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Andrés Jara Flores con EJÉRCITO DE CHILE Rol: C3875-20

Consejo para la Transparencia, 20/10/2020

Se acoge el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, requiriendo la entrega de las calificaciones obtenidas por los funcionarios consultados, desde su ingreso a la Institución a la fecha del requerimiento - 20 de mayo de 2020-, indicando el número de lista y la ciudad o regimiento en la que fueron calificados. En el evento, de que estos antecedentes sólo estén contenidos en la hoja de vida y calificaciones de aquellos, se deberá tarjar de estas todo dato que no tenga relación con lo específicamente requerido, en especial, aquellos que den cuenta de actividades de inteligencia militar o de carácter sensible relacionadas con otros países, los datos personales de contexto, sensibles y las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas contenidos en ellas, toda vez que se trata de funcionarios en servicio activo del Ejército con el grado de cabo, cabo primero, cabo segundo, sargento primero, sargento segundo y suboficial que se desempeñaban al momento de la presentación de la solicitud de acceso, en la Primera Brigada Acorazada "Coraceros" de la Región de Arica y Parinacota, respecto de los cuales no se han otorgado mayores antecedentes relativos a las funciones desempeñan. Lo anterior, debido a que se desestimaron las causales de afectación de los derechos de los terceros involucrados y Seguridad de la Nación invocadas, al no haber sido acreditadas suficientemente, puesto que la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. Aplica criterio decisiones Roles C1366-18; C2010-17; C2089-17; C3046-17 y C3047-17; C3244-17, C1241-18, C1366-18, C5933-18, C1005-19, C2831-19 y C2832-19, C3662-19, entre otras.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3875-20

Entidad pública: Ejército de Chile

Requirente: Andrés Jara Flores

Ingreso Consejo: 05.07.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, requiriendo la entrega de las calificaciones obtenidas por los funcionarios consultados, desde su ingreso a la Institución a la fecha del requerimiento - 20 de mayo de 2020-, indicando el número de lista y la ciudad o regimiento en la que fueron calificados. En el evento, de que estos antecedentes sólo estén contenidos en la hoja de vida y calificaciones de aquellos, se deberá tarjar de estas todo dato que no tenga relación con lo específicamente requerido, en especial, aquellos que den cuenta de actividades de inteligencia militar o de carácter sensible relacionadas con otros países, los datos personales de contexto, sensibles y las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas contenidos en ellas, toda vez que se trata de funcionarios en servicio activo del Ejército con el grado de cabo, cabo primero, cabo segundo, sargento primero, sargento segundo y suboficial que se desempeñaban al momento de la presentación de la solicitud de acceso, en la Primera Brigada Acorazada "Coraceros" de la Región de Arica y Parinacota, respecto de los cuales no se han otorgado mayores antecedentes relativos a las funciones desempeñan.

Lo anterior, debido a que se desestimaron las causales de afectación de los derechos de los terceros involucrados y Seguridad de la Nación invocadas, al no haber sido acreditadas suficientemente, puesto que la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía.

Aplica criterio decisiones Roles C1366-18; C2010-17; C2089-17; C3046-17 y C3047-17; C3244-17, C1241-18, C1366-18, C5933-18, C1005-19, C2831-19 y C2832-19, C3662-19, entre otras.

En sesión ordinaria N° 1138 del Consejo Directivo, celebrada el 20 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C3875-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 20 de mayo de 2020, don Andrés Jara Flores solicitó al Ejército de Chile "copia de las calificaciones durante todo el periodo en que prestaron servicio para el EJERCITO DE CHILE, desde su ingreso y hasta la actualidad, indicando expresamente si fueron calificados en lista 1, 2, 3 y 4, y la ciudad o regimiento fueron calificados en cada caso, 1.- FUENTES MARQUEZ, JOSE LUIS (...) 2.- MONARDE BASCUR, SERGIO ADRIAN (...) 3.- VEGA ANDRADE, MANUEL ALEJANDRO (...) 4.- NEGRETE JORQUERA, ALEX ALBERTO (...) 5.- SANTIBAÑEZ HERNANDEZ, PEDRO VICENTE (...) 6.- TAPIA TORRES, ARNALDO SALVATORE (...) 7.- FIGUEROA TAPIA, CARLOS ARTURO (...) 8.- Julio Armando Pizarro cornejo (...) 9.- JOSE ARMANDO AYALA MENDEZ...".

2) TRASLADOS A LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: El Ejército de Chile por medio de cartas, de fecha 15 de junio de 2020, y conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, notificó a los funcionarios señalados en el requerimiento, la solicitud de acceso a la información presentada y su derecho a oponerse a la entrega de esta.

3) OPOSICIONES DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS:

Sargento Primero Arnaldo Tapia Torres, Sargento Primero Alex Negrete Jorquera, Suboficial Carlos Figueroa Tapia, Sargento Segundo Pedro Santibáñez Hernández y Cabo Segundo Manuel Vega Andrade, por medio de cartas, todas de fecha 17 de junio de 2020, se oponen a la entrega de la información pedida, en atención a que el solicitante no fundamenta cual es el motivo de su requerimiento y el uso que le dará a aquella, la que contiene antecedentes personales, privados y sensibles; y que sólo puede ser proporcionada si un Tribunal de Justicia así lo dispusiere.

Cabo Julio Pizarro Cornejo por medio de carta, de fecha 17 de junio de 2020, se opuso a la entrega de la información pedida, en atención a que el artículo 7 de la Ley de Transparencia no contempla aquella como de obligatoria publicidad. Además, sostiene que concurre a su respecto la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la ley citada, pues se trata de antecedentes eminentemente privados, referidos a circunstancias relacionada al ámbito privado y carrera funcionaria.

4) RESPUESTA: El Ejército de Chile mediante oficio JEMGE DETLE (P) N° 6800/5687, de fecha 26 de junio de 2020, señaló que las hojas de calificaciones de su personal en servicio activo tienen el carácter de reservado. En tal sentido hizo presente lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitución Política de la República y en el artículo 1° de la ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de la Fuerzas Armadas - en adelante ley N° 18.948-. Así, sostienen que la evaluación del cumplimiento del mandato constitucional por parte del personal militar, su rendimiento y la capacidad para el ejercicio de sus funciones propias, se efectúa conforme lo dispone el artículo 24 del citado cuerpo legal, mediante los registros en las Hojas de Calificaciones en las cuales según lo establecido en el artículo 79 del decreto con fuerza de ley N° 1, año 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, establece Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas -en adelante D.F.L. N° 1/1997-, "quedan plasmadas cronológicamente sus actuaciones personales, las que inciden directamente en su desempeño durante el periodo calificatorio correspondiente, así por evaluarse conductas que identifican aptitudes, habilidades y/o debilidades para la defensa y la seguridad nacional, y contiene información sobre las funciones que cumplen y habrían cumplido el personal citado en las distintas Unidades en las que ha estado destinado, y que dice relación con el grado operacional de sus integrantes, por lo que dicha información podrá ser empleada por agencias de Inteligencias extranjeras, y potenciales adversarios de nuestro Estado otorgando una ventaja táctica en la preparación y estrategia militar, causando un daño a la seguridad de la Nación, lo cual es concordante con el artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar, el cual ampara y protege mediante una causal de reserva a este tipo de documentación relativa al personal de las Fuerzas Armadas, cuyo es el caso". De esta forma, consideran que su publicidad afecta la seguridad y la defensa nacional en los términos prescritos en el artículo 21 N° 3 y N° 5 de la Ley de Transparencia.

5) AMPARO: Con fecha 5 de julio de 2020, don Andrés Jara Flores dedujo amparo a su derecho de acceso en contra del Ejército de Chile fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile mediante Oficio N° E11.969, de fecha 27 de julio de 2020, para que formule sus descargos y observaciones.

El órgano reclamado por medio de oficio JEMGE DETLE AJ (P) N° 6800/7759/CPLT, de fecha 26 de agosto de 2020, reiteró lo señalado en su respuesta, agregando que la ley define la "Hoja de Vida" como aquel documento en el cual se registra en forma cronológica el comportamiento y desempeño profesional de cada miembro del Ejército de Chile, precisando que el término "comportamiento" implica verter en aquella, juicios de valor extra funcionarios que son propios de la profesión militar. Luego, su confección se realiza de conformidad con la cartilla CAP-01001, así dentro de las menciones que deben consignarse están las anotaciones de mérito y de demérito, la apreciación de conjunto y las correspondientes a la vida funcionaria del calificado (resoluciones de nombramiento y/o contrataciones, entrevistas, comisiones de servicio al extranjero, resoluciones por investigaciones sumarias, sentencias judiciales, constancias de entrevistas, recursos diversos y sus resultados, recursos de la junto de selección, etc.). En ella, además, se deja constancia de cualquier otro antecedente que se considere útil para la posterior evaluación del personal.

Lo expuesto, consideran que permite concluir que la "Hoja de Vida" conforma un conjunto de cualidades estrictamente personales advertidas por el calificador y enfocadas al ámbito de aplicación castrense, las cuales son inherentes a la carrera militar, pero que indudablemente se encuentran comprendidas dentro del ámbito privado y familiar del calificado, lo que se encuentra protegido por el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, debido a dicho aspecto, es que, en cumplimiento de la Ley de Transparencia y su normativa interna, solicitan al personal activo y en retiro su aquiescencia para su entrega.

Además, reiteran que los funcionarios por cuyos antecedentes se consultan, se encuentran en servicio activo, por lo que, aquellos constituyen una fuente de información de inteligencia de particular interés que sometida a un estudio por especialistas militares de esa área, es posible, por ejemplo, obtener su perfil, tipo de especialidad conforme a las Unidades en las que ha prestado servicio durante su carrera, extraer cursos, instrucciones u operativos, divulgando, de esta forma, determinadas capacidades o potenciales de sus Unidades y de su personal, afectando la seguridad militar. Incluso por la estructura y configuración, "es posible de su contenido extraer información útil para los propósitos e intereses para potenciales adversarios u/o crimen organizado y narcotráfico, cuyo objetivo es identificar vulnerabilidades que pudieran presentar el personal - y a través de ellos su familia - en su ámbito personal y profesional, otorgando ventajas comparativas para enfrentar una crisis o conflicto armado, todo lo cual debilita el rol esencial que le ha sido asignado a las Fuerzas Armadas por la Carta Fundamental".

Por lo que, sostienen que la Hoja de Vida y Calificaciones se encuentra incluida entre los documentos que da cuenta el artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar. De este modo, concluyen que se configuran las causales de secreto o reserva dispuestas en el artículo 21 N° 2, N° 3 y N° 5 de la Ley de Transparencia.

Finalmente, señalan que seis de los funcionarios en cuestión ejercieron su derecho de oponerse a la entrega de sus antecedentes, por lo que, además se encuentran impedidos de proporcionarlos en virtud de lo prescrito en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.

7) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: En conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó conferir traslado del amparo deducido a los funcionarios por cuyos antecedentes se consultan, mediante oficios todos de fecha 4 de septiembre de 2020, en su calidad de terceros a quienes se refiere la información solicitada, a fin de que presenten sus descargos y observaciones a este amparo.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de información. Al respecto, el órgano reclamado argumentó que concurren las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21, N° 2, N° 3 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar. Además, atendidas las oposiciones manifestadas por seis de los nueve funcionarios consultados, se encuentran impedidos de proporcionar lo pedido referente a aquellos, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 20 de la Ley de Transparencia.

2) Que lo pedido son copias de las calificaciones obtenidas por los nueve funcionarios consultados desde su ingreso a la Institución hasta la fecha de interposición del requerimiento, indicando el número de lista y la ciudad o regimiento en la que fueron calificados. Así, de lo alegado por el órgano reclamado, se concluye que aquellas estarían contenidas en sus hojas de vida y calificaciones, respecto de las cuales se debe hacer presente que este Consejo ha sostenido de manera reiterada en las decisiones de amparo Roles C2010-17; C2089-17; C3046-17 y C3047-17; C3244-17, C1241-18, C1366-18, C5933-18, C1005-19, C2831-19 y C2832-19, C3662-19, entre otras, que constituyen un antecedente de naturaleza pública en conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de la República y los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, por cuanto han sido elaboradas con recursos públicos y dan cuenta de forma pormenorizada del desarrollo de la carrera funcionaria del personal de una institución y sirven de base a los respectivos procesos de calificación. En efecto, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 79 del D.F.L. N° 1/1997, "La hoja de vida es el documento que contiene un registro cronológico de todas las actuaciones del personal que incidan directamente en su desempeño durante el correspondiente período de calificación. En ella se efectuarán tanto las anotaciones de mérito como de demérito que lo afecten, como asimismo las que correspondan a su vida funcionaria, tales como, feriados, licencias, comisiones de servicio, resoluciones recaídas por investigaciones sumarias administrativas y sentencias definitivas en causas civiles y criminales. Podrá contemplar también todo otro antecedente que se considere útil para la posterior evaluación del personal, siempre que corresponda al período de calificación de que se trate."

3) Que, a su turno, cabe señalar que este Consejo ha razonado que atendido el tipo de función que desempeñan los servidores públicos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, lo que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales. Luego, y en base a la referida premisa ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros similares, de funcionarios. Sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8 de la Constitución Política de la Republica y 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los empleados de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser tales y encontrarse al servicio de la misma.

4) Que, en cuanto a las causales de reserva alegadas por el órgano referidas a aquellas prescritas en el artículo 21 N° 3 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 436, N° 1 ,del Código de Justicia Militar, es menester indicar que el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación -de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia, y por el inciso segundo del artículo 8 de la Constitución Política de la República- debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva-, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por quien las invoca, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad.

5) Que, en la especie, el Ejército de Chile ha argumentado que los funcionarios por cuyos antecedentes se consultan se encuentran en servicio activo por lo que divulgar su hoja de vida institucional y calificaciones significa hacer públicos antecedentes y características del lugar de desempeño de estos, pudiendo ser empleado por potenciales adversarios como también por organizaciones dedicadas a la delincuencia y narcotráfico, otorgando ventajas comparativas para enfrentar una crisis o conflicto armado, todo lo cual debilita el rol esencial que le ha sido asignado a las Fuerzas Armadas por la Carta Fundamental, ya que de ellas se pueden obtener datos relevantes para potenciales adversarios, indicando que, del contenido de las hojas de vida, mediante cruce de información, hará posible determinar los perfiles que se emplean para determinar quiénes desempeñan ciertas funciones críticas, que su uso por potenciales adversarios, entrega una ventaja militar absoluta, dejando al Ejército en una posición vulnerable ante una eventual crisis, debilitando con ello la Seguridad Nacional.

6) Que, como es posible apreciar, el Ejército de Chile ha realizado, por una parte, alegaciones genéricas sobre la materia y eventuales afectaciones a la seguridad nacional que podrían desprenderse del conocimiento de las hojas de vida y calificaciones consultadas. Sin perjuicio de lo anterior, se estima que dichas alegaciones tienen un carácter hipotético, que no explican en modo alguno de qué manera se puede ver afectado el bien jurídico protegido, en forma presente o probable y con la suficiente especificidad, al conocerse los antecedentes contenidos en aquellas. En conclusión, no se ha acreditado de qué modo concreto ni específico la entrega de los datos requeridos puede afectar los bienes jurídicos cautelados por las causales esgrimidas, esto es, el debido funcionamiento del órgano o la seguridad de la Nación.

7) Que, en la especie, las hojas de vida y calificaciones han sido elaboradas con presupuesto público, y han debido servir de fundamento directo y esencial de resoluciones dictadas por el Ejército de Chile en los procesos calificatorios de los funcionarios en cuestión, y, además, obran en poder de un órgano de la Administración del Estado. Asimismo, a juicio de este Consejo, tampoco se advierte de qué forma la publicidad de aquellas pueda afectar, con cierto grado de especificidad y certeza, los derechos del terceros, máxime si se considera que se trata de antecedentes que son esencialmente públicos, toda vez que contiene información sobre las actuaciones y desempeño del personal, en su calidad de funcionario del Ejército, antecedentes curriculares y profesionales, capacitaciones, así como otros antecedentes a considerar para sus evaluaciones, al tenor de lo dispuesto en el artículo 24 de la ley N° 18.948, el cual establece que: "El desempeño del personal se evaluará, anualmente, a través de un sistema de calificaciones que considerará el rendimiento y la capacidad para el ejercicio de sus funciones, basándose para ello en los conceptos contenidos en las correspondientes hojas de vida" (énfasis agregado).

8) Que, por su parte, el Ejército de Chile y algunos de los funcionarios, han alegado la concurrencia de la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, ya que la entrega de la información afectaría el respeto y protección de la vida privada por contener antecedentes específicos de índole privados, reservados y sensibles tanto personales como profesionales, desconociéndose la motivación o el uso que el reclamante podrían darles. Sin embargo, teniendo en cuenta lo razonado en los considerandos precedentes, este Consejo no advierte de qué forma la divulgación de las hojas de vida y calificaciones de funcionarios públicos pueda afectar, con cierto grado de especificidad y certeza, los derechos de éstos, en los términos de la mentada causal de reserva legal, máxime si se considera que se trata de antecedentes -que como se señaló- son esencialmente públicos, razón por la cual, se descartará la configuración de la causal alegada.

9) Que, en consecuencia, se acogerá el presente amparo requiriendo la entrega copia de las calificaciones obtenidas por los funcionarios consultados, desde su ingreso a la Institución a la fecha del requerimiento - 20 de mayo de 2020-, indicando el número de lista en la que fueron calificados y ciudad o regimiento.

10) Que, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, cabe hacer presente que se trata de funcionarios en servicio activo con el grado de cabo, cabo primero, cabo segundo, sargento primero, sargento segundo y suboficial que se desempeñaban al momento de la presentación de la solicitud de acceso, en la Primera Brigada Acorazada "Coraceros" de la Región de Arica y Parinacota. Respecto de los cuales, el Ejército de Chile no ha otorgado mayores antecedentes relativos a las funciones desempeñadas por aquellos. Así, en el evento, de que las calificaciones en los términos requeridos sólo estén contenidos en la hoja de vida y calificaciones de aquellos, se deberá tarjar de estas, previo a su entrega todo dato que no tenga relación con lo específicamente solicitado, en especial, aquellos que den cuenta de actividades de inteligencia militar o de carácter sensible relacionadas con otros países, por configurarse las hipótesis de excepción contenidas en el artículo 21 N° 3 y N° 4 de la Ley de Transparencia. Así como también, todos los datos personales de contexto contenidos en éstas, que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función pública desempeñada, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, fotografía del funcionario, peso y altura, como también los referidos a las patologías médicas que afectaron o pudieron haber afectado a los funcionarios, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 letras f) y g), y 4 de la ley N° 19.628. Asimismo, de ser ello pertinente, se deberán tarjar las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas, esto último, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la misma ley. Todo lo cual se realiza en cumplimiento de las atribuciones otorgadas a esta Corporación por el artículo 33 letras j) y m) de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por don Andrés Jara Flores en contra del Ejército de Chile, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Comandante en Jefe del Ejército, lo siguiente:

a) Hacer entrega al reclamante de copia de las calificaciones obtenidas por los funcionarios consultados, desde su ingreso a la Institución a la fecha del requerimiento - 20 de mayo de 2020-, indicando el número de lista y ciudad o regimiento en la que fueron calificados. En el evento de que esta información sólo este contenida en sus hojas de vida y calificaciones, se deberá proporcionar copia de estas, resguardando todo antecedentes que no tenga relación con lo específicamente requerido, en especial, las anotaciones que digan relación con la realización de actividades o labores de inteligencia, y de carácter sensible relacionadas con otros países; los datos personales de contexto que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función pública desempeñada, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, fotografía del funcionario, peso y altura, como también los referidos a las patologías médicas que afectaron o pudieron haberlo afectado; y las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Andrés Jara Flores, al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile y a los terceros involucrados en el presente amparo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.