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Matías Rojas Medina con Rol: C4022-20

Consejo para la Transparencia, 13/10/2020

Se acoge el amparo deducido en contra de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, ordenando la entrega de los procesos administrativos y singularización de las causas judiciales que se consultan. Lo anterior, por tratarse de información pública, desestimándose la causal de distracción indebida e inexistencia invocada por el organismo, al no encontrarse suficientemente justificadas. Lo anterior reservando previamente los datos personales de contexto que se contengan, tales como nombre, números de cédula de identidad, domicilios particulares, fecha de nacimiento, estado civil, teléfonos, correos electrónicos particulares, entre otros, de conformidad con lo dispuesto en la ley sobre protección a la vida privada. En el evento de no obrar en poder del organismo información al efecto, certificar al reclamante y este Consejo en sede de cumplimiento dicha circunstancia. En virtud del principio de facilitación establecido en la ley de transparencia, se procederá a derivar el requerimiento al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a fin de que informe al reclamante sobre el sumario administrativo instruido en contra del ex director nacional individualizado en el requerimiento


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4022-20

Entidad pública: Corporación Nacional de Desarrollo Indígena

Requirente: Matías Rojas Medina

Ingreso Consejo: 10.07.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, ordenando la entrega de los procesos administrativos y singularización de las causas judiciales que se consultan.

Lo anterior, por tratarse de información pública, desestimándose la causal de distracción indebida e inexistencia invocada por el organismo, al no encontrarse suficientemente justificadas.

Lo anterior reservando previamente los datos personales de contexto que se contengan, tales como nombre, números de cédula de identidad, domicilios particulares, fecha de nacimiento, estado civil, teléfonos, correos electrónicos particulares, entre otros, de conformidad con lo dispuesto en la ley sobre protección a la vida privada.

En el evento de no obrar en poder del organismo información al efecto, certificar al reclamante y este Consejo en sede de cumplimiento dicha circunstancia.

En virtud del principio de facilitación establecido en la ley de transparencia, se procederá a derivar el requerimiento al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a fin de que informe al reclamante sobre el sumario administrativo instruido en contra del ex director nacional individualizado en el requerimiento.

En sesión ordinaria N° 1136 del Consejo Directivo, celebrada el 13 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4022-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 13 de junio de 2020, don Matías Rojas Medina presentó ante la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), el siguiente requerimiento:

"A) Se me informen qué cargos ocupó en la Conadi, entre qué fechas, el señor Álvaro Marifil Hernández, informando si se retiró de forma voluntaria o fue desvinculado del mismo y por qué motivos, proporcionando registros de ello; B) Se me informen si existen sumarios o investigaciones administrativas en la Conadi, relativas a acusaciones de presunto fraude al fisco, sobreprecio en compra de tierras o irregularidades bajo la administración del citado servidor, proporcionando copia digital de dichos expedientes y/o de reclamos que tengan relación con alguna de las hipótesis planteadas; C) Se me informe si la Conadi ha sido requerida por la justicia, para emitir informes o pronunciamientos en el marco causas penales y civiles relativas a presunto fraude al fisco, sobreprecio en compra de tierras o irregularidades bajo la administración del citado servidor, precisando los tribunales, RIT, Fiscalías y RUC de tales causas, bajo conocimiento de Conadi".

2) RESPUESTA: El 7 de julio de 2020, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, por medio de Carta N° 405, informó lo siguiente:

- Respecto a lo pedido en la letra a) informan que la persona consultada se desempeñó en CONADI como Director Nacional, a contar 17 de junio de 2008 y hasta el 21 de marzo de 2010, presentando su renuncia voluntaria al cargo, por lo que se adjunta Decreto Supremo N° 51 de 3 de marzo de 2010, del Ministerio de Planificación, mediante el cual se acepta su renuncia.

- Respecto a lo pedido en las letras b) y c), expresan "no es posible acceder a ellas, debido a que tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención importaría distraer indebidamente a los funcionarios de esta Corporación del cumplimiento regular de sus labores habituales y más aún en tiempos de pandemia, razón por la cual nos acogemos al artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley N° 20.285".

3) AMPARO: El 10 de julio de 2020, don Matías Rojas Medina dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la respuesta negativa parcial otorgada a lo pedido en las letras b) y c) de su requerimiento.

Al efecto, argumenta que de la sola búsqueda en google aparecen una serie de artículos periodísticos respecto de lo que se solicita, que acompaña. Expresa que lo requerido corresponde a un periodo acotado de 2 años y referido a un solo funcionario, por tanto no es una solicitud genérica.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, mediante Oficio E12373, de 31 de julio de 2020.

Posteriormente, el organismo mediante Oficio N° 790/20, de 17 de agosto de 2020, señala:

- De la revisión efectuada a los antecedentes y documentos que obran en poder de esta Corporación, no existen sumarios o investigaciones administrativas relativas a acusaciones de presunto fraude al Fisco, sobreprecio en compra de tierras o irregularidades bajo la administración del ex director consultado. Además, la CONADI no ha sido requerida por la justicia para emitir informes o pronunciamientos en el marco de causas penales y civiles relativas a presunto fraude al fisco, sobreprecio en compra de tierras o irregularidades bajo la administración del ex director señalado en el requerimiento.

- Hacen presente que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley N° 19.253, que crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, un funcionario con el título de Director Nacional, será jefe superior del servicio y tendrá las funciones y atribuciones que en dicha disposición se establecen; y, conforme al artículo 53 de la señalada norma, el personal de la Corporación estará afecto a las disposiciones del Estatuto Administrativo de los funcionarios públicos; por lo mismo, y considerando que el cargo de Director Nacional de la CONADI, es un cargo de la exclusiva confianza del Presidente de la República, quedando la potestad disciplinaria a ese respecto radicada en la máxima autoridad; si existe algún acto administrativo que le haya aplicado alguna sanción al ex director consultado, debió haber emanado de dicha autoridad.

5) PRONUNCIAMIENTO DEL RECLAMANTE: En atención a lo expuesto por el organismo en sus descargos, este Consejo por medio de Oficio N° E15620, de 16 de septiembre de 2020, solicitó pronunciamiento al reclamante, quien por presentación de fecha 21 de septiembre de 2020, manifestó su disconformidad con lo señalado por el organismo en esta instancia, con base a lo siguiente:

"1. El servicio no ha aportado antecedentes que permitan desmentir la existencia de los casos de presuntas irregularidades y fraudes señalados en las notas de prensa adjuntas, y que están suficientemente detallados. Por tanto, no explica cómo es posible que no exista ningún documento en su poder que aluda a los casos en comento, de alta connotación, y que incluso motivaron concurrencias del director de Conadi al Parlamento, lo que por consecuencia lógica debiese respaldar la existencia de informes solicitados por el Congreso al servicio y/o pronunciamientos formales de éste por la vía administrativa. Su respuesta, en síntesis, da cuenta de que no agotó la búsqueda de la información.

2. En esta ocasión, el servicio indica que sería el Presidente de la República quien tendría información de eventuales procesos de sanción contra el entonces director de la Conadi. Aun si esa fuera la verdad (es decir, que solo el presidente conozca dicha información y no la Conadi, tratándose de su propio director, lo que ya resulta inverosímil), tampoco la reclamada ha derivado la solicitud de información al organismo que correspondería pronunciarse; por ende, vulnera este principio básico de la Ley 20.285".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en primer término, constituye un presupuesto básico para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública el que los antecedentes requeridos existan en poder del órgano requerido, conforme preceptúan los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia. En tal sentido, el inciso 2° del artículo 5° de la Ley de Transparencia, dispone que "es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración". Al efecto, la inexistencia de la información es una circunstancia de hecho, cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. Esta alegación debe ser fundada, indicando en forma clara el motivo por el cual aquella no obra en su poder, lo que debe ser acreditado de forma fehaciente. Luego, el numeral 2.3, letra b) de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información, señala que una vez agotados todos los medios a su disposición para encontrar la información y ésta no fuere habida, el organismo reclamado deberá comunicar tal circunstancia al solicitante, indicándole las razones que lo justifiquen.

2) Que, en segundo lugar, conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, se podrá denegar el acceso a la información cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente, tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes, o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Al respecto, el Reglamento de la citada Ley, al precisar los supuestos de dicha causal, señala en su artículo 7° N° 1, literal c), inciso tercero, que "se considerará que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando sus satisfacción requiera por parte de estos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo o un alejamiento de sus funciones habituales".

3) Que, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que la causal referida puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden gestiones de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos, el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias. En este mismo sentido, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

4) Que, precisado lo anterior, respecto a lo pedido en la letra b) del requerimiento, en atención a lo expuesto por el organismo en sus descargos y lo señalado por el reclamante en su pronunciamiento, se desprende que la información de principal interés de este último, son las investigaciones sumarias y sumarios administrativos instruidos en contra del ex director nacional de la CONADI que se consulta. Sobre el particular, la Ley N° 19.253 que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, establece en sus artículos 41, letra a) y 44 que el director nacional de la CONADI es nombrado por el Presidente de la República y será el jefe superior del servicio. En tal sentido, y atendido que los jefes superiores de servicio son funcionarios de la exclusiva confianza del Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7°, letra c), del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, de Hacienda que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, que fija el Estatuto Administrativo, en relación con el artículo 40, inciso 3°, del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado, es prerrogativa de la máxima autoridad ordenar la instrucción de los procesos disciplinarios a tales jefaturas, decreto que debe contar, según lo dispone el artículo 35 de la Constitución Política de la República, con la firma del Ministro respectivo , en este caso por el Ministro de Planificación y Cooperación (artículo 38, ley N° 19253), en virtud de la época en que el ex director consultado ejerció labores (2008 a 2010).

5) Que, ; en cuyo mérito, y de conformidad a lo establecido en el artículo 11, letra f) y 13 de la Ley de Transparencia, se derivará parcialmente el requerimiento al actual Ministerio de Desarrollo Social y Familia, consultando expresamente sobre el sumario instruido en contra del ex director referido.

6) Que, no obstante lo expuesto, el tenor literal del requerimiento en esta parte, es la entrega de información sobre "si existen sumarios o investigaciones administrativas en la Conadi, relativas a acusaciones de presunto fraude al fisco, sobreprecio en compra de tierras o irregularidades bajo la administración del citado servidor, proporcionando copia digital de dichos expedientes y/o de reclamos que tengan relación con alguna de las hipótesis planteadas"; procesos que habrían tenido lugar al interior del organismo en la época en que ejerció labores el ex director consultado, siendo presentados ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados; en tal sentido, las argumentaciones expuestas por la recurrida no permiten tener por configuradas las circunstancias de hecho y de derecho invocadas para justificar la falta de entrega de lo solicitado. Lo anterior, considerando que aquellas son esencialmente contradictorias; al efecto, la recurrida señaló en una primera instancia, la imposibilidad de dar respuesta a dicha parte de la solicitud, toda vez que recaía en un elevado número de antecedentes cuya recopilación constituiría una distracción indebida, sin precisar el volumen de la información pedida, el tiempo y funciones que se verían entorpecidas con la recopilación de lo solicitado; posteriormente, en sus descargos, señalan derechamente la inexistencia de información, sin acreditar o certificar las gestiones desplegadas en su búsqueda, conforme lo señalado en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10, ya referida; razonamiento que se hace extensible respecto a lo pedido en el letra c) del requerimiento, considerando que las investigaciones consultadas, habrían tenido su origen en denuncias ante el Ministerio Público.

7) Que, en consecuencia, se acogerá el amparo, ordenando hacer entrega de las investigaciones sumarias y sumarios administrativos y la singularización de las causas judiciales que se consultan, tarjando previamente los datos personales de contexto que se contengan, tales como nombre, números de cédula de identidad, domicilios particulares, fecha de nacimiento, estado civil, teléfonos, correos electrónicos particulares, entre otros, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), 4° y 7°, de la Ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada; y, atendida su data, en el evento de no obrar en poder del organismo información al efecto, certificar al reclamante y este Consejo en sede de cumplimiento dicha circunstancia, conforme la instrucción general N° 10 dictada por este Consejo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Matías Rojas Medina en contra de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena:

a) Informe al reclamante: a) si existen sumarios o investigaciones administrativas en la CONADI, relativas a acusaciones de presunto fraude al fisco, sobreprecio en compra de tierras o irregularidades bajo la administración del ex director consultado, proporcionando copia digital de dichos expedientes y/o de reclamos que tengan relación con alguna de las hipótesis planteadas; y, b) si la CONADI ha sido requerida por los Tribunales de Justicia para que emitan informes o pronunciamiento en el marco de causas penales y civiles relativas a presunto fraude al fisco, sobreprecio en compra de tierras o irregularidades bajo la administración del citado ex director, precisando los tribunales, RIT, Fiscalías y RUC de tales causas. En el evento de no poseer dicha información, deberá en sede de cumplimiento certificar dicha circunstancia conforme lo instruido por este Consejo.

Lo anterior, tarjando previamente los datos personales de contexto que se contengan; y, en el evento de no obrar en poder del organismo información al efecto, certificar al reclamante y este Consejo en sede de cumplimiento dicha circunstancia, conforme la instrucción general N° 10 dictada por este Consejo.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente:

a) Derivar parcialmente la solicitud al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a fin de que informe al reclamante, en relación con el requerimiento formulado, sobre el sumario administrativo instruido en contra de don Álvaro Marifil Hernández, durante la época en que ejerció como Director Nacional de la Corporación de Nacional de Desarrollo Indígena, en el contexto del programa orígenes.

b) Notificar la presente decisión a don Matías Rojas Medina y al Sr. Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.