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Manuel Muñoz con SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN Rol: C3758-20

Consejo para la Transparencia, 13/10/2020

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, respecto de una nómina de licencias de conducir otorgadas a los prófugos de la justicia, desde el año 2018 a la fecha de la solicitud, en la Municipalidad de Cabildo. Se tiene por entregada aunque de manera extemporánea, la información relativa al número de casos en que se entregó licencia de conducir, toda vez que dicha información sólo fue entregada por el Servicio con ocasión de su respuesta a la medida decretada por este Consejo. Se rechaza respecto de la identidad de la o las personas a quienes se les otorgó o renovó dicha licencia, por configurarse la causal de reserva sobre afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano, los derechos de las personas y la esfera de su vida privada, así como también en relación con lo dispuesto en la ley N° 20.593 que crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, y la ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, teniendo en consideración los principios de finalidad, proporcionalidad y calidad del dato, y el tratamiento de datos personales relativos a condenas por delitos una vez prescrita la acción o cumplida o prescrita la sanción o la pena. Aplica criterio contenido en las decisiones de los amparos roles C848-12, C849-12 y C4130-16. Con todo, se remiten los antecedentes a la Contraloría General de la República para los fines que estime pertinentes.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3758-20

Entidad pública: Servicio de Registro Civil e Identificación.

Requirente: Manuel Muñoz.

Ingreso Consejo: 30.06.2020

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, respecto de una nómina de licencias de conducir otorgadas a los prófugos de la justicia, desde el año 2018 a la fecha de la solicitud, en la Municipalidad de Cabildo.

Se tiene por entregada aunque de manera extemporánea, la información relativa al número de casos en que se entregó licencia de conducir, toda vez que dicha información sólo fue entregada por el Servicio con ocasión de su respuesta a la medida decretada por este Consejo.

Se rechaza respecto de la identidad de la o las personas a quienes se les otorgó o renovó dicha licencia, por configurarse la causal de reserva sobre afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano, los derechos de las personas y la esfera de su vida privada, así como también en relación con lo dispuesto en la ley N° 20.593 que crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, y la ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, teniendo en consideración los principios de finalidad, proporcionalidad y calidad del dato, y el tratamiento de datos personales relativos a condenas por delitos una vez prescrita la acción o cumplida o prescrita la sanción o la pena.

Aplica criterio contenido en las decisiones de los amparos roles C848-12, C849-12 y C4130-16.

Con todo, se remiten los antecedentes a la Contraloría General de la República para los fines que estime pertinentes.

En sesión ordinaria N° 1136 del Consejo Directivo, celebrada el 13 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3758-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 15 de junio de 2020, don Manuel Muñoz requirió al Servicio de Registro Civil e Identificación, en adelante también e indistintamente, el SRCeI o el Servicio, lo siguiente: "nómina de licencias de conducir otorgadas a los prófugos de la justicia años 2018 a la fecha municipalidad de Cabildo, considerando que ese Registro Civil lleva el registro de prófugos de la justicia y de licencias de conducir".

2) RESPUESTA: El 26 de junio de 2020, mediante Carta FP N° 203, el Servicio de Registro Civil e Identificación respondió el requerimiento, denegando la entrega de la información, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia, este último, en relación con lo que establece la ley N° 20.593, que Crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia.

3) AMPARO: El 30 de junio de 2020, don Manuel Muñoz dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud. Asimismo, alegó que "cómo se puede fiscalizar si no se pueden cruzar los datos?".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante Oficio N° E11.353, de 17 de julio de 2020, confirió traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, notificando el reclamo y solicitando que formule sus descargos u observaciones.

Mediante oficio DN Ord. N° 592, de 31 de julio de 2020, el SRCeI presentó sus descargos, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, agregó en síntesis, que "al Registro Nacional no tienen acceso los ciudadanos, sino solo instituciones del Estado que se determinan en forma taxativa (...) a los efectos de poder suspender el otorgamiento o la renovación de licencia de conducir de los prófugos de la justicia, y determinados órganos del Estado que otorgan prestaciones de carácter económico", haciendo mención a lo dispuesto en el DFL N° 1, de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito, en sus artículos 210 y 211, y en los artículos 4 y 5 del Decreto Supremo N° 739, de 1984, del Ministerio de Justicia, que contiene el Reglamento del Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados.

Acto seguido, indicó que "es forzoso hacer presente que necesariamente el dato de la licencia de conducir va ligado al RUN del conductor, por cuanto lo solicitado por el recurrente no es una información numérica o un total reflejado en cifras y debidamente anonimizado, sino que lo solicitado es la identificación del documento de licencia de conducir y aún más, que dicha licencia de conducir pertenezca a algún prófugo de la justicia (...) el SRCeI está a cargo de la base de datos relativa a órdenes de detención pendientes como una manera de colaborar con los organismos que están encargados de su ejecución efectiva. Por lo tanto, revelarlas contravendría el propósito legislativo de restringir su acceso sólo a determinadas personas e instituciones, incluido su titular, para así agilizar la persecución penal, lo que configura la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia (...) la finalidad que justifica que el SRCeI recopile las órdenes de detención (...) dice relación, en último término, con la mantención del orden público y la promoción del bien común. Siendo así, revelarlas a personas diferentes de las autorizadas por el legislador afectaría la seguridad de la Nación -en lo que se refiere a la mantención del orden público- y el interés nacional, configurándose las causales de reserva previstas en los numerales 3 y 4 del art. 21 de la Ley de Transparencia", haciendo mención a lo razonado por este Consejo en el amparo rol C849-12 y a que la información no es obtenida de una fuente accesible al público.

Luego, el Servicio manifestó que "los datos solicitados por el reclamante sin duda alguna son de carácter personal (...) por cuanto permiten la identificación directa de una persona. Pero además de ser personales, son de carácter sensible, por cuanto se trata de información que se refiere a las características morales de una persona o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad (...) que el resto de la población sepa que una persona cometió un delito, sin duda alguna afecta su imagen y honor, y la afecta, por ejemplo, para acceder a un empleo o para acceder a determinados círculos sociales", haciendo mención a lo resuelto por este Consejo en el amparo rol C1290-14 y C849-12 sobre base de datos de órdenes de detención pendientes, y lo dispuesto en la ley N° 19.628, en relación con el artículo 21 N° 2 y 5 de la Ley de Transparencia.

5) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Este Consejo, mediante Oficio N° 14877, de fecha 2 de septiembre de 2020, solicitó a la Municipalidad de Cabildo, como medida para mejor resolver el presente amparo, señalar si en el período consultado otorgó o renovó licencias de conducir a prófugos de la justicia, especificando los motivos por los cuales se habrían otorgado o renovado. Sin perjuicio de lo anterior, hasta esta fecha, no existe constancia de que el municipio se haya pronunciado en los términos referidos.

Asimismo, mediante Oficio N° 14878, de igual fecha, este Consejo solicitó al Servicio de Registro Civil e Identificación, informar si la Municipalidad de Cabildo otorgó o renovó licencias de conducir a prófugos de la justicia en el período consultado, los motivos por los cuales se habrían otorgado o renovado, y en caso afirmativo, señalar las medidas adoptadas por la contravención a la norma indicada.

Mediante oficio DN. ORD. N° 0702, de fecha 9 de septiembre de 2020, el SRCeI otorgó respuesta a la medida decretada, entregando información relativa a los parámetros consultados, agregando que "los archivos con la información relativa a las licencias de conducir son remitidas por la Dirección de Tránsito Municipal al Servicio de Registro Civil e Identificación, mediante correo electrónico creado al efecto. Es decir, la información que se va generando en el Registro de Conductores, depende del envío que realicen las respectivas Direcciones de Tránsito municipales. Por lo tanto, el Servicio (...) realiza una labor registral, y respecto al Registro de Prófugos, mantiene siempre disponible la consulta a las Direcciones de Tránsito, a fin de que sea el Director del Tránsito quien requiera la información ejerciendo su facultad, conforme lo establece el artículo 7 de la ley N° 20.593".

Finalmente, el Servicio indicó que "otorgar o renovar licencias de conducir no es una función que el legislador haya entregado a esta Institución, en consecuencia no compete a este Servicio tomar acciones correctivas en las funciones que corresponden a otro tipo de entidad pública", haciendo mención a lo dispuesto en el artículo 26, letra a), de la ley N° 18695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, los artículos 5, 13 y 16 de la Ley de Tránsito N° 18.290, y el dictamen N° 34.900-2014 de la Contraloría General de la República, agregando que "este Servicio cumple con su obligación de disponibilizar la información de los Registros que tiene a su cargo (Registro de Prófugos y Registro Nacional de Conductores), no teniendo injerencia alguna en el otorgamiento o rechazo de las licencias de conducir, facultad que corresponde exclusivamente a las Direcciones del Tránsito".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte del Servicio de Registro Civil e Identificación, a la solicitud del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a una nómina de licencias de conducir otorgadas a los prófugos de la justicia, desde el año 2018 a la fecha de la solicitud, en la Municipalidad de Cabildo. Al respecto, el órgano denegó su entrega conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 2, 3, 4 y 5 de la Ley de Transparencia, este último, en relación con lo que establece la ley N° 20.593 que Crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, y la ley N° 19.628.

2) Que, en primer lugar, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por otra parte, según lo dispuesto en los artículos 5°, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

3) Que, en segundo lugar, cabe tener presente que el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, corresponde a una nómina que debe mantener el Servicio de Registro Civil e Identificación en la que se anotan las órdenes de detención vigentes dictadas por los Tribunales de Justicia con competencia en lo penal, conforme se explica en el link https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/registro-nacional-de-profugos, en el cual se indica quiénes pueden tener acceso a dicho registro. En dicho contexto, para resolver sobre la publicidad o reserva de la información que se ingresa en el aludido registro, debe necesariamente atenderse a la finalidad específica que justifica su recopilación y sistematización y que, tratándose de órganos administrativos, deriva de sus competencias legales. Para ello debe examinarse la ley N° 20.593, que crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, cuyos artículos 7 y 8 restringen el acceso a este registro sólo a ciertas autoridades, lo que se enmarca en la causal de reserva prevista en el N° 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia.

4) Que, así las cosas, con relación a la identidad de la persona que figura en el Registro de Prófugos, y que pudiere haber obtenido licencia de conducir en la comuna consultada, el artículo 7 de la citada ley nos indica que "Sólo podrán acceder a la información contenida en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, las siguientes instituciones: 1) Los Tribunales de Justicia. 2) El Ministerio Público. 3) Carabineros de Chile. 4) La Policía de Investigaciones de Chile. 5) Gendarmería de Chile. 6) La Dirección del Territorio Marítimo y de Marina Mercante. 7) El Servicio de Registro Civil e Identificación. 8) Los organismos públicos a que se refieren los artículos 9 y 10, para los fines allí previstos y en la forma señalada en dichos artículos. Las personas o instituciones señaladas en el número 8), tendrán acceso limitado al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, pudiendo únicamente ser informados sobre el hecho de encontrarse una persona determinada incorporada en éste. Dichas instituciones podrán acceder al Registro para el solo efecto del trámite que se realiza. Las instituciones señaladas en los números 1), 2), 3), 4), 5), 6) y 7) deberán establecer los procedimientos que determinarán las personas que tendrán acceso a la información, a fin de garantizar la debida confidencialidad" (énfasis agregado). En el mismo sentido, el artículo 8 de la citada ley, determina que "El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá proveer información suficiente a los interesados que consulten respecto de su incorporación al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia. Dicha información sólo podrá solicitarla la persona interesada respecto a su situación personal. En todo caso, la información podrá requerirse por un mandatario del interesado, especialmente designado y facultado para el efecto, siempre que el mandato conste por escrito y sea autorizado ante notario", cuyo no es el caso, consagrando en definitiva, la reserva rigurosa respecto de la información consultada.

5) Que, según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C849-12, de lo anterior, se colige que el legislador pretendió que el SRCeI administre y canalice la información de las órdenes de detención pendientes de ejecución, a fin de contar con un sistema centralizado que contribuya a una persecución penal coordinada y eficiente, restringiendo su consulta permanente a ciertas autoridades competentes en materia penal. Por lo tanto, revelar dicha información, contravendría el propósito legislativo de restringir su acceso sólo a determinadas personas e instituciones, incluido su titular, para así agilizar la persecución penal, lo que configura la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Por su lado, la finalidad que justifica que el Servicio restrinja el acceso a la información requerida sólo a ciertas personas, dice relación con la mantención del orden y seguridad pública, por lo que, acceder a la divulgación de los datos contenidos en el registro a personas diferentes de las autorizadas por el legislador podría afectar la seguridad de la Nación -en lo que refiere a la mantención del orden público- y el interés nacional, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 3 y 4 de la Ley de Transparencia.

6) Que, en el mismo sentido, en la decisión del amparo rol C848-12, ante una solicitud de información relativa al registro de órdenes de detención pendientes, este Consejo razonó que "el legislador encargó a la PDI la recopilación, sistematización y comunicación limitada de la base de datos solicitada, con la finalidad de que sean estos registros un elemento coadyuvante del cumplimiento de la misión institucional que ha sido encomendada a dicho organismo, como colaborador en la mantención del orden público, la seguridad pública y, en definitiva, la paz social, que se funda en el cumplimiento de las decisiones judiciales adoptadas por los tribunales de justicia. Por lo tanto, revelar esa información contravendría la clara señal entregada por el legislador respecto del tratamiento restringido que debe dar dicho organismo a los datos que forman parte del registro solicitado, y que traduce en la restricción del acceso a los mismos y la autorización concedida sólo a determinadas personas e instituciones para consultarlos, como una medida destinada a hacer más eficaz el trabajo policial, razón por la cual a juicio de este Consejo se configura en la especie la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia". Asimismo, en dicha decisión, este Consejo resolvió que "como se ha indicado, la finalidad de la recopilación de las órdenes de detención en poder de la PDI y su tratamiento reservado dicen relación, en último término, con la idea de mantener el orden público interno por los motivos ya señalados, cual forma parte de la obligación de promoción del bien común que la CPR encomienda al Estado, dentro de un contexto más general que el simple cumplimiento de las funciones de los órganos públicos individualmente considerados, por lo que a juicio de este Consejo la revelación de la información solicitada significaría afectar la seguridad de la Nación en lo que refiere a la mantención del orden público configurándose por ende la causal de reserva prevista en el art. 21 N° 3 de la Ley de Transparencia, y afectaría además el interés nacional configurando la causal del art. 21 N° 4 del mismo cuerpo legal".

7) Que, así las cosas, el artículo 2, letra f), de la ley N° 19.628, dispone que son datos de carácter personal "los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables". Luego, el artículo 4 del mismo cuerpo legal, establece que "El tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello". Asimismo, el artículo 9 de la citada ley, señala que "Los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público". Luego, en relación con los Principios de licitud y finalidad en el tratamiento de datos personales, por parte de los órganos del Estado, consagrado en las Recomendaciones del Consejo para la Transparencia sobre Protección de Datos Personales, se indica que "sólo es posible tratar datos de carácter personal cuando exista autorización legal, ya sea de la propia Ley N° 19.628 o de otras normas de igual rango", y que "la referida finalidad en el caso de los órganos de la Administración del Estado estará determinada en función de las materias propias de su competencia", respectivamente. En tal sentido, ratificando la aplicación del principio de finalidad, el artículo 7, N° 8, de la ley N° 20.593, establece que sólo podrán acceder al registro aludido "Los organismos públicos a que se refieren los artículos 9° y 10, para los fines allí previstos y en la forma señalada en dichos artículos" (énfasis agregado), mientras que el aludido artículo 9 mandata que los departamentos del tránsito municipales suspenderán el otorgamiento de las licencias de conductor o su renovación, a las personas que figuren con órdenes de detención pendientes. Finalmente, el artículo 33, letras j) y m) de la Ley de Transparencia, indica que "El Consejo tendrá las siguientes funciones y atribuciones: j) Velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y a la ley tengan carácter secreto o reservado; m) Velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado".

8) Que, del mismo modo, respecto de los principios de proporcionalidad y veracidad y calidad del dato, en la citada decisión del amparo rol C848-12, este Consejo resolvió que "El principio de calidad del dato, que consiste en que los datos tratados deben ser exactos, adecuados, pertinentes y no excesivos, y que debe ser observado durante la recogida y posterior tratamiento de los datos, con prescindencia que el tratamiento lo efectúe una entidad privada o un órgano público (...) El principio de proporcionalidad, según establece la Recomendación sobre Protección de Datos Personales de este Consejo, sólo permite recabar"...aquellos datos que sean necesarios para conseguir los fines que justifican su recolección". Por tanto, se entenderá que se cumple con el principio de proporcionalidad cuando el o los datos que se recolecten, así como su posterior tratamiento, sean adecuados o apropiados a la finalidad que lo motiva; sean pertinentes o conducentes para conseguir la referida finalidad y no excesivos en relación a dicha finalidad para la cual se han obtenido, en el sentido que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia. A juicio de este Consejo, nada de esto ocurre en esta solicitud. Además, según ha indicado la propia PDI la base de datos de personas que registran órdenes de detención pendientes no es estática, ya sea porque se cancela la orden (mediante la detención del requerido o de la contraorden despachada por el tribunal) o porque ingresan nuevos requerimientos judiciales, dependiendo la actualización del Poder Judicial. Así, la información que podría entregarse en virtud de esta solicitud puede no corresponder a la situación real de una o más personas, por lo que constituye un tratamiento excesivo. El principio de veracidad del dato, según el cual los datos personales deben ser exactos, actualizados y responder con veracidad a la situación real de su titular (inciso segundo del artículo 9° de la Ley N° 19.628), cuestión que en este caso no se cumple plenamente a partir de lo señalado en el literal precedente, pues pueden existir en esta base datos caducos" (énfasis agregado).

9) Que, por otra parte, según establece el artículo 20 de la ley N° 19.628, los organismos públicos sólo podrán tratar datos personales sin el consentimiento de su titular, respecto de las materias propias de su competencia y con sujeción a las reglas establecidas por dicho cuerpo legal, entre las que se contempla la prevista en el inciso primero de su artículo 9. En la especie, el almacenamiento de datos personales realizado por la reclamada se encuentra autorizado por el citado artículo 20 dada las funciones que competen a dicho organismo, sin que resulte procedente la comunicación de tales datos para fines diversos al consignado, como ocurriría en el evento de hacer entrega de dicha información al solicitante, motivo por el cual, el presente amparo no podrá prosperar.

10) Que, en la misma línea argumentativa, el artículo 21 de la misma ley, establece que no se podrán someter a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos una vez prescrita la acción penal, o cumplida o prescrita la sanción o la pena, en relación con lo dispuesto en el artículo 1° de la ley N° 20.593, sobre las órdenes de detención vigentes: "3) Respecto del condenado que se encuentre en el caso del inciso 2° del artículo 468 del Código Procesal Penal. 4) Respecto del condenado que se fugare mientras se encuentre cumpliendo efectivamente una pena privativa de libertad. 5) Respecto del condenado a quien se le revocare alguna de las medidas alternativas a las penas privativas y restrictivas de libertad previstas en la ley N° 18.216. 6) Respecto del condenado a una pena privativa de libertad a quien se le revocare el beneficio de la libertad condicional, previsto en el decreto ley N° 321, de 1925, u otro beneficio penitenciario". En dicho contexto, no resulta plausible la entrega de la identidad -esto es, tratamiento de datos personales- respecto de una persona que, eventualmente y a modo de ejemplo, ya cumplió o prescribió su sanción, entre otros posibles casos, a fin de evitar la entrega de un dato caduco, obsoleto o desactualizado, teniendo en consideración lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la citada ley N° 20.593, frente a la circunstancia de dejar sin efecto una orden de detención.

11) Que, en dicho contexto, vale tener en consideración lo dispuesto en el artículo 9 de la ya tantas veces citada ley que crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, el cual nos indica que "Los departamentos del tránsito municipales suspenderán el otorgamiento de las licencias de conductor o su renovación, a las personas que figuren con órdenes de detención pendientes en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, mientras dichas órdenes no hayan sido dejadas sin efecto" (énfasis agregado), en virtud de lo cual resulta plausible suponer que, al haberse otorgado o renovado licencia de conducir a una persona -por parte de la Dirección del Tránsito de la Municipalidad de Cabildo, en el período consultado, conforme a lo indicado por el Servicio de Registro Civil e Identificación en su respuesta a la medida para mejor resolver decretada por este Consejo, según se consigna en el numeral 5) de la parte expositiva-, la orden de detención podría haberse dejada sin efecto. Por lo anterior, cualquier tratamiento efectuado sobre la materia, tendría relación con un dato caduco, motivo por el cual el presente amparo no podrá prosperar en cuanto la entrega de la identidad de la persona respectiva.

12) Que, en tercer lugar, de conformidad a lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C4130-16, en la cual se resolvió que "asimismo, cabe señalar que la identidad, cédula de identidad y domicilio, de quienes han recibido la licencia de conducir en la comuna de Pichilemu, es información reservada de conformidad a lo previsto tanto en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, como en la Ley de Transparencia según dispone la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 2, el cual dispone que podrá denegarse la entrega de aquella información cuya divulgación afecte la vida privada de sus titulares" (énfasis agregado), por lo que frente a una solicitud de carácter similar, en la que se requirió la identidad respecto de quienes se otorgaron licencias de conducir por parte del municipio, se configura la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, el cual dispone que podrá denegarse la entrega de información cuando su publicidad afecte los derechos y la vida privada de las personas.

13) Que, en la especie, los datos solicitados por el reclamante han sido recolectados de una fuente no accesible al público, por lo cual le resulta aplicable la regla de secreto contemplada por el artículo 7 de la Ley N° 19.628, que exige a quienes trabajen en el tratamiento de datos personales, "...tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público". Finalmente, se ha señalado que al ser la Ley N° 19.628 un cuerpo normativo especial en materia de tratamiento de datos personales debe reconocerse que mediante la regla de secreto contenida en su artículo 7 el legislador ha ponderado que la divulgación de estos datos importaría afectar los derechos de las personas en los términos de los numerales 2 y 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, particularmente el derecho a la vida privada en su vertiente positiva, esto es, la autodeterminación informativa, como poder de control sobre la información propia.

14) Que, en cuarto lugar, y sin perjuicio de lo razonado precedentemente, con relación al número de personas que obtuvieron o renovaron su licencia de conducir en la comuna de Cabildo, durante el período consultado -información entregada por el Servicio en su respuesta a la medida decretada por este Consejo-, cabe tener presente que la entrega o la comunicación de dicho antecedente no tiene la entidad suficiente para configurar las causales de reserva referidas en los considerandos anteriores, toda vez que sólo se trata de un dato estadístico al tenor de lo dispuesto en el artículo 2, letra e), de la ley N° 19.628, el cual, sin embargo, puede igualmente servir para ejercer el debido control social respecto del debido cumplimiento de las normas que regulan el otorgamiento de licencia de conducir a una persona que se encuentra ingresada en el registro aludido, lo cual reviste un evidente interés público, por sus eventuales consecuencias en la seguridad ciudadana u orden público, y que resulta de vital importancia respecto del cumplimiento de las funciones que la ley encomienda a cada municipalidad, particularmente, a las direcciones de tránsito municipales. En consecuencia, se acogerá el amparo respecto de este punto.

15) Que, en consecuencia, tratándose de información que obra en poder del órgano, este Consejo procederá a acoger parcialmente el presente amparo, accediendo sólo a la entrega del número de licencias de conducir otorgadas o renovadas en la Municipalidad de Cabildo, a personas ingresadas en el Registro de Prófugos de la Justicia, en el período consultado, teniendo por entregada la información solicitada aunque de manera extemporánea, y rechazándolo respecto del nombre o identidad de la o las personas respectivas, por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N° 1, N° 2 y N° 5, de la Ley de Transparencia, este último, en relación con lo dispuesto en los artículos 7, 8 y 9 de la ley N° 20.593, y los artículos 2, letra f), 4, 7 y 9 de la ley N° 19.628, y en virtud de la atribución que confiere a este Consejo el artículo 33, literales j) y m) de la citada Ley de Transparencia.

16) Que, finalmente, sin perjuicio de lo resuelto, en atención a lo informado por el órgano reclamado en su respuesta a la medida decretada por este Consejo, en relación con el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la ley N° 20.593, este Consejo remitirá los antecedentes contenidos en el expediente del presente amparo, a la Contraloría General de la República para los fines que estime pertinentes.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Manuel Muñoz, en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, teniendo por entregada una parte de la información solicitada, aunque de manera extemporánea, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Rechazar el amparo respecto de la identidad de la o las personas ingresadas en el Registro de Prófugos de la Justicia que obtuvieron o renovaron su licencia de conducir en la Municipalidad de Cabildo, por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N° 1, N° 2 y N° 5, de la Ley de Transparencia, este último, en relación con lo dispuesto en los artículos 7, 8 y 9 de la ley N° 20.593, y los artículos 2, letra f), 4, 7 y 9 de la ley N° 19.628, y en virtud de la atribución que confiere a este Consejo el artículo 33, literales j) y m) de la citada Ley de Transparencia.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, lo siguiente:

a) Remitir los antecedentes del presente amparo a la Contraloría General de la República, conforme lo señalado en el considerando 17), para los fines que estime pertinentes.

b) Notificar la presente decisión al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Cabildo y a don Manuel Muñoz, a quien se le entregará copia de la respuesta del órgano a la medida decretada por este Consejo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.