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Edith Guzmán Saavedra con SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR Rol: C3689-20 / C3691-20

Consejo para la Transparencia, 13/10/2020

Se rechazan los amparos deducidos en contra de la Superintendencia de Educación, relativos a la rendición de cuentas de subvención general y subvención escolar preferencial de los años 2017 y 2018, del Colegio San Juan Diego de Maipú, RBD 26209, dependiente de la Corporación Educacional y de Promoción Juvenil Juan Diego de Guadalupe. Lo anterior, en atención a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que no cuentan con más información que aquella que fue entregada en su respuesta a la reclamante.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPAROS ROLES C3689-20 y C3691-20

Entidad pública: Superintendencia de Educación

Requirente: Edith Guzmán Saavedra

Ingreso Consejo: 28.06.2020

RESUMEN

Se rechazan los amparos deducidos en contra de la Superintendencia de Educación, relativos a la rendición de cuentas de subvención general y subvención escolar preferencial de los años 2017 y 2018, del Colegio San Juan Diego de Maipú, RBD 26209, dependiente de la Corporación Educacional y de Promoción Juvenil Juan Diego de Guadalupe.

Lo anterior, en atención a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que no cuentan con más información que aquella que fue entregada en su respuesta a la reclamante.

En sesión ordinaria N° 1136 del Consejo Directivo, celebrada el 13 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de las solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información Roles C3689-20 y C3691-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUDES DE ACCESO: El 31 de mayo de 2020, doña Edith Guzmán Saavedra formuló ante la Superintendencia de Educación las siguientes solicitudes de información:

a) Solicitud signada bajo el código AJ011T0005778 (Amparo C3689-20): "De la rendición de cuentas de Subvención general y SEP de los años 2017 y 2018, del Colegio San Juan Diego de Maipú, RBD 26209, dependiente de la Corporación Educacional y de Promoción Juvenil Juan Diego de Guadalupe, representada por el Sr. Fernando Patricio Gajardo Michel. (...), cuyo resumen de aquellos gastos imputados a prestaciones de servicios, está contenido en Excel resumen honorarios, enviado como respuesta a solicitud de información N° AJ011T0005744.

Requiere la siguiente información:

1-De Roberto Alejandro Vegas Alonso:

a-Copia de boleta de honorarios por $10.000.000 pesos, imputados a SEP con detalle Otros Gastos De Operación, con N° documento 77 del 31/12/2017.

b-Copias de registro o programa de trabajo o servicio realizado de acuerdo al PME colegio, Contrato de servicios, Certificado que acredite la realización conforme del trabajo prestado, detalle del trabajo y firma a de la persona que autoriza dicho trabajo.

- El gasto, para ser aceptado, requiere la entrega de un producto o servicio, el cual debe ser verificable, dado que estará sujeto a revisión.

2.- De Roberto Alejandro Vegas Alonso, de gastos imputados a SEP:

a-Copia de boleta de honorarios por $1.400.000 pesos, con detalle Recreo Entretenido, con N° documento 1040 del 08/05/2018.

b- Copia de boleta de honorarios por $1.111.111 pesos, con detalle Recreo Entretenido, con N° documento 1047 del 09/06/2018.

c- Copia de boleta de honorarios por $1.111.111 pesos, con detalle Recreo Entretenido, con N° documento 1054 del 10/04/2018.

d- Copia de boleta de honorarios por $1.111.111 pesos, con detalle Recreo Entretenido, con N° documento 1068 del 12/02/2018.

e- De todas las prestaciones ejecutadas por el individuo indicado, requiere copias de registro o programa de trabajo o servicio realizado de acuerdo al PME colegio, Contrato de servicios, Certificado que acredite la realización conforme del trabajo prestado, detalle del trabajo y firma de la persona que autoriza dicho trabajo.

- El gasto, para ser aceptado, requiere la entrega de un producto o servicio, el cual debe ser verificable, dado que estará sujeto a revisión.

3- Del actual director del colegio desde Marzo 2019, Carlos Rosendo Serrano Bobadilla:

a-Copia de boleta de honorarios por $1.300.000 pesos, imputado como gastos SEP con detalle Asesoría Técnica PME, con N° documento 1 del 09/07/2018.

b-Copia de boleta de honorarios por $600.000 pesos, imputado como gastos SEP con detalle MONITOREO PME, con N° documento 3 del 11/07/2018.

c-Copia de boleta de honorarios por $600.000 pesos, imputado como gastos SEP con detalle MONITOREO PME, con N° documento 4 del 04/12/2018.

d- De todas las prestaciones ejecutadas por el individuo indicado, requiere copias de registro o programa de trabajo o servicio realizado de acuerdo al PME colegio, Contrato de servicios, Certificado que acredite la realización conforme del trabajo prestado, detalle del trabajo y firma de la persona que autoriza dicho trabajo

4.- De William Robinson Briones Farías:

a-Copia de boleta de honorarios por $555.556 pesos, imputado como gastos a SEP con detalle Asesoría Técnica Educacional, con N° documento 1 del 05/12/2018.

b- De todas las prestaciones ejecutadas por el individuo indicado, requiere copias de registro o programa de trabajo o servicio realizado de acuerdo al PME colegio, Contrato de servicios, Certificado que acredite la realización conforme del trabajo prestado, detalle del trabajo y firma de la persona que autoriza dicho trabajo."

b) Solicitud signada bajo el código AJ011T0005779 (Amparo C3691-20): "De la rendición de cuentas de la Subvención general y SEP de los años 2017 y 2018, del Colegio San Juan Diego de Maipú, RBD 26209, dependiente de la Corporación Educacional y de Promoción Juvenil Juan Diego de Guadalupe, RUT: 71673100-6, representada por el Sr. Fernando Patricio Gajardo Michell (...), cuyo resumen de aquellos gastos imputados a prestaciones de servicios, está contenido en Excel resumen Honorarios, enviado como respuesta a solicitud de información N° AJ011T0005744, requiere la siguiente información de los gastos asociados a servicios contables y de auditoría:

1.- De Ana Iris Salgado Suazo:

De gastos de gastos imputados a SEP:

a-Copia de boleta de honorarios por $888.889 pesos, con detalle auditora, con N° documento 1362 del 31/08/2018.

b- Copia de boleta de honorarios por $888.889 pesos, con detalle auditora, con N° documento 1390 del 30/11/2018.

c- De todas las prestaciones ejecutadas por el individuo indicado, pagadas con fondos SEP requiere copias de registro o programa de trabajo o servicio realizado de acuerdo al PME colegio, Contrato de servicios, Certificado que acredite la realización conforme del trabajo prestado, detalle del trabajo y firma de la persona que autoriza dicho trabajo.

De gastos de gastos imputados a Subvención general:

d- Copia de boleta de honorarios por $3.555.556 pesos, con detalle balances 2016-2017, con N° documento 1407 del 31/12/2018.

2-De Viviana Antonieta Molina Arceu:

De gastos de gastos imputados a SEP:

a-Copia de boleta de honorarios por $888.889 pesos, con detalle asesoría contable, con N° documento 431 del 30/06/2018.

b-Copia de boleta de honorarios por $1.111.111 pesos, con detalle asesoría contable, con N° documento 425 del 04/10/2018.

c-Copia de boleta de honorarios por $500.000 pesos, con detalle asesoría contable, con N° documento 416 del 30/01/2018.

d- De todas las prestaciones ejecutadas por el individuo indicado, pagadas con fondos SEP requiere copias de registro o programa de trabajo o servicio realizado de acuerdo al PME colegio, Contrato de servicios, Certificado que acredite la realización conforme del trabajo prestado, detalle del trabajo y firma de la persona que autoriza dicho trabajo.

De gastos de imputados a Subvención general:

e- Copia de boleta de honorarios por $500.000 pesos, con detalle asesoría contable, con N° documento 419 del 28/ 18/2018.

f- Copia de boleta de honorarios por $666.667 pesos, con detalle asesoría contable, con N° documento 427 del 30/04/2018.

g-Copia de boleta de honorarios por $888.889 pesos, con detalle asesoría contable, con N° documento 429 del 29/05/2018.

h-Copia de boleta de honorarios por $888.889 pesos, con detalle asesoría contable, con N° documento 433 del 31/07/2018.

i-Copia de boleta de honorarios por $888.889 pesos, con detalle asesoría contable, con N° documento 435 del 31/08/2018.

j-Copia de boleta de honorarios por $888.889 pesos, con detalle asesoría contable, con N° documento 437 del 28/09/2018.

k-Copia de boleta de honorarios por $444.444 pesos, con detalle asesoría contable, con N° documento 441 del 30/11/2018.

l-Copia de boleta de honorarios por $444.444 pesos, con detalle asesoría al directorio, con N° documento 443 del 31/12/2018.

3- De Lucinda Yolanda Henríquez Muñoz:

De gastos imputados a Subvención general:

a-Copia de boleta de honorarios por $1.111.111 pesos, con detalle Rendición Supereduc 2017, con N° documento 45 del 11/09/2018."

2) RESPUESTAS: La Superintendencia de Educación respondió a dichos requerimientos de información mediante Oficios Ord. 10DJ TRA N° 0665 (solicitud código AJ011T0005778, amparo C3689-20) y Ord. 10DJ TRA N° 0666 (solicitud código AJ011T0005779, amparo C3691-20), ambos de fecha 10 de junio de 2020, y de igual tenor, señalando, en síntesis, que accede a la entrega de lo solicitado, remitiendo planilla excel con el detalle de los honorarios SEP y subvención general de los periodos 2017 y 2018, del establecimiento educacional consultado. En dicha planilla se hace presente que la información proporcionada se basa exclusivamente en lo declarado por el sostenedor del establecimiento educacional según el proceso de rendición de cuentas, reglamentado por el Decreto Supremo N° 469/2014, modificado por el Decreto Supremo N° 575/2016, información que podría ser modificada en posteriores revisiones por parte de los organismos respectivos.

En este sentido, informa que según lo indicado por la División de Fiscalización de la Superintendencia de Educación, el Sistema de Rendición de Cuentas constituye un proceso declarativo y, por lo mismo, no es un repositorio de documentos, razón por la cual no cuenta con la documentación de respaldo requerida, por cuanto los sostenedores sólo declaran sus correspondientes ingresos y gastos a la Superintendencia de Educación.

Agrega, que la Superintendencia de Educación anualmente realiza un procedimiento de rendición de cuentas y acreditación de saldos, el cual tienen por propósito velar por una mayor transparencia y claridad en el uso de los recursos que el Estado destina a la actividad educativa escolar, con el objeto de que éstos sean utilizados para los fines establecidos en la Ley y, de esta forma, propender a la mejora integral de la educación que se entrega en los Establecimientos Educacionales de nuestro país.

De este modo, para dar cumplimiento a la totalidad de este proceso, los sostenedores deberán realizar la declaración de ingresos y gastos ejecutados en el período, mediante el Sistema de Rendición de Cuentas, y luego ejecutar la acreditación de saldos de las subvenciones percibidas, a través de los instrumentos disponibles para tales efectos, mediante el Sistema de Acreditación de Saldos dispuestos por la Superintendencia.

Agrega, que la Superintendencia de Educación a partir de la información recopilada en la plataforma, realiza procedimientos de fiscalización, entre los cuales, destaca la obligación de rendir cuenta y acreditar el saldo de las subvenciones percibidas por los sostenedores.

Así, precisa que el proceso de rendición de cuentas de recursos del año 2019 finalizó el día 22 de abril del año 2020, considerando una etapa de rendición de cuentas "fuera de plazo" hasta el día 30 de abril del año en curso. A su vez, el procedimiento de acreditación de saldos contempló para su realización un período comprendido desde el día 06 de mayo del 2020 hasta el 19 de mayo del mismo año, obteniendo la declaración de saldos de las subvenciones percibidas por los sostenedores.

En base a los procedimientos anteriormente descritos, la Superintendencia de Educación considera dentro de su Plan Anual, el Programa denominado "Rendición de Cuentas y Acreditación de Saldos", el cual comprende los siguientes procedimientos:

a) Verificar el sostenedor que rindió, al menos, una subvención y/o aporte del Estado fuera de plazo.

b) Verificar el sostenedor que no rindió cuenta de, a lo menos, una subvención y/o aporte del Estado.

c) Verificar el sostenedor que no acreditó a la Superintendencia de Educación la disponibilidad de saldos de los recursos percibidos por subvención y/o aportes del estado.

Informa además que estos tres procedimientos de fiscalización ya se encuentran en ejecución en la Superintendencia de Educación, pasando en primer lugar por la validación de los datos y la verificación de las imágenes o cartolas bancarias mediante las cuales los sostenedores acreditaron saldos, siendo su fecha de instrucción a los sostenedores a partir de fines del segundo semestre del presente año, razón por la cual a la fecha, no contamos con ningún acta, resolución, o cualquier otro tipo de documento en el cual se inicie un procedimiento administrativo dirigido en contra de un sostenedor en particular por el incumplimiento de las normas relativas a la rendición de cuentas y a la acreditación de saldos, por cuanto a la fecha la Superintendencia se encuentra analizando y evaluando los antecedentes proporcionados por los mismos, para efectos de determinar la existencia de eventuales incumplimientos a la normativa educacional, cuestión que como ya se mencionó en este Oficio, recién concluirá, a fines del segundo semestre de este año.

Por lo anterior, señala, que si el sostenedor Corporación de Educación y Promoción Juvenil Juan Diego de Guadalupe, incumplió con estas obligaciones normativas anteriormente descritas, se levantará la respectiva acta de fiscalización y se instruirá el correspondiente procedimiento administrativo sancionatorio en su contra, de ser ello pertinente al tenor de los antecedentes de hecho y de derecho que tenga a la vista en su oportunidad la Superintendencia, según lo establecido en el Programa de Fiscalización diseñado al efecto.

3) AMPAROS: Con fecha 30 de junio de 2020, doña Edith Guzmán Saavedra dedujo los amparos a su derecho de acceso a la información, roles C3689-20 y C3691-20, del mismo tenor, en contra de la Superintendencia de Educación, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada.

Agrega que se le indicó que la información no se encuentra a disposición de la Superintendencia de Educación, ya que aquella no es repositorio de documentos de documentos que respalden gastos de la ley Subvención Escolar Preferencial (SEP), a pesar de que la misma ley y el instructivo de rendición de cuentas de dicho órgano indica que todos los gastos deberán contar con el respaldo de la documentación original que justifique tales operaciones. Por ello, si el órgano reclamado no contaba con estos documentos, pudo requerirlos en base a sus atribuciones.

Además, indica que si no tiene la información pedida, tampoco derivó la solicitud a la Agencia de la Calidad de la Educación, que es la encargada de velar por la fiscalización de Recursos SEP, y su utilización de acuerdo a la ley N° 20.529, que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación los amparos deducidos, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Educación respecto del amparo C3689-20 mediante el oficio N° 11439, y en relación al amparo C3691-20, a través del oficio N° E11440, ambos de fecha 20 de julio de 2020. Se solicitó expresamente al órgano: aclare si lo solicitado, obra en su poder constando en alguno de los soportes documentales que dispone el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; refiérase a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información reclamada; de no ser competente para pronunciarse respecto de la solicitud de información, señale las razones por las cuáles no se derivó de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia; de haber realizado la derivación, remita copia de esta comunicación y del comprobante de notificación de la misma ante el órgano derivado.

La Superintendencia de Educación, a través de oficios Ord. 10DJ N° 1125, y Ord. 10DJ N° 1126, ambos de fecha 05 de agosto de 2020, formuló sus descargos u observaciones, en relación a los amparos C3689-20 y C3691-20, respectivamente, señalando, en síntesis, que en su respuesta a la solicitante se le entregó el detalle de todos los documentos honorarios de las subvenciones general y SEP de los años 2017 y 2018 declarados en la rendición de cuentas del Colegio San Juan Diego de Maipú, RBD 26209, dependiente de la Corporación Educacional y de Promoción Juvenil Juan Diego de Guadalupe, con todo el detalle de las cuentas, subcuentas, documentos y personas en las cuales se declararon los gastos por estos conceptos, por parte de dicho sostenedor a la Superintendencia de Educación, con la correspondiente imputación del valor total de los mismo.

Asimismo, en la respuesta se hizo presente a la solicitante que el Sistema de Rendición de Cuentas ante la Superintendencia de Educación constituye un proceso declarativo, y no un repositorio de documentos, razón por la cual no cuenta con la documentación de respaldo en su poder, dado que los sostenedores declaran los correspondientes ingresos y gastos a la Superintendencia de Educación en los archivos en formato csv dispuestos para ello, no entregando ningún tipo de documento físico en la declaración de cuenta, por lo que reitera que no cuenta con ningún documento de respaldo de los gastos realizados por el establecimiento consultado y que han sido pedidos por el solicitante.

Además, señaló que la rendición de cuentas es un proceso destinado a transparentar el uso de los recursos monetarios en establecimientos educacionales y garantizar con ello que los proyectos educativos se concreten. En tal sentido, señala, constituye una herramienta al servicio del resguardo de derechos de la comunidad escolar y en beneficio de una educación de calidad, a través del uso efectivo de los recursos en educación y no en otros fines.

Agregó, que el sostenedor en su declaración de cuentas de sus gastos no debe cargar documento alguno, por lo que la Superintendencia no cuenta con los documentos físicos que declara cada sostenedor. Por ello el procedimiento de rendición de cuentas es esencialmente declarativo, no siendo un repositorio de documentos como se le informó a la solicitante, motivo por el cual no resulta posible su entrega.

Para mayor claridad, señala link que contiene el Manual de Rendición de Cuentas, donde consta el procedimiento del mismo de acuerdo a lo señalado precedentemente.

Finalmente, indica que no concurren causales de reserva sobre la información pedida, y que la Superintendencia de Educación sí es competente para pronunciarse sobre el requerimiento formulado, dado que trata de materias de su competencia conforme a lo mandatado por la ley N° 20.529 y sus reglamentos, por lo que no fue necesario derivar la solicitud. Sin embargo, no entregó la documentación pedida, por cuanto no obra en su poder como se ha explicado.

5) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Este Consejo, como medida para mejor resolver, mediante correo electrónico de fecha 29 de septiembre de 2020, requirió a la Superintendencia de Educación señalar expresamente si a la fecha las solicitudes de información formuladas, existían procesos de fiscalización iniciados en contra del Colegio San Juan Diego de Maipú, RBD 26209, dependiente de la Corporación Educacional y de Promoción Juvenil Juan Diego de Guadalupe, respecto de la rendición de cuentas de Subvención General y Subvención Escolar Preferencial (SEP), de los años 2017 y 2018, o en cualquier caso, sobre cualquiera otra materia que comprenda la documentación requerida en los amparos C3689-20 y C3691-20; y en caso de respuesta afirmativa, singularizar cada uno de los procesos administrativos existentes, con indicación del estado actual de tramitación, y si comprende documentación de la reclamada en los amparos deducidos.

El órgano reclamado, a través de correo electrónico de fecha 06 de octubre de 2020, cumplió lo requerido, señalando, en síntesis, que de acuerdo a lo informado por la División de Fiscalización de la Superintendencia de Educación, a la fecha de las solicitudes de información formuladas no existían procedimientos de fiscalización en relación al Colegio San Juan Diego de Guadalupe de Maipú, RBD 26209, dependiente de la Corporación Educacional y de Promoción Juvenil Juan Diego de Guadalupe, respecto de la rendición de cuentas de la Subvención General y de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), de los años 2017 y 2018.

Por otro lado, agrega que actualmente sólo existen 6 procedimientos de fiscalizaciones, los que detalla, señalando que ninguno de ellos se relaciona con temas de rendición de cuentas, materias que fueron objeto de los amparos deducidos.

Finalmente, hace presente que todas las fiscalizaciones que realiza la Superintendencia de Educación se ejecutan por denuncias y según lo descrito en el Plan Anual de Fiscalización, cuyos establecimientos seleccionados a fiscalizar, se seleccionan en base a criterios de riesgos determinados por dicho organismo.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en virtud del principio de economía procedimental, contenido en el artículo 9 de la Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, se exige a estos últimos responder con la máxima economía de medios y con eficacia, evitando trámites dilatorios. Por lo tanto, atendiendo que son solicitudes de informaciones que versan sobre la misma materia las que han motivado los amparos Roles C3689-20 y C3691-20, este Consejo para facilitar su comprensión y resolución, ha resuelto acumular los citados amparos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto.

2) Que, los amparos deducidos tienen por objeto la entrega por parte de la Superintendencia de Educación de los documentos relativos a la rendición de cuentas de Subvención general y SEP de los años 2017 y 2018, del Colegio San Juan Diego de Maipú, RBD 26209, dependiente de la Corporación Educacional y de Promoción Juvenil Juan Diego de Guadalupe, al tenor de lo señalado en el N° 1 de lo expositivo. Al efecto el órgano requerido señaló que no obra en su poder la documentación de respaldo requerida, por cuanto los sostenedores sólo declaran sus correspondientes ingresos y gastos a la Superintendencia de Educación, lo que ocurre también con el establecimiento educacional sobre el cual versa lo reclamado.

3) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales.

4) Que, a modo de contexto, cabe tener presente que la ley N° 20.529, que establece el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización, en su artículo 47 prescribe la creación de la Superintendencia de Educación, agregando el artículo 48 que su objeto "será fiscalizar, de conformidad a la ley, que los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado se ajusten a las leyes, reglamentos e instrucciones que dicte la Superintendencia, en adelante ´la normativa educacional´.

5) Que, en cuanto a la alegación de fondo realizada por el órgano reclamado, cabe hacer presente, que la inexistencia de la información es una circunstancia de hecho, cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla, sino que esta alegación debe ser fundada, indicando en forma clara el motivo por el cual aquella no obra en su poder, lo que debe ser acreditado de forma fehaciente. En la especie, la Superintendencia de Educación explicó detalladamente en su respuesta y descargos, que si bien entregó el detalle de todos los documentos honorarios de las subvenciones general y SEP de los años 2017 y 2018 declarados en la rendición de cuentas del Colegio San Juan Diego de Maipú, RBD 26209, dependiente de la Corporación Educacional y de Promoción Juvenil Juan Diego de Guadalupe, no cuenta en su poder con ningún documento de respaldo de los gastos realizados pedidos por la solicitante, explicando que el Sistema de Rendición de Cuentas ante la Superintendencia de Educación constituye un proceso declarativo, y no un repositorio de documentos, donde los sostenedores declaran los correspondientes ingresos y gastos en los archivos en formato csv dispuestos para ello, no entregando ningún tipo de documento físico en la declaración de cuenta. De igual modo, informó que no concurren causales de reserva sobre la información pedida, y que la Superintendencia de Educación sí es competente para pronunciarse sobre el requerimiento formulado, dado que trata de materias de su competencia conforme a lo mandatado por la ley N° 20.529 y sus reglamentos, por lo que no fue necesario derivar la solicitud.

6) Que, además, en virtud de la medida para mejor resolver señalada en el N° 5 de la parte expositiva, el órgano reclamado informó expresamente que a la fecha de la solicitudes formuladas en los amparos en análisis, no existían procedimientos de fiscalización en relación al Colegio San Juan Diego de Guadalupe de Maipú, respecto de la rendición de cuentas de la Subvención General y de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), de los años 2017 y 2018, y que si bien actualmente existen 6 procedimientos de fiscalizaciones ninguno de ellos se relaciona con temas de rendición de cuentas sobre los que versan los amparo deducidos, agregando que todas las fiscalizaciones que se llevan a cabo por parte de la Superintendencia de Educación, se ejecutan por denuncias y según lo descrito en el Plan Anual de Fiscalización, cuyos establecimientos seleccionados a fiscalizar, se seleccionan en base a criterios de riesgos determinados por dicho organismo. Luego, más allá de las facultades fiscalizadoras que tiene el órgano reclamado, de los antecedentes examinados, particularmente lo informado acerca del modo de funcionamiento del Sistema de Rendición de Cuentas ante la Superintendencia de Educación, la información sobre como procede al ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, y al hecho que sobre la información reclamada no se han iniciado procedimientos de fiscalización, no existen elementos que desvirtúen la alegación de la Superintendencia reclamada en orden a que no obra en su poder lo reclamado.

7) Que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, sólo será pública la información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de aquella inexistente. En consecuencia, sin que se dispongan de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de la sostenida por el órgano requerido, se rechazarán los amparos deducidos.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar los amparos deducidos por doña Edith Guzmán Saavedra en contra de la Superintendencia de Educación, por no obrar en su poder la información reclamada en los términos requeridos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Edith Guzmán Saavedra y al Sr. Superintendente de Educación.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.