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Luis Flores con EJÉRCITO DE CHILE Rol: C4477-20

Consejo para la Transparencia, 20/10/2020

Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra del Ejército de Chile, ordenando la entrega de la información correspondiente a la identidad de los funcionarios que tuvieron injerencia en la elaboración y revisión de las resoluciones consultadas, específicamente, Jefaturas del Área de Personal, Asesores Jurídicos u otros, que participaron en la redacción, revisión y aprobación de esos actos administrativos. Lo anterior, por tratarse de información pública que obra en poder órgano reclamado en cumplimiento de sus funciones, desestimándose la causal de reserva de afectación de derechos de terceros, por no haber sido suficientemente fundamentados ni acreditados sus presupuestos. A su vez, se tiene presente que este Consejo se ha pronunciado sostenidamente en orden a que la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. Se rechaza el amparo en relación con los números telefónicos y casillas de correo electrónico institucionales de los funcionarios consultados, toda vez que su publicidad puede afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado. Aplican en este punto criterios sostenidos en las decisiones de amparos roles C611-10 y C136-13. Asimismo, se rechaza el amparo respecto de la entrega de la información relativa a todos los documentos que determinaron las horas trabajadas en el sistema que señalan las resoluciones consultadas y en la forma cómo se establecieron meses con 00:00 horas trabajadas, por encontrarse satisfecho el estándar que se ha determinado para la configuración de la circunstancia de hecho de inexistencia de la información, la que se encuentra acreditada por medio del respectivo certificado de búsqueda acompañado por el órgano. Finalmente, se representa al Ejército de Chile la infracción al artículo 13 de la Ley de Transparencia, al no haber derivado parcialmente la solicitud de información de manera oportuna, haciéndolo solo con ocasión de la tramitación del presente amparo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4477-20

Entidad pública: Ejército de Chile

Requirente: Luis Flores

Ingreso Consejo: 29.07.2020

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra del Ejército de Chile, ordenando la entrega de la información correspondiente a la identidad de los funcionarios que tuvieron injerencia en la elaboración y revisión de las resoluciones consultadas, específicamente, Jefaturas del Área de Personal, Asesores Jurídicos u otros, que participaron en la redacción, revisión y aprobación de esos actos administrativos.

Lo anterior, por tratarse de información pública que obra en poder órgano reclamado en cumplimiento de sus funciones, desestimándose la causal de reserva de afectación de derechos de terceros, por no haber sido suficientemente fundamentados ni acreditados sus presupuestos. A su vez, se tiene presente que este Consejo se ha pronunciado sostenidamente en orden a que la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía.

Se rechaza el amparo en relación con los números telefónicos y casillas de correo electrónico institucionales de los funcionarios consultados, toda vez que su publicidad puede afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado. Aplican en este punto criterios sostenidos en las decisiones de amparos roles C611-10 y C136-13.

Asimismo, se rechaza el amparo respecto de la entrega de la información relativa a todos los documentos que determinaron las horas trabajadas en el sistema que señalan las resoluciones consultadas y en la forma cómo se establecieron meses con 00:00 horas trabajadas, por encontrarse satisfecho el estándar que se ha determinado para la configuración de la circunstancia de hecho de inexistencia de la información, la que se encuentra acreditada por medio del respectivo certificado de búsqueda acompañado por el órgano.

Finalmente, se representa al Ejército de Chile la infracción al artículo 13 de la Ley de Transparencia, al no haber derivado parcialmente la solicitud de información de manera oportuna, haciéndolo solo con ocasión de la tramitación del presente amparo.

En sesión ordinaria N° 1138 del Consejo Directivo, celebrada el 20 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4477-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 6 de junio de 2020, don Luis Flores solicitó al Ejército de Chile, la siguiente información: "copia de todos los documentos que sirvieron de fundamento para realizar las siguientes resoluciones:

Resol. COP III/1 (R) N° 10472/616/3480 de fecha 06.ABR.2020

Resol. COP III/1 (R) N° 10472/617/3479 de fecha 06.ABR.2020

Resol. COP III/1 (R) N° 10472/618/3480 de fecha 06.ABR.2020

Resol. COP III/1 (R) N° 10472/619/3477 de fecha 06.ABR.2020

Resol. COP III/1 (R) N° 10472/620/3476 de fecha 06.ABR.2020

Además se solicita, hacer llegar la base de cálculo, cuadros Excel, borradores, informes y todo documento, que determinaron las horas trabajadas en el sistema que señalan las resoluciones antes indicadas.

También se solicita indicar como llegaron a determinar que en las citadas resoluciones existen meses con 00:00 hrs. trabajadas por el suscrito.

Por último, se solicita indicar que funcionarios tuvieron injerencia en la elaboración y revisión de las citadas resoluciones antes de ser firmada, y que me indiquen los números de teléfonos y correos electrónicos de dichos funcionarios".

2) PRÓRROGA DE PLAZO: Por Carta N° 5973 de fecha 7 de julio de 2020, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia. Luego, a través de Oficio JEMGE DETLE (P) N° 6800/6552, del 22 de julio de 2020, el Ejercito comunicó al reclamante una nueva prórroga del plazo para responder de 10 días hábiles, en atención a la declaración de Estado de Excepción Constitucional por Calamidad Pública, y citando el dictamen N° 3610 de 2020, de la Contraloría General de la República, así como también, el oficio N° 252 emanado de este Consejo.

3) RESPUESTA: El 29 de julio de 2020, mediante Oficio JEMGE DETLE (P) N° 6800/6814, el Ejército de Chile respondió al requerimiento de información indicando que en relación con los documentos que sirvieron de fundamento a las resoluciones indicadas, se hace entrega del listado total de horas dirigenciales, por concepto de asignación de máquina, remitido por la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) al Comando de Personal, separadas por meses de los años 2015 al 2019, las cuales se encuentran firmadas por el reclamante.

Respecto a la documentación que determina las horas trabajadas, indica acompañar cuadro de la metodología de cálculo de la asignación de máquina y el pronunciamiento jurídico requerido.

Finalmente, en cuanto a la forma en que se llegaron a determinar las horas trabajadas y los funcionarios que tuvieron injerencia en la elaboración y revisión de resoluciones, sostiene que la Ley de Transparencia comprende el derecho a acceder a antecedentes contenidos en un documento que se encuentre en algún formato o soporte, pero no así a investigaciones, emitir informes, requerimientos ajenos al acceso de información o realizar consultas, como ocurre en el caso.

4) AMPARO: El 29 de julio de 2020, don Luis Flores dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la recepción de respuesta incompleta o parcial. Además, el reclamante hizo presente que no se proporcionó la base de cálculo, cuadros Excel, borradores, informes y todo documento, que determinaron las horas trabajadas en el sistema que señalan las resoluciones antes indicadas. Tampoco se indicó cómo llegaron a determinar que en las citadas resoluciones existen meses con 00:00 hrs. trabajadas por el reclamante. No señalaron qué funcionarios tuvieron injerencia en la elaboración y revisión de las citadas resoluciones antes de ser firmada, ni los números de teléfonos y correos electrónicos de dichos funcionarios.

Manifiesta que el órgano no indica cómo llegó a determinar que el solicitante trabajó cero horas en algunos meses, debido a que lo informado por la DGMN, en los documentos que adjuntó el órgano, fueron horas gremiales y no horas trabajadas.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile, mediante Oficio E12890, de 7 de agosto de 2020, solicitando que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información, atendido que el reclamante en su amparo, indicó que recibió una respuesta incompleta o parcial a su requerimiento; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (5°) en el evento de pretender otorgar una respuesta complementaria a la solicitud mediante sus descargos, remítasela directamente a la parte recurrente, aplicando la divisibilidad respectiva, en caso de existir datos de carácter personal y/o sensible, de conformidad a la Ley 19.628, con copia a este Consejo, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC).

Mediante Oficio JEMGE DETLE AJ (P) N° 6800/9078, del 7 de octubre de 2020, el órgano reclamado formuló descargos, en los que, en síntesis, manifestó que tal como se hiciera presente en respuesta, las resoluciones que reconocen el derecho del reclamante a percibir asignación de máquina, prevista en el artículo 185, letra d) del DFL (G) N° 1 de 1997 "Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas", se elaboraron sobre la base de la información remitida por la DGMN, encontrándose los listados de horas dirigenciales acompañadas a la referida respuesta, y debidamente revisadas y suscritas por el peticionario, sin que se adjuntaran las planillas.

En este contexto, al haber sido confeccionados los antecedentes por la DGMN, acorde a lo previsto en el artículo 24 de la Ley 20.424 de 2010, la base de cálculo, cuadros Excel, borradores, informes y todo documento que determinaron las horas que se contienen en el listado de horas dirigenciales firmado por el solicitante, no obran en poder de la Institución, para cuyos efectos, en cumplimiento a lo dispuesto en la Instrucción General N° 10 de este Consejo, adjunta el correspondiente certificado de búsqueda. Por lo mismo, habiéndose omitido efectuar la derivación parcial de la solicitud, procede a derivarla a la DGMN, adjuntando el respectivo oficio.

Luego, respecto a la forma en que se llegó a determinar que existen meses con 00:00 hrs trabajadas, sin perjuicio de sostener que el peticionario no está solicitando un documento específico de aquellos mencionados en el artículo 10 de la Ley N° 20.285, hace presente que dicha información también fue derivada a la aludida Dirección, toda vez que no se encuentra en poder de la Institución, conforme a lo indicado en el aludido certificado de búsqueda.

Finalmente, en relación a los funcionarios que tuvieron injerencia en la elaboración y revisión de las resoluciones, sus números de teléfonos y correos electrónicos, el reclamante efectúa una consulta, lo que no constituye una solicitud de acceso a la información, además, solicita antecedentes que constituyen datos personales y sensibles, información que debe resguardarse, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letras f) y g), y 4, de la Ley N° 19.628, sobre "Protección de la Vida Privada", siendo procedente la causal de secreto o reserva del artículo 21, N° 2, de la Ley N° 20.285.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo dice relación con la entrega parcial de la información solicitada, por cuanto, no se proporcionó al reclamante la base de cálculo, cuadros Excel, borradores, informes y todo documento, que determinaron las horas trabajadas en el sistema que señalan las resoluciones consultadas, ni se indicó cómo se establecieron meses con 00:00 horas trabajadas, sin señalar tampoco qué funcionarios tuvieron injerencia en la elaboración y revisión de las resoluciones, con sus teléfonos y correos electrónicos. El órgano, alega la inexistencia en su poder de la información que sirvió de insumo a las resoluciones, derivando la solicitud a la DGMN; mientras que, tratándose de lo requerido respecto a los funcionarios consultados, invoca la causal de reserva o secreto de afectación de los derechos de terceros.

2) Que, en primer término, respecto de la información que el órgano señala no existir en su poder, cabe consignar que este Consejo ha sostenido reiteradamente en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C409-13, C3691-17 y C3692-17, entre otras, que la inexistencia de la información solicitada en poder del órgano requerido constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder, debiendo acreditarla fehacientemente.

3) Que, en este sentido, según lo prescrito en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación: "Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: (...) b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen" (énfasis agregados).

4) Que, en este caso, el órgano reclamado ha explicado que la información requerida no obra en su poder, ya que, las resoluciones que reconocen el derecho del reclamante a percibir asignación de máquina se elaboraron sobre la base de la información remitida por la DGMN. A juicio de este Consejo, dicha alegación por si sola carece del mérito suficiente para configurar la causal alegada, ya que, si las resoluciones se elaboraron en base a aquellos antecedentes, es posible que los mismos permanezcan en poder del Ejército. Sin embargo, el órgano ha acompañado el respectivo certificado de búsqueda de los antecedentes, de fecha 1 de octubre de 2020, en el que se deja constancia de que no fueron encontrados en el Comando de Personal, toda vez que fueron elaborados por la DGMN. De esta forma, es posible concluir que se encuentra satisfecho el estándar definido para la configuración de la circunstancia de hecho en análisis.

5) Que, no obstante lo resuelto en el considerando precedente, se debe hacer presente que el artículo 13 de la Ley de Transparencia establece que: "En caso que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario", mandato legal cuyo cumplimiento se verificó, por parte del Ejército, solo en el contexto de la tramitación del presente amparo siendo derivada la solicitud por medio de oficio JEMGE DETLE TP (P) N° 6800/9052/DGMN, de fecha 6 de octubre de 2020, infracción que será representada al órgano en lo resolutivo de la presente decisión.

6) Que, en segundo lugar, tratándose de la identificación de los funcionarios que tuvieron injerencia en la elaboración y revisión de las resoluciones, con sus teléfonos y correos electrónicos, el Ejército manifiesta que dicha solicitud no se enmarcaría dentro la información que se puede pedir en ejercicio de las normas que regulan el derecho de acceso a la información pública, al respecto, cabe tener presente que el artículo 8°, inciso 2°, de nuestra Carta Fundamental, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales. Por consiguiente, a juicio de este Consejo, corresponde desestimar dicha alegación, por cuanto la información pedida es de aquella de las que se puede requerir mediante una solicitud de acuerdo con la Ley de Transparencia, toda vez que se trata de antecedentes que deberían obrar en poder del referido órgano en alguno de los soportes mencionados.

7) Que, luego, el Ejército invoca la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia, por corresponder a datos personales o sensibles, ante lo que se debe hacer presente que en virtud de dicha norma se podrá denegar el acceso a la información cuando su publicidad afecte los derechos de las personas, particularmente, tratándose de su seguridad, salud, esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico. Sin embargo, el órgano no señaló en forma alguna qué derechos podrían verse afectados con la entrega de la información, ni la forma en que aquello podría ocurrir. En dicho contexto, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación debe ser presente o probable, y con la suficiente especificidad que permita justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad, lo que no ha ocurrido, en la especie.

8) Que, por otra parte, cabe señalar que este Consejo ha razonado en forma sostenida que, atendido el tipo de función que desempeñan los servidores públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus funciones y sus antecedentes profesionales. Luego, y en base a la referida premisa ha ordenado la entrega de informes, decretos, instrucciones, instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones de sueldo y otros similares, de funcionarios y ex funcionarios. Sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8 de la Constitución Política de la Republica y 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios y ex funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser, o haber sido, empleados públicos al servicio de la misma. Al respecto, es el propio legislador el que ha dispuesto la publicidad de la identidad de los servidores públicos, con independencia del tipo de vínculo contractual que mantengan, al disponer, en el artículo 7°, letra d), de la Ley de Transparencia, que los órganos de la administración del Estado deben publicar proactivamente en sus sitios electrónicos la planta de personal y el personal a contrata y a honorarios, con las correspondientes remuneraciones, lo que permite conocer las condiciones en que se encuentran sometidas tales relaciones laborales. En conformidad a lo anterior, la identidad de un funcionario público es información pública, sin que su comunicación afecte, en forma presente o probable y con suficiente especificidad, sus derechos ni a las normas contenidas en la ley N° 19.628.

9) Que, sin perjuicio de lo razonado en los considerandos precedentes, vale precisar respecto de los datos de contacto de los servidores públicos consultados, esto es, teléfono y casilla de correo electrónico institucionales, lo razonado por este Consejo en la decisión de amparo Rol C611- 10, considerandos 8° y 9°, en la que se ha argumentado que: "la decisión de un órgano de la Administración de informar a través de su sitio electrónico determinados números telefónicos, obviando otros, tiene por objeto canalizar el flujo de comunicaciones recibidas por el organismo, permitiéndole sistematizar el ingreso de llamadas conforme a los criterios de prevalencia que éste haya determinado (...) y actuar en relación con dichos criterios (....) para lo cual el Municipio destina recursos y personal al efecto, mediante la contratación de cuentas telefónicas y secretarias. // Que, conforme a lo anterior, divulgar aquellos números telefónicos respecto de los cuales el órgano no cuenta con el mecanismo de canalización de comunicaciones precedentemente descrito o aquellos que permiten el acceso directo a autoridades o funcionarios respecto de los cuales, precisamente, se ha elaborado dicho mecanismo, permitiría a las personas sortear el sistema de acceso telefónico a las autoridades o funcionarios públicos dispuesto por el órgano, impidiendo a los funcionarios que ejecutan dicha labor cumplir regularmente con los fines por los cuales han sido contratados. Lo anterior obligaría a las autoridades o funcionarios cuya función regular no es la atención de comunicaciones telefónicas o de público en general, a atender éstos, distrayéndolos de sus labores habituales".

10) Que, en este mismo orden de ideas, respecto de las casillas de correo electrónico institucionales de los funcionarios consultados, cabe aplicar análogo razonamiento al expresado en el considerando anterior. Al respecto se debe hacer presente que, este Consejo, a partir de la decisión de amparo Rol C136-13, a propósito de la solicitud de las direcciones de correos electrónicos de funcionarios públicos, estableció como criterio en su considerando 5° que: "el sitio web del Servicio de Registro Civil e Identificación tiene a disposición de los usuarios un Sistema Integral de Atención Ciudadana el cual le permite canalizar el flujo de comunicaciones electrónicas que recibe. De este modo, la divulgación de las casillas de correo electrónico respecto de las cuales el órgano no cuenta con el mecanismo de canalización de comunicaciones precedentemente descrito, podría significar una afectación semejante a la descrita en el considerando precedente respecto de los números telefónicos". Luego en su considerando 6° señala: "en consecuencia, considerando que el órgano reclamado se encuentra dotado de un sistema centralizado de atención ciudadana con la finalidad precisa de evitar distraer de sus funciones habituales a su personal y de esa forma dar respuesta a los requerimientos de los usuarios de manera oportuna, este Consejo estima que el dar a conocer las casillas de correo electrónico de sus funcionarios, podría afectar el debido cumplimiento de sus funciones, motivo por el cual se rechazará el presente amparo dando por justificada la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 1 ya citado".

11) Que, de esta manera, a juicio de este Consejo, respecto de esta parte de la información reclamada, esto es, los teléfonos y casillas de correo electrónico institucionales de los funcionarios, resultan plenamente aplicables los criterios recién descritos, considerando además que de la revisión de la página web del Ejército de Chile, se incluye un link con una "Guía Telefónica del Ejército", además de informar su dirección física, número telefónico de su Central Telefónica y correo electrónico de Relaciones Públicas, por lo que el amparo será desestimado en este punto, en aplicación de la causal de reserva contemplada en el artículo 21, N° 1, de la Ley de Transparencia, esto es, por afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano.

12) Que, en mérito de lo expuesto, el presente amparo será acogido de manera parcial, ordenando al órgano hacer entrega de la información correspondiente a la identidad de los funcionarios que tuvieron injerencia en la elaboración y revisión de las resoluciones consultadas, , específicamente, Jefaturas del Área de Personal, Asesores Jurídicos u otros, que participaron en la redacción, revisión y aprobación de esos actos administrativos, por tratarse de información referida al ejercicio de la función pública, desestimándose la afectación de los derechos de los funcionarios en cuestión a través de su divulgación. A su vez, se rechaza el amparo respecto de los teléfonos y correos electrónicos de aquellos funcionarios, por configurarse la causal de reserva o secreto de afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano. Finalmente, en el caso de la solicitud de los antecedentes que sirvieron de insumo en la elaboración de las resoluciones, el amparo será desestimado, por configurarse la circunstancia de hecho de inexistencia de la información en poder del órgano, representando a la vez la infracción al artículo 13 de la Ley de Transparencia, al no haber efectuado de manera oportuna la derivación parcial de la solicitud al órgano competente para conocer de aquella.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Luis Flores en contra del Ejército de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile, lo siguiente:

a) Hacer entrega al reclamante de la identidad de los funcionarios que tuvieron injerencia en la elaboración y revisión de las resoluciones consultadas, , específicamente, Jefaturas del Área de Personal, Asesores Jurídicos u otros, que participaron en la redacción, revisión y aprobación de esos actos administrativos.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo respecto de la entrega de la información consistente en la base de cálculo, cuadros Excel, borradores, informes y todo documento, que determinaron las horas trabajadas en el sistema que señalan las resoluciones consultadas; y en la forma como se establecieron meses con 00:00 horas trabajadas; así como también, en relación a los números telefónicos y casillas de correo electrónico institucionales de los funcionarios consulados; en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

IV. Representar al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile la infracción al artículo 13 de la Ley de Transparencia, al no haber derivado parcialmente la solicitud de información de manera oportuna. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reitere tal infracción.

V. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Luis Flores y al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.