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Jousepth Gallardo Hidalgo con SERVICIO NACIONAL DE PESCA (SERNAPESCA) Rol: C3651-20

Consejo para la Transparencia, 13/10/2020

Se acoge el amparo deducido en contra del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, requiriendo la entrega de copia de los datos originales que se utilizaron para la elaboración de cada "Informe Sanitario de Salmonicultura en Centros Marinos", de todos los años que el Servicio tenga disponible. Lo anterior, por no haberse acreditado en esta sede que la entrega de dicha información afecte los derechos comerciales y económicos de las empresas y atendido que existe un interés público asociado al conocimiento de tales antecedentes al encontrarse vinculada con una materia que puede comprometer la salud pública. Además, se desestima la causal de distracción indebida alegada por el órgano reclamado, toda vez que lo requerido se refiere a los datos y antecedentes que el Servicio ya tuvo a la vista y que ya recopiló y analizó para poder elaborar los respectivos informes sanitarios, y que en la especie, no se ha requerido la elaboración de nuevos informes o de documentos que requieran nuevos análisis que configuren la distracción alegada. Por su parte, por voto de mayoría se acoge el amparo, requiriendo la entrega de información relativa a la cantidad de producción o Biomasa de los centros de cultivo de salmónidos. Lo anterior, por cuanto respecto de la información pedida no concurre la causal de reserva de afectación a los derechos comerciales y económicos de las empresas que se opusieron a la entrega, considerando además, que existe un interés público asociado al conocimiento de tales antecedentes al encontrarse vinculada con una materia que puede comprometer la salud pública. Hay voto disidente del Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero, quien fue partidario de rechazar el amparo en este aspecto, por considerar que se configura la causal de reserva de afectación a los derechos de carácter comercial o económico de las empresas por cuyos antecedentes se consultan, lo que exige mantener su carácter de secreto, por corresponder al concepto de secreto empresarial que recoge la legislación nacional. Lo anterior, tiene fundamento constitucional en el derecho a desarrollar cualquier actividad económica y en el derecho de propiedad, que se ejerce respecto del cúmulo de información que es el objeto del secreto señalado. Se aplica criterio contenido en las decisiones de los amparos rol C3330-16, C2454-17, C1003-18, C3136-19, C6219-19 y C8112-19, entre otras.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3651-20

Entidad pública: Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA)

Requirente: Jousepth Gallardo Hidalgo.

Ingreso Consejo: 26.06.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, requiriendo la entrega de copia de los datos originales que se utilizaron para la elaboración de cada "Informe Sanitario de Salmonicultura en Centros Marinos", de todos los años que el Servicio tenga disponible.

Lo anterior, por no haberse acreditado en esta sede que la entrega de dicha información afecte los derechos comerciales y económicos de las empresas y atendido que existe un interés público asociado al conocimiento de tales antecedentes al encontrarse vinculada con una materia que puede comprometer la salud pública. Además, se desestima la causal de distracción indebida alegada por el órgano reclamado, toda vez que lo requerido se refiere a los datos y antecedentes que el Servicio ya tuvo a la vista y que ya recopiló y analizó para poder elaborar los respectivos informes sanitarios, y que en la especie, no se ha requerido la elaboración de nuevos informes o de documentos que requieran nuevos análisis que configuren la distracción alegada.

Por su parte, por voto de mayoría se acoge el amparo, requiriendo la entrega de información relativa a la cantidad de producción o Biomasa de los centros de cultivo de salmónidos. Lo anterior, por cuanto respecto de la información pedida no concurre la causal de reserva de afectación a los derechos comerciales y económicos de las empresas que se opusieron a la entrega, considerando además, que existe un interés público asociado al conocimiento de tales antecedentes al encontrarse vinculada con una materia que puede comprometer la salud pública.

Hay voto disidente del Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero, quien fue partidario de rechazar el amparo en este aspecto, por considerar que se configura la causal de reserva de afectación a los derechos de carácter comercial o económico de las empresas por cuyos antecedentes se consultan, lo que exige mantener su carácter de secreto, por corresponder al concepto de secreto empresarial que recoge la legislación nacional. Lo anterior, tiene fundamento constitucional en el derecho a desarrollar cualquier actividad económica y en el derecho de propiedad, que se ejerce respecto del cúmulo de información que es el objeto del secreto señalado.

Se aplica criterio contenido en las decisiones de los amparos rol C3330-16, C2454-17, C1003-18, C3136-19, C6219-19 y C8112-19, entre otras.

En sesión ordinaria N° 1136 del Consejo Directivo, celebrada el 13 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C3651-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 1° de junio de 2020, don Jousepth Gallardo Hidalgo, requirió al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura - en adelante también el Servicio o SERNAPESCA-, lo siguiente: "necesito acceso a los datos originales que se utilizan en los ‘Informe Sanitario de Salmonicultura en Centros Marinos’. Me interesan todos los años que tengan disponibles".

2) RESPUESTA: El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura mediante resolución exenta N° 1225, de fecha 16 de junio de 2020, denegó el acceso a la información solicitada conforme lo establecido en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, señalando que "el usuario ha solicitado una serie de información, la que incluye información productiva, de ISA, de Caligus, de SRS, Mortalidad y PVA desde el año 2013 a la fecha, la cual se hace difícil de sistematizar y acorde lo informado por la unidad técnica encargada de su revisión, se requeriría de 6 funcionarios, encargados del Programa General de Mortalidad (PSGM), del Programa de Vigilancia Activa (PVA), del Programa Específico y Control de ISA (PSEVC-ISA), Específico y del programa de Control Caligidosis (PSEVC-Caligidosis), Específico Control Piscirickettsiosis (PSEVC-Piscirickettsiosis), así como también, la Base de Datos de la situación Productiva desde el año 2013 al primer semestre del año 2019 (último Informe Sanitario publicado). En este sentido, los funcionarios deberían recolectar, revisar y cotejar la información que se encuentra en planilla excel y en el Sistema de Información para la Fiscalización de Acuicultura (SIFA). Añadido a lo anterior, deberán especificar en el oficio, que se entrega como respuesta a la solicitud de información SIAC, todas las modificaciones de los Programas señalados, para que el requirente realice una correcta interpretación de la data entregada".

3) AMPARO: El 26 de junio de 2020, don Jousepth Gallardo Hidalgo dedujo amparo a su derecho de acceso en contra del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Asimismo, alegó que "Dentro de mi requerimiento, sólo solicito la recolección de la información, no necesito una revisión ni cotejo de la misma. Por lo tanto, en un sistema ordenado, no debería ser un problema mayor adjuntar las planillas solicitadas".

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante Oficio N° E11528, de fecha 20 de julio de 2020, confirió traslado a la Sra. Directora Nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, notificando el reclamo y solicitando que formule sus descargos y observaciones.

Mediante Ord. /SJ/ N° 152953, de fecha 7 de agosto de 2020, el SERNAPESCA evacuó sus descargos, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, agregó en síntesis, que "La información solicitada dice relación con los datos originales que fueron sistematizados y organizados en 6 informes sanitarios, cual es una cantidad inmensurable de datos e información, cuyo manejo y elaboración, cada año depende del análisis de dos departamentos de la Subdirección de Acuicultura, a saber, el Departamento de Salud Animal y el Departamento de Gestión de Programas de la Fiscalización de Acuicultura, señalando además, que dicha información tarda a lo menos 6 meses en ser analizada y sistematizada en el período anual, por los funcionarios de los referidos departamentos. A mayor abundamiento, debido a la cantidad tal de información es que procede su sistematización. Por lo pronto, a fin de contestar el requerimiento del solicitante, el Servicio debiera disponer un importante recurso de horas laborales trabajadas para la recopilación, interpretación y validación de los datos sanitarios desde el año 2013 al año 2019, que se requerirían para contestar aquello solicitado".

Acto seguido, informó que "la construcción de cada informe tarda a lo menos 6 meses, con utilización de plataformas y sistemas que actualmente se trabajan en dependencias del Servicio, en una jornada de trabajo normal, sin embargo y debido al estado de catástrofe decretado, producto de la pandemia por COVID-19, aquellos funcionarios encargados de la sistematización tienen aún más problemas para acceder a la búsqueda, comentarios y ratificación de la información requerida, toda vez que se dificulta acceder a ella por encontrarse la misma concentrada en estas plataformas y sistemas, cuyo acceso es limitado debido al trabajo en modalidad remota instaurado por el Servicio", señalando que la información se encuentra en formato digital, pero que no tiene una estructura establecida, que varía año a año de forma significativa, y que se efectúan mejoras a la manera de procesarla.

Finalmente, el órgano manifestó que "Cada informe sanitario elaborado desde el año 2013 en adelante fue construido en base a una gran cantidad de información, antecedentes sanitarios y modificaciones normativas (...) A mayor abundamiento, cada base de datos se alimenta de forma periódica de toda aquella información que los titulares de autorizaciones y concesiones de acuicultura, están obligados a entregar al Servicio, en cumplimiento a toda la normativa establecida al efecto, entiéndase la Ley General de Pesca y Acuicultura, los Reglamentos y programas sanitarios dictados conforme a ella", indicando que se requiere al menos a 6 funcionarios durante 80 horas al mes por cada funcionario, y que no procedió a notificar a los terceros conforme lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.

5) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Este Consejo, mediante Oficio N° 14094, de fecha 24 de agosto de 2020, solicitó al Servicio, como medida para mejor resolver el presente amparo, señalar si la entrega de la información afectaría derechos de terceros, proporcionar sus datos de contacto, detallar la afectación de distracción indebida, indicar el contenido de la información solicitada, y remitir una muestra de ella.

Mediante Ord. /SJ/ N° 153283, de fecha 27 de agosto de 2020, el Servicio dio respuesta a la medida, señalando en síntesis, que "es posible indicar que de entregar la información solicitada si cabría una potencial afectación a derechos de terceros, aquejando a 19 grupos controladores que incluyen 41 empresas que se dedican al rubro del cultivo de recursos hidrobiológicos, en especial de la especie salmónidos", entregando un detalle con la identificación de dichas empresas y sus respectivos datos de contacto.

Acto seguido, reiteró lo señalado respecto de los 6 funcionarios que deberían revisar la información, de los diversos departamentos institucionales, señalando que "Cada uno de los capítulos de un informe es construido por un funcionario, es decir, participan en su elaboración 6 funcionarios, más las respectivas jefaturas que dan el visto bueno para su publicación. Mencionar también que la construcción de cada Informe, requiere un importante tiempo de trabajo por parte de los funcionarios, en estricto rigor, los funcionarios tienen un tiempo de a lo menos un semestre para su construcción (...) la información utilizada para elaborar dichos informes no está sistematizada, sino que proviene de un trabajo personal de cada funcionario involucrado en su recopilación y análisis, ya que precisamente la sistematización se encuentra en el producto final, cual es el mismo informe", detallando el contenido de los Informes en sus capítulos, que la estructura cambia año a año, y los motivos por los cuales se informa desde 2013, y remitiendo, finalmente, una muestra de antecedentes como los requeridos.

6) DESCARGOS U OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS: En conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó conferir traslado de este amparo a las empresas por cuyos antecedentes se consulta mediante oficio N° 15638, de fecha 16 de septiembre de 2020, en su calidad de terceros involucrados, a fin de que presenten sus descargos y observaciones.

Empresas AquaChile S.A., por medio de presentación de fecha 25 de septiembre de 2020, manifestó su oposición a la entrega de la información, señalando que "La divulgación y/o publicidad de la información solicitada afecta los derechos de Empresas Aquachile S.A., derechos comerciales y económicos de carácter privado, configurándose la causal de secreto o reserva establecida en la ley. La normativa que regula la materia es clara, y no hace público todo lo que el Estado tenga o posea, sino ciertos aspectos de la actuación administrativa, solo los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y procedimientos que utilice", denegando la entrega de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, y haciendo mención a lo que establece el artículo 19 N° 21 y 24 de la Constitución Política de la República, los artículos 5, 10 y 11, letra d), de la citada ley N° 20.285 y el artículo 7 N° 2 del Reglamento de dicha ley, agregando que "esta información ha sido recabada y procesada por la empresa mediante procesos internos en los que se debió incurrir en altos costos, fundamentalmente en capital humano calificado, tecnología de punta y en un despliegue logístico relevante, entre otros, y dicha información forma parte del activo y conocimiento específico de la compañía y del negocio. La protección que garantiza y ampara sus derechos refiere a procesos de producción, técnicas y estrategias sanitarias, es decir, parte importante de la actividad productiva de las empresas. Por su parte, lo solicitado dice relación con datos que guardan información confidencial y valiosa de las compañías, y demandan el diseño de una estrategia sanitaria que forma parte de un proceso productivo que, a su vez, diferencia a cada una de ellas en relación a sus competidores, configurándose de aquel modo un bien económico sobre el cual recae un derecho (...) Junto con lo anterior, en caso de publicarse o divulgarse la información solicitada, se puede ver afectado el funcionamiento de las empresas y del mercado, al exponer antecedentes que tiene normalmente el carácter de reservados, en el sentido que guardan información confidencial y valiosa de la compañía y expone aspectos estratégicos del desarrollo de la actividad económica en la que se desenvuelven. Cabe agregar que la información es reportada a SERNAPESCA solo por disposición de la Ley, y para efectos de la labor de fiscalización y control de la normativa, en ningún caso para que ella sea proporcionada a un tercero ajeno, y que éste pueda usufructuar o utilizar esa información en su propio beneficio. Sin perjuicio que el requirente no señala la finalidad o el objetivo que pretende alcanzar con la información, existe una potencialidad cierta de daño o afectación negativa de los bienes jurídicos protegidos y de los derechos invocados, puesto que, tal como ha ocurrido en anteriores ocasiones es dable pensar que podría ser utilizada para campañas que tengan por propósito dañar la imagen de las compañías o de la industria en general", haciendo mención, finalmente, a que se trata de una gran cantidad de información, lo que requiere de un esfuerzo mayúsculo por parte del Servicio lo que implica la distracción indebida de los funcionarios.

Empresas Multiexport Food S.A., por medio de escrito ingresado con fecha 30 de septiembre de 2020, igualmente, manifestó su oposición a la entrega de la información solicitada, indicando que "no toda información que cuente en poder de la Administración es pública, estableciéndose causales de secreto toda vez que su entrega pudiera afectar, entre otras, en primer término, el debido cumplimiento de las funciones del organismo público requerido, y por otra parte, afectar gravemente los derechos de las personas, particularmente, sus intereses o derechos de carácter comercial o económico", haciendo mención a lo dispuesto en el Decreto N° 319, del año 2001, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y la información que remite para la elaboración del Informe Sanitario, por medio del sistema SIFA y los Programas Sanitarios Generales y Específicos de SERNAPESCA, y oponiéndose a la entrega de los antecedentes requeridos conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, refiriéndose a lo resuelto por este Consejo en el amparo rol C4785-19 sobre materia similar. Asimismo, la empresa se opuso a la entrega en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, agregando que "la divulgación de la información del requerimiento que funda el presente reclamo afectaría gravemente los derechos económicos de mis representadas, atendido que se trata de información que pertenece a privados, revistiendo dicho carácter en todo momento, aun cuando esté en manos de Sernapesca (...) comprende procesos, técnicas, estrategias, y condiciones económicas, todas las cuales son de propiedad exclusiva de mis representadas. Ello constituye parte del know-how, del cual cada empresa es titular en el desarrollo de su negocio, y que les permite hoy desarrollar en libre competencia esta actividad económica (...) su publicidad afectaría significativamente el desenvolvimiento competitivo de mis representadas, e incluso puede afectar su imagen como empresa productora"¸ haciendo mención a lo dispuesto en el artículo 19 N° 21 y 22 de la Carta Fundamental, y lo resuelto por este Consejo en los amparos rol C1003-18, C215-19 y C1047-19, y los criterios fijados por este Consejo para la reserva de este tipo de información. Asimismo, se refiere al secreto empresarial, en el artículo 86 de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, y que atenta contra el principio de máxima divulgación, agregando que "en caso de proceder, el tenor de la información que se proporcione al reclamante, debe ser entregada al tenor del Informe Sanitario, es decir, mediante información sintetizada sobre la situación productiva y sanitaria de los Centros de Cultivo, y no de la forma específica en que fue requerida por el reclamante". Luego, el tercero hace mención a lo resuelto por el Tribunal Constitucional en causa rol N° 2907-2015 y 3111-2016, y que la Constitución no contempla el Principio de Transparencia y Acceso a la información pública de manera expresa, y que no toda la información que obra en poder del órgano es pública "Por tanto, don Jousepth Gallardo, debió haber requerido a la Autoridad, el acto o resolución en virtud del cual Sernapesca da origen a la información solicitada que, precisamente, son los Informes Sanitarios que se encuentran disponibles y al alcance de todas las personas en la página web del Servicio", refiriéndose a lo expresado en el artículo 31 bis de la ley N° 19.300 y lo resuelto por el Tribunal Constitucional en causa rol 4968-18.

Nova Austral S.A., por medio de presentación de fecha 29 de septiembre de 2020, también manifestó su oposición a la entrega de la información conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y los criterios fijados por este Consejo, señalando que "A partir de los antecedentes que se solicitan por el reclamante, podemos constatar que se cumplen todos los criterios enunciados. Primero, la información sanitaria que se está solicitando es sólo conocida por sus titulares, no es pública. En segundo lugar, se intenta mantener el secreto de esta información por cuanto únicamente se le entregan a SERNAPESCA por la vía administrativa, para el correspondiente ejercicio de sus facultades de fiscalización y no para que los difunda a terceros. Finalmente, de forma concreta, la difusión de estos datos puede afectar el desenvolvimiento competitivo de Nova Austral en el mercado. A modo de ejemplo, la difusión de información solicitada posibilitaría que esta información sea puesta en conocimiento de empresas que provean de medicamentos a las empresas salmoneras, pudiendo llegar incluso a tener un impacto en sus políticas de determinación de precio según los datos que fueren entregados, elevando precios a aquellas empresas que pudieran verse afectadas por alguna de las enfermedades que se solicita su información y afectando así el desenvolvimiento competitivo de aquellos que no les sea posible sortear variaciones de precio", haciendo mención al Decreto Ley N° 211 y la Ley de Propiedad Industrial, y citando jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Salmones Aysén S.A., por medio de presentación de 30 de septiembre de 2020, manifestó estar de acuerdo con la publicación de información como la requerida, pero de manera general, no por centro ni por barrio, indicando que al denegar por artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, el órgano ha actuado conforme a sus atribuciones, señalando que "La información que se entrega al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura es información reservada, estrictamente confidencial y que su divulgación, afecta comercial y económicamente los derechos de mi representada (...) Esta parte siempre ha entendido que la información enviada a las autoridades pesqueras y acuícolas debe ser manejada con la máxima confidencialidad puesto que esta información dice relación con el carácter productivo de nuestros centros. Ésta información es de utilidad para el Servicio recurrido para elaborar sus planes estratégicos y la elaboración de informes de interés general para el público y la industria, pero jamás por centro de cultivo ni Agrupación de Concesiones de Salmónidos (ACS). Esto último queda de manifiesto en el considerando del Decreto Supremo N° 129, que establece el Reglamento para la Entrega de Información de Pesca y Acuicultura y la Acreditación de Origen", haciendo mención a lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C1758-14, y lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 86 de ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, señalando que la publicidad de la información afecta sus derechos económicos y daña la honra e imagen de la empresa, agregando que "la revelación de los antecedentes sanitarios, en cuanto al uso de antiparasitarios, de la forma solicitada por la peticionaria, afecta negativamente el derecho a la honra de mi representada, debido a que se trata de un derecho de carácter comercial, el cual se vería afectado por su divulgación a terceros ajenos a la empresa y a las autoridades fiscalizadoras que resguardan el patrimonio sanitario de la industria", refiriéndose al derecho a la honra conforme el artículo 19 N° 4 de la Carta Fundamental, a la entrega de la información conforme lo establecido en el artículo 87 de la ley N° 19.039, y solicitando se fije término probatorio especial.

Caleta Bay Mar SpA, Caleta Bay Agua Dulce SpA y Frío Salmon SpA, por medio de presentación de 30 de septiembre de 2020, manifestó su oposición solicitando el rechazo del amparo, y haciendo mención a la falta de notificación por carta certificada a raíz de la pandemia, y a la falta de los requisitos de la solicitud de conformidad a lo dispuesto en el artículo 28, letra c), de Reglamento de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 12 de la citada ley, indicando que "la solicitud no cumple con los presupuestos básicos para su procedencia. Lo anterior, pues se limita a pedir ‘los datos originales’ relativos a un informe que el SERNAPESCA está obligado a emitir (...) la expresión utilizada por el requirente carece de la más mínima especificidad, siendo totalmente vago lo que puede entenderse por ‘los datos originales que se utilizan’", refiriéndose al contenido de la documentación entregada al Servicio. Asimismo, solicita el rechazo de la solicitud conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285 por cuanto afecta sus derechos económicos y comerciales, por cuanto contiene: datos de producción, citando diversa jurisprudencia de este Consejo sobre la materia, lo dispuesto en el Decreto Ley N° 211, y artículo 19 N° 21 y 24 de la Carta Fundamental; y sobre Información sanitaria; señalando que concurren todos los requisitos para configurar la causal de reserva alegada. Acto seguido, indicó que no toda la información que obra en poder del Estado es pública, citando jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y que no existen razones de interés público para divulgar la información.

Invermar S.A., mediante escrito presentado el 30 de septiembre de 2020, igualmente se opuso a la entrega de la información, señalando que no es pública, haciendo mención al secreto estadístico y lo dispuesto en los artículos 29 y 30 de la ley N° 17.374, y al dictamen de la Contraloría General de la República N° 23408 de 6 de mayo de 2009 sobre la materia, agregando que "Los antecedentes requeridos no se identifican con aquellos que se contienen en los informes elaborados por la autoridad, pues se pide toda la información relativa al Informe Sanitario de Salmonicultura de los Centros de Cultivo, informe que se construye con datos y antecedentes que son de dominio de la empresa y que se entregan a la autoridad, como ya se ha dicho, solo para fines de fiscalización", y oponiéndose a la entrega conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, artículo 7 N° 2 de su Reglamento, artículo 86 de la ley N° 19.039, y artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, argumentando que "el uso de dicha información produce efectos negativos en la posición comercial competitiva de mi representada como actora del mercado regulado de la acuicultura, en la medida que revela la ejecución estratégica (know-how), que es de naturaleza individual en el plano sanitario al tratarse del resultado de años de experiencia, de investigación y de conocimiento generado por mi representada, lo que se traduce en un factor crítico de éxito del resultado productivo, que determina una mejora o legítima ventaja con ocasión de sus actividades, a lo que se adiciona que para la elaboración de los Informes Sanitarios, se requiere igualmente información productiva, misma que es de propiedad de mi representada y ni puede ser entregada sin el consentimiento de mi parte", citando jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Australis Mar S.A. por medio de escrito ingresado con fecha 1 de octubre de 2020, manifestó su oposición, haciendo mención a lo dispuesto en el D.S. 319 de 2011, D.S. 129, de 2013, y los programas sanitarios de vigilancia y control, y señalando que la información solicitada no tiene el carácter de pública, pues sólo obra en poder de SERNAPESCA con el único objeto de llevar a cabo fiscalizaciones y estadísticas, sin que a la fecha haya sido utilizada para manifestar formalmente una determinada decisión por medio de un acto o resolución. Cita diversa jurisprudencia del Tribunal Constitucional en tal sentido. Además, alegan la concurrencia de la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Propiedad Industrial. Asimismo, hace alusión al artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

Mowi Chile S.A. y Salmones Tecmar S.A., igualmente se opusieron a la entrega de la información, conforme artículo 21 N° 1, letra c), N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia, señalando que no es pública, sino privada, que su divulgación afecta los derechos económicos o comerciales de terceros por constituir secreto empresarial y secreto estadístico, haciendo mención a lo resuelto por este Consejo en diversos amparos y por el Tribunal Constitucional. Asimismo, indicó que "se debe precisar respecto de lo señalado por el servicio, que los informes en cuestión comprenden información desde el año 2006 a la fecha -y no solo desde el 2013-, por cuanto los Informes Sanitarios de Salmonicultura en Centros Marinos de los años 2012 y 2013 -como fuera reseñado- se extienden hasta comprender los datos de esa época, en lo que respecta a la biomasa total mensual cultivada", agregando que la información sobre cantidad y tipo de antiparasitarios y producción anual en los centros de cultivo, constituye un bien económico estratégico, que da cuenta de la planificación de las empresas. Luego, indica que la información sobre producción en los centros de cultivo de salmónidos está protegida por el secreto estadístico, al tenor de lo que establece el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con la ley N° 17.374, y el Decreto Supremo N° 129, de 2013, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, conforme lo razonado en el amparo rol C1918-18.

Cermaq Chile S.A., Nueva Cermaq S.A., Sociedad Acuícola y Comercial Las Chauques Limitada y Salmones Humboldt SpA, mediante presentación de fecha 1 de octubre de 2020, se opuso a la entrega de la información solicitada, confirmando las alegaciones de SERNAPESCA referidas al artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, y argumentando que aquella no tiene el carácter de pública y que su divulgación afecta sus derechos de carácter comercial y económicos. Así, de hacerse pública podrían verse perjudicados en sus relaciones comerciales, favoreciendo a otras empresas del rubro salmonero y viendo disminuido su posicionamiento dentro de la industria. Señala que esta información corresponde a datos propios del quehacer productivo de una empresa y su publicidad la pone en una posición de desventaja frente a sus competidores, dado que el uso o no uso de antiparasitarios, así como la entrega pormenorizada de los fármacos que utilizan sus representadas, permitiría a cualquier competidor deducir los estados y eficiencias de su modelo de control de enfermedades. Asimismo, indica que, a nivel constitucional, no toda la información que obra en poder del Estado reviste el carácter de pública, citando jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de este Consejo, señalando que "Los titulares entregan esta información al SERNAPESCA sin ninguna salvaguarda, porque entienden que aquella es confidencial y debe ser analizada por funcionarios públicos sujetos al deber general de probidad. Tanto es así que el Código de Ética funcionaria del SERNAPESCA señala expresamente el deber de confidencialidad de quienes se desempeñan en la institución". Luego, señala que en este caso concurre la causal de reserva de la información contenida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, haciendo mención a los criterios o requisitos para configurar dicha causal, y agregando que no reviste interés público.

Salmones Blumar S.A, mediante presentación de fecha 2 de octubre de 2020, ratificando las alegaciones del Servicio, y manifestando su oposición, agregando, en síntesis, que lo hace bajo el amparo de la causal de reserva reconocida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en los artículos 86 y 87 de la ley de Propiedad Industrial, y el artículo 27 de la ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, haciendo mención a lo resuelto por este Consejo en el amparo rol C1346-14, C1407-15. Asimismo, señaló que se opone a la entrega por desconocer el uso que se pretende dar a la información y que puede ser utilizada para dañar la imagen corporativa. Indican que si bien la información solicitada ha sido entregada al Servicio Nacional de Pesca, ese solo hecho no la convierte en información pública, por lo que no puede ser revelada a un particular.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, a la solicitud del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a copia de los datos originales que se utilizaron para la elaboración de cada "Informe Sanitario de Salmonicultura en Centros Marinos", de todos los años que el Servicio tenga disponible. Al respecto, el órgano denegó la entrega de la información, conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Sin perjuicio de lo anterior, dado el contenido de la información solicitada, este Consejo decidió notificar el amparo a los terceros eventualmente afectados con la publicidad de la información solicitada, al tenor de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, quienes, en parte, se opusieron a la entrega de dichos antecedentes conforme lo señalado en el artículo 21 N° 1, letra c), N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia, este último, en relación con lo dispuesto en los artículos 29 y 30 de la ley N° 17.374, artículo 86 de la ley N° 19.039, artículo 19 N° 4, 21, 22 y 24 de la Constitución Política de la República, Decreto N° 319, del año 2001, D.S. 129, de 2013, y Decreto Ley N° 211, de 1973, todos del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y lo que establece el artículo 12 de la ley N° 20.285.

2) Que, a modo de contexto, resulta necesario hacer referencia al marco normativo en el cual se desarrolla la materia objeto del presente amparo, del cual, en lo pertinente, procede destacar lo siguiente:

a) Ley General de Pesca en su artículo 90 quáter prescribe "Sin perjuicio de las normas sobre acceso a la información pública, el Servicio deberá mantener en su sitio de dominio electrónico la información actualizada sobre las siguientes materias: (...) b) Informes sobre situación sanitaria y uso de antimicrobianos por cantidad y tipo de las agrupaciones de concesiones e informes sobre el programa nacional de vigilancia de enfermedades de alto riesgo, de conformidad con el reglamento a que se refiere el artículo 86. La información será actualizada semestralmente; c) Resultados de los informes ambientales de los centros de cultivo; d) Zonificación sanitaria que se realice de conformidad con el reglamento a que se refiere el artículo 86, indicando las zonas libres, infectadas y de vigilancia; e) Centros de cultivo con suspensión de operaciones por incumplimiento de las condiciones ambientales dispuestas en el reglamento (...)".

b) Por su parte, el decreto supremo N° 129, de 18 de diciembre de 2013, del Ministerio de Economía, que fijó el Reglamento para la entrega de información de pesca y acuicultura y la acreditación de origen - en adelante D.S. N° 129/2013- en su artículo 6, señala que "los titulares de inscripciones, autorizaciones y concesiones de acuicultura o quienes éstos designen, deberán entregar la información a que se refiere el presente reglamento". Agrega su artículo 7 que "la información específica por cada centro de cultivo, que deben entregar las personas naturales o jurídicas a que se refiere el artículo anterior, será la siguiente: a) En el caso de centros de cultivo cuyo proyecto técnico comprenda especies de peces, deberá especificarse, según corresponda: 4. Situación sanitaria: i. Especie, peso, número de ejemplares, etapa de desarrollo y/o actividad productiva, unidad de cultivo, causa de mortalidades y todos los otros egresos de peces vivos o muertos que no correspondan a cosecha. ii. Información sobre las medidas profilácticas y terapéuticas aplicadas a cada unidad de cultivo, y el profesional responsable de los mismos. iii. Enfermedades o infecciones presentadas, signología clínica asociada y diagnósticos de laboratorio. iv. Programas sanitarios específicos: en los casos que exista un programa sanitario específico de conformidad con el artículo 86 de la ley, se deberá dar cumplimiento a las exigencias de información contenidas en ellos referidos a la enfermedad específica de que se trate". En cuanto a la oportunidad, condiciones y periodicidad de las declaraciones deben regirse por lo que a continuación se señala (artículo 8): "e) Cualquier otra información, de las enumeradas en el artículo anterior, deberá ser entregada mensualmente (...) La información deberá ser entregada al Servicio mediante el "Sistema de Información para la Fiscalización de Acuicultura...". Finalmente, este reglamento, en su Título VI, artículo 19 prescribe que "las infracciones a las disposiciones contenidas en el presente reglamento serán sancionadas con las penas y conforme al procedimiento establecido en la Ley General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones".

c) A su turno, el decreto supremo N° 319/2001, del Ministerio de Economía, que establece el Reglamento de Medidas de Protección, Control y Erradicación de Enfermedades de Alto Riesgo para Especies Hidrobiológicas - en adelante D.S. N° 319- establece en su artículo 10 que SERNAPESCA deberá "mediante resolución, previo informe del Comité Técnico, establecer programas sanitarios generales y específicos. Los programas generales determinarán las medidas sanitarias adecuadas de operación, según la especie hidrobiológica utilizada o cultivada, con el fin de promover un adecuado estado de salud de la misma, así como evitar la diseminación de las enfermedades. Los programas específicos estarán referidos a la vigilancia, control o erradicación de cada una de las enfermedades de alto riesgo de las especies hidrobiológicas en todos sus estados de desarrollo". El cumplimiento de las medidas previstas en los programas sanitarios serán de cargo de los titulares de los establecimientos sometidos a ellos (artículo 11).

d) Finalmente, el "Informe Sanitario de Salmonicultura en Centros Marinos" contiene información relativa a situación productiva, sobre anemia infecciosa del salmón (ISA), caligidosis, Piscirickettsiosis, sobre mortalidad, y relativa al Programa de vigilancia activa para enfermedades de alto riesgo. Por lo anterior, la mayor parte de la información contenida y revisada para la elaboración del informe, dice relación con la existencia de enfermedades en los centro de cultivos de salmónidos.

3) Que, en primer lugar, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

4) Que, en segundo lugar, en la especie, lo solicitado por el reclamante se refiere a los datos originales utilizados para la elaboración de cada "Informe Sanitario de Salmonicultura en Centros Marinos", de los años que el Servicio tenga disponibles, esto es, del 2013 al 2019, según lo indicado por la institución; lo que, de acuerdo a la normativa descrita en los considerandos precedentes, fue entregada por las empresas salmoneras a SERNAPESCA, en cumplimiento de una obligación establecida en la Ley General de Pesca, en el D.S. N° 129/2013 y D.S. N° 319/2001, entre otras. De este modo, por aplicación de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 8 de la Constitución Política de la República, así como en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, dicha información es de carácter pública, salvo la concurrencia de alguna causal de secreto o reserva. En virtud de lo expuesto, se debe determinar si respecto de aquella información pública se configuran las causales de excepción a la publicidad alegadas por las empresas. Respecto de la alegación relativa a que lo pedido se trataría de antecedentes privados, por ende, no susceptible de ser requeridos en virtud de la Ley de Transparencia, de acuerdo con lo razonado en los considerandos 2) y 3), estos tienen el carácter de públicos, razón por la cual, se desechará tal alegación.

5) Que, en tercer lugar, en relación con lo argumentado sobre la configuración del denominado "secreto estadístico" respecto de la información solicitada, cabe recordar que, de acuerdo con lo razonado precedentemente, el carácter de público de lo pedido obedece al ejercicio de la función fiscalizadora que le corresponde al órgano reclamado, y no a una función estadística que se pudiera enmarcar dentro de lo establecido en los artículos 29 y 30 de la ley N° 17.374, toda vez que la individualización de los informantes no constituye parte de la solicitud, y que las empresas que ejercen el rubro de la acuicultura y el cultivo de salmónidos y que aportan los datos requeridos en cumplimiento de una obligación legal, constituye información conocida, o hechos públicos y notorios. En el mismo sentido, se debe concluir respecto de la alegación referida al artículo 22 del D.L. N° 211/1973. En consecuencia, se desestimará su concurrencia para este caso.

6) Que, en cuarto lugar, las empresas que se oponen a la entrega de la información, argumentan la concurrencia de la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, pues la publicidad de lo requerido afectaría sus derechos comerciales y económicos, en términos generales, así como también, los derechos contemplados en el artículo 19 N° 4, N° 21, N° 22, N° 24 y N° 25 de la Constitución Política de la República; y, por otro, se trataría de antecedentes amparados por el secreto empresarial establecido en el artículo 86 de la Ley de Propiedad Industrial.

7) Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y el artículo 7 N° 2 del Reglamento de la ley mencionada, un mero interés no es suficiente para configurar la reserva de lo solicitado, debiendo justificarse la existencia de un derecho que se vería afectado con su divulgación. Al respecto, este Consejo ha adoptado los siguientes criterios orientadores para determinar si la entrega de la información puede afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente la utilizan; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afecte significativamente su desenvolvimiento competitivo), los que también se aplican, para determinar si la información pedida constituye el denominado "secreto empresarial", definido en el artículo 86 de la Ley de Propiedad Industrial.

8) Que, en cuanto a lo solicitado en el literal a) del requerimiento, resulta necesario tener presente las siguientes circunstancias, a efectos de determinar si el conocimiento de información pedida tiene el mérito de develar un modo particular de hacer las cosas, que produzca una ventaja competitiva a la empresa y que justifique su reserva, a saber:

a) El Programa Sanitario General de Manejo de Enfermedades (PSGE), prescribe que para efectos de evitar problemas de salud pública, resistencia precoz a las terapias antimicrobianas y otros inconvenientes asociados a la sobremedicación o submedicación, los productos farmacéuticos utilizados deberán, en lo posible, ajustarse a las dosis, periodos de tratamiento, preparación y condiciones recomendadas por el fabricante, consignadas en el registro sanitario respectivo. A su turno, destaca lo regulado por el D.S. N° 319/2001, en cuanto a que los productos farmacéuticos utilizados deberán administrarse según las indicaciones de la prescripción médico veterinaria, la que deberá ajustarse a la ley N° 18.755 y sus normas complementarias o la normativa que la reemplace.

b) Del análisis del "Manual de buenas prácticas en el uso de antibióticos y antiparasitarios en la salmonicultura chilena", se concluye que el uso de antibióticos en la industria se encuentra regulado, debiendo velar que las dosis aplicadas, dependiendo del tipo de antibiótico, se ajusten a las recomendaciones tanto del fabricante como de los especialistas en la materia.

c) Asimismo, cabe recordar en este punto que los tratamientos terapéuticos que consistan en sustancias antimicrobianas, antifúngicos y antiparasitarios aplicados a poblaciones de especies hidrobiológicas, deberán estar avalados por la prescripción escrita de un médico veterinario (artículo 57, del D.S. N° 319/2001). De dicha disposición, entre otras que establecen cargas de registro según ya se ha detallado, deriva para las empresas la obligación de contar con veterinarios que cumplan con las labores que al efecto ha establecido la legislación, cuyo incumplimiento se encuentra sancionado por la Ley General de Pesca y otros instrumentos normativos. Por ello, no puede considerarse como un elemento innovador y de inversión adicional el contar con este tipo de profesionales por parte de las empresas.

d) Ante dicha evidencia, es posible concluir que el proceso de aplicación de antibióticos a un grupo de especies afectadas con una patología que haga necesario el tratamiento, constituye un proceso en el cual se combinan factores tales como la cantidad, el tipo, los períodos, como asimismo factores climáticos o geográficos. Dicho proceso, por lo demás, se encuentra regulado por la normativa actualmente vigente y las recomendaciones y directrices nacionales e internacionales.

9) Que, como es dable advertir, existe una regulación pormenorizada que rige el modo en que deben proceder las empresas salmoneras respecto de la utilización de los antimicrobianos en sus procesos productivos, tanto en lo que atañe al tipo como a la cantidad que debe ser aplicada según el caso, contexto en el cual este Consejo ha arribado a la convicción de que la divulgación de la información solicitada no revela en modo alguno una manera particular y única de proceder, por lo que no constituye una materia propia de secreto empresarial y tampoco es de aquella información cuyo conocimiento pueda proporcionar una ventaja competitiva a las demás empresas, ni afectar ninguna de las garantías constitucionales mencionadas por los terceros.

10) Que, en quinto lugar, en lo que atañe a las alegaciones de los terceros referidos a que el uso de la información podría generar efectos adversos en su prestigio, cabe manifestar que ello constituye un riesgo remoto que no permite identificar una afectación presente o probable y con suficiente especificidad a los bienes jurídicos que la causal de reserva invocada cautela. Además, en el evento de que las empresas hayan ajustado su proceder a los estándares normativos a que se encuentran afectas, no se vislumbra de qué modo el conocimiento de la información requerida pueda producir los efectos alegados.

11) Que, adicionalmente, es menester tener presente que varias empresas no manifestaron su oposición a la entrega de la información y que, incluso, una de ellas autorizó la entrega parcial de la misma, elementos de ponderación que refuerzan lo concluido en orden a que los datos que se solicitan no constituyen información sensible de la actividad comercial en análisis, y, por tanto, su divulgación no tiene el mérito suficiente de afectar los derechos comerciales o económicos de las empresas que han denegado su entrega. En este mismo sentido, cabe destacar que según lo informado por el órgano reclamado, en su "Informe sobre Uso de Antimicrobianos en la Salmonicultura Nacional", en el cual publica información sobre cantidades de antibióticos desagregado por empresas que han accedido a la publicación de tales datos, y que, según ha podido constatarse, constituye un número mayoritario dentro de esa industria. Diversas publicaciones mantiene el órgano en su página web, en link http://www.sernapesca.cl/sites/default/files/informe_sobre_uso_de_antimicrobianos_2017.pdf, http://www.sernapesca.cl/sites/default/files/informe_sobre_uso_de_antimicrobianos_2018_0.pdf, y en http://www.sernapesca.cl/sites/default/files/informe_sanitario_salmonicultura_en_centros_marinos_1deg_semestre_2019.pdf.

12) Que, en sexto lugar, contrario a lo manifestado por algunos de los terceros, la materia consultada reviste un evidente interés público, por cuanto el uso de determinados fármacos puede afectar el medioambiente. En efecto, como se ha señalado conforme a la normativa analizada, existe una detallada regulación que obliga tanto a los partícipes de la industria acuícola, como a la autoridad que ejerce un rol de control, en este caso el SERNAPESCA, cuyo principal objeto es resguardar al ambiente y a la salud humana, animal o vegetal, según ya se indicó, por lo que el acceso a los antecedentes requeridos supone un control social al ejercicio de sus atribuciones en la materia. A este respecto conviene recordar que el artículo 31 bis de la ley N° 19.300, aprueba Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, dispone que "Toda persona tiene derecho a acceder a la información de carácter ambiental que se encuentre en poder de la Administración, de conformidad a lo señalado en la Constitución Política de la República y en la ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública", entendiendo por información ambiental "toda aquélla de carácter escrita, visual, sonora, electrónica o registrada de cualquier otra forma que se encuentre en poder de la Administración y que verse sobre las siguientes cuestiones: a) "El estado de los elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, los paisajes, las áreas protegidas, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos genéticamente modificados; y la interacción entre estos elementos. b) Los factores, tales como sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos, incluidos los residuos radiactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente, que afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente señalados en el número anterior. c) El estado de salud y seguridad de las personas, condiciones de vida humana, bienes del patrimonio cultural, cuando sean o puedan verse afectados por el estado de los elementos del medio ambiente citados en la letra a) o por cualquiera de los factores y medidas señaladas en las letras b) y c). d) Toda aquella otra información que verse sobre medio ambiente o sobre los elementos, componentes o conceptos definidos en el artículo 2° de la ley". A su turno, el artículo 31 quáter prescribe que cualquier persona "que se considere lesionada en su derecho a acceder a la información ambiental, podrá recurrir ante la autoridad competente, de conformidad con lo señalado en la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública".

13) Que, en este mismo sentido, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de fecha 31 de mayo de 2016 en causa Rol N° 11.771-2015 referida a la materia en comento, razonó en su considerando trigésimo segundo que "(...) Desde luego, en el contexto de un Estado Democrático de Derecho, es necesaria la existencia de una fiscalización o control social, que debe ejercerse por los ciudadanos, sin perjuicio del control que le cabe al propio Sernapesca, respecto de las empresas del rubro del cultivo de la especie salmón, para así por un lado, poder fiscalizar el debido cumplimiento de las funciones públicas por parte de los Órganos del Estado, que como precisa la Constitución Política, se deben al principio servicial sobre la persona humana y cuya finalidad esencial es promover el bien común. Asimismo, permite el escrutinio público sobre las propias empresas o entidades fiscalizadas por el respectivo órgano de la Administración, que permita entonces apreciar el modo como se respeta la legislación que enmarca su actuación económica, en el terreno del ejercicio de la libertad de ejercer una actividad económica lícita, pero por cierto apegada a la Constitución y a las leyes." En el considerando trigésimo séptimo del referido pronunciamiento, el mencionado tribunal manifestó que "la referida información debe ser conocida por la solicitante y, en definitiva, hacerse pública, pues se trata de una materia en extremo sensible a toda la opinión pública, por cuanto, como ha quedado expuesto, se encuentra en el tapete de la discusión incluso un problema de salud pública. Frente a la colisión de derechos que podría producirse y tal como lo ha hecho presente el recurrente, habría que aplicar el test de daño, herramienta que permitiría sin duda inclinar el asunto en el sentido de hacer lugar a la publicidad, por las mismas razones que se invocan".

14) Que, en virtud de lo expuesto precedentemente, se desestimará la causal de reserva del artículo 21 N° 2 y 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 19 de la Carta Fundamental, los artículos 29 y 30 de la ley N° 17.374, y artículo 86 de la Ley de Propiedad Industrial, pues la publicidad de la información requerida, relativa a enfermedades y uso de antimicrobianos no tiene el mérito de afectar el bien jurídico protegido por dicha causal, y se acogerá en esta parte el presente amparo. En el mismo sentido se resolvieron los amparos rol C3330-16, C2454-17, C1003-18, C3136-19 y C6219-19.

15) Que, en séptimo lugar, en cuanto a la información relativa a la situación productiva y la biomasa, se debe hacer presente que la actividad acuícola no sólo es una actividad económica que está regulada pormenorizadamente, prescribiendo la Ley General de Pesca en su artículos 67 y siguientes que se requiere una concesión o autorización de acuicultura para ello, sino que además se trata de una actividad cuyo proyecto requiere ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, establecido en la ley N° 19.300, a fin de obtener la respectiva resolución de calificación ambiental, que permita su materialización, y donde la capacidad de producción, sin duda es uno de los elementos a considerar para obtener favorablemente dicha resolución de calificación ambiental. En este punto, se reitera lo razonado en el considerando undécimo precedente.

16) Que, también, debe considerarse que el secreto industrial no es absoluto de ninguna manera, toda vez que el ordenamiento jurídico establece claras causales de excepción en este sentido, como aquél del artículo 91 letra b) de la Ley de Propiedad Industrial, que no aplica esta protección legal cuando concurran razones "de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia declaradas por la autoridad competente".

17) Que, además, se considera que existe un interés público en la información reclamada, por cuanto conocer la cosecha o producción que informa al órgano público requerido una determinada empresa, permite examinar si dicha actividad se está realizando conforme a las autorizaciones y limitaciones específicas otorgadas para ello por la autoridad ambiental competente. En este mismo sentido, resulta plenamente aplicable y pertinente lo señalado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de fecha 31 de mayo de 2016 en causa Rol N° 11.771-2015, considerando trigésimo segundo y trigésimo séptimo, cuyo texto se reprodujo precedentemente, en orden a que la información reclamada en esta parte no sólo importa a la empresa titular de la piscicultura sobre la cual versa el requerimiento, sino que de un modo superior, a la sociedad en su conjunto a fin de conocer si dicha actividad se está desarrollando en las condiciones en que fuera autorizada en su momento, teniendo en consideración el resguardo del medio ambiente, la salud humana, y animal, como asimismo tomar conocimiento del incumplimiento de dichas condiciones, a fin de requerir que las autoridades fiscalizadoras competentes ejerzan las facultades legales que les confiere la normativa legal vigente.

18) Que, a mayor abundamiento, resulta pertinente tener presente lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia de fecha 19 de septiembre de 2006, en el caso Claude Reyes y otros versus Chile, en orden a que "En este sentido, el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso. (Considerando 86). Asimismo, es aplicable lo señalado por la referida Corte Interamericana, en cuanto que "El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. Por ello, para que las personas puedan ejercer el control democrático es esencial que el Estado garantice el acceso a la información de interés público bajo su control. Al permitir el ejercicio de ese control democrático se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad." (Considerando 87).

19) Que, en consecuencia, se considera que no se acredita la causal de secreto o reserva alegada por los terceros, e incluso para el caso que pudiera estimarse que concurren algunos antecedentes para ello, realizando un balance entre el interés de retener la información y el de divulgarla, para determinar si el beneficio público resultante de conocerla es mayor que el daño que podría causar su revelación, este Consejo estima que su divulgación posibilita a la ciudadanía tomar noticia y ejercer un adecuado control social, respecto a una materia particularmente relevante como lo es la explotación concreta que se le da a una determinada concesión piscícola o acuícola, y si ello se ajusta o no a lo autorizado por la autoridad competente. En consecuencia, el presente amparo deberá ser acogido.

20) Que, en octavo lugar, con relación a las alegaciones de los terceros, en el sentido de que no se explica el uso que se dará a la información o los motivos para requerirla, o por el contrario, que se hará un mal uso de ella con el fin de desprestigiar a la industria, cabe tener presente el Principio de no discriminación consagrado en el artículo 11, letra g), de la Ley de Transparencia, el cual nos indica que la información debe ser entregada "a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud" (énfasis agregado). En virtud de lo anterior, se desestimará, igualmente, dicha alegación.

21) Que, en noveno lugar, respecto de lo señalado por los terceros, en el sentido de que el derecho de acceso a la información no se encuentra consagrado constitucionalmente, cabe tener presente que el derecho de acceso a la información pública es una garantía constitucional implícitamente reconocida en el N° 12 del artículo 19 de la Carta Fundamental y un derecho fundamental incorporado al ordenamiento jurídico, a través del bloque constitucional de derechos.

22) Que, en efecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, promulgado por el decreto supremo N° 778, de 1976, del Ministerio de Relaciones Exteriores, junto con establecer que cada uno de los Estados Partes se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en aquél, dispone en su artículo 19 N° 2 que, "Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección." (énfasis agregado). En semejantes términos, el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica (Convención Americana sobre Derechos Humanos o CADH), aprobado por el decreto supremo N° 873 de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores reconoce el acceso a la información como un derecho implícito en la Libertad de pensamiento y de expresión. A este respecto conviene recordar lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a propósito del caso Claude Reyes y otros versus Chile, en cuya sentencia indicó que "el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a "buscar" y a "recibir" "informaciones", protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto [...]".

23) Que, en el mismo sentido, mediante la reforma constitucional introducida por la ley N° 20.050, en nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 8° de la Carta Fundamental establece expresamente que "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". En atención a las normas señaladas, esta Corporación estima que el derecho de acceso a la información se encuentra incorporado en nuestro ordenamiento jurídico en virtud de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 5 de nuestra Carta Fundamental, que reenvía el ordenamiento constitucional a su complementariedad con el artículo 13 CADH. El Tribunal Constitucional, se refirió al derecho de acceso a la información en el mismo sentido que la Corte Interamericana, afirmando que aquél "...se encuentra reconocido en la Carta Fundamental -aunque no en forma explícita- como un mecanismo esencial para la vigencia plena del régimen democrático y de la indispensable asunción de responsabilidades unida a la consiguiente rendición de cuentas que éste supone por parte de los órganos del Estado hacia la ciudadanía. Al mismo tiempo, la publicidad de los actos de tales órganos, garantizada, entre otros mecanismos, por el derecho de acceso a la información pública, constituye un soporte básico para el adecuado ejercicio y defensa de los derechos fundamentales de las personas que, eventualmente, puedan resultar lesionados como consecuencia de una actuación o de una omisión proveniente de los mismos;... ". Por su parte, la Excma. Corte Suprema ha sostenido en las causa rol 6785-2013, 2423-2012, 2582-2012, 2788-2013, 6663-2012, 24.564-2018, 45.840-2017, 24.561-2018, 26.843-2018, entre otros, que el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental, aunque sea de carácter implícito, reconocido en el Art. 19 N° 12 de la Carta Fundamental. En consecuencia, se desestimará, igualmente, dicha alegación.

24) Que, en décimo lugar, se desestimará la solicitud relativa la aplicación de lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Propiedad Industrial, realizada por uno de los terceros, por resultar improcedente en el procedimiento establecido en la Ley de Transparencia.

25) Que, en undécimo lugar, con relación a lo señalado por uno de los terceros, en el sentido de que la solicitud de información no cumple los requisitos indicados en el artículo 28, letra c), del Reglamento de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 12 de dicha ley, cabe tener presente que, en primer término, al tenor de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 12 de la ley y en el artículo 29 de su reglamento, dicha alegación se encuentra establecida respecto del órgano que recibe la solicitud con la finalidad de que la misma sea subsanada, en caso de no resultar inteligible, y no respecto de los terceros eventualmente afectados con la publicidad de la información. En segundo término, vale tener en consideración que, en la especie, el órgano reclamado no dio aplicación a dicho procedimiento de subsanación, efectivamente, por tratarse de un requerimiento claro y específico, respecto del cual se han indicado sus características esenciales. Así lo ha entendido el propio SERNAPESCA, circunstancia que comparte este Consejo. En virtud de lo expuesto, se desestimará dicha alegación.

26) Que, en duodécimo lugar, sin perjuicio de todo lo expuesto, y a mayor abundamiento, cabe tener presente lo resuelto recientemente por la Excma. Corte Suprema, en sentencia de Recurso de Queja rol N° 31.927-2019, de fecha 25 de agosto de 2020, el cual dejó sin efecto lo resuelto por la I. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, señalando en síntesis, que "NOVENO: Que, sin embargo, los esfuerzos para mantener el secreto de la información desagregada y el valor comercial aparejado al secreto, no han sido suficientemente acreditados en estrados (...) DÉCIMO: Que, como se puede apreciar, las alegaciones de la reclamante no guardan congruencia con la información cuya publicidad reniega, pues intenta proteger la reserva de los datos sobre el "manejo en el uso de antibióticos en la producción", en tanto que la decisión de amparo que cuestiona ordena la entrega desagregada de "la información sobre los centros de producción (con indicación de titular y RNA -Número de Registro Nacional de Acuicultura-) que hubieran declarado las enfermedades señaladas en la solicitud durante el período 2010 a 2017", yerro que obsta, de por sí, al éxito de la pretensión de Invermar. UNDÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, el reclamante no da luces sobre en qué consiste la ventaja competitiva que dice poseer, cuál es la planificación estratégica de cada unidad empresarial, ni qué decisiones productivas y de financiamiento se verían afectadas, omisiones que impiden tener por configurada la causal de secreto o reserva alegada".

27) Que, en la misma línea, la Excma. Corte Suprema, en Queja rol N° 17310-2019, en la cual igualmente se dejó sin efecto lo razonado por la I. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, y no obstante lo resuelto por el Tribunal Constitucional sobre la inaplicabilidad de las normas que indica en causa rol N° 3974-17-INA, razonó que "es importante destacar que las reclamantes no rindieron prueba que permita establecer la afectación de sus derechos económicos o comerciales, sin que pueda atenderse a sus solas declaraciones respecto que afectara su competitividad, máxime sí, en definitiva a través de la entrega de la información solo se podrá conocer si sus centros de producción de salmónidos usaron los pesticidas Deltramina y/o Cipermetrina y si presentaron el Síndrome Rickettsial del Salmón o si aquellos o sus centros de piscicultura presentaron Flavobacteriosis, dentro de un periodo determinado, sin que en la especie se requiera que se señale por ejemplo las dosis usadas (pesticida) o la cantidad de ejemplares afectados (enfermedades), como tampoco las medidas que adopta la empresa para la prevención. Es decir, si bien se obtiene la información por centro, lo cierto es que su entrega sigue siendo genérica, razón por la que no se vislumbra cómo es que puede afectar sus derechos económicos y comerciales, puesto que no se trata de información que pueda ser catalogada de estratégica y que forme parte del know how de las empresas, menos aún que su divulgación pueda causar detrimento de su posición en el mercado. Décimo tercero: Que, en consecuencia, los sentenciadores al emitir su decisión infringen gravemente el artículo 8° de la Constitución Política de la República, toda vez que han soslayado que en la especie no se configura la causal prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285, incurriendo en los razonamientos para configurarlo en una serie de contradicciones, que determinan que el presente arbitrio deba ser acogido, toda vez que aquellos han actuado con grave falta en el examen realizado, cuestión que fue acusada en el segundo acápite del recurso de queja".

28) Que, luego, respecto de la totalidad de la información solicitada, cabe tener presente que los antecedentes requeridos en la especie, esto es, aquellos utilizados para la elaboración de cada "Informe Sanitario de Salmonicultura en Centros Marinos", no se refieren a meros datos que obran circunstancialmente en poder del órgano reclamado, como parecen haberlo entendido algunos terceros, sino que se trata de datos relevantes que constituyen el fundamento y que, a su vez, forman parte de los procedimientos utilizados por al órgano, tanto respecto de la elaboración de cada uno de los informes aludidos, como de las políticas públicas que, en dicho contexto, el Servicio ha implementado en los años precedentes, por lo que se trata de información de carácter público, al tenor de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política de la República.

29) Que, en consecuencia, de conformidad a lo razonado precedentemente, y lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en el artículo 19 N° 4, 21, 22 y 24 de la Carta Fundamental, en la ley N° 17.374, en la ley N° 19.039, en la Ley General de Pesca y Acuicultura, en los Decretos Supremo N° 129, N° 319, y en el Decreto Ley N° 211, este Consejo procederá a desestimar dichas alegaciones.

30) Que, en decimotercer lugar, el órgano reclamado denegó la enrega de la información fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, el cual dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Asimismo, el artículo 7, N° 1, letra c) del Reglamento de dicha ley, establece que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

31) Que, en virtud de lo expuesto, y según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C1336-16, cabe determinar si, en la especie, concurren los hechos constitutivos de la referida causal, y teniendo en consideración que su atención podría implicar, para tales funcionarios, la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, al cumplimiento de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas. En este sentido, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dichos órganos se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia.

32) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que esta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias.

33) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, éste no ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado.

34) Que, en el presente caso, si bien el órgano señaló que se trata de información gestionada por distintos departamentos o unidades dentro de la institución, y que requeriría a lo menos 6 funcionarios para la revisión, recopilación y análisis de la documentación, se trata de alegaciones que no permiten tener por configurada la causal alegada, toda vez que el órgano no especificó ningún otro fundamento que permita tener por acreditada, de manera fehaciente e indubitada, la concurrencia de la causal de reserva de distracción indebida, teniendo presente que lo requerido se refiere a los datos y antecedentes que el Servicio ya tuvo a la vista y que ya recopiló y analizó para poder elaborar los respectivos informes sanitarios, y que en la especie, no se ha requerido la elaboración de nuevos informes o de documentos que requieran nuevos análisis. Asimismo, vale tener presente que, por tratarse de normas de derecho estricto, dichas causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva, y las alegaciones del órgano no revisten una magnitud tal que permitan tener por acreditada la hipótesis prevista en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Con todo, en atención a las medidas sanitarias que se han tomado y al estado de excepción constitucional de catástrofe declarado en todo el territorio nacional por motivos de la pandemia que nos afecta, se otorgará un plazo prudencial para la entrega de la información solicitada.

35) Que, finalmente, respecto de las alegaciones de los terceros fundadas en la causal contenida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, cabe tener presente que dichas causales, en virtud de su contenido, sólo pueden ser alegadas por el respectivo órgano, el cual se encuentra en la posición de manifestar si lo solicitado puede afectar o no, su funcionamiento. En consecuencia, se desestimarán dichas alegaciones.

36) Que, en virtud de lo expuesto, tratándose de información que obra en poder del órgano y habiéndose desestimado las alegaciones del órgano y de los terceros, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la información solicitada.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Jousepth Gallardo Hidalgo en contra del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Directora Nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, lo siguiente:

a) Entregar al reclamante copia de los datos originales que se utilizaron para la elaboración de cada "Informe Sanitario de Salmonicultura en Centros Marinos", de todos los años que el Servicio tenga disponible.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Jousepth Gallardo Hidalgo, a la Sra. Directora Nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, y a los terceros interesados en el presente amparo.

VOTO DISIDENTE

La presente decisión es acordada con el voto disidente del Presidente del Consejo Directivo, don Jorge Jaraquemada Roblero, quien no comparte lo razonado respecto a la entrega de información relativa a la Biomasa de los centros de cultivo de salmónidos, siendo partidario de rechazar el presente amparo respecto de esta parte, por las siguientes razones:

1) Que, este Consejo ha adoptado los siguientes criterios orientadores para determinar si la entrega de la información puede afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica en los términos dispuestos en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, los que también se aplican, para determinar si aquella constituye el denominado "secreto empresarial", definido en el artículo 86 de la Ley de Propiedad Industrial, estos son los siguientes:

a) Debe ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente la utilizan. En el presente caso considera que la información requerida respecto de cada empresa de cultivo es sólo conocida por aquellas respecto de sí. Ello, sin perjuicio de que ésta ha sido entregada a SERNAPESCA en cumplimiento de la normativa reglamentaria ya citada, a fin de que este organismo los utilice para el cumplimiento de sus funciones.

b) Debe ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto. Al respecto, cabe hacer presente que los particulares han entregado los antecedentes de sus empresas con la exclusiva finalidad de que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura cumpla con sus funciones de vigilancia y fiscalización. Además, la voluntad de los terceros por mantenerla en secreto no sólo ha sido manifestada en el presente procedimiento administrativo de acceso a la información, sino que es posible concluir que ello es reflejo de su permanente resguardo, toda vez que su éxito en cautelar el secreto de la misma se verifica en que sus eventuales competidores o terceros han debido intentar esta vía administrativa para obtenerla.

c) La información tenga un valor comercial por ser secreta, toda vez que dicho carácter proporciona a su titular una ventaja competitiva o su publicidad pueda afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo. Se estima que de conocerse el nivel de producción de cada empresa de cultivo, los competidores - mediante la verificación de los precios de los productos que cada una de ellas comercializa (información conocida por el mercado) y la proyección de su propia estructura de costos- podrán conocer los resultados comerciales de cada empresa y, consecuentemente, proyectar su posición financiera y su capacidad de respuesta frente a variaciones de precio o costos. El conocimiento de tales antecedentes posibilitaría a las empresas fijar sus políticas de precio según la capacidad de respuesta de sus competidores, afectando el desenvolvimiento competitivo de aquellos que no les sea posible sortear variaciones de precio que no resultarían factibles de mantenerse en secreto la información sobre su producción.

2) Que, sobre la base de lo expuesto, considera que los datos requeridos dan cuenta de la planificación estratégica de cada empresa, especialmente referida a su capacidad de producción salmónida, por lo que constituye un bien económico estratégico, respecto del cual existe un titular que ejerce derechos de carácter comercial o económico, en los términos del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, lo que exige mantener su carácter de secreto, por corresponder al concepto de secreto empresarial que recoge la legislación nacional. Lo anterior, tiene fundamento constitucional en el derecho a desarrollar cualquier actividad económica sin estar sometido a una competencia desleal por parte de los demás competidores, y en el derecho de propiedad, que se ejerce en este caso respecto de este cúmulo de información que es el objeto del secreto señalado, respectivamente contemplados en los numerales 21 y 24, del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

3) Que, el criterio señalado precedentemente ha sido sostenido por este Consejo, en las decisiones de los amparos Roles C227-10, C446-10, C1407-15, C2771-17 y C1003-18, entre otras.

4) Que, en dicho contexto, y conforme al anotado criterio, considera que se debía rechazar el presente amparo respecto de lo relativo a la cantidad de producción o la Biomasa de los centros de cultivo de salmónidos, por configurarse la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.