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C4121-20 Rol: C4121-20

Consejo para la Transparencia, 20/10/2020

Se rechaza el amparo deducido en contra del Panel Técnico de Concesiones de Obras Públicas, respecto de los anexos que indica. Lo anterior, toda vez que no resultan aplicables a dicha institución las normas contenidas en la Ley de Transparencia, por tratarse de un organismo que no forma parte de la Administración del Estado, dado que no concurren, de manera copulativa, los requisitos o criterios que ha fijado este Consejo para hacer aplicables sus normas, y que la sola circunstancia de que el Panel Técnico sea una institución receptora de fondos públicos, no la transforma por esa única consideración, en una unidad integrante de la Administración que deba quedar sometida a dicha ley. Finalmente, se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento

Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Ausente)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4121-20

Entidad pública: Panel Técnico de Concesiones de Obras Públicas.

Requirente: Valeria Montero Cruzat.

Ingreso Consejo: 14.07.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra del Panel Técnico de Concesiones de Obras Públicas, respecto de los anexos que indica.

Lo anterior, toda vez que no resultan aplicables a dicha institución las normas contenidas en la Ley de Transparencia, por tratarse de un organismo que no forma parte de la Administración del Estado, dado que no concurren, de manera copulativa, los requisitos o criterios que ha fijado este Consejo para hacer aplicables sus normas, y que la sola circunstancia de que el Panel Técnico sea una institución receptora de fondos públicos, no la transforma por esa única consideración, en una unidad integrante de la Administración que deba quedar sometida a dicha ley.

Finalmente, se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1138 del Consejo Directivo, celebrada el 20 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4121-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) CONTEXTO PREVIO: El 1 de junio de 2020, doña Valeria Montero Cruzat ingresó una solicitud ante el Ministerio de Obras Públicas, en la cual requirió diversos anexos relativos a las obras de concesiones que indica. El 4 de junio del mismo año, la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas derivó dicha petición al Panel Técnico de Concesiones de Obras Públicas.

2) SOLICITUD DE ACCESO: El 4 de junio de 2020, doña Valeria Montero Cruzat requirió al Panel Técnico de Concesiones de Obras Públicas, lo siguiente: "Conforme a los previsto en la Ley N° 20.285 y los artículo 10, 14 y 19 de las Normas de Funcionamiento del Panel Técnico de Concesiones de Obras Públicas, solicito los siguientes documentos que, debiendo estar publicados, no se encuentran disponibles en los respectivos expedientes digitales del Panel Técnico de Concesiones:

a) Anexos A, B, E.4, F y H del Informe Técnico-Económico denominado ‘Análisis, demostración y valorización económica de los efectos causados por atrasos del MOP en el proceso de revisión y aprobación del proyecto de ingeniería definitiva. Contrato de Concesión de Obra Pública Fiscal Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Santiago, Chile’ presentado por la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel en la discrepancia ante el Panel Técnico de Concesiones Rol D05-2019-16:

i. Anexo A: "Contrato EPC y Modificaciones".

ii. Anexo B: "Balances CJV Auditados".

iii. Anexo E: "Subcontratos"; E.4: "Reclamaciones de Subcontratistas".

iv. Anexo F: "Respaldo de Costos".

v. Anexo H: "Documento N° 10 Plan de Trabajo y Plazos".

b) Anexos C y D del Informe Técnico presentado por la concesionaria Nueva Pudahuel denominado ‘Estudio acerca de los atrasos en la aprobación del proyecto de ingeniería definitiva y sus efecto en el plazo del Contrato’ en el contexto de la discrepancia D04-2018-16:

i. Anexo C: Informe IDIEM "Revisión de Metodología de Impacto en plazo de la Ingeniería en la Etapa de Construcción de la Concesión Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago" y sus apéndices.

ii. Anexo D: Informe IDIEM "Análisis del Proceso de Revisión y Aprobación de la Ingeniería en la Etapa de Construcción de la Concesión Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago" y sus apéndices".

3) RESPUESTAS: El 5 de junio de 2020, mediante oficio PTC. N° 03/2020, el Panel Técnico de Concesiones de Obras Públicas informó a la solicitante que, con fecha 4 de junio había recibido la solicitud; que en esa fecha notificó a la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. de la facultad que le asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, respecto de los Anexos A, B, E.4 y F; y que los Anexos H, C y D, están disponibles en la página web del Panel Técnico.

Posteriormente, el 22 de junio de 2020, mediante oficio PTC. N° 04/2020, el órgano dio respuesta a la solicitud, y junto con reiterar lo señalado en la anterior comunicación, agregó en síntesis, que "en relación a los Anexos A, B, E.4 y F solicitados, los cuales fueron presentados en el marco de la Discrepancia D05-2019-16, se le informó a la requirente de la facultad que le asiste a la citada Sociedad Concesionaria para oponerse a la entrega de dichos documentos, toda vez que respecto de los mismos se requirió durante la tramitación de la Discrepancia su reserva debido a su carácter confidencial, la cual fue otorgada en definitiva por este Panel mediante resolución de fecha 26 de junio de 2019 (...) mediante escrito ingresado dentro de plazo, la SC Nuevo Pudahuel S.A. efectivamente presentó su oposición a la entrega de la información antedicha, escrito cuya copia se adjunta. Por tanto, de conformidad a lo regulado en el inciso tercero del artículo 20 de la Ley N° 20.285 (...) no es posible para este Panel hacer entrega a la solicitante de los Anexos A, B, E.4 y F, documentos presentados en el marco de la Discrepancia D05-2019-16".

En su oposición, la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A., manifestó su oposición a la entrega de la información solicitada, señalando que "Fundo la presente oposición primero en el hecho de que la misma derechamente no es procedente, toda vez que el artículo 10 de la Ley N° 20.285 establece el derecho de las personas para solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos, y acuerdos, así como toda información elaborada con presupuesto público. En virtud de lo anterior, cabe hacer presente que la solicitud de acceso a la información recae sobre anexos custodiados y guardados bajo estricta reserva y confidencialidad, mediante resolución del Panel Técnico de Concesiones emitida con fecha 26 de junio de 2019, en Discrepancia Rol D05-201-16. Según lo indicado en el numeral 4) de la resolución citada en el párrafo anterior, la decisión del Panel se fundó, precisamente, en el carácter comercial y sensible de los documentos reservados, contenidos en el Anexo A, Anexo B, Anexo E.4 y Anexo F que forman parte integrante del Informe Técnico denominado "Análisis, demostración y valorización económica de los efectos causados por atrasos del MOP en el proceso de revisión y aprobación del Proyecto de Ingeniería Definitiva", cuyo contenido es público y se encuentra disponible en la página web del Panel Técnico de Concesiones"¸ denegando la entrega de la información en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, agregando que "la solicitud aludida recae sobre información financiera y del modelo de negocios que no puede ser revelado a terceros, información relativa a los trabajadores como libros de remuneraciones, balances auditados que reflejan la información financiera del Consorcio Constructor cuyo contenido no es de público conocimiento como los de la Sociedad Concesionaria, y en general, información comercial de carácter reservado. Revelar los anexos del informe técnico causaría un grave perjuicio para derechos de terceros válidamente constituidos y para esta parte".

4) AMPARO: El 14 de julio de 2020, doña Valeria Montero Cruzat dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud, en virtud de la oposición del tercero. Asimismo, junto con señalar las circunstancias relativas a la presentación de la solicitud y sobre su comunicación directa con la abogada secretaria del Panel Técnico, indicó que "la secretaria abogada del PTC me indicó telefónicamente que de manera excepcional, según consta en el expediente de la Discrepancia Rol D05-2019-16, a solicitud de la Sociedad Concesionaria Nueva Pudahuel S.A., el Panel resolvió el 26 de junio de 2019 declarar como confidenciales los Anexos A, B, E.4 y F del Informe Técnico-Económico denominado "Análisis, demostración y valorización económica de los efectos causados por atrasos del MOP en el proceso de revisión y aprobación del proyecto de ingeniería definitiva. Contrato de Concesión de Obra Pública Fiscal Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Santiago, Chile", por lo que dichos documentos nunca se agregaron al expediente digital público de la respectiva discrepancia. Lo anterior, constituye, según me indicó la secretaria abogado del PTC, motivo suficiente para notificar a la Sociedad Concesionaria Nueva Pudahuel S.A. en calidad de interesado para ejercer su derecho de oposición a la entrega de la información solicitada".

Acto seguido, alegó que "Pues bien, precisamente respecto de esta negativa del PTC a entregar la información pública requerida en la Solicitud por haberse opuesto la Sociedad Concesionaria Nueva Pudahuel, es que vengo en recurrir de amparo ante este Consejo, atendidas las consideraciones de derecho que se expondrán (...) cabe señalar que los documentos requeridos en la Solicitud constituyen información pública, toda vez que por norma expresa son antecedentes que debieran estar publicados en el expediente digital de la Discrepancia D05-2019-16 del PTC y de libre consulta ciudadana, salvo que previamente haya sido declarados confidenciales, en cuyo caso deben estar igualmente publicados, pero parcialmente o "tarjados". Lo anterior, resulta de toda lógica atendida la función pública que cumple el PTC al resolver una discrepancia. Asimismo, dado que los documentos se refieren a la concesión de la obra pública Aeropuerto de Santiago, el carácter público de la información resulta manifiesto y evidente, siendo el acceso a este tipo de documentos una forma más de control por parte de la ciudadanía en la gestión de este tipo de obras", haciendo mención a los principios de publicidad y Transparencia, apertura, libertad de información y máxima divulgación.

Asimismo, la reclamante señaló que "Los documentos fueron aportados, ingresados al expediente y sirvieron de antecedente para que el PTC emitiera su Recomendación en la Discrepancia Rol D05-2019-16. Conforme a esto, para garantizar los principios de transparencia y publicidad es indispensable que los fundamentos de la decisión del PTC sean de conocimiento público, más aún si se tiene en cuenta que la señalada Discrepancia ya se encuentra terminada. Como se señaló, los documentos requeridos en la Solicitud se aportaron en el contexto de una discrepancia entre el MOP y una sociedad concesionaria de una obra pública, controversia o conflicto con un evidente interés público comprometido, atendidos el patrimonio fiscal involucrado, la naturaleza pública de la infraestructura y el carácter de servicio público implícito en la operación del principal aeropuerto del país. En efecto, el hecho que la información solicitada se haya generado en el contexto de la ejecución de un contrato de concesión de obra pública ha sido un elemento que este Consejo ha considerado en otros casos para resolver el carácter público de la información", refiriéndose a la decisión del amparo rol C212-17.

Luego, la solicitante reclamó que "Las propias Normas de Funcionamiento del Panel Técnico de Concesiones de Obras Públicas no lo habilitan a declarar la confidencialidad total de los antecedentes incorporados en un expediente de una discrepancia. Por el contrario, hay normas expresas que señalan la publicidad del expediente y sus antecedentes (...) Como es posible apreciar de los argumentos planteados y normas citadas, la información requerida tiene evidente carácter público, debiendo incluso estar publicada en el sitio web del PTC asociada al respectivo expediente, sin que el Panel tenga atribuciones para desapegarse de su propia normativa y declararlos confidenciales en su totalidad", haciendo mención a lo dispuesto en el artículo 8° de la Constitución Política, lo resuelto por el Tribunal Constitucional, en STC rol 634-2006, respecto al carácter implícito del Principio de Transparencia en la Carta Fundamental, y los artículos 4 y 10 de la Ley de Transparencia.

Del mismo modo, agrega que "La información requerida no está sujeta a ninguna causal excepcional de reserva o secreto del artículo 21 de la Ley N° 20.285 ni existe una ley especial de quórum calificado que así lo declare (...) Pues bien, ninguno de los criterios expresados es siquiera enunciado por la Sociedad Concesionaria Nueva Pudahuel S.A. en su escrito de oposición, ni mucho menos acreditado. En efecto, el escrito de oposición se limita a expresar que los documentos requeridos tienen el carácter indicado en el numeral 2 del artículo 21 de la Ley 20.285 (...) la simple enunciación efectuada en el escrito de oposición de que ‘revelar los anexos del informe técnico causaría un grave perjuicio para derechos de terceros válidamente constituidos y para esta parte’, no satisface de manera alguna las exigencias que debe reunir el daño para que se configure la causal de reserva o secreto (...) Por lo pronto, resulta imposible que la información tenga un valor comercial por ser secreta que le proporcione una ventaja competitiva frente al mercado, toda vez que el proceso licitatorio ya se encuentra concluido y la concesión ya fue adjudicada a la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A, encontrándose así en una situación de carácter monopólica, sin competidores", haciendo mención a lo resuelto por este Consejo en los amparos rol C212-17 y C1303-12, y agregando que "El criterio de este Consejo expuesto precedentemente resulta totalmente aplicable a los documentos requeridos en el punto 1 de la Solicitud, Anexo B "Balances CJV Auditados" y Anexo F "Respaldo de Costos" del Informe Técnico-Económico denominado "Análisis, demostración y valorización económica de los efectos causados por atrasos del MOP en el proceso de revisión y aprobación del proyecto de ingeniería definitiva. Contrato de Concesión de Obra Pública Fiscal Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Santiago, Chile", toda vez que éstos son elementos para determinar los ingresos", solicitando finalmente que, en subsidio de lo principal, se ordene la entrega de copia de los documentos que sí puedan ser conocidos, adjuntando copia de los documentos relativos a la solicitud, respuestas y oposición.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo y, mediante Oficio N° E12393, de 3 de agosto de 2020, confirió traslado al Sr. Director General de Concesiones de Obras Públicas, notificando el reclamo y solicitando que formule sus descargos u observaciones.

Mediante correo electrónico de 4 de agosto de 2020, dicho órgano indicó que "que este requerimiento es del Panel Técnico de Concesiones y no de esta Dirección", señalando la casilla donde debe ser notificado.

Posteriormente, y en virtud de lo anterior, mediante Oficio N° E12904, de 7 de agosto de 2020, este Consejo confirió traslado al Sr. Presidente del Panel Técnico de Concesiones de Obras Públicas, notificando el reclamo y solicitando que formule sus descargos u observaciones.

Mediante presentación enviada por correo electrónico de fecha 18 de agosto de 2020, el Panel Técnico de Concesiones evacuó sus descargos, y junto con señalar sus funciones, naturaleza y dependencia, agregó en síntesis, que "en ejercicio del principio de transparencia, el Panel publica todos sus expedientes en formato digital, los cuales se encuentran a libre disposición del público, salvo en aquellos casos en que se solicita por alguna de las partes la confidencialidad y reserva de algún documento, y así sea decretado por el Panel, aspecto regulado en el artículo 19 de sus Normas de Funcionamiento, cuya aplicación al caso en la especie veremos", detallando el contenido de los anexos reclamados y reiterando lo informado en la respuesta respecto de la notificación al tercero conforme lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.

Acto seguido, el organismo manifestó que "El 17 de junio de 2019, la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. sometió a consideración del Panel Técnico una Discrepancia de carácter técnico y económico con el Ministerio de Obras Públicas, solicitando una Recomendación sobre el particular. Con esa misma fecha, la citada Concesionaria solicitó reserva y custodia de los antecedentes señalados en el capítulo II de esta presentación, debido a su carácter confidencial. Con fecha 20 de junio de 2019, el Panel Técnico resolvió mantener en reserva y custodia la totalidad de los documentos enumerados en el citado escrito, otorgando un plazo de 7 días corridos para que diera cumplimiento a lo regulado en el inciso final del artículo 19 de las Normas de Funcionamiento del Panel, acompañando versiones públicas de los mismos", señalando que la concesionaria presentó una solicitud de reconsideración, argumentando que se trataba de documentos con información sensible y reservada, y que tendrían que ser tarjados prácticamente en su totalidad, detallando el contenido de cada documento, y agregando que "Cabe puntualizar que la totalidad de los anexos del Informe Técnico -Económico elaborado por GEDD 2019, están conformados por 27.457 documentos, de los cuales 31 de ellos contabilizan 5.557 páginas. Pues bien, gran parte de estos documentos pertenecen al Anexo F referido. Considerando todo lo anterior, teniendo a la vista las dificultades para cumplir lo ordenado debido a la naturaleza y volumen de los documentos, y atendido su contenido comercial y sensible, mediante resolución de fecha 26 de junio de 2019 el Panel resolvió acceder en forma excepcional a la solicitud de reconsideración, dejando sin efecto la resolución de fecha 20 de junio que ordenaba la entrega de versiones públicas de los mismos. En este orden de consideraciones, es menester hacer presente que el volumen de los documentos efectivamente resultaba muy problemático, además requería un plazo muy extendido para presentar versiones públicas que estarían tarjadas en gran parte, lo que era incompatible con el plazo que tiene el Panel para la emisión de la Recomendación, de 30 días corridos ampliable hasta por otros 30".

Luego, haciendo mención al contrato de concesión y lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley de Concesiones, la institución argumentó que "el Concesionario en sus relaciones con el Ministerio de Obras Públicas se rige por normas de derecho público, en tanto en sus relaciones con privados, se rige por las normas de derecho privado. En consecuencia, cabe recordar que el Anexo A, Anexo B, Anexo E.4 y al menos parte del Anexo F (por ejemplo, el libro de remuneraciones), son documentos fruto de la relación de la Sociedad Concesionaria con privados, terceros ajenos al contrato de concesión".

Del mismo modo, indicó que "Por otra parte, cabe tener presente que el contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago tuvo como factor de licitación ‘Pagos ofrecidos por el Oferente al Estado por la entrega de Bienes o Derechos para ser utilizados en la concesión’, correspondiendo al Porcentaje de los Ingresos Totales de la Concesión. En los hechos, la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. ofreció una compartición de 77,56%, por el plazo de duración de la concesión, siendo estos ingresos totales el pago por la construcción y operación de la obra. Así, no tratándose de un contrato por costos reembolsables, donde se podría justificar un interés público de abrir contratos privados al conocimiento público para un control ciudadano del mismo, no aparece para este Panel de forma evidente el interés público comprometido que permitiría superponer la necesidad de su publicidad sobre los derechos comerciales o económicos sensibles para terceros contratantes con la Sociedad Concesionaria. Lo anterior es sin perjuicio de eventuales indemnizaciones en el marco de mayores obras u otras causales establecidas en la Ley, por perjuicios imputables al Ministerio de Obras Públicas, los que se analizan caso a caso y cuyos fundamentos y cálculos aparecen de manifiesto en cada Recomendación. Todo ello refuerza que la falta de publicación en el expediente de la Discrepancia de los documentos señalados, en modo alguno vulnera el principio de acceso de información pública, al no tener ese carácter los anexos requeridos. Por el contrario, una eventual publicidad de los mismos a todo evento podría implicar que las partes de una Discrepancia omitan la entrega de información al Panel ante el temor de su apertura al público, lo que dañaría los análisis del Panel Técnico para resolver las Discrepancias sometidas a su conocimiento. A mayor abundamiento, cabría señalar que incluso podría verse afectado el acceso a un procedimiento racional y justo para las partes involucradas, al no poder presentar toda la información disponible, incluso aquella sensible, que le permitiese establecer su caso", agregando que la etapa de construcción sigue en curso, por lo que podrían ingresar nuevas discrepancias a conocimiento del Panel, haciendo mención a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política de la República, el artículo 16 de la ley N° 19.880, y el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, y entregando, finalmente, los datos de contacto del tercero, y adjuntando una serie de antecedentes a los cuales hizo mención en sus descargos.

6) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL TERCERO: En conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó conferir traslado de este amparo al tercero eventualmente afectado con la entrega de la información solicitada, la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A., mediante oficio N° E14738, de fecha 1 de septiembre de 2020, a fin de que presente sus descargos y observaciones.

Mediante presentación enviada por correo electrónico de fecha 15 de septiembre de 2020, el tercero evacuó sus descargos, solicitando el rechazo del presente amparo, y denegando la entrega de la información solicitada, señalando en síntesis, que "La información forma parte de un proceso especial llevado ante el Panel Técnico de Concesiones, y en ningún caso corresponde a información emanada o que obre en poder de un órgano de la Administración del Estado (...) de accederse a la petición de la Recurrente, se afectaría gravemente un procedimiento conciliatorio establecido en la Ley de Concesiones, el que tiene un carácter especial y sirve como mecanismo de conciliación entre las partes, afectándose el derecho de las sociedades concesionarias que forman parte del sistema de resolver sus controversias a través de un sistema independiente y de presentar antecedentes en el marco de dicho proceso, por cuanto cualquier tercero ajeno a la controversia podría requerir publicidad de antecedentes aportados en el marco de dicho proceso a través de un uso artificioso de la Ley de Transparencia, como justamente pretende hacerlo la Recurrente. Cabe hacer presente que, sin perjuicio que lo hemos establecido en diversas ocasiones, la información a la cual pretende acceder la Recurrente corresponde a balances auditados del Consorcio Constructor de la Sociedad Concesionaria, remuneraciones de trabajadores, y en general información sensible que por algo Panel Técnico le dio el carácter de confidencial, dado que además nada tienen que ver con la función pública".

Acto seguido, indicó que "la Recurrente dedujo amparo en contra del Panel Técnico de Concesiones, arguyendo que dicha entidad debe publicar la información que obre en su poder, por cuanto sería un órgano de la Administración del Estado y por tanto le resultaría aplicable la Ley N° 20.285. Respecto de lo anterior, resulta pertinente establecer qué entiende la Ley N° 20.285 por "órgano de la Administración del Estado", lo que se encuentra expresamente definido en su artículo 1° N° 5 como: "los señalados en el inciso segundo del artículo 1° de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado". Si atendemos a la Ley N° 18.575, encontramos que en el artículo 1° inciso segundo expresa que: "la Administración del Estado estará constituida por los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones, y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa". De dicha definición se desprende expresamente que el Panel Técnico de Concesiones no se encuentra comprendido dentro de lo que la Ley N° 18.575 define como un órgano de la Administración del Estado, y por tanto, éste no constituye un órgano o servicio público para el cumplimiento de la función administrativa, sino que, en virtud del artículo 36 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, corresponde a un órgano consultor en virtud del cual las partes de un contrato de concesión pueden someter a su consideración únicamente las discrepancias de carácter técnico o económico (...) Por lo tanto, el presente amparo deducido por la Recurrente carece de legitimación pasiva, específicamente ad processum, por cuanto el PTC no es susceptible de ser reclamado por este amparo, dado que en atención al ámbito de aplicación regulado en el artículo 1° de la Ley 20.285, no es posible ejercer un derecho de acceso a la información a entidades que no sean consideradas como órgano de la Administración del Estado, y muchísimo menos considerar que la información que obre en su poder sea pública".

Luego, la Concesionaria manifestó que "esta Sociedad Concesionaria no se explica cómo la Recurrente, teniendo conocimiento de la excepción a la publicidad, y asimismo, teniendo conocimiento del carácter de secreto y confidencial de los Anexos, persista en obtener acceso a dicha información que reviste el carácter de confidencial", explicando el procedimiento por medio del cual los anexos requeridos fueron considerados confidenciales por parte del Panel Técnico.

Del mismo modo, en atención a los argumentos esgrimidos por la reclamante en su amparo, haciendo mención al ámbito de competencia de este Consejo, el tercero señaló que "no cabe aplicación alguna de las disposiciones de la Ley de Transparencia al caso que nos ocupa, por cuanto el Panel Técnico de Concesiones constituye una entidad consultiva, que no forma parte de los órganos de la Administración del Estado (...) Prueba de lo anterior, y de lo artificioso que es el recurso impetrado, es que la Recurrente se tuvo que dirigir al Panel Técnico de Concesiones a través del Ministerio de Obras Públicas, y dado que la información no obra en de dicha cartera ministerial, este último tuvo que derivar el requerimiento al Panel Técnico de Concesiones (...) los Anexos no revisten el carácter público, por otras dos razones, la primera, que la Recomendación emitida por el Panel Técnico de Concesiones no tuvo como sustento los Anexos cuya publicidad se solicita, dado que no se hace mención en ninguna parte (...) Asimismo, de más está decir que dichos Anexos no fueron elaborados con presupuesto público, dado que corresponden a documentos privados (...) En el improbable evento de que se considere al Panel Técnico como un órgano de la Administración del Estado, es necesario señalar que, sin perjuicio de que supuestamente obre en poder de un órgano con estas cualidades, ello no significa que a dicha información se le otorga automáticamente el carácter público", y agregando que los principios aludidos por la reclamante, bajo ningún aspecto, tienen carácter absoluto, y haciendo mención a lo resuelto en el amparo rol C7263-18 respecto de la información de origen privado.

Con relación a lo resuelto por este Consejo en el ampro rol C212-17, mencionado por la reclamante, indicó que "la causa a pedir de ese amparo dista sustancialmente de la información que la Recurrente solicita acceder en este caso. En primer lugar, la información solicitada en el Amparo Rol C212-17 hace referencia a la información sobre la rendición de ingresos de Nuevo Pudahuel (...) Si atendemos a los Anexos solicitados por la Recurrente, vemos que hacen referencia a un Contrato entre dos entidades privadas, balances auditados del Consorcio Constructor que solo da cuenta de su relación de activos y pasivos y sobre el total de su patrimonio, lo cual es absoluta y totalmente confidencial. Asimismo, contiene el Contrato EPC firmado entre la Sociedad Concesionaria y dicho Consorcio Constructor (del que no es parte el Estado de Chile), respaldo de costos de esta Sociedad Concesionaria y de su Consorcio Constructor, que escapa con creces de la esfera pública, y que dicho sea de paso, no es determinante para la adjudicación de la licitación, por lo tanto tienen una expectativa de privacidad justificada, ya que en nada afecta a los intereses del Estado para la ejecución de las obras, y solamente afecta a los derechos comerciales o económicos de esta Sociedad Concesionaria, del Consorcio Constructor y terceros".

Asimismo, respecto del principio de publicidad y transparencia, argumentó que "para este caso, tanto la resolución del Panel Técnico de Concesiones, que más bien es una recomendación que no ejerce jurisdicción, como sus fundamentos para emitir dicha recomendación y el procedimiento seguido, son efectivamente de carácter público, ya que constan en la página web del Panel Técnico de Concesiones, y por lo tanto no se ve una infracción a la Carta Fundamental al mantener en reserva documentos de carácter privados (...) debemos hacer mención de ciertas garantías constitucionales, por cuanto los principios de transparencia y publicidad no son de carácter absoluto y tienen que estar en plena armonía con el resto de los derechos asegurados en la Carta Fundamental. Es así, como debemos mencionar que es imperante dentro de un Estado de Derecho, el respeto a la garantía constitucional de la privacidad, reconocida expresamente en el artículo 19 N° 4 de la CPR. Los Anexos solicitados por la Recurrente tienen un origen neta y absolutamente privado (...) estos documentos no son de libre acceso por el hecho de acompañarse como un anexo de un informe en una Discrepancia, toda vez que si esta Discrepancia no se hubiese producido, no existiría ni la más remota posibilidad de que se acercasen dichos documentos a la esfera pública (...) El hecho de hacer público dichos Anexos atentaría grave e irreparablemente el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, dentro de un ámbito de libre competencia, en la forma que garantiza la Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 21. Despojar a esta parte de su ventaja competitiva por una mera solicitud de información no justificada y malamente amparada en virtud del artículo 8° de la CPR, también desconocería el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 23 de nuestra Constitución. Lo anterior, el manejo de información que contiene información para regular la construcción de obras públicas, modelo de negocios, el know-how e información que posiciona a esta Sociedad Concesionaria preferentemente dentro del mercado, permitiría a otras personas, hacer suyas dichas estrategias para usarlas en su beneficio, afectando gravemente la competitividad de esta parte", haciendo mención al Informe en Derecho solicitado al académico don Domingo Valdés Prieto.

Siguiendo con su línea argumentativa, la Sociedad Concesionaria manifestó que "esta parte tiene el justo temor de que la Recurrente pretenda usar la información con un propósito totalmente diferente y desviado, que es preparar un caso en contra esta parte. Lo anterior se funda en que la Recurrente es una abogada que forma parte de un renombrado estudio jurídico especializado en el área de infraestructura, tanto pública como privada. De ser ciertas nuestras aprehensiones, el futuro demandante estaría eludiendo todo el procedimiento de exhibición prejudicial o judicial de documentos que dispone la legislación procesal; para obtener por vía extrajudicial y a través de un uso artificioso de la Ley de Transparencia documentos que le darán una ventaja procesal indebida". Con relación a la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, la empresa reiteró el detalle del contenido de cada uno de los anexos requeridos, refiriéndose a los criterios fijados por este Consejo para la reserva de dicha información, agregando que "la Recurrente vuelve a caer en interpretaciones forzadas de la jurisprudencia que cita, ya que para la Decisión del Consejo de Amparo Rol C1303-12 no se resuelve la publicidad de los documentos en cuestión, sino que solamente se solicita informar respecto de cada instrumento la fecha de inicio del contrato, la fecha de término, la empresa contratante, la existencia de causas de renovación automática y el tipo de pago considerados, pero en ningún caso se exige la publicación de los documentos de manera íntegra (...) Si la Recurrente desea obtener información sobre el inicio y término de las obras, la empresa contratante, precio y pagos considerados, entre otros datos, basta que revise el Informe Técnico, y los antecedentes que constan en el expediente de la Discrepancia D05-2019-16. Como bien se puede apreciar mediante Oficio N° 03/2020 de fecha 5 de junio de 2020 del Panel Técnico de Concesiones, hay que revisar el expediente minuciosamente, no siendo en esta instancia obligación de dicho Panel Técnico de Concesiones o de esta Sociedad Concesionaria entregar información que ya consta en la página web, y que, por tanto, es de público conocimiento (...) Por otro lado, cabe mencionar que tanto el Contrato EPC, como los contratos firmados por los subcontratistas revisten de cláusulas de confidencialidad, las que pretenden proteger toda la información de los contratantes en virtud de los actos jurídicos que celebren. La publicación de dichos Anexos, mediante un amparo infundado pone en riesgo, asimismo, la efectividad de las cláusulas estipuladas por las partes, por cuanto la confidencialidad acordada podría ser fácilmente prescindible, y por ende, se configuraría una indefensión para aquellas partes que vieron vulneradas estas garantías contractuales", adjuntando, finalmente, copia de la tramitación relativa a la declaración de confidencialidad de los anexos requeridos y del procedimiento de notificación de su derecho de oposición, entre otros.

7) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Este Consejo, mediante oficio N° 16713, de fecha 1 de octubre de 2020, solicitó al Panel Técnico de Concesiones, como medida para mejor resolver el presente amparo, que detalle la naturaleza jurídica y orgánica de la institución, señale si constituye un órgano de la Administración del Estado, y mencionar la norma que autoriza a dicho organismo para decretar la confidencialidad absoluta de la documentación requerida.

Mediante presentación de 6 de octubre de 2020, el Panel Técnico dio respuesta a la medida decretada por este Consejo, señalando en síntesis, que dicha institución "es un órgano independiente y permanente de resolución temprana de controversias, creado por la Ley N° 20.410, de 2010. De naturaleza no jurisdiccional, su función es emitir recomendaciones a solicitud de parte cuando existen discrepancias de carácter técnico y económico entre las sociedades concesionarias de obras públicas y el Ministerio de Obras Públicas, constituyéndose en una instancia obligatoria en dichas materias si alguna de las partes desea recurrir a la instancia jurisdiccional para obtener una decisión sobre el particular", indicando que la institución se compone de 2 abogados, 2 ingenieros y 1 profesional especialista en materias económico-financieras, designados por el sistema de Alta Dirección Pública, agregando que "es dable mencionar que el Panel Técnico está regido por la Ley N° 20.730 que regula el Lobby y las Gestiones que representen Intereses Particulares ante las Autoridades y Funcionarios. Por otro lado, de acuerdo a la Ley N° 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, los integrantes del Panel Técnico declaran sus intereses y patrimonio en forma pública".

Acto seguido, informó que "El Panel Técnico no tiene personalidad jurídica ni patrimonio propio. Funcionalmente es independiente de ambas partes, financiándose los honorarios de los miembros del Panel en un 50% por el Ministerio de Obras Públicas y el otro 50% por el conjunto de las sociedades concesionarias regidas por la Ley N° 20.410 (...) el Ministerio de Obras Públicas financia los gastos de administración y funcionamiento del Panel, a través del presupuesto de la Subsecretaría de Obras Públicas, no obstante lo cual, es el Panel Técnico quien decide la distribución de los recursos asignados y sobre su ejecución, de conformidad a las necesidades del organismo", haciendo mención a lo dispuesto en el artículo 1 de la ley N° 18.575 y el artículo 2 de la Ley de Transparencia, agregando que "el Panel Técnico no constituiría un órgano de la Administración del Estado, ya que de acuerdo con el artículo 1 de la ley N° 18.575 ya citado, no ha sido contemplado entre los órganos que pertenecen a la misma, así como tampoco constituye un servicio público creado para el cumplimiento de una función administrativa. Lo anterior, teniendo a la vista lo señalado por el artículo 28 de la mentada Orgánica Constitucional (...) En tal sentido, el rol fundamental del Panel no implica satisfacer necesidades colectivas de manera regular y continua, ni está sometido a la dependencia del Ministerio de Obras Públicas, ya que se trata de una de las partes involucradas en el proceso. En consecuencia, se puede advertir que el Panel Técnico es una entidad sui generi, creada por Ley, independiente funcionalmente, pero que en materias administrativas se financia a través del Ministerio de Obras Públicas", refiriéndose a lo resuelto por la Contraloría General de la República, en el dictamen N° 51.509 de 2014, y haciendo mención, finalmente, al procedimiento y forma de decretar la confidencialidad de la documentación reclamada.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa, por parte del Panel Técnico de Concesiones de Obras Públicas, a la solicitud de la reclamante, en virtud de la oposición del tercero. En efecto, dicho requerimiento se refiere a copia de diversos anexos presentados por la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel ante el Panel Técnico de Concesiones, para efectos de recomendar una alternativa de solución a la discrepancia que detalla. Al respecto, en su respuesta, el órgano informó que una parte de la documentación requerida se encontraba publicada en la página web indicada, denegando la entrega del resto de la información, en virtud de la oposición del tercero, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 y 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

2) Que, sin perjuicio de lo anterior, para efectos de resolver la presente controversia, cabe tener en consideración la naturaleza jurídica de la institución reclamada. En primer lugar, el número 5 del artículo 1 de la Ley de Transparencia, nos indica que "La presente ley regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información. Para los efectos de esta ley se entenderá por: 5. Los órganos o servicios de la Administración del Estado: los señalados en el inciso segundo del artículo 1° de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado está contenido en el D.F.L. N° 1-19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia". Luego, en la misma línea, el artículo 2 de la citada ley dispone que "Las disposiciones de esta ley serán aplicables a los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa". Por su lado, el inciso 2° del artículo 1 del DFL N° 1-19653, del año 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, establece que "La Administración del Estado estará constituida por los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades y las empresas públicas creadas por ley".

3) Que, así las cosas, y al tenor de lo expuesto en las normas legales citadas, resulta plausible sostener que el órgano reclamado en la especie, esto es, el Panel Técnico de Concesiones de Obras Públicas, en principio, no constituye un órgano al cual se le apliquen, en forma directa y expresa, las normas contenidas en la ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, toda vez que no se encuentra incluido en ninguna de las enumeraciones señaladas precedentemente.

4) Que, en segundo lugar, con relación al concepto de "órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa", a juicio de este Consejo, la aplicación de la Ley de Transparencia a instituciones distintas de las señaladas expresamente en dicho cuerpo legal, viene dada por tres elementos básicos que deben concurrir copulativamente: a) La concurrencia mayoritaria o exclusiva de órganos públicos en su creación (decisión pública de creación); b) La integración de sus órganos de decisión, administración y control por autoridades o funcionarios públicos o personas nombradas por éstos (integración o conformación públicas de los órganos de decisión, administración y control); y c) La naturaleza de las funciones que desempeñan, que se alinea con el cumplimiento de funciones administrativas (función pública administrativa).

5) Que, lo anterior ha sido refrendado por la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia, en los casos correspondientes a la Corporación Municipal de Viña del Mar (Sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, rol de ingreso 2361 - 2009, de 14 de junio de 2010); Fundación Integra (Sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, rol de ingreso 6569 - 2011, de fecha 1° de abril de 2013); Fundación de La Familia (Sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, rol de ingreso 4679 - 2012, de fecha 9 de abril de 2013) e Instituto de Fomento Pesquero (Sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, rol de ingreso 2313 - 2013, de fecha 17 de abril de 2014), entre otros.

6) Que, para efectos de analizar la concurrencia copulativa de los requisitos que se han indicado, este Consejo tuvo a la vista las normas legales y reglamentarias que regulan al Panel Técnico de Concesiones de Obras Públicas, y la respuesta a la medida para mejor resolver decretada por esta Corporación, y tras realizar un análisis de los mismos, se estableció que no concurren los antedichos requisitos por las siguientes razones:

a) Concurrencia mayoritaria o exclusiva de órganos públicos en su creación (decisión pública de creación): Conforme lo dispuesto en el Decreto N° 900, de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL MOP N° 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, y la ley N° 20.410, es el legislador el que, por medio de las normas citadas, da origen a dicha institución, conforme lo dispuesto en el artículo 36, el cual establece que "Las discrepancias de carácter técnico o económico que se produzcan entre las partes durante la ejecución del contrato de concesión, podrán someterse a la consideración de un Panel Técnico a solicitud de cualquiera de ellas. El Panel Técnico, que no ejercerá jurisdicción, deberá emitir, de acuerdo con el procedimiento público establecido en el reglamento, una recomendación técnica, debidamente fundada, dentro del plazo de 30 días corridos, prorrogable por una vez, contado desde la presentación de la discrepancia. La recomendación será notificada a las partes y no tendrá carácter vinculante para ellas". Por lo anterior, este requisito no se cumple en la especie.

b) Integración de sus órganos de decisión, administración y control por autoridades o funcionarios públicos o personas nombradas por éstos (integración o conformación de los órganos de decisión, administración y control): Los miembros que conforman el Panel Técnico de Concesiones están señalados expresamente en la ley, conforme lo dispuesto en la norma legal citada previamente, en virtud de la cual "El Panel Técnico estará integrado por los siguientes profesionales, que deberán tener una destacada trayectoria profesional o académica, en las materias técnicas, económicas o jurídicas del sector de concesiones de infraestructura, según el caso: dos abogados; dos ingenieros, y un profesional especializado en ciencias económicas o financieras (...) Los integrantes del Panel Técnico serán nombrados por el Consejo de Alta Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882, mediante concurso público de antecedentes, fundado en condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias. En el marco del concurso, el Consejo de Alta Dirección Pública deberá constatar la idoneidad de los profesionales elegidos y la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades que les afecten (...) Una vez constituido, el Panel Técnico elegirá de entre sus integrantes al miembro que lo presidirá por los siguientes tres años". Por su parte, en el dictamen N° 51.509 de 2014, la Contraloría General de la Republica estableció que "acorde a la jurisprudencia contenida en el dictamen N° 72.721, de 2012, de este Órgano de Control, el Panel de Expertos constituye una entidad de carácter técnico, que si bien no integra el Ministerio de Obras Públicas, ejerce las funciones públicas que le han sido asignadas por la ley. En este contexto, si bien las personas que componen el órgano en estudio no sirven un cargo público en los términos del Estatuto Administrativo, como es posible apreciar, el desempeño de las labores mencionadas en el artículo 36 de la ley de concesiones, constituye el ejercicio de funciones públicas encomendadas por el legislador" (énfasis agregado). En virtud de lo expuesto, tampoco se configura el segundo requisito.

c) Realización de funciones administrativas (función pública administrativa): El objeto de esta institución, de conformidad a lo dispuesto en el citado artículo 36, en lo que interesa, es emitir recomendaciones técnicas y económicas frente a discrepancias que se planteen en el contexto de la ejecución de un contrato de concesión, indicando que "Las discrepancias de carácter técnico o económico que se produzcan entre las partes durante la ejecución del contrato de concesión, podrán someterse a la consideración de un Panel Técnico a solicitud de cualquiera de ellas. El Panel Técnico, que no ejercerá jurisdicción, deberá emitir, de acuerdo con el procedimiento público establecido en el reglamento, una recomendación técnica, debidamente fundada" (énfasis agregado). En dicho contexto, el Panel Técnico no cumple una función administrativa propiamente tal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 28 de la ley N° 18.575 "Los servicios públicos son órganos administrativos encargados de satisfacer necesidades colectivas, de manera regular y continua", toda vez que el órgano reclamado cumple una función técnica y económica, de carácter específico, en su calidad de órgano consultor, con el fin de emitir recomendaciones para resolver discrepancias entre el Ministerio de Obras Públicas y una empresa concesionaria, y no se refiere a la satisfacción de necesidades colectivas, de manera regular y continua. Por lo anterior, tampoco se configura el tercer requisito.

7) Que, en tercer lugar, conforme a lo señalado precedentemente, y lo dispuesto en la ley N° 20.410, cabe advertir que, la sola circunstancia de que el Panel Técnico de Concesiones de Obras Públicas sea una institución receptora de fondos públicos, no la transforma por esa única consideración, en una unidad integrante de la Administración o en una organización instrumental del Estado que deba quedar sometida a las normas contenidas en la Ley de Transparencia.

8) Que, finalmente, de las normas citadas resulta claramente establecido que el ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia sólo dice relación con los órganos de la Administración del Estado que en ésta se señalan, y por consiguiente, no procede el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, en conformidad a la citada Ley de Transparencia, ante entidades que no invisten tal calidad, como ocurre en la especie.

9) Que, en consecuencia, a juicio de este Consejo, cabe concluir que, tanto la solicitud de acceso que dio origen a este amparo, como la presente reclamación, se han deducido en contra de una entidad que no reviste la condición de órgano de la Administración del Estado, toda vez que no se cumplen, de manera copulativa, los requisitos que este Consejo exige para la aplicación de la Ley de Transparencia, motivo por el cual procederá a rechazar el presente amparo.

10) Que, en virtud de lo resuelto precedentemente, este Consejo no se pronunciará respecto de las demás alegaciones planteadas, por resultar inoficioso.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por doña Valeria Montero Cruzat en contra del Panel Técnico de Concesiones de Obras Públicas, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Valeria Montero Cruzat, al Sr. Presidente del Panel Técnico de Concesiones de Obras Públicas, y a la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A., a las casillas electrónicas mencionadas en el amparo, en los descargos, y en la oposición, respectivamente.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeras doña Gloria de la Fuente González. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, sin perjuicio de concurrir para formar quórum, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, en razón de mantener un vínculo de parentesco con el Sr. Subsecretario de Obras Públicas, al ser hermano de dicha autoridad, solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.