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Fernanda Carrasco con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII) Rol: C4265-20

Consejo para la Transparencia, 20/10/2020

Se acoge el amparo deducido en contra del Servicio de Impuestos Internos, ordenando entregar información sobre sobre el número total de empresas, personas jurídicas, que cambiaron/ampliaron su giro o actividad económica, entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2020, desagregada por región; el listado o nómina del nombre o razón social de las empresas, personas jurídicas, que cambiaron/ampliaron su giro o actividad económica, entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2020, desagregada por región; y, los 5 giros o actividad económica más escogidos por las empresas, personas jurídicas, al momento de realizar el cambio/ampliación en todo el país, en el mismo periodo, por región. Lo anterior, por cuanto no se acreditó suficientemente su inexistencia ni la causal de reserva de distracción indebida invocada por el SII. En efecto, los datos pedidos corresponden a antecedentes que obran en su poder, cuya entrega no implica elaborar información nueva sino que únicamente acopiar o reunir datos con los que ya cuenta. Luego, su búsqueda y levantamiento, conforme a las propias alegaciones del SII no significarían esfuerzos desproporcionados que afecten en debido cumplimiento de sus funciones, toda vez que únicamente requerirían 30 horas de dedicación por parte de un funcionario del Servicio. De ahí que, a juicio de esta Corporación, no se advierte que la recopilación de la información pedida suponga un gravamen al organismo que justifique su denegación. El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Inhabilitación)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4265-20

Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos

Requirente: Fernanda Carrasco

Ingreso Consejo: 21.07.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra del Servicio de Impuestos Internos, ordenando entregar información sobre sobre el número total de empresas, personas jurídicas, que cambiaron/ampliaron su giro o actividad económica, entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2020, desagregada por región; el listado o nómina del nombre o razón social de las empresas, personas jurídicas, que cambiaron/ampliaron su giro o actividad económica, entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2020, desagregada por región; y, los 5 giros o actividad económica más escogidos por las empresas, personas jurídicas, al momento de realizar el cambio/ampliación en todo el país, en el mismo periodo, por región.

Lo anterior, por cuanto no se acreditó suficientemente su inexistencia ni la causal de reserva de distracción indebida invocada por el SII.

En efecto, los datos pedidos corresponden a antecedentes que obran en su poder, cuya entrega no implica elaborar información nueva sino que únicamente acopiar o reunir datos con los que ya cuenta. Luego, su búsqueda y levantamiento, conforme a las propias alegaciones del SII no significarían esfuerzos desproporcionados que afecten en debido cumplimiento de sus funciones, toda vez que únicamente requerirían 30 horas de dedicación por parte de un funcionario del Servicio. De ahí que, a juicio de esta Corporación, no se advierte que la recopilación de la información pedida suponga un gravamen al organismo que justifique su denegación.

El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1138 del Consejo Directivo, celebrada el 20 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4265-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 19 de junio de 2020, doña Fernanda Carrasco solicitó al Servicio de Impuestos Internos (en adelante e indistintamente el SII), la siguiente información:

a) Cuántas empresas o sociedades cambiaron/ampliaron su giro o actividad económica en todo el país, entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2020 por región.

b) Nombre de las empresas o sociedades que cambiaron/ampliaron su giro o actividad económica en todo el país, entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2020 por región.

c) Los 5 giros o actividad económica más escogidos por las empresas o sociedades al momento de realizar el cambio/ampliación en todo el país, entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2020 por región.

2) RESPUESTA: El 13 de julio de 2020, el Servicio de Impuestos Internos respondió a dicho requerimiento de información indicando, en resumen, lo siguiente:

Respecto de lo pedido en la letra a) anterior, informa que consultada la Subdirección de Gestión Estratégica y Estudios Tributarios de esta entidad de fiscalización, dicha repartición señaló que realizadas las búsquedas respectivas no fue posible hallar lo solicitado, toda vez que este organismo sólo cuenta con información sobre la apertura y cierre de actividades económicas, entre otros datos, pero no de cambios de giro de contribuyentes de acuerdo a lo consultado, por lo cual, al no poseer la información en los términos específicos requeridos, no es posible hacer entrega de aquella, por lo que, corresponderá declarar su inexistencia, de conformidad a lo establecido en el artículo 13 de la Ley N° 20.285.

Que, ahora bien, respecto a las peticiones relativas a saber cuántas empresas o sociedades ampliaron su actividad económica dentro del país en el periodo indicado, el nombre de las empresas o sociedades que ampliaron su actividad económica dentro del país en el periodo indicado y las 5 actividades económicas más escogidas por las empresas o sociedades al momento de realizar la ampliación de su actividad económica, la elaboración de la información en los términos específicos solicitados requiere de un estudio particular, todo lo cual, sumado al alto volumen de los datos a procesar, implicaría la construcción de una nueva base con todo el listado de contribuyentes de todo Chile, para el periodo que indica y con el nivel de detalle que requiere para el solo efecto de responder este requerimiento, a saber, generar un listado de todas las empresas o sociedades que han agregado actividades económicas a su ciclo de vida entre el 01 de marzo de 2020 al 31 de mayo de 2020, desagregado por región, junto a un cuadro estadístico que integre las 5 actividades económicas más escogidas por las empresas o sociedades en la ampliación de estas mismas, todo lo que conllevaría un desvío significativo de recursos para este Servicio y necesariamente la sustracción de diversos funcionarios de sus labores habituales, distrayéndolos indebidamente de sus funciones propias, por lo que corresponde denegar lo requerido de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 letra c), de la Ley N° 20.285.

Que, además considerando que la requirente solicita información respecto de las empresas, sin realizar una distinción entre empresas personas naturales y personas jurídicas, considerando que nuestro ordenamiento jurídico ha contemplado la posibilidad de que tanto las personas naturales como jurídicas puedan ejercer actividades comerciales-empresariales, y que en virtud de dichas actividades económicas podría otorgárseles la denominación de empresas, advirtiendo que la información respecto de las personas naturales se encuentra resguardada por nuestro legislador, de conformidad a los artículos 2° letra f) y 4°, ambos de la ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, resulta aplicable la regla de secreto contemplada por el artículo 7°, de la citada ley; en relación a su vez con la causal de reserva del artículo 21 N° 5, de la Ley N° 20.285, corresponde comunicar que para el caso materia de la consulta, respecto de la información en que los titulares son personas naturales, resulta improcedente la entrega de los datos por parte de este Servicio.

3) AMPARO: El 21 de julio de 2020, doña Fernanda Carrasco dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, mediante Oficio E12684, de 4 de agosto de 2020, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa y los derechos de terceros; (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida; (5°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (6°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (7°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (5°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

Mediante escrito ingresado con fecha 19 de agosto de 2020, el SII presentó sus descargos en esta sede y, junto con reiterar lo expuesto en la respuesta a la solicitud, argumentó, en síntesis, lo siguiente:

En lo que se refiere a la admisibilidad del amparo, la reclamación no señala la existencia de alguna infracción cometida ni aun menos indica los hechos que la configuran. En efecto, no se invoca causal legal ni fundamento, así como tampoco se aportan antecedentes para sustentar su reclamo, más que solamente reclamar por vía electrónica a la decisión de este Servicio de Impuestos Internos. Lo anterior, implicaría una infracción al artículo 24 de la Ley de Transparencia.

En cuanto al fondo del asunto controvertido, sostiene que la inexistencia de la información se declaró en atención a que el Servicio no cuenta con una categorización de cambio de giro, por ende, no es posible saber cuántas empresas o sociedades cambiaron su giro o actividad económica en todo el país, entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2020 por región, de acuerdo con lo requerido por la recurrente de autos.

Ahora, considerando los motivos que tuvo para declarar sobre este punto la inexistencia de información mal podría exigirse a este organismo acreditar un hecho negativo como la no generación de una base de datos específica con el detalle de todas las empresas o sociedades por región que hubieren cambiado su giro o actividad económica dentro del período de tiempo solicitado.

En segundo lugar, se denegó la entrega de la información, atendido la causal de secreto o reserva legal de distracción indebida de funciones, de conformidad al artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley N° 20.285. Al respecto, señala que para poder obtener los datos objeto de la petición de información, necesariamente debiese realizar un estudio puntual a fin de construir una nueva base de datos que contuviera la información con el detalle pedido, "para lo cual habría correspondido examinar la totalidad de los registros asociados a todos los contribuyentes a nivel nacional. Enseguida, y en atención a que la base de datos especifica solicitada no existe, ella debe ser generada para este solo efecto considerando el volumen de la información a tratar a nivel nacional, dicha elaboración y procesamiento implicaría que se efectuara el análisis caso a caso de cada contribuyente para poder determinar si ha efectuado o no una ampliación de sus actividades económicas". En la situación de la especie, el Área de Informaciones y Estadísticas Tributarias del Departamento de Estudios Económicos y Tributarios de la Subdirección de Gestión Estratégica y Estudios Tributarios de esta entidad pública sería la encargada de realizar el procesamiento de la información y el desarrollo de una base de datos con el detalle solicitado.

Acto seguido, informa que de acuerdo a lo comunicado por la anotada área "el análisis de la información requeriría al menos 30 horas de trabajo, por cuanto se solicita la entrega de la información para un periodo de tiempo definido, a través del cual se debería segregar de manera muy específica los datos de los contribuyentes consultados, dado que sería caso a caso, ya que para acceder a la información requerida debería pedirse la extracción de datos con las especificaciones indicadas mediante una solicitud formal, la cual a su vez, sería asignada para su resolución a dos funcionarios de la mencionada área de información y estadísticas tributarias, con una asignación de 15 horas de trabajo cada uno, lo que nos daría un total de 30 horas con dedicación exclusiva, dejando de realizar funciones propias de su cargo durante dichos período, lo que implicaría que deberían destinar 4 jornadas laborales completas -entendiendo que cada jornada laboral es de 8 horas diarias-, para atender esta sola petición de acceso, considerando que se trata de procesar alrededor de 12 millones de contribuyentes a nivel nacional".

Finalmente, reitera que atendido que la interesada solicita información respecto de las empresas, sin haber realizado una distinción entre empresas personas naturales y personas jurídicas, y considerando que nuestro ordenamiento jurídico ha contemplado la posibilidad de que tanto las personas naturales como jurídicas puedan ejercer actividades comerciales-empresariales, y que en virtud de dichas actividades económicas podría otorgárseles la denominación de empresas, advirtiendo que la información respecto de las personas naturales se encuentra resguardada de conformidad a la ley N° 19.628, en relación con la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la ley N° 20.285, por lo que el listado de empresas y personas por región no podrían incorporar datos relativos a personas naturales.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en primer término, resulta indispensable hacer presente que, a juicio de este Consejo, del tenor de la solicitud se deduce claramente que el requerimiento en análisis apunta únicamente a acceder a información relativa a contribuyentes que tengan la calidad de personas jurídicas y no a personas naturales. Lo anterior se deduce de las expresiones "empresas o sociedades" utilizadas por la peticionaria al momento de identificar la naturaleza de la información pedida, debiendo otorgársele a tales conceptos un sentido natural y obvio, coherente con el requerimiento en su integridad, entendiendo que lo pedido dice relación con información sobre empresas, personas jurídicas, que hayan sido creadas bajo alguna de las formas societarias, civiles o comerciales, que contempla nuestro ordenamiento jurídico. Luego, de haber estimado que el órgano requerido que la solicitud de acceso no identificaba claramente la información que se requería, debió gatillar el procedimiento de subsanación contemplado en el inciso 2° del artículo 12 de la Ley de Transparencia, lo que no ocurrió. En tal orden de ideas, este Consejo no se pronunciará sobre la causal de reserva alegada por el SII referida a la afectación de los derechos de las empresas personas naturales, esto es, la contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por innecesario, toda vez que como se indicó se trata de información no comprendida en la solicitud de acceso en análisis.

2) Que, en consecuencia, lo solicitado dice relación con información sobre el número total de empresas, personas jurídicas, que cambiaron/ampliaron su giro o actividad económica, entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2020, desagregada por región; el listado o nómina del nombre o razón social de las empresas, personas jurídicas, que cambiaron/ampliaron su giro o actividad económica, entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2020, desagregada por región; y, los 5 giros o actividad económica más escogidos por las empresas, personas jurídicas, al momento de realizar el cambio/ampliación en todo el país, en el mismo periodo, por región. Por su parte, el órgano negó el acceso a dicha información por tratarse de información que no obra en su poder sistematizada en la forma pedida y cuyo levantamiento distrae el cumplimiento regular de sus funciones en los términos del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia.

3) Que, respecto a lo alegado por el Servicio de Impuestos Internos, en el sentido de que este amparo debió ser declarado inadmisible, cabe tener presente que el fundamento de dicho reclamo es la respuesta negativa otorgada por la institución, por medio de la cual se denegó la entrega de la información solicitada, y en el que se acompañaron los antecedentes que requiere el artículo 24 de la Ley de Transparencia, por lo tanto, la resolución del presente reclamo corresponde al fondo del asunto debatido, dado que, en virtud de lo dispuesto en la letra b) del artículo 33 de la citada ley, es facultad de este Consejo "Resolver fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad a esta ley", en relación con el artículo 24 de dicha ley, que establece que "la reclamación deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, y deberá acompañarse de los medios de prueba que los acrediten, en su caso", requisitos que, en la especie, han sido cumplidos por la reclamante. En consecuencia, este Consejo desechará dicha alegación.

4) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

5) Que, en cuanto a la primera alegación del SII referida a que se trataría de información inexistente, conviene señalar que conforme ha resuelto previamente este Consejo, la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. Esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente, situación que en la especie no concurre. Al efecto, el SII ha fundado su alegación de inexistencia, en la circunstancia de que éste sólo cuenta con información sobre la apertura y cierre de actividades económicas, entre otros datos, pero no de cambios de giro de contribuyentes, por lo cual, para satisfacer el requerimiento en análisis aquella tendría que ser elaborada, procediendo a levantarse los datos pedidos por no encontrarse previamente sistematizados en la forma requerida. En tal contexto, la inexistencia alegada apunta a falta de sistematización en la forma pedida y no a los datos requeridos.

6) Que, de esta forma, no estamos en presencia de un caso en que se deba elaborar y procesar información nueva sino únicamente acopiar o reunir datos que como ha reconocido el SII, obran en su poder, como parte de otras bases de datos (apertura y cierre de actividades económicas). Además, conviene tener presente que este Consejo ha razonado que se encuentran amparadas por la Ley de Transparencia aquellas solicitudes que se refieran a información que puede desprenderse fácilmente de los registros o antecedentes que el organismo reclamado mantenga en su poder, cuya respuesta no suponga la imposición de un gravamen a su respecto, ni la configuración de ninguna de las causales de reserva alegadas, conforme al criterio desarrollado en la decisión de amparo Rol C467-10, entre otras, así como en aplicación de los principios de máxima divulgación y de facilitación, consagrados en el artículo 11, letras d) y f) de la Ley de Transparencia. Por tanto, se desestimará la alegación de inexistencia invocada por el órgano, siendo necesario avocarse a la causal de reserva esgrimida.

7) Que, en lo relativo a la concurrencia de la causal de reserva de distracción indebida, regulada en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, ésta permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido el artículo 7° numeral 1° letra c) del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento precisa por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales.

8) Que, sobre la interpretación de la causal en comento, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo, este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado".

9) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, éste no ha sido el estándar demostrado por el órgano reclamado.

10) Que, en tal sentido, respecto de los elementos necesarios para la configuración de la causal invocada, la reclamada se limitó a señalar que el procesamiento o levantamiento de la información pedida implicaría una labor de 30 horas de trabajo, lo que significaría destinar 2 funcionario del área de información y estadísticas tributarias a dicha actividad, por 2 jornadas laborales de 8 horas cada uno o, en su defecto, 1 funcionario por 4 jornadas laborales. Ello toda vez que se requeriría procesar datos de 12 millones de contribuyentes. Luego, a la luz del estándar descrito en los considerandos procedentes, el tiempo de dedicación informado por el SII no parece ser un esfuerzo desproporcionado para satisfacer un requerimiento de acceso si se considera que el plazo para dar respuesta a una solicitud de información es de 20 días hábiles, más 10 días de prórroga, de ser necesarios. De ahí que, a juicio de esta Corporación, no se advierte que la recopilación de la información pedida suponga un gravamen al organismo que justifique su denegación. En mérito de lo expuesto, se desechará la causal alegada.

11) Que, en virtud de todo lo señalado, habiéndose desestimado las alegaciones de hecho y causal de reserva invocadas por el SII, se acogerá el amparo en su contra, ordenado entregar a la peticionaria información sobre el número total de empresas, personas jurídicas, que cambiaron/ampliaron su giro o actividad económica, entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2020, desagregada por región; el listado o nómina del nombre o razón social de las empresas, personas jurídicas, que cambiaron/ampliaron su giro o actividad económica, entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2020, desagregada por región; y, los 5 giros o actividad económica más escogidos por las empresas, personas jurídicas, al momento de realizar el cambio/ampliación en todo el país, en el mismo periodo, por región.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Fernanda Carrasco en contra del Servicio de Impuestos Internos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, lo siguiente:

a) Hacer entrega a la reclamante información sobre el número total de empresas, personas jurídicas, que cambiaron/ampliaron su giro o actividad económica, entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2020, desagregada por región; el listado o nómina del nombre o razón social de las empresas, personas jurídicas, que cambiaron/ampliaron su giro o actividad económica, entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2020, desagregada por región; y, los 5 giros o actividad económica más escogidos por las empresas, personas jurídicas, al momento de realizar el cambio/ampliación en todo el país, en el mismo periodo, por región.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Fernanda Carrasco y al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y su Consejera doña Gloria de la Fuente González. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, sin perjuicio de concurrir para formar quórum, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el presente caso, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido; solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.