso 2° que "La autonomía académica incluye la potestad de las entidades de educación superior para decidir por sí mismas la forma como se cumplan sus funciones de docencia, investigación y extensión y la fijación de sus planes y programas de estudio." Por su parte el inciso 3° señala que "La autonomía económica permite a dichos establecimientos disponer de sus recursos para satisfacer los fines que le son propios de acuerdo con sus estatutos y las leyes." Finalmente, su inciso 4° agrega que "La autonomía administrativa faculta a cada establecimiento de educación superior para organizar su funcionamiento de la manera que estime más adecuada de conformidad con sus estatutos y las leyes."

6) Que, en dicho sentido resolvió la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en su sentencia recaída en reclamo de ilegalidad Rol N° 1802-2010, de fecha 14 de diciembre de 2010, señalando en su considerando 9° "Que, por otra parte, el artículo 1° del DFL N° 3, de 10 de marzo de 2006 del Ministerio de Educación, publicado en el Diario Oficial de 02 de octubre de 2007, y que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL N° 153, de 1981, que establece los Estatutos de la Universidad de Chile, expresa que esta universidad, Persona Jurídica de Derecho Público Autónoma, es una institución de Educación Superior del Estado de carácter nacional y público, con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena autonomía académica, económica y administrativa, dedicada a la enseñanza superior, investigación, creación y extensión en las ciencias, las humanidades, las artes y las técnicas, al servicio del país en el contexto universal de la cultura." Agregando el segundo párrafo de dicho considerando que "A su vez, el artículo 88 de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fija el DFL 1 de 2005, del Ministerio de Educación, establece que las universidades estatales existentes al 31 de diciembre de 1981 y las instituciones de educación superior, derivadas de éstas o sus sucesoras, conservarán su naturaleza de entidades autónomas con personalidad jurídica y con patrimonio propio. De ellas señala que se regirán por las disposiciones del Título III de esta ley en lo que les fueran aplicables, por las leyes que las refieran, por sus respectivos estatutos y reglamentos en cuanto no sean contrarias a éstas y, supletoriamente por las normas de derecho privado. En materias académicas, económicas y administrativas gozarán de plena autonomía y, por último, se ocupa de la prelación de esta ley y de la ley 18.575 en lo relativo a lo que dispongan los estatutos y demás normas y fuentes referidas a los académicos y a cómo se mirarán a efectos de la carrera funcionaria."

7) Que, por lo expuesto y acuerdo a los antecedentes examinados en el presente caso, ha sido posible determinar que la Universidad de La Frontera acreditó que a la fecha de los requerimientos formulados el 08 de junio de 2020, respecto de la información reclamada ya no existía el deber de contar con la documentación de respaldo, conforme a la normativa universitaria que rige la materia, lo que justificaría la razón por la cual no posee dichos antecedentes. Así, informó que respecto de la asignatura Patología Quirúrgica MCI455 cursada el segundo semestre 2019, el periodo académico finalizó según los plazos establecidos con el cierre de acta de la asignatura el 25 de abril 2020. A su vez acerca de la asignatura Patología Quirúrgica MCI455 cursada en segundo semestre 2018, el periodo académico que finalizó según los plazos establecidos con el cierre de acta de la asignatura el 25 de enero 2019. Además, sostuvo que de acuerdo a lo informado por la Dirección de carrera de medicina de la Universidad reclamada, la solicitud de revisión de notas finales no fue realizada por el requirente dentro de los plazos estipulados, por lo tanto, no existía tampoco deber de respaldo documental sobre lo pedido.

8) Que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, sólo será pública la información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de aquella inexistente. En consecuencia, sin que se dispongan de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de la sostenida por el órgano requerido, se rechazará el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Pablo Montero Olave en contra de la Universidad de La Frontera, por no obrar en su poder la información reclamada en los términos requeridos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Pablo Montero Olave y al Sr. Rector de la Universidad de la Frontera.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.