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Alonso Jiménez Benavides con SUBSECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO Rol: C4089-20

Consejo para la Transparencia, 13/10/2020

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Subsecretaría General de Gobierno, referida a "informe de resultados de la consultoría estratégica correspondiente a la orden de compra 876-18-SE20, con sus anexos, si los hubiere". Lo anterior, debido a que su divulgación puede afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado al tratarse de resultados de encuestas o sondeos de opinión encargados por aquel, cuya reserva temporal se encuentra dispuesta en el artículo 22 inciso final de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4089-20

Entidad pública: Subsecretaría General de Gobierno

Requirente: Alonso Jiménez Benavides

Ingreso Consejo: 14.07.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Subsecretaría General de Gobierno, referida a "informe de resultados de la consultoría estratégica correspondiente a la orden de compra 876-18-SE20, con sus anexos, si los hubiere".

Lo anterior, debido a que su divulgación puede afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado al tratarse de resultados de encuestas o sondeos de opinión encargados por aquel, cuya reserva temporal se encuentra dispuesta en el artículo 22 inciso final de la Ley de Transparencia.

En sesión ordinaria N° 1136 del Consejo Directivo, celebrada el 13 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C4089-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 26 de junio de 2020, don Alonso Jiménez Benavides solicitó a la Subsecretaría General de Gobierno "informe de resultados de la consultoría estratégica correspondiente a la orden de compra 876-18-SE20, con sus anexos, si los hubiere".

2) RESPUESTA: La Subsecretaría General de Gobierno mediante carta N° 130/4, de fecha 13 de julio de 2020, denegó el acceso a la información solicitada por estimar que concurre a su respecto la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia y lo establecido en el inciso final del artículo 22 de la citada ley.

3) AMPARO: Con fecha 14 de julio de 2020, don Alonso Jiménez Benavides dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de la Subsecretaría General de Gobierno, fundado en la respuesta negativa a la solicitud.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario General de Gobierno mediante Oficio N° E12.083, de fecha 28 de julio de 2020, para que formule sus descargos y observaciones solicitando, especialmente, lo siguiente: (1°) se refiera a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada, detallando cómo la entrega de aquella afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (2°) indique si la publicidad de la información requerida, a su juicio, afecta derechos de terceros y, en la afirmativa, si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (3°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y en la afirmativa acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y los antecedentes que den cuenta de la fecha en que ésta se presentó ante el órgano que usted representa; y, (4°) proporcione los datos de contacto de los terceros -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

El órgano reclamado por medio de ordinario N° 46/6, de fecha 13 de agosto de 2020, señaló que se requiere acceso a informe de resultados de la consultoría estratégica correspondiente a la orden de compra 876-18-SE20. En tal sentido, hacen presente lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Transparencia, debido a que el estudio estratégico en cuestión, aprobado por resolución exenta N° 272/76, de 15 de enero de 2020, asociado a la Orden de Compra N° 876-18-SE20, indica expresamente que "el servicio requerido incluirá sondeos de opinión, por lo tanto, serán reservados hasta que finalice el periodo presidencial durante el cual es efectuado". En este contexto, clarifican que "la nomenclatura del servicio, en este caso "Consultoría", no define la calificación de reservado, pues en este caso es la metodología a utilizar, que trata de un sondeo de opinión de carácter cuantitativo y cualitativo, que tiene el carácter de estratégico para esta Cartera de Estado. A mayor abundamiento, es necesario señalar que concurre la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública...". Al respecto citan lo dispuesto en los artículos primero y segundo de la ley N° 19.032, que reorganiza el Ministerio Secretaría General de Gobierno - en adelante ley N° 19.032- Además, hacen presente lo prescrito por el artículo 4 del decreto con fuerza de ley N° 1, año 1992, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que modifica organización del Ministerio Secretaría General de Gobierno - en adelante D.F.L. N° 1/1992-. De esta forma, sostienen que realizan productos que tienen el carácter de estratégicos, enfatizando que una de sus labores principales dice relación con la de "ejercer la tuición del sistema de comunicaciones gubernamentales, y de servir de Secretaría del Consejo de Gabinete, asimismo las funciones específicas de la División de Secretaría de Comunicaciones dispuesta en el artículo 4° del D.F.L. N° 1 del año 1992, en cuanto a proveer a las autoridades la información actualizada del acontecer nacional e internacional, como también de análisis de prensa de otras materias relativas a la comunicación; y proporcionar la asesoría para satisfacer las necesidades globales, para lo cual desarrollará los estudios e investigaciones pertinentes. Revisando las funciones destacadas con la arista mencionada, encontramos que las funciones del órgano se verían entorpecidas gravemente en cuanto a las propuestas que pudiera realizar este Ministerio, tanto a S.E. el sr. Presidente de la República como al Sr. Ministro Secretario General de Gobierno en la satisfacción de las necesidades globales como en la adopción de políticas públicas que pudieran implementarse con los resultados obtenidos de los mencionados sondeos de opinión".

Por otra parte, informan que a su juicio los antecedentes requeridos no afectan los derechos de terceros, razón por la cual no procedió de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de acceso, al respecto el órgano reclamado alegó la concurrencia de la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1, en relación con lo establecido en el inciso final del artículo 22, ambos de la Ley de Transparencia. Además, con ocasión de sus descargos, argumentó que se configura la causal de excepción del artículo 21 N° 1 letra b) de la ley citada.

2) Que según lo dispuesto en la ley N° 19.032, en orden a que el Ministerio Secretaría General de Gobierno "está encargado de actuar como órgano de comunicación del Gobierno, pudiendo para estos efectos llevar a cabo las relaciones de éste con las organizaciones sociales, en su más amplia acepción; de ejercer la tuición del sistema de comunicaciones gubernamentales, y de servir de Secretaría del Consejo de Gabinete. (Artículo primero) En tal sentido, le corresponde especialmente, entre otras funciones, las de "f) Identificar las necesidades globales y específicas de comunicación de las diferentes instancias gubernamentales y proponer a éstas las estrategias adecuadas para satisfacerlas"; y de "h) Participar en la elaboración de las políticas globales del Gobierno". (Artículo 2)

3) Que, por su parte, el artículo 4 del D.F.L. N° 1/1992 dispone que "Corresponderá especialmente a la División Secretaría de Comunicación y Cultura: a) Servir de órgano de informaciones del Gobierno, proporcionando el material correspondiente a los medios de comunicación nacionales e internacionales, difundiendo sus planes, orientaciones, políticas y obras realizadas a través de programas especiales de comunicación; b) Proveer a las autoridades la información actualizada del acontecer nacional e internacional, como también de análisis de prensa de otras materias relativas a la comunicación; c) Identificar las necesidades globales y específicas de comunicación de las diferentes instancias gubernamentales y proponer a éstas las estrategias adecuadas y proporcionar la asesoría para satisfacerlas, para lo cual desarrollará los estudios e investigaciones pertinentes...".

4) Que, en cumplimiento de las funciones señaladas en los considerandos anteriores, el órgano reclamado por medio de resolución exenta N° 272/76, de fecha 15 de enero de 2020, autorizó contratación de consultoría estratégica con el proveedor "Asesorías e Inversiones VVS Limitada" bajo la modalidad de trato directo. Así, se establece como objetivo general de la contratación "Realizar una consultoría estratégica a partir de un estudio cuantitativo y cualitativo, con el objeto de conocer las principales tendencias de la opinión pública respecto al conflicto social"; señalando como metodología "Cuantitativa: Panel online; Cualitativa: Relato de ciudadanos y monitoreo de RRSS". Además, establece que "El producto del trabajo que eventualmente desarrolle el contratista o sus dependientes, con ocasión de la contratación, tales como informes diagnósticos, diseños, términos de referencia y, en general, toda obra que se elabore en cumplimiento del convenio, serán de propiedad del Ministerio Secretaría General de Gobierno, quien se reserva el derecho de disponer de ellos libremente, sin limitaciones de ninguna especie, no pudiendo el contratista realizar, respecto de ellos, ningún acto ajeno a la contratación, sin autorización previa y expresa del Ministerio".

5) Que, en consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, "se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público". Por lo que, los antecedentes requeridos tendrían, en principio, el carácter de público, salvo que concurra a su respecto alguna causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 de la ley mencionada.

6) Que, en primer lugar, el órgano reclamado alegó la concurrencia de la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 en relación con lo establecido en el inciso final del artículo 22, ambos de la Ley de Transparencia, señalando que la metodología a utilizar define, en este caso, la calidad de reservado del informe pedido, pues se trata de un sondeo de opinión de carácter cuantitativo y cualitativo, que tiene el carácter de estratégico en relación con su función de ejercer la tuición del sistema de comunicaciones gubernamentales y de servir de Secretaría del Consejo de Gabinete, asimismo, en cuanto a proveer a las autoridades la información actualizada del acontecer nacional e internacional, como también de análisis de prensa de otras materias relativas a la comunicación; y proporcionar la asesoría para satisfacer las necesidades globales, para lo cual desarrollará los estudios e investigaciones pertinentes.

7) Que el artículo 22 de la Ley de Transparencia prescribe que "los resultados de las encuestas o de sondeos de opinión encargados por los órganos de la Administración del Estado facultados para ello serán reservados hasta que finalice el período presidencial durante el cual fueron efectuados, en resguardo del debido cumplimiento de las funciones de aquéllas". En tal sentido, cabe hacer presente lo razonado en la decisión de los amparos Roles C334-11 y C337-11, en orden a que "la hipótesis de reserva del inciso final del citado artículo 22 de la Ley de Transparencia garantiza el debido cumplimiento de las funciones del órgano administrativo que ha encargado una determinada encuesta o sondeo de opinión, habiendo valorado el legislador el plazo durante el cual ésta debe durar. Sin embargo, esto no obsta a que estos instrumentos se divulguen en aquellos casos en que el propio órgano de la Administración considere que la difusión de dichos resultados no afectaría el debido cumplimiento de sus funciones, toda vez que la reserva de la información se encuentra en beneficio del funcionamiento del propio organismo, que este último es el mejor posicionado para valorar...".

8) Que el órgano reclamado sostiene que la divulgación de la información solicitada afectaría el cumplimiento de sus funciones en los términos señalados en el considerando sexto de esta decisión. Además, se debe hacer presente lo señalado en el considerando trece de la resolución exenta N° 272/76, que autoriza la contratación de la consultoría en cuestión, donde se establece expresamente que "el servicio requerido incluirá sondeos de opinión, por lo tanto, sus resultados serán reservados hasta que finalice el periodo presidencial durante el cual es efectuado, según lo dispone el artículo 22, inciso final, de la Ley N° 20.285...".

9) Que, en consecuencia, atendido a que el propio legislador ponderó expresamente la afectación -con la publicidad de lo requerido- al debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado, se rechazará el presente amparo, por configurarse la causal de reserva o secreto dispuesta en el artículo 21 N° 1, en relación con el artículo 22 inciso final, ambos de la Ley de Transparencia.

10) Que, atendido lo resuelto precedentemente, este Consejo no se pronunciará respecto de la concurrencia de la causal de reserva o secreto dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, alegada por el órgano reclamado, por resultar inoficioso.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo interpuesto por don Alonso Jiménez Benavides en contra de la Subsecretaría General de Gobierno, por concurrir la causal de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1, en relación con lo establecido en el inciso final del artículo 22, ambos de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Alonso Jiménez Benavides y al Sr. Subsecretario General de Gobierno.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.