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Patricio Elías Sarquis con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII) Rol: C4765-20

Consejo para la Transparencia, 20/10/2020

Se rechaza el amparo deducido en contra del Servicio de Impuestos Internos, sobre acceso a todos los oficios circulares que se encuentren vigentes, en todo o parte. Lo anterior, por cuanto se ha acreditado que la satisfacción del requerimiento en la forma pedida implica el despliegue de esfuerzos que configuran la causal de reserva de distracción indebida de los funcionarios del órgano, atendida la cantidad de tiempo y recursos humanos que plausiblemente han de dedicarse a la búsqueda, sistematización y entrega de información reclamada. En efecto, por una parte, constituye un hecho no controvertido la circunstancia de que el requerimiento de información es de carácter genérico -así por cierto lo reconoció el reclamante en su amparo- y, por otra, el órgano requerido ha señalado que la divulgación de la información reclamada implica actividades respecto de documentación que comprendería un universo de oficios circulares dictados entre los años 1902 y 2020, es decir, 118 años, de los cuales un número indeterminado de documentos, correspondiente a 77 años, obran en formato papel, mientras que los dictados en los 41 años restantes, en 895 archivos digitalizados. Esto, de acuerdo con la descripción detallada expuesta por el SII en sus descargos, supone destinar un total 3.120 horas hombre y 10 funcionarios para dichas actividades. En otras palabras, satisfacer el requerimiento en los términos pedidos significaría dedicar exclusivamente a dicha tarea a 10 funcionarios durante 39 jornadas laborales (de 8 horas diarias cada una), circunstancia que no se aviene con los principios de eficiencia y eficacia al que se encuentran sujetos los Servicios Públicos, constituyendo esfuerzos desproporcionados que sin duda afectarían las labores y funcionamiento del organismo reclamado. El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Ausente)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4765-20

Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos

Requirente: Patricio Elías Sarquis

Ingreso Consejo: 10.08.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra del Servicio de Impuestos Internos, sobre acceso a todos los oficios circulares que se encuentren vigentes, en todo o parte.

Lo anterior, por cuanto se ha acreditado que la satisfacción del requerimiento en la forma pedida implica el despliegue de esfuerzos que configuran la causal de reserva de distracción indebida de los funcionarios del órgano, atendida la cantidad de tiempo y recursos humanos que plausiblemente han de dedicarse a la búsqueda, sistematización y entrega de información reclamada.

En efecto, por una parte, constituye un hecho no controvertido la circunstancia de que el requerimiento de información es de carácter genérico -así por cierto lo reconoció el reclamante en su amparo- y, por otra, el órgano requerido ha señalado que la divulgación de la información reclamada implica actividades respecto de documentación que comprendería un universo de oficios circulares dictados entre los años 1902 y 2020, es decir, 118 años, de los cuales un número indeterminado de documentos, correspondiente a 77 años, obran en formato papel, mientras que los dictados en los 41 años restantes, en 895 archivos digitalizados. Esto, de acuerdo con la descripción detallada expuesta por el SII en sus descargos, supone destinar un total 3.120 horas hombre y 10 funcionarios para dichas actividades. En otras palabras, satisfacer el requerimiento en los términos pedidos significaría dedicar exclusivamente a dicha tarea a 10 funcionarios durante 39 jornadas laborales (de 8 horas diarias cada una), circunstancia que no se aviene con los principios de eficiencia y eficacia al que se encuentran sujetos los Servicios Públicos, constituyendo esfuerzos desproporcionados que sin duda afectarían las labores y funcionamiento del organismo reclamado.

El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1138 del Consejo Directivo, celebrada el 20 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4765-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 22 de junio de 2020, don Patricio Elías Sarquis solicitó al Servicio de Impuestos Internos (en adelante e indistintamente el SII), la siguiente información: "se entregue copia y/o publique en la página del SII, todos los oficios circulares que estén vigente, en todo o parte".

2) RESPUESTA: El 21 de julio de 2020, el Servicio de Impuestos Internos respondió a dicho requerimiento de información indicando, en resumen, que se deniega la información de conformidad al artículo 21, N° 1 letra c), y N° 4 de la Ley de Transparencia.

Al efecto, señala que lo requerido contiene información sensible para este organismo fiscalizador, cuya divulgación afecta necesariamente el debido cumplimiento de las funciones del Servicio, por cuanto significaría revelar ámbitos, métodos de trabajo y mecanismos específicos de fiscalización, de prevención de actuaciones irregulares y de pesquisa temprana de situaciones de riesgo de incumplimientos e irregularidades tributarias; de procesos internos de tratamiento de datos de los contribuyentes; de las medidas de control que resultan necesarias para validar eventuales modificaciones, actualizaciones de la información, sumado a que los antecedentes requeridos se refieren a casos complejos o de interés institucional, en relación inclusive a casos que hoy se encuentran en actual tramitación o con procesos de fiscalización pendientes, por lo que su publicidad, comunicación o conocimiento, al menos en este momento, por parte de terceros ajenos a la administración tributaria atentaría contra la eficacia de los mismos, perturbando -sino impidiendo- el debido cumplimiento de las labores de fiscalización de este Servicio, dado que se divulgarían las acciones que realiza, pudiendo inclusive volver ineficaces los procesos de fiscalización vigentes así como las futuras decisiones y/o resoluciones que se dicten al efecto, más aún cuando lo requerido se refiere a todos los Oficios Circulares vigentes, con lo cual el solicitante podría conocer no algunos, sino la totalidad de los procesos internos, tratamientos de datos y la totalidad de los métodos de trabajo y mecanismos de fiscalización del SII relativos a procesos internos del órgano.

Así las cosas, la divulgación, difusión o publicidad de la información requerida, vulnera precisamente la eficacia de determinados procesos de fiscalización y la función fiscalizadora de este Servicio, dado que dicha información puede ser utilizada por terceros para burlar las labores de control y/o fiscalización, y en definitiva, para incumplir la normativa tributaria, toda vez que develar dicha información implicaría revelar a terceros ajenos a la administración tributaria las directrices de dichas fiscalizaciones, ámbitos, métodos de trabajo y mecanismos específicos de fiscalización, de prevención de actuaciones irregulares y de pesquisa temprana de situaciones de riesgo, de incumplimientos e irregularidades tributarias; de procesos internos de tratamiento de datos de los contribuyentes; de las medidas de control que resultan necesarias para validar eventuales modificaciones y/o actualizaciones de la información, todo lo cual afectaría indiscutiblemente el interés fiscal, haciendo ineficaz la función fiscalizadora de este Servicio en el ámbito tributario, volviendo ineficaz también las decisiones y/o resoluciones que, respecto a tales procesos, adopte este Servicio, configurando la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 de la Ley N° 20.285, más aun cuando lo requerido no se refiere un Oficio Circular particular, sino que se refiere a todos los Oficios Circulares, es decir, la totalidad de las instrucciones que el SII ha dictado a través de tales actos, resultando información sensible para el cumplimiento eficaz de la función fiscalizadora del Servicio.

En concordancia con lo anterior, la entrega de la información solicitada junto con afectar el debido cumplimiento de las funciones fiscalizadoras del Servicio afecta el interés nacional y específicamente los intereses económicos del país atendida la naturaleza de las funciones que desarrolla. En efecto, de conformidad al artículo 1° de la Ley Orgánica del SII, aprobada por el D.F.L. N° 7/1980, del Ministerio de Hacienda, y el artículo 6° del D.L. N° 830/1974, que aprueba el Código Tributario, corresponde a este Organismo aplicar y fiscalizar todos los impuestos internos actualmente establecidos o que se establecieren, fiscales o de otro carácter en que tenga interés el Fisco y cuyo control no esté especialmente encomendado por la ley a una autoridad diferente. En este sentido, resulta evidente que la efectividad de las labores de fiscalización incide directa o indirectamente en la recaudación tributaria, ya que a través de dichas labores se pueden prevenir o detectar eventuales evasiones de impuestos e incumplimientos tributarios, así como también se puede trabajar preventivamente en situaciones de riesgo en las fiscalizaciones tributarias. De otro modo, es de conocimiento público que la fuente de ingresos más importante con que cuenta el Estado proviene de la recaudación tributaria, por lo que en definitiva cualquier situación que pueda incidir negativamente en la eficiencia y eficacia de la acción fiscalizadora, puede ocasionar un menor nivel de ingresos públicos y afectar de esa forma, a un nivel insospechado, los intereses económicos del país, por lo que, además, se configura la causal de reserva de información prevista en el artículo 21 N° 4 de la Ley N° 20.285.

Refuerza todo lo antes razonado el hecho que un Oficio Circular constituye un acto o documento de carácter interno del Servicio, ya que se refiere a un acto administrativo clasificado dentro de los denominados "Actos Internos", es decir, de aquellos dirigidos o cuyos destinatarios del acto son exclusivamente los funcionarios del órgano o Servicio, por lo que no corresponde su entrega a un tercero ajeno a la Administración, por cuanto, atendido el contenido de los actos administrativos solicitados su publicidad afectaría directamente el debido cumplimiento de las funciones del órgano, toda vez que la información que aquéllos contienen es sensible, en cuanto puede tornar vulnerables el sistema preventivo institucional en comento frente a intervenciones externas directas o mal uso deliberado de los elementos que hacen operativo el sistema.

Por lo anterior, los actos administrativos materia de la solicitud, en general, tienen efectos estrictamente internos y están destinados a ser conocidos y aplicados sólo por funcionarios públicos en razón de sus cargos y para el cumplimiento de los fines del Servicio; por lo que otorgar el acceso ilimitado a terceros no solo afecta el debido cumplimiento de las funciones de este órgano público sino que, como se dijo, afecta el interés nacional que subyace en la debida protección de las fuentes del ingreso público.

3) AMPARO: El 10 de agosto de 2020, don Patricio Elías Sarquis dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información.

Alega, en relación a la causal de reserva alegada por el SII, que al solicitarse todos los Oficios Circulares que estén vigentes, en todo o parte, si bien puede tratarse de un requerimiento de carácter genérico, su cumplimiento no requiere distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento de sus funciones, ya que, llevar a cabo lo pedido, ni siquiera implicaría una revisión de los Oficios Circulares en el sentido de discriminar cuales deben entregarse o no, ya que el requirente solicitó la totalidad de ellos y que se supone que deben estar a disposición para su revisión al menos por todos los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, por ahora. Además, el informar a los contribuyentes de las pautas de cumplimiento de las normas legales y administrativas que seguirán los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, nunca ha sido ni debe ser visto como una ineficacia de su fiscalización. En definitiva, el Servicio de Impuestos Internos, no aporta antecedentes que acrediten o hagan presumir que la entrega de los actos administrativos pedidos afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano en cuestión.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, mediante Oficio E14532, de 28 de agosto de 2020, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida; y, (5°) detalle cómo la entrega de dicha información afectaría el interés nacional.

Mediante presentación escrita, ingresada con fecha 22 de septiembre de 2020, el Servicio de Impuestos internos presentó sus descargos en esta sede y, junto con reiterar lo expuesto en la respuesta al requerimiento agregó, en resumen, que en la especie también concurrirían las causales de secreto establecidas en el artículo 21 N° 1, letras a) y b) de la Ley de Transparencia.

Señala que la función fiscalizadora se afectaría, conforme a lo establecido en el referido artículo 21 N° 1, letra a) de la ley N° 20.285, por cuanto, la publicidad significaría develar un antecedente necesario en relación a las defensas jurídicas y judiciales respecto a los diversos juicios tributarios y penales tributarios que el SII mantiene en actual tramitación a lo largo del país en los distintos tribunales tributarios y aduaneros del país así como en los juzgados de garantía y tribunales de juicio oral en lo penal, en los cuales sea necesario uno o más oficios circulares dictados por este Servicio para su defensa jurídica y judicial.

Acto seguido, hace presente que entregar la información requerida -sin perjuicio que su solo análisis y procesamiento conlleva una distracción indebida de funciones- además, se relacionan en forma directa con la teoría del caso y las pretensiones de este Servicio en los diversos juicios que al respecto fueron interpuestos por el contribuyente liquidado, respecto a los cuales este Servicio defiende los intereses fiscales.

Por su parte, la función fiscalizadora se afectaría, conforme a lo establecido en el referido artículo 21 N° 1, letra b) de la ley N° 20.285, por cuanto, la publicidad significaría develar un antecedente necesario en relación a las resoluciones, medidas o políticas que dicte el SII, ya que algunos oficios circulares -o parte de ellos- regulan internamente información cuya entrega contempla revelar ámbitos, métodos de trabajo y mecanismos específicos de fiscalización, de prevención de actuaciones irregulares y de pesquisa temprana de situaciones de riesgo de incumplimientos e irregularidades tributarias; de procesos internos de tratamiento de datos de los contribuyentes; de las medidas de control que resultan necesarias para validar eventuales modificaciones y/o actualizaciones de la información, todo lo cual configura un riesgo de daño cierto y específico a la tarea de fiscalización de este Servicio, principal labor que debe efectuar este organismo en cumplimiento de un mandato legal, con la consecuente afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, sumado a que la divulgación de la información requerida puede facilitar el despliegue de conductas por parte de los contribuyentes que dificulten las acciones fiscalizadoras o que le permita burlar o sustraerse de los efectos de las mismas; todo en forma previa a que el SII adopte la resolución, medida o política respectiva.

Asimismo, sostiene que los oficios circulares, en concreto, no caben dentro del concepto de acto administrativo previsto en el artículo 3° de la ley N° 19.880 y, por tanto, tampoco estarían contenidos en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, ni en el artículo 5 inciso 1° de la Ley de Transparencia, ya que tal normativa parte del supuesto que se trata de un acto administrativo terminal, esto es, que contiene una decisión con efectos para terceros, distintos del órgano que los emite, lo cual, desde luego, no es el contenido de un oficio circular. De esta forma, los oficios circulares tampoco quedarían comprendidos dentro del principio de publicidad del artículo 16 de la ley N° 19.880, referida a actos administrativos y resoluciones, en cuanto actos decisorios propiamente tales. Lo anterior, tanto así que la propia Ley de Transparencia, al regular los deberes de transparencia activa que impone a los órganos del Estado, principalmente en los artículos 6 y 7 de dicha Ley, dejó fuera a los oficios circulares de la publicidad que imponen los deberes de transparencia activa, por tratarse de materias internas y, por tanto, no forman parte de las materias que resultan obligatorias publicar. Luego, la petición de publicarlos sería contraria al propio espíritu de la Ley de Transparencia.

Ahora, si bien, el inciso segundo del artículo 5 de la Ley N° 20.285, señala que "(...) es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración", sin embargo, los oficios circulares no son actos que contengan información, sino que, instrucciones para el desarrollo de las labores, creados específicamente en el ejercicio de la facultad prevista en el artículo 6 letra A, N° 1, del Código Tributario.

En lo que se refiere a la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), informa que el Servicio no cuenta con los oficios circulares diferenciados entre los que se encuentren vigentes -en todo o en parte- y sumado a que se pide la totalidad de ellos, comprende un período de búsqueda y análisis de más de 118 años a fin de construir una nueva base de datos para este solo efecto.

Indica que mantiene registro de oficios circulares desde hace 118 años, al menos desde enero del año 1902, momento en que se crea al SII como organismo a cargo de la fiscalización de los impuestos internos del país. Lo anterior, permite ilustrar que para recabar la totalidad de oficios circulares que se encuentren vigentes habría que realizar una labor de recopilación, análisis y concordancia mínima de revisión normativa de 118 años. A ello se agrega otro obstáculo, por cuanto el SII mantiene los oficios circulares que ha dictado en forma digitalizada solo a contar del año 1979.

Conforme a lo anterior, lo primero que debiera realizar el SII para cumplir con la entrega de la información requerida implicaría realizar una labor de recopilación, estudio, análisis y concordancia de al menos 77 años de archivos que solo obran en papel, cuyo análisis debe ser necesariamente en forma manual, uno a uno. Luego, una segunda labor que debería realizar sería la misma recopilación, análisis y concordancia de los oficios circulares que sí se encuentran digitalizados, esto es, una revisión de más de 41 años a lo largo de los cuales se han dictado 895 oficios circulares.

Entonces, lo requerido implica analizar como mínimo dos aspectos de la totalidad de los oficios circulares dictados por el SII: 1) cuáles se encuentran vigentes, en todo o en parte, y 2) cuáles son oficios circulares meramente procedimentales y cuáles contienen criterios internos, mecanismos de fiscalización y prevención de actuaciones que debe fiscalizar este Servicio.

El hecho que un oficio circular se encuentre digitalizado solo facilita la búsqueda y recopilación del mismo, pero no el análisis, revisión y concordancia del mismo, por cuanto, para determinar la vigencia y el contenido de un oficio circular es necesario revisar uno a uno, página por página, disposición por disposición, la vigencia, pertinencia y posibilidad de entrega del mismo en todo o en parte.

Resulta imposible comunicar, hoy en día, en forma exacta la cantidad de oficios circulares que existen -y de ellos cuáles se encuentran vigentes y las materias que regulan- para el universo de oficios circulares dictados en el período comprendido entre los años 1902 y 1979.

Disponibilizar la totalidad de los oficios circulares -tanto los 77 años de los archivos en formato material papel como los restantes 41 años de los archivos digitalizados-, no es una labor expedita y simple, ni siquiera respecto de los archivos en formato digital, por cuanto, se requiere de al menos un análisis preliminar para verificar la vigencia o derogación de cada uno de los oficios circulares y luego, una revisión de fondo de los mismos, uno a uno, de manera manual, a fin de determinar cuáles oficios circulares, dentro del universo mencionado, contienen información cuya publicidad afectaría en concreto las funciones del órgano, en especial, la función fiscalizadora del cumplimiento tributario y cuáles son de orden procedimental.

Luego, otra labor que deberá realizar la Oficina de Transparencia en coordinación con cada Subdirección y con todas las Direcciones Regionales es la revisión una a una de todas las fiscalizaciones, procedimientos administrativos y juicios tributarios y/o penales tributarios actualmente pendientes en los cuales la publicidad del respectivo oficio circular afecte la labor fiscalizadora o las funciones propias del Servicio. Finalmente, una vez que se hayan cumplido todos los pasos previos antes descritos, se deberá realizar la labor de disponibilizar los referidos oficios circulares a través de internet, lo cual deberá realizar la Subdirección de Informática.

Las actividades necesarias para recopilar y revisar la información a fin de determinar la necesidad de reservarlos, deberá ser realizada por la Oficina de Transparencia del SII, la cual cuenta con 5 funcionarios y una jefatura, los cuales, para revisar los 895 oficios circulares digitalizados y los más de 77 años de oficios circulares en formato material papel, deberán trabajar con dedicación exclusiva durante un mínimo de 60 días, esto es, un promedio de 480 horas que cada funcionario deberá dedicar a dicha revisión, lo cual, considerando que serían 6 funcionarios en total para dicha revisión, completaría una cantidad de al menos 2880 horas hombre para el solo efecto de revisar la información factible de ser entregada. A lo anterior se suma la necesidad de coordinarse con la con la Subdirección de Informática del SII para disponibilizar la información vigente y no afecta a alguna causal legal de reserva.

Entonces, disponibilizar dichos actos es una labor que debe ser realizada por cuatro (04) áreas de la Subdirección de Informática del SII, participando al menos una persona por cada área, es decir, con la consecuente distracción de al menos 4 funcionarios de dicha Subdirección, debiendo realizar un trabajo en forma lineal, es decir, no en paralelo, el cual consistiría en los siguientes pasos:

- Evaluación de peso adicional requerido en los servidores de Internet, revisando la Intranet.

- Evaluación de espacio disponible en la granja de Internet.

- Crear nueva estructura en granja de Internet.

- Copiar archivos de Intranet a toda la granja de Internet.

- Revisión por parte de Monitoreo, para validar las correctas réplicas en la granja Internet.

- Corrección de posibles errores que hayan quedado en las réplicas.

- Adaptación de páginas Html índices de cada año, de Intranet a formato Internet

- Validación de código desarrollado.

- Adaptación de archivo JavaScript que administra los "multi años".

- Puesta en Producción de archivos índices en formato Html y archivo JavaScript.

- Validación de correcta publicación y despliegue.

Par el cumplimiento de las labores antes indicadas la Subdirección de Informática del SII estima un tiempo de trabajo mínimo de un mes, considerando todo lo que implica y que se deben coordinar las áreas de Ingeniería, Monitoreo, Sistemas Transversales y Oficina Producción, para llevar a cabo este trabajo, y atendido a que es un trabajo a desarrollar en forma lineal, paso a paso y que no puede, técnicamente realizarse en forma paralela. Se estima que cada funcionario deberá destinar un promedio de 60 horas de dedicación exclusiva, lo que completaría una cantidad de al menos 240 horas hombre, con la consecuente afectación del retraso en sus funciones propias y de la sobrecarga laboral y retraso de cada una de las cuatro áreas de la referida Subdirección.

En consecuencia, se deberían destinar como mínimo un total de 3.120 horas hombre y 10 funcionarios, con dedicación exclusiva a ello, para el solo efecto de entregar la información requerida, con el consecuente retraso de sus labores habituales y sobrecarga laboral de cada una de las áreas, Oficinas y Subdirecciones que trabajarían en el procesamiento de la información en los términos requeridos, lo que fundamente claramente la causal establecida en el artículo 21 N° 1 letra c) de la ley N° 20.285 alegada por este Servicio en el acto impugnado, ya que, tal cantidad de funcionarios y horas hombre de dedicación exclusiva implica un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o conlleva, al menos, un alejamiento de sus funciones habituales.

Finalmente, en cuanto a la causal de reserva del artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia, en síntesis, reitera lo expuesto en la respuesta al requerimiento y cita jurisprudencia que indica.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, lo solicitado corresponde a copia de todos los oficios circulares dictados por el SII, que estén vigente, en todo o parte. Por su parte, el SII denegó el acceso a la información fundado en la concurren las causales de reserva del artículo 21 N° 1, letra b), y N° 4 de la Ley de Transparencia. Posteriormente, en sus descargos en esta sede, agregó que se configuran también las causales de reserva de las letras a) y b) del mismo N° 1 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, conforme a los argumentos que indica.

2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

3) Que, en primer término, en cuanto a las alegaciones del SII relativas a que los Oficios Circulares no caben dentro del concepto de acto administrativo previsto en el artículo 3° de la ley N° 19.880 y, por tanto, tampoco estarían contenidos en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, ni en el artículo 5 inciso 1° de la Ley de Transparencia -no obstante haber señalado en su respuesta precisamente que estos constituyen un acto administrativo clasificado dentro de los denominados "Actos Internos", es decir, de aquellos dirigidos o cuyos destinatarios del acto son exclusivamente los funcionarios del órgano o Servicio-, es menester señalar que esta Corporación no comparte dicha apreciación, toda vez que, más allá de la discusión doctrinaria que se pueda generar en torno a si el legislador consagró en el artículo 3° de la ley N° 19.880 una noción estricta del concepto de acto administrativo (como se daría a entender en el inciso 1° de la norma) o, por el contrario, adoptó una noción extendida del mismo, que incluiría cualquier actuación escrita de la Administración del Estado (como se deduce de la expresión "Constituyen, también, actos administrativos, los dictámenes o declaraciones de juicio, constancia o conocimiento que realicen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus competencias", de su inciso 6°), lo cierto es que, el principio de publicidad de la información consagrado en nuestra Carta Magna, en su artículo 8°, y en la Ley de Transparencia, en sus artículos 5° y 10°, alcanza a toda la información que obre en poder de los órganos de la Administración de Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos" de la Administración Pública, cualquiera sea su naturaleza, entre los cuales, sin duda se comprenden los actos internos, ordenes de buen servicio, actos de administración o como quiera llamárseles.

4) Que, al efecto, este Consejo en las decisiones de amparo Roles C985-18, C2890-18, C3952-18 y C4257-20, referidas a materia de similar naturaleza, estableció que las instrucciones, órdenes u actos de administración interna -cualquiera sea su denominación, memo, oficio, circular, ordinario, entre otros- son información pública, salvo concurra a su respecto alguna de las causales de reserva contempladas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, las que por ser de derecho estricto, y una excepción al régimen de publicidad, cuando se invocan, corresponde al órgano respectivo, desvirtuar la presunción legal de publicidad contemplada en el artículo 11 letra c) del mismo cuerpo legal, y en consecuencia, acreditar fehacientemente los hechos que la configuran.

5) Que, establecido lo anterior, corresponde analizar las causales de reserva incoadas por el organismo, así como los argumentos que las sustentan, a fin de determinar su aplicación o no en el presente caso.

6) Que, en cuanto a la concurrencia de la primera hipótesis de reserva invocada, esto es, la dispuesta en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, se debe tener presente que puede denegarse la entrega de la información cuando su publicidad "afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones habituales". Dicha norma ha sido desarrollada en el artículo 7°, N° 1, letra c), del Reglamento de la citada ley, señalando que "...un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

7) Que, en virtud de lo expuesto, y según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo Rol C1336-16, cabe determinar si, en la especie, concurren los hechos constitutivos de la referida causal, y teniendo en consideración que su atención podría implicar, para tales funcionarios, la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, al cumplimiento de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas. En este sentido, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, de MINSEGPRES, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, dichos órganos se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia.

8) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden tareas de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". En dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que concurrirían en la especie.

9) Que, efectivamente, de los antecedentes examinados en el presente caso, a juicio de este Consejo, las alegaciones del SII resultan plausibles y suficientes para tener por configurada la causal de reserva. En efecto, por una parte, constituye un hecho no controvertido la circunstancia de que el requerimiento de información es de carácter genérico -así por cierto lo reconoció el reclamante en su amparo- y, por otra, el órgano requerido ha señalado cómo es que la divulgación de la información reclamada implica actividades de búsqueda, reproducción y eventual censura de ser esta necesaria (según lo permite el principio de divisibilidad establecido en el artículo 11, letra e) de la Ley de Transparencia), respecto de documentación que comprendería un universo de oficios circulares dictados entre los años 1902 y 2020, es decir, 118 años, de los cuales un número indeterminado de documentos, correspondiente a 77 años, obran en formato papel, mientras que los dictados en los 41 años restantes, en 895 archivos digitalizados. Esto, de acuerdo con la descripción detallada expuesta por el SII en sus descargos, supone destinar a labores de búsqueda, sistematización y posterior entrega de antecedentes, un total 3.120 horas hombre y 10 funcionarios para dichas actividades. En otras palabras, satisfacer el requerimiento en los términos pedidos significaría dedicar exclusivamente a dicha tarea a 10 funcionarios durante 39 jornadas laborales (de 8 horas diarias cada una), circunstancia que no se aviene con los principios de eficiencia y eficacia al que se encuentran sujetos los Servicios Públicos, constituyendo esfuerzos desproporcionados que sin duda afectarían las labores y funcionamiento del organismo reclamado.

10) Que, en consecuencia, habiéndose acreditado la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, este Consejo rechazará el presente amparo.

11) Que, atendido lo resuelto precedentemente, este Consejo no se pronunciará sobre las restantes causales de reserva invocadas por el SII, por innecesario.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Patricio Elías Sarquis en contra del Servicio de Impuestos Internos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Patricio Elías Sarquis y al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y su Consejera doña Gloria de la Fuente González. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, sin perjuicio de concurrir para formar quórum, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh