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Matthias Alanis Carrasco con COORDINACIÓN DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS Rol: C4432-20

Consejo para la Transparencia, 13/10/2020

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas (DGC), ordenando la entrega del contrato suscrito entre la sociedad concesionaria de la obra pública fiscal "Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago" y el subcontratista indicado, reservándose las cláusulas que den cuenta del valor comercial de la contratación. Lo anterior, por cuanto, si bien el contrato de subcontratación pedido constituye un acuerdo entre privados constituye información que obra en poder del órgano recurrido, según lo estipulado en las Bases que regulan la concesión, al señalar que "Tanto los contratistas como los subcontratistas no podrán iniciar obras sin que sus respectivos contratos se encuentren formalizados, debiendo el Concesionario registrar una copia de ellos ante el Ministerio de Obras Públicas". Asimismo, por estimarse que concurre un interés público en la publicidad de la información solicitada, por cuanto su conocimiento permite ejercer un adecuado control social respecto de la correcta ejecución de las obras y servicios que un órgano de la Administración del Estado ha encargado a terceros, a través del respectivo contrato de concesión. Aplica criterio contenido en la decisión de amparo Rol C1303-12. No, obstante lo señalado, se rechaza respecto de las cláusulas que den cuenta del valor comercial de la contratación, por tratarse de un convenio efectuado entre privados, cuya publicidad podría develar aspectos del desarrollo de la actividad económica y estructura de negocios de las partes contratantes, lo que constituye un bien económico estratégico; ello, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por la Ley de Transparencia de reservar aquellos antecedentes que tengan el carácter de secretos, como son los antecedentes que puedan afectar derechos económicos o comerciales de terceros. Previo a la entrega de la información deberán tarjarse aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación requerida, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre protección de la vida privada y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por la Ley de Transparencia. El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Inhabilitación)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4432-20

Entidad pública: Dirección General de Concesiones de Obras Públicas (DGC)

Requirente: Matthias Alanis Carrasco

Ingreso Consejo: 28.07.2020

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas (DGC), ordenando la entrega del contrato suscrito entre la sociedad concesionaria de la obra pública fiscal "Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago" y el subcontratista indicado, reservándose las cláusulas que den cuenta del valor comercial de la contratación.

Lo anterior, por cuanto, si bien el contrato de subcontratación pedido constituye un acuerdo entre privados constituye información que obra en poder del órgano recurrido, según lo estipulado en las Bases que regulan la concesión, al señalar que "Tanto los contratistas como los subcontratistas no podrán iniciar obras sin que sus respectivos contratos se encuentren formalizados, debiendo el Concesionario registrar una copia de ellos ante el Ministerio de Obras Públicas". Asimismo, por estimarse que concurre un interés público en la publicidad de la información solicitada, por cuanto su conocimiento permite ejercer un adecuado control social respecto de la correcta ejecución de las obras y servicios que un órgano de la Administración del Estado ha encargado a terceros, a través del respectivo contrato de concesión. Aplica criterio contenido en la decisión de amparo Rol C1303-12.

No, obstante lo señalado, se rechaza respecto de las cláusulas que den cuenta del valor comercial de la contratación, por tratarse de un convenio efectuado entre privados, cuya publicidad podría develar aspectos del desarrollo de la actividad económica y estructura de negocios de las partes contratantes, lo que constituye un bien económico estratégico; ello, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por la Ley de Transparencia de reservar aquellos antecedentes que tengan el carácter de secretos, como son los antecedentes que puedan afectar derechos económicos o comerciales de terceros.

Previo a la entrega de la información deberán tarjarse aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación requerida, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre protección de la vida privada y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por la Ley de Transparencia.

El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1136 del Consejo Directivo, celebrada el 13 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4432-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 29 de mayo de 2020, don Matthias Alanis Carrasco solicitó a la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas (DGC), la siguiente información:

"(...) el contrato entre la sociedad Nueva Pudahuel S.A. y el subcontratista Consorcio VCGP-Astaldi Ingeniería y Construcción Limitada registrado en el Ministerio de Obras Públicas conforme al punto 1.9.12 "12 "Responsabilidad de la Sociedad Concesionaria frente a la Subcontratación" de las Bases Administrativas de la Licitación de la obra pública denominada "Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago" a ejecutar por el Sistema de Concesiones".

2) RESPUESTA: El 15 de julio de 2020, la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas (DGC) respondió a dicho requerimiento de información mediante minuta de fecha 01 de julio de 2020, indicando que según prevé el artículo 20 de la Ley de Transparencia, la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. a través de carta que adjunta, manifestó su oposición a la entrega de la información, indicando que el contrato pedido no es un documento público y contiene información reservada entre sus suscriptores, cuya versión original está en idioma inglés. Finalmente, hizo presente que sólo facilitará el documento ante un requerimiento judicial o de otro organismo público para la resolución de un asunto sometido a su conocimiento.

3) AMPARO: El 28 de julio de 2020, don Matthias Alanis Carrasco dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud

4) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN: Este Consejo mediante Oficio N° E13040, de 10 de agosto de 2020, solicitó al reclamante que de acuerdo a lo previsto en el artículo 46, inciso segundo, del Reglamento de la Ley de Transparencia, subsanara su amparo en el sentido de acompañar copia íntegra de la respuesta entregada por el órgano recurrido, junto con los antecedentes que acrediten la fecha en que le fue notificada. Mediante correo electrónico de fecha 11 de agosto de 2020, el reclamante remitió los antecedentes requeridos.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y mediante Oficio N° E14194, de 25 de agosto de 2020, confirió traslado al Sr. Director General de Concesiones de Obras Públicas (DGC) , solicitante que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos del tercero; (3°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que dan cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (4°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros que se opusieron a la entrega de la información, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

Mediante Ordinario N° 850, de 08 de septiembre de 2020, el órgano efectuó sus descargos, señalando, en síntesis, lo siguiente:

Respecto del contrato pedido, cabe hacer presente que el inciso 2° del artículo 21, del Decreto Supremo MOP N° 900, de 1996, sobre Ley de Concesiones de Obras Públicas, es explícito al considerar que los contratos celebrados entre el concesionario y terceros se rigen por las normas del derecho privado y en este sentido el artículo 2° de la Ley N° 20.285 no considera que las normas de acceso a la información sean aplicables a entidades privadas.

En ese contexto reitera que en virtud del procedimiento establecido en el artículo 20 de la referida Ley N° 20.285, el tercero involucrado, Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A.-, se opuso la entrega de la información requerida, quedando por tanto impedido este organismo de acceder a su publicidad hasta no mediar resolución en contrario por parte del Consejo para la Transparencia.

Se adjunta, entre otros, carta de respuesta del tercero interesado, de fecha 30 de junio de 2020, en la que señala "(...) esta parte se opone a la entrega de dicha información a la persona señalada, ya que dicho contrato no es un documento público, contiene información reservada entre los suscriptores del mismo y el original está en idioma inglés, de modo que su facilitación por nuestra parte se realizará solo con ocasión de una solicitud de un tribunal judicial o de algún organismo público para la resolución de un asunto sometido a su conocimiento".

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo al tercero interesado mediante Oficio N° E15608, de 15 de septiembre de 2020, con el fin que haga mención expresa a los derechos que le asisten, y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información solicitada.

El antedicho oficio fue notificado con fecha 16 de septiembre de 2020, sin que hasta la fecha se hayan recepcionado en esta sede los descargos del tercero interesado.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega del contrato suscrito entre la concesionaria de la obra pública fiscal "Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago", - Sociedad Nueva Pudahuel S.A.- y el subcontratista Consorcio VCGP-Astaldi Ingeniería y Construcción Limitada, según se señala en el N° 1 de lo expositivo. Al efecto, el órgano en su respuesta denegó la información por oposición de la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. y en los descargos agregó que los contratos celebrados entre el concesionario y terceros se rigen por la normativa del derecho privado, sin que le resulten aplicables las normas de acceso a la información pública consagradas en la Ley de Transparencia.

2) Que, a modo de contexto, cabe señalar que de acuerdo a lo establecido por el artículo 30 bis, del Decreto Supremo N° 900, de 1996, sobre Ley de Concesiones de Obras Públicas, "Durante la vigencia del contrato de concesión, el Ministerio de Obras Públicas, a objeto de verificar la buena marcha de la concesión y el debido cumplimiento de las obligaciones del concesionario, podrá requerir de éste la entrega de la información de los subcontratos que haya celebrado para la ejecución de la obra y la prestación del servicio (...)".

3) Que, al respecto las "Bases de Licitación de la obra pública fiscal denominada Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago a ejecutar por el Sistema de Concesiones" , adjudicada a la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A:, en el numeral 1.8.1., del artículo 1.8 titulado "De las relaciones entre la Sociedad Concesionaria y el Ministerio de Obras Públicas" señala que "se entenderá por Inspector Fiscal de la concesión, a quien el DGOP haya encargado velar directamente por el cumplimiento del contrato de concesión (...)" y que "Corresponderá al Inspector Fiscal de la etapa de Construcción, al menos las siguientes funciones y atribuciones: a) Fiscalizar el contrato de concesión (...)".

4) Que, a su turno el artículo 1.9.12 titulado "Responsabilidad de la Sociedad Concesionaria frente a la Subcontratación", de Bases analizadas, señala que "La sociedad Concesionaria podrá subcontratar el total o parte del proyecto de ingeniería definitiva y/o la construcción de las obras, la conservación y otros servicios necesarios, siempre que cumpla con lo estipulado en las presentes bases de licitación y, en especial, el artículo 1.7.7.6 letra B). Sin embargo, la Sociedad Concesionaria será la única responsable ante el MOP por el cumplimiento del contrato de concesión. // Si el contratista decide celebrar subcontratos para la construcción de obras, las empresas contratistas o subcontratistas deberán estar inscritas en primera categoría del Registro de Contratistas de Obras Mayores del Ministerio de Obras Públicas, en la especialidad que corresponda (...).// Tanto los contratistas como los subcontratistas no podrán iniciar obras sin que sus respectivos contratos se encuentren formalizados, debiendo el Concesionario registrar una copia de ellos ante el Ministerio de Obras Públicas. El incumplimiento de lo anterior hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que se establezca en el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases de Licitación". Énfasis agregado.

5) Que, al respecto, el artículo 1.7.7.6, titulado "Equipo Profesional Concesionario", de las referidas, en la Letra B) señala que "La Sociedad Concesionaria podrá ejecutar por sí misma o subcontratar los proyectos de ingeniería y/o la construcción de la obra en todo o parte, debiendo informar previamente por escrito al Inspector Fiscal, si subcontratará la totalidad o parte de dichos servicios con terceros.// De la misma forma, la sociedad Concesionaria deberá informar al Inspector Fiscal acerca de todos los profesionales que forman parte de su equipo técnico, sean éstos de la misma concesionaria o bien de los subcontratistas, debiendo acreditar su experiencia y cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente artículo, lo que será calificado por el Inspector Fiscal (...)". En consecuencia, de acuerdo a lo señalado por las Bases de Licitación, la ejecución de las obras que deben cumplirse pueden ser desarrolladas tanto por la sociedad concesionaria de manera directa, o bien a través de un tercero, mediante la respectiva subcontratación para la ejecución de determinadas obras, las que serán fiscalizadas por el Inspector Fiscal de las obras.

6) Que, en la especie, es menester señalar, que si bien el contrato de subcontratación pedido constituye un acuerdo entre privados, sin embargo, según lo señalado en las Bases citadas que regulan dicha contratación, constituye información que obra en poder del órgano recurrido, al señalar que "Tanto los contratistas como los subcontratistas no podrán iniciar obras sin que sus respectivos contratos se encuentren formalizados, debiendo el Concesionario registrar una copia de ellos ante el Ministerio de Obras Públicas". Por lo tanto, si bien es efectivo que la información requerida ha sido generada por privados, ésta debe ser puesta a disposición del Ministerio de Obras Públicas para poder iniciar las obras, debiendo el Inspector Fiscal, velar por el correcto cumplimiento del contrato de concesión, ya sea directamente por la misma Concesionaria, o por un subcontratista de ésta. En consecuencia, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 5°, inciso segundo, de la Ley de Transparencia, lo requerido constituiría, en principio, información pública, por tratarse de documentación que debe obrar en poder de un órgano de la Administración del Estado, precisamente para el cumplimiento de sus fines, salvo que dicha información se encuentre sujeta a las excepciones legales que establezcan su secreto o reserva.

7) Que, en este sentido, cabe señalar, por una parte, que tal como se expresó en los considerandos precedentemente, las obras cuya ejecución la Sociedad Concesionaria encomiende a un subcontratista deben sujetarse a lo reglado por las bases de licitación respectivas y a la normativa que regula materia, donde se establece que éstas quedan sujetas a la fiscalización del Ministerio de Obras Públicas a través del inspector fiscal; resultando aplicable lo razonado por este Consejo en la decisión de amparo Rol C1303-12, conociendo de una solicitud similar, donde señaló que en "el presente caso concurre un interés público en la publicidad de la información solicitada, por cuanto su conocimiento permite ejercer un adecuado control social respecto de la correcta ejecución de obras públicas que un órgano de la Administración del Estado ha encargado a terceros, a través del respectivo contrato de concesión, y éstos han delegado vía subcontratos. En efecto, y encontrándose autorizado el concesionario, por las respectivas Bases de Licitación, para subcontratar la ejecución de todo o parte de las obras, la publicidad de información como la solicitada, permite conocer la manera en qué se están desarrollando determinadas obras en los bienes públicos que se entregaron en concesión por parte de la administración" .

8) Que, por otra parte, no obstante lo señalado en el considerando anterior, si bien, la reclamada no invocó causal de reserva legal alguna, ni circunstancia fáctica que impidiera la entrega de la información pedida, y habiéndose notificado al tercero interesado no consta que haya evacuado sus observaciones y descargos en esta sede, este Consejo estima que la publicidad del contrato de subcontratación pedido, por tratarse de un convenio efectuado entre privados, no debería develar elementos que pertenecen a las relaciones comerciales entre el concesionario y el particular que es subcontratado, que de publicarse podrían develar aspectos acerca del desarrollo de la actividad económica y de la estructura de negocios de los mismos, lo que en definitiva constituye un bien económico estratégico cuya divulgación podría afectar derechos comerciales o económicos de terceros; por consiguiente, deben reservarse las cláusulas que den cuenta del valor comercial de la contratación; ello, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra j) de la Ley de Transparencia, en relación con la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de dicho cuerpo normativo.

9) Que, en consecuencia, en virtud de lo señalado precedentemente, se acogerá parcialmente el presente amparo y se ordenará la entrega del contrato de subcontratación requerido, reservándose las cláusulas que den cuenta del valor comercial de la contratación. Asimismo, previo a su entrega, se deberán tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación que se ordena entregar, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628. Lo anterior se dispone en virtud del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11 letra e), de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la misma Ley.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Matthias Alanis Carrasco en contra de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas (DGC), en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director General de Concesiones de Obras Públicas, lo siguiente;

a) Hacer entrega al reclamante:

El contrato suscrito entre la Sociedad Nueva Pudahuel S.A. y el subcontratista Consorcio VCGP-Astaldi Ingeniería y Construcción Limitada, reservándose las cláusulas que den cuenta del valor comercial de la contratación.

Previo a su entrega se deberán tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación que se ordena entregar, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628. Lo anterior se dispone en virtud del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11 letra e), de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la misma Ley.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo respecto de las cláusulas del contrato pedido que den cuenta del valor comercial de la contratación; ello en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra j) de la Ley de Transparencia en relación con la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de dicho cuerpo normativo, en lo relativo a la afectación de derechos comerciales o económicos.

IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Matthias Alanis Carrasco, al Sr. Director General de Concesiones de Obras Públicas y al tercero interesado.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y su Consejera doña Gloria de la Fuente González. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, sin perjuicio de concurrir para formar quórum, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, en razón de mantener un vínculo de parentesco con el Sr. Subsecretario de Obras Públicas, al ser hermano de dicha autoridad; solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.