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Jorge Manuel Condeza Neuber con Rol: C2652-20

Consejo para la Transparencia, 27/10/2020

Por decisión de mayoría, se rechaza por mayoría el amparo deducido en contra de la Dirección General de Promoción de Exportaciones, referido a la entrega de copia del estudio realizado por PROCHILE en el proceso de modernización que se indica. Lo anterior, por afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido y el interés nacional, en especial, respecto de las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país. Hay voto disidente del Consejero don Francisco Leturia Infante, quien fue partidario de acoger el amparo, por cuanto estima que respecto de la información pedida no concurre la causal de reserva de afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, y el interés nacional, en especial, respecto de las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país, considerando además que, existe un interés público prevalente sobre el conocimiento del informe consultado, toda vez que posibilita a la ciudadanía ejercer control social, respecto de una materia particularmente relevante, como lo es la adecuado y ventajoso uso, y promoción de la imagen del país, como asimismo, de las políticas, planes y estrategias desplegadas por el órgano reclamado, permitiendo ponderar si dichas medidas se ajustan a los intereses generales de la nación, y consecuencialmente, contribuyen al desarrollo económico del país.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2652-20

Entidad pública: Dirección General de Promoción de Exportaciones

Requirente: Jorge Manuel Condeza Neuber

Ingreso Consejo: 20.05.2020

RESUMEN

Por decisión de mayoría, se rechaza por mayoría el amparo deducido en contra de la Dirección General de Promoción de Exportaciones, referido a la entrega de copia del estudio realizado por PROCHILE en el proceso de modernización que se indica.

Lo anterior, por afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido y el interés nacional, en especial, respecto de las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país.

Hay voto disidente del Consejero don Francisco Leturia Infante, quien fue partidario de acoger el amparo, por cuanto estima que respecto de la información pedida no concurre la causal de reserva de afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, y el interés nacional, en especial, respecto de las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país, considerando además que, existe un interés público prevalente sobre el conocimiento del informe consultado, toda vez que posibilita a la ciudadanía ejercer control social, respecto de una materia particularmente relevante, como lo es la adecuado y ventajoso uso, y promoción de la imagen del país, como asimismo, de las políticas, planes y estrategias desplegadas por el órgano reclamado, permitiendo ponderar si dichas medidas se ajustan a los intereses generales de la nación, y consecuencialmente, contribuyen al desarrollo económico del país.

En sesión ordinaria N° 1139 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2652-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 17 y 21 de abril de 2020, don Jorge Manuel Condeza Neuber solicitó a la Dirección General de Promoción de Exportaciones la siguiente información: «copia del estudio realizado por ProChile que determinó que oficinas debían ser cerradas y que evaluó la apertura de otras. En caso de que se haya contratado a una empresa externa para realizar la evaluación, copia de la orden de compra respectiva. Si el estudio fue financiado por otra repartición favor información de cual y que montos se invirtieron» (Solicitudes de Acceso a la Información N° AC006T0000102 y AC006T0000104).

2) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 4 de mayo de 2020, la Dirección General de Promoción de Exportaciones, denegó parcialmente la entrega de los antecedentes consultados. Al respecto, sostuvo que, mediante Memorándum N° 02600, de fecha 29 de abril de 2020, el Jefe de Subdepartamento de Planificación y Desarrollo solicitó la denegación parcial del estudio pedido, pues dicho documento contiene directrices y evaluaciones que permiten definir la estrategia de red externa en materia de política comercial del país. Por lo anterior, invocó la causal de reserva prevista en el artículo 21° N° 4 de la Ley de Transparencia.

Sobre lo anterior, expuso que, la información dice relación con un proceso de modernización de la Red Externa de Prochile, mediante el establecimiento de una estrategia comercial, que implica la definición de un ranking de mercado, establecido de acuerdo a criterios definidos por el órgano reclamado, con foco en el sector exportador, que establece un mecanismo de planificación acorde con la política exterior que fija el Presidente de la República, en materia de participación en comercio exterior. Al efecto, agregó que, dicha materia representa por su naturaleza parte del interés nacional, en particular respecto a los intereses económicos y comerciales del país. A efectos de refrendar lo anterior, citó jurisprudencia emanada de este Consejo.

Acto seguido, argumentó que, la apertura y cierre de oficinas o la presentación comercial en el exterior, que se integran dentro de las estructuras de las Embajadas y Consulados en Chile en el exterior, obedece a una política de Estado, por lo que la divulgación de los antecedentes que sirven de base para categorizar y jerarquizar a diferentes países con los cuales el país mantiene relaciones diplomáticas, consulares y comerciales, puede afectar el dialogo y las fluidas relaciones internacionales con éstos, sobre todo con aquellos que figuren en un escalafón más bajo en dicho análisis. Asimismo, puntualizó que, revelar dichos antecedentes implica dar a conocer la estrategia comercial chilena y sus fundamentos a otros Estados, pudiendo afectar la efectividad de las decisiones que se adopten, especialmente en las actuales circunstancias, donde resulta fundamental apoyar al sector exportador nacional. En esta línea argumentativa, citó jurisprudencia emanada de la Corte de Apelaciones.

En virtud de lo anterior, concluyó que, la divulgación de la información solicitada -atendida la naturaleza de los hechos sobre los cuales versa- puede generar un daño en las relaciones bilaterales con los países abordados en la estrategia, especialmente aquellos rankeados con menor puntuación, ya que podría interpretarse como una menor preferencia por parte del país a entablar relaciones comerciales con los mismos.

Por otra parte, expresó que lo anterior no sólo afecta el interés nacional, sino que además el debido cumplimiento de las funciones de Prochile, según lo establecido en el numeral N° 1 del artículo 21° de la Ley de Transparencia. Al efecto, expuso que, Prochile es un Servicio Público centralizado, sometido a la dependencia del Presidente de la República, mediante la Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, creada por la Ley N° 21.080, al que le corresponde ejecutar la política que éste formule relativa a la participación en el comercio exterior, de acuerdo a directivas impartidas por dicho Ministerio, en lo relativo a la promoción, diversificación y estímulo de las exportaciones de bienes y servicios. Sobre lo anterior, explicó que, la divulgación de los resultados del informe solicitado puede afectar directamente en la misión de la Institución, al perjudicarse las relaciones internacionales, y con ello, el incentivo y la estimulación en la promoción de exportaciones de bienes y servicios, dejando al país en una posición desmejorada respecto de otros países con intereses comerciales similares, al hacer visible la estrategia en materia de comercio exterior y sus fundamentos.

Finalmente, informó que, la modernización de la Red Externa ProChile, consideró la realización del estudio titulado "Metodología para la Evaluación de la Pertinencia en la Ubicación de una Oficina y/o Representación Comercial de Prochile". Asimismo, agregó que, dicha metodología fue diseñada y aplicada íntegramente por profesionales del Departamento Subdirección Internacional de la Dirección de Promoción de Exportaciones de DIRECON, antecesora legal de PROCHILE.

3) AMPARO: El 20 de mayo de 2020, don Jorge Manuel Condeza Neuber dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación parcial de los antecedentes consultados. Al respecto, el peticionario cuestionó la invocación de la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia, toda vez que la Cancillería y Prochile publicaron los resultados de dicho estudio a los medios de comunicación -acompañó copia de la noticia-. Al respecto, citó declaraciones vertidas por el Ministro de Relaciones Exteriores, las cuales consignan el cierre de Oficinas Comerciales, el interés de incorporar mayor presencia en zona que se indica y la necesidad de redistribuir el personal diplomático y comercial. Por lo anterior, el reclamante cuestionó que, la divulgación de los antecedentes genere un problema de relaciones internacionales, un daño a las relaciones bilaterales y consecuencias importantes en el campo internacional. En el evento que se verificara lo anterior, indicó que: «Prochile y la Cancillería deberían mostrar las notas de protesta que han recibido o informar si ocurrió algún conflicto diplomático cuando han anunciado cerrar embajadas». Por último, indicó que, la denegatoria en atención a la afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, causal de reserva artículo 21 número 1 de la ley 20.285, se invoca sin ninguna razón legal, ni tampoco efectiva y real de afectación.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de Promoción de Exportaciones, mediante Oficio N° E8507, de fecha 5 de junio de 2020, solicitándole que: se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada, detallando cómo la entrega dicha información afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano del órgano y el interés nacional.

Mediante presentación, de fecha 22 de junio de 2020, el órgano reclamado evacuó sus descargos y observaciones, reiterando en síntesis lo expuesto en su respuesta.

Asimismo, hizo presente que, el hecho de que el Ministro de Relaciones Exteriores y el suscrito se hayan referido, a través de medios de comunicación, a la decisión adoptada en relación a las modificaciones a realizar en la red externa comercial de Chile, entregando para ello antecedentes generales, no implica que carezca de pertinencia la denegación de la entrega del estudio realizado por este Servicio, ya que dicho instrumento contiene una metodología de priorización de mercados, cuyo contenido responde a un análisis detallado del escenario comercial internacional, en aquellos aspectos que para este Servicio resultan relevante. Al respecto, señaló que, la entrega y divulgación de los antecedentes que sirvieron de base para categorizar y jerarquizar a los diferentes mercados con los cuales nuestro país tiene relaciones comerciales, diplomáticas y consulares, puede afectar gravemente el diálogo y las fluidas relaciones internacionales con éstos, sobre todo los que figuren en un rango más bajo en dicho análisis, por cuanto para arribar a dicho ranking se consideran variables diversas de interés para el país. Sobre lo anterior, argumentó que, dar a conocer estos antecedentes, implica revelar la estrategia comercial chilena y sus fundamentos a otros Estados, algunos de los cuales se constituyen como competidores en materia comercial, considerando los diferentes sectores productivos y mercados.

Acto seguido, sostuvo que, test de daño e interés público debe llevarse a cabo ex ante precisamente, para evitar las consecuencias que dicha divulgación de información pudiese generar. Al efecto, expuso que, el daño en el diálogo y las fluidas relaciones internacionales que puede implicar la divulgación de todos los antecedentes que se tuvieron a la vista para jerarquizar y categorizar a los diferentes países o mercados, sumado a la pérdida de efectividad que pueden sufrir las decisiones y políticas en proceso de ejecución, versus el beneficio público resultante cuando ya se han hecho públicos los resultados macro del estudio, determinan que mantener en secreto datos importantes que dicen relación con la estrategia y detalles de la planificación acorde con la política exterior que fija el Presidente de la República, resulta del todo proporcional.

5) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Para una mejor resolución del presente amparo, mediante Oficio N° E15901, de fecha 22 de septiembre de 2020, esta Corporación requirió al órgano reclamado lo siguiente: Remita copia íntegra del estudio -o informe- pedido por el peticionario, a fin de que este Consejo pondere su publicidad o reserva, en conformidad de las causales de reserva previstas en el artículo 21 N° 1 y N° 4 de la Ley de Transparencia.

Mediante presentación, de fecha 30 de septiembre de 2020, el órgano requerido proporcionó respuesta al singularizado oficio, reiterando, en síntesis, las alegaciones expuestas en sus presentaciones, en cuanto a la afectación de las relaciones internacionales, y los intereses económicos y comerciales del país.

Asimismo, acompañó copia de "Aspectos Generales: Informe para la Evaluación de la Pertinencia en la Ubicación de una Oficina y/o representación comercial de Prochile", de noviembre de 2018; y, la "Propuesta de Metodología para la evaluación de la pertinencia en la ubicación de una oficina y/o representación comercial de Prochile", de noviembre de 2018.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la denegación parcial de los antecedentes consultados por el peticionario, relativos a la copia del estudio realizado por PROCHILE en el proceso de modernización que se indica. Al respecto, el órgano reclamado se opuso a la entrega de dicho estudio, por concurrir en la especie las causales de reserva previstas en el artículo 21 N° 1 y N° 4 de la Ley de Transparencia. Por lo anterior, este Consejo procederá a analizar la procedencia de dichas causales en el presente amparo de acceso a la información.

2) Que, primeramente, con respecto a las causales de reserva invocadas - N° 1 y N° 4 del artículo 21° de la Ley de Transparencia-, es menester tener presente que, éstas permiten denegar el acceso a la información cuando su publicidad afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, y cuando afecte el interés nacional, en especial, respecto de las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país, respectivamente. (énfasis agregado).

3) Que, acto seguido, con respecto a la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21° N° 4 de la Ley de Transparencia, el órgano reclamado ilustró que dicho estudio contiene una metodología de priorización y categorización de mercados, en virtud de criterios definidos por el organismo, cuyo contenido responde a un análisis detallado del escenario comercial e internacional. En este sentido, expuso que, dicho trabajo responde a un proceso de modernización de la red externa de ProChile, mediante el establecimiento de una estrategia comercial, que comprende la apertura y cierre de oficinas o presentaciones comerciales en el exterior. Asimismo, refirió que, dicho informe establece un mecanismo de planificación acorde con la política exterior que fija el Presidente de la República, en materia de participación en el comercio internacional.

4) Que, atendido lo expuesto por la reclamada, este Corporación procedió a decretar una medida para mejor resolver, a fin de ponderar las circunstancias fácticas y jurídicas expuestas por el órgano requerido, con ocasión de sus presentaciones. Al efecto, el órgano reclamado remitió copia de "Aspectos Generales: Informe para la Evaluación de la Pertinencia en la Ubicación de una Oficina y/o representación comercial de Prochile" y de la "Propuesta de Metodología para la evaluación de la pertinencia en la ubicación de una oficina y/o representación comercial de Prochile". Del análisis de dichos antecedentes, esta Corporación verifica lo alegado por la reclamada, toda vez que dicho instrumento contiene una metodología, la cual jerarquiza y categoriza a los países que se indican, según las necesidades económicas de Chile, con respecto a la ubicación de una oficina y/o representación comercial de ProChile en un determinado mercado. A su vez, el referido ranking se obtiene de la ponderación y aplicación de diferentes variables, las cuales comprenden el análisis de datos macroeconómicos de terceros países, cifras de intercambio comercial, inversiones, empresas, de competencia, servicios y aspectos políticos, los cuales se materializan en índices, que se obtienen mediante las operaciones y fórmulas aritméticas que se reseñan.

5) Que, en conformidad de lo expuesto precedentemente, esta Corporación estima que, la divulgación de la metodología descrita, empleada para la confección de la estrategia comercial del país, como asimismo, sus variables, criterios y fórmulas de cálculo, implican, consecuencialmente, la publicidad de información naturalmente sensible para las relaciones internacionales del país. En efecto, dicho estudio envuelve la entrega de antecedentes referidos a índices económicos, comerciales y aspectos políticos de terceros países. Bajo esta lógica, atendida su naturaleza, su divulgación se configura como un daño en las relaciones con los países consignados en dicho informe, toda vez que comprende una metodología que discrimina, categoriza y jerarquiza a los países que tienen intercambio comercial con Chile, según distintos parámetros. En virtud de lo anterior, su divulgación se constituye como una afectación al dialogo, las fluidas y estables relaciones económicas, diplomáticas y consulares con los países abordados en dicha estrategia, particularmente con aquellos evaluados negativamente. Por tal motivo, constituye una materia que representa por su naturaleza parte del interés nacional, en particular de los intereses económicos y comerciales del país. (énfasis agregado).

6) Que, en tal sentido, a propósito de los "intereses generales de la nación" que integran la función social de la propiedad (art. 19 N° 24, inc. 2°, de la Constitución Política) se ha dicho que «expresan un bien jurídico que se relaciona directamente con la Nación toda, entera, y jamás, por importante que sea, con un sector de ella, y que se relaciona, básicamente, con el beneficio superior de la sociedad política globalmente considerada, como un todo, sin referencia alguna a categorías o grupos sociales, económicos o de cualquier otro orden». Con todo, algunos autores matizan el punto y admiten que aunque el beneficio debe ser para el país en su conjunto, puede referirse «a sectores de su población, áreas de actividad o zonas geográficas específicas o determinadas dentro de él». Pues bien, precisamente un ámbito donde por naturaleza puede expresarse este interés, es en la política exterior de un Estado, que debe representar al conjunto de la población. Sobre este punto, cabe advertir que, dicho informe fue elaborado, en virtud del establecimiento de una estrategia comercial, a fin de favorecer, promover y diversificar las exportaciones de bienes y servicios en el mercado internacional, y consolidar al país en economías donde antes no estaba, o bien su participación era muy acotada . En consecuencia, la publicidad del referido instrumento implica develar las bases y fundamentos de la política exterior y comercial desplegada por el país, a fin de aprovechar sus ventajas comparativas, y generar las condiciones idóneas para estimular el intercambio comercial. Por los motivos expuestos, a juicio de este Consejo, la divulgación del instrumento requerido, afectaría con alta probabilidad y de modo sustancial las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país. (énfasis agregado).

7) Que, a mayor abundamiento, este Consejo estima que en la especie también concurre la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, esto es, la afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido. Al efecto, -y en conformidad a lo expuesto latamente en los considerandos precedentes-, el instrumento consultado contiene antecedentes que sirvieron de base para la elaboración de una estrategia comercial, enmarcada dentro de la política exterior fijada por el Presidente de la República. En esta línea, la difusión de los fundamentos y las bases de la estrategia diseñada por el organismo afectaría la implementación, ejecución y efectividad de dichas políticas, y en consecuencia, las funciones específicas del organismo sobre la materia.

8) Que, bajo esta lógica, es menester tener presente que, el artículo 36° de la Ley 21.080, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el Ministerio de Relaciones Exteriores, dispone que al órgano reclamado «le corresponderá ejecutar la política que éste formule relativa a la participación en el comercio exterior, de acuerdo a directivas impartidas por dicho Ministerio en lo relativo a la promoción, diversificación y estímulo de las exportaciones de bienes y servicios». En este contexto, el artículo 37° del citado cuerpo legal establece que dicho órgano de la administración del estado deberá estudiar, proponer y ejecutar todas las acciones concernientes a la participación de Chile en el comercio internacional; promover, facilitar y colaborar, en el marco de la política de comercio exterior, con el desarrollo de las exportaciones; y, Analizar integralmente la participación de Chile en el comercio internacional; y, formular propuestas a los sectores público y privado para la óptima participación en los mercados internacionales, la utilización de los acuerdos internacionales y el fomento de los flujos de comercio e inversión. Por consiguiente, la publicidad del instrumento pedido afectaría directamente la misión de la Institución, por cuanto implica una expectativa razonable de daño para las relaciones internacionales con los países evaluados negativamente en dicho informe, y con ello, a la formulación de políticas, medidas y directrices referidas al incentivo y estimulación de las exportaciones de bienes y servicios. (énfasis agregado).

9) Que, en tal sentido, en virtud del marco normativo citado precedentemente, y atendida las funciones específicas que debe desplegar el órgano reclamado sobre las materias de comercio exterior y promoción de exportaciones del país, esta Corporación estima que, el órgano reclamado está en una mejor posición de ponderar la publicidad o reserva del informe pedido, con respecto a las consecuencias políticas y económicas que podrían generarse de develarse la metodologías y variables, que sirven de base y fundamento para la confección de la estrategia comercial del país.

10) Que, en mérito de lo expuesto precedentemente, concurriendo en la especie las hipótesis de reserva previstas en el artículo 21 N° 1 y N° 4 de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Jorge Manuel Condeza Neuber en contra de la Dirección General de Promoción de Exportaciones, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Jorge Manuel Condeza Neuber y al Sr. Director General de Promoción de Exportaciones.

VOTO DISIDENTE

La presente decisión es acordada con el voto disidente del Consejero don Francisco Leturia Infante, quien no comparte lo razonado por este Consejo, y fue partidario de acoger el amparo interpuesto, por las siguientes razones:

1) Que, a diferencia del voto mayoritario, este Consejero estima que es pública la información requerida, de conformidad a lo previsto en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, como también en virtud de lo dispuesto en la Ley de Transparencia en sus artículos 5° y 10°, no habiéndose aportado elementos suficientes que permitan acreditar el daño a los bienes jurídicos protegidos por las causales de reserva invocadas.

2) Que, en este contexto, es menester tener presente que, es de público conocimiento la información sobre la ubicación de las oficinas y delegaciones de representación comercial operadas por Prochile alrededor del mundo. Es más, dicha información es puesta libremente a disposición de la ciudadanía por parte de la institución en el siguiente enlace electrónico: https://www.prochile.gob.cl/prochile-en-el-mundo/. Por tal motivo, este Consejero no advierte, cómo la develación de la información sobre la evaluación de la apertura o el cierre de oficinas comerciales puedan afectar el interés nacional, y en particular, las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país, máxime si se considera que, dichas delegaciones son establecidas precisamente como resultado del fluido y profuso intercambio comercial que existe con los principales actores del comercio internacional y socios comerciales del país, en conformidad a las necesidades económicas de Chile en determinados mercados.

3) Que, en línea con lo anterior, a juicio de este Consejero, el informe pedido no implica un detrimento de las relaciones internacionales e intereses económicos del país, toda vez que los rankings consignados en el referido instrumento, sólo clasifican a los países, conforme a la conveniencia de ubicar una oficina de representación en determinados países, en virtud de la recopilación y tratamiento de cifras de intercambio macroeconómicas reales y objetivas, sin develar aspectos que puedan configurarse como un menoscabo para las relaciones internacionales.

4) Que, asimismo, a juicio de este disidente, existe un interés público prevalente en el conocimiento de la información reclamada, por cuanto conocer la metodología y criterios de evaluación para la instalación de oficinas de Prochile, posibilita a la ciudadanía, tomar noticia y ejercer control social, respecto de una materia particularmente relevante para el país, como lo es la adecuado y ventajoso uso, y promoción de la imagen del país, como asimismo, de las políticas, planes y estrategias desplegadas por el órgano reclamado, permitiendo ponderar si dichas medidas se ajustan a los intereses generales de la nación, y consecuencialmente, contribuyen al desarrollo económico del país, mediante la internacionalización de las empresas chilenas, la estimulación del turismo y la inversión extranjera, y el fomento de la actividad productiva.

5) Que, en consecuencia, este disidente estima que, se debe acoger este amparo respecto a la información requerida, desestimando la concurrencia de las causales de reserva previstas en el artículo 21° N° 1 y N° 4 de la Ley de Transparencia.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.