logo
 

Javier Morales con ESTADO MAYOR CONJUNTO Rol: C1521-20

Consejo para la Transparencia, 13/10/2020

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Estado Mayor Conjunto, referido a la entrega del texto sobre reglas de uso de la fuerza dictadas el año 2012, tarjando en forma previa toda aquella información relativa a aspectos operativos, cuya divulgación pueda comprometer el debido cumplimiento de las funciones de las entidades involucradas.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1521-20

Entidad pública: Estado Mayor Conjunto

Requirente: Javier Morales

Ingreso Consejo: 23.03.2020

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Estado Mayor Conjunto, referido a la entrega del texto sobre reglas de uso de la fuerza dictadas el año 2012, tarjando en forma previa toda aquella información relativa a aspectos operativos, cuya divulgación pueda comprometer el debido cumplimiento de las funciones de las entidades involucradas.

En sesión ordinaria N° 1136 del Consejo Directivo, celebrada el 13 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1521-20.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 25 de febrero de 2020, don Javier Morales solicitó al Estado Mayor Conjunto la siguiente información:

"A través de oficio SSD.D.UJ. (P) N° 226, de 21.FEB.2020, la Subsecretaría de Defensa, deriva al EMCO, la SAI N° AD021T0000847, de don Javier Morales Valdés, quien requiere lo siguiente":

"Texto íntegro de las reglas del uso de la fuerza dictadas el año 2012".

2) RESPUESTA: Mediante CARTA.EMCO. OTIP. (P) N° 6803/ 707, de 23 de marzo de 2020, el Estado Mayor Conjunto respondió a dicho requerimiento de información indicando que las "Reglas de uso de la fuerza (RUF) para las Fuerzas Militares desplegadas en zonas declaradas en Estado de Excepción Constitucional de Emergencia y Catástrofe", se tratan de antecedentes operativos que contienen instrucciones para el desarrollo de las tareas asignadas a las Fuerzas, que regulan el uso de las fuerzas militares chilenas para el restablecimiento del orden y seguridad pública en Estado de Excepción Constitucional. Por lo anterior, este organismo Ministerial se encuentra impedido de acceder a la entrega de dichas reglas, debido a que se trata de información secreta y lo reservada, en atención a lo dispuesto en el artículo 21 N° 3, de la Ley N° 20.285. En este caso, se trata de información que, de llegar a publicarse, afectaría directamente el orden público, ya que da a conocer estrategias operativas para actuar en determinadas situaciones que alteren el orden público y, por lo tanto, su conocimiento perjudicaría el fin de dicha estrategia.

Asimismo, y de conformidad al artículo 21, número 5 de la Ley de Transparencia, en relación al Art. 436 N° 1 y 2 del Código de Justicia Militar, son antecedentes que, de publicarse, frente a un nuevo Estado de Excepción, pondrían en peligro la seguridad del personal, de la institución, de sus recintos militares y los planes de operación o de servicio en futuros Estados de Excepción.

3) AMPARO: El 23 de marzo de 2020, don Javier Morales dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en respuesta negativa a la solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Jefe del Estado Mayor Conjunto, mediante Oficio N° E4888, de 6 de abril de 2020, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y (2°) detalle cómo la entrega de dicha información afectaría la seguridad de la Nación, particularmente a la mantención del orden público.

Mediante EMCO. OTIP. (P) N° 10.400 /874/CPLT, de 21 de abril de 2020, el órgano reclamado evacua sus descargos, reiterando las alegaciones hechas valer en su respuesta y agregando, que las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) del año 2012 tienen clasificación de reservadas, porque contienen antecedentes relativos a la seguridad de la nación, la mantención del orden público o la seguridad pública, en consecuencia, tienen aquellos contenidos previstos en el artículo 21, números 3 y 5 de la Ley N° 20.285, que permite clasificarlos como reservados. Por otra parte, es del caso añadir que la Ley N° 20.424, que establece el Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, en su artículo 34 señala que: "Los actos y resoluciones presupuestarias de la defensa nacional son públicos.", agregando acto seguido que: "Los fundamentos de los actos y resoluciones presupuestarios de la defensa nacional, incluidos los que acompañan el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público, serán secretos o reservados en todo lo relativo a: a) Planes de empleo de las Fuerzas Armadas. b) Estándares en los que operan las Fuerzas Armadas. c) Especificaciones técnicas y cantidades de equipamiento bélico y material de guerra. d) Estudios y proyectos de inversión institucionales o conjuntos referidos al desarrollo de capacidades estratégicas."

Añade, que en las materias que trata esta última norma legal citada, cabe indicar que en las Reglas de Uso de la Fuerza se habrían considerado aspectos vinculados con los Planes de empleo de las Fuerzas Armadas y los estándares en los que operan dichas instituciones, motivo por el que puede estimarse que ellas se encuentran amparadas en el secreto o la reserva prevista en la legislación vigente para tales fines.

Señala, que el artículo 436 del Código de Justicia Militar, que sería aplicable en la especie en virtud de la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política de la República, señala que: "Se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, N° 1, los relativos a las Plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o Carabineros de Chile y de su personal, y N° 2. [...] los planes de operación o de servicio de dichas instituciones con sus respectivos antecedentes de cualquier naturaleza, relativos a esta materia."

Indica, que la publicidad de las RUF afectaría concretamente la seguridad de la Nación o el interés nacional, al dar a conocer a terceros los planes de empleo y estándares en que operan las FF.AA., de Orden y Seguridad Pública, porque de esa información se pueden extraer conclusiones de terceros Estados o de delincuentes nacionales, en virtud de lo que tales Estados (en el ámbito internacional) o antisociales (en el ámbito interno), tendrían la capacidad de inhibir, impedir, entrabar, cohibir, limitar, frenar o evitar las acciones del Estado de Chile para proteger la defensa nacional o la mantención del orden público o el resguardo público, al conocer por anticipado sus planificaciones de empleo de la fuerza y sus estándares operacionales.

Finalmente, las 'Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) para las Fuerzas Armadas Militares desplegadas en zonas declaradas en Estado de Excepción Constitucional de Emergencia y Catástrofe", año 2012, fueron construidas, como ya se explicó, conteniendo información que afecta la seguridad de la Nación; en cambio, las reglas de uso de la fuerza actualmente publicadas en el Diario Oficial del 22 de febrero de 2020, se construyeron sin considerar planes de empleo ni estándares o estrategias en que operan las Fuerzas Armadas, sino que son específicamente reglas básicas de uso gradual de fuerza para el control del orden público, fundadas en legítima defensa y cumplimiento de la consigna militar.

5) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER (MPMR): Mediante oficio N° E9664, de 24 de junio de 2020, este Consejo requirió al órgano reclamado lo siguiente: 1) Remitir una copia del Reglamento de uso de la fuerza del año 2012. En caso de no poder remitir una copia del mismo, señale su disponibilidad para generar su exhibición en dependencias y lugar a coordinar. 2) Explicite cómo la divulgación de la información requerida afectaría la seguridad de la Nación. 3) Señale si el contenido de dicho Reglamento sigue vigente a la fecha, en atención que se ha emitido un nuevo sobre la materia aprobado por Decreto Supremo N° 8, de 2020, del Ministerio de Defensa Nacional. 4) Indique si el Reglamento objeto del presente amparo, detalla aspectos del modo de operar sólo frente a desórdenes internos, o también regula aspecto de estado de guerra exterior. Al respecto el órgano reclamado, mediante EMCO. OTIP. (P) N° 10.400 /1257/CPLT, de 2 de julio de 2020, señaló a los numerales precedentes, que:

1) Las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), dictadas el año 2012, corresponden al Anexo N° 3 del Plan de Emergencia y Protección Civil del Ministerio de Defensa Nacional, de clasificación Reservado, por lo que las RUF no son un Reglamento. En relación a remitir copia de las mencionadas RUF, accede a la exhibición de las mismas en las dependencias de la institución que indica.

2) Las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) dictadas el año 2012, corresponden al Anexo N° 3 del Plan de Emergencia y Protección Civil del Ministerio de Defensa Nacional, de clasificación Reservado, por cuanto contienen estrategias operativas de actuación de las Fuerzas Militares y procedimientos complementarios de actuación en Estados de Excepción Constitucional, cuya divulgación afectaría de manera concreta, cierta y específica, el despliegue y la forma en que se deben implementar para asegurar que la aplicación de la fuerza sea efectuada de manera adecuada y dentro del marco legal correspondiente.

Añadió que las RUF son de naturaleza reservada, por cuanto corresponden a materias propias de planes de operación y servicio, equipos y pertrechos militares, a los planes de empleo de las Fuerzas Armadas y a los estándares en que estas operan. Por consiguiente, su divulgación afecta de manera concreta la defensa nacional, así como la seguridad pública, de conformidad al artículo 436 del Código de Justicia Militar, reiterando que por tratarse de información que está directamente relacionada con planes de operación o servicio de las Fuerzas Armadas, y a equipos y pertrechos militares o policiales, tal información reviste el carácter de secreto, y su publicidad, comunicación y/o conocimiento afectaría de manera concreta la defensa nacional, la mantención del orden público o la seguridad pública. En conclusión, por lo señalado, se afecta concretamente la seguridad de la Nación o el interés nacional, al dar a conocer a terceros los planes de empleo y estándares en que operan las FF.AA. y de Orden y Seguridad Pública, porque de esa información se pueden extraer conclusiones que terceros Estados (en el ámbito internacional) o delincuentes nacionales y antisociales (en el ámbito interno), podrían utilizar para inhibir, impedir, entrabar, cohibir, limitar, frenar o evitar las acciones del Estado de Chile para proteger la defensa nacional, la mantención del orden público o el resguardo público, al conocer por anticipado sus planificaciones de empleo de la fuerza y sus estándares operacionales. Finalmente, las "Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) para las Fuerzas Armadas Militares desplegadas en zonas declaradas en Estado de Excepción Constitucional de Emergencia y Catástrofe", del año 2012, fueron elaboradas conteniendo información que afecta la seguridad de la Nación; en cambio, las reglas de uso de la fuerza actualmente publicadas en el Diario Oficial el 22.FEB.2020, se confeccionaron sin considerar planes de empleo ni estándares o estrategias en que operan las Fuerzas Armadas, sino que constituyen específicamente reglas básicas de uso gradual de la fuerza para el control del orden público, fundadas en la protección de los Derechos Humanos, en la legítima defensa y en el cumplimiento de la consigna militar.

3) Las Reglas del uso de la fuerza del año 2012, no están vigentes, desde la publicación del Decreto Supremo N° 8, publicado en el Diario Oficial de 22.FEB.2020, que "Establece las Reglas de Uso de la Fuerza para las Fuerzas Armadas en los Estados de Excepción Constitucional".

4) Las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) para las Fuerzas Militares desplegadas en zonas declaradas en Estado de Excepción Constitucional de Emergencia y Catástrofe, como ya se explicara anteriormente, corresponden a materias propias de planes de operación y servicio, equipos y pertrechos militares, a los planes de empleo de las Fuerzas Armadas y a los estándares en que estas operan. Por consiguiente, su divulgación afecta de manera concreta la defensa nacional, así como la seguridad pública, de conformidad al artículo 436 del Código de Justicia Militar, reiterándose que por tratarse de información que está directamente relacionada con planes de operación o servicio de las Fuerzas Armadas, y a equipos y pertrechos militares o policiales. Éstas fueron elaboradas contenido información que afecta la seguridad de la Nación; en cambio, las reglas de uso de la fuerza actualmente publicadas en el Diario Oficial el 22.FEB.2O2O, se confeccionaron sin considerar planes de empleo ni estándares o estrategias en que operan las Fuerzas Armadas.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en respuesta negativa a la solicitud de información respecto a la entrega del texto íntegro de las Reglas del Uso de la Fuerza dictadas el año 2012. Al respecto, el órgano reclamado reservó la información en virtud de las causales de reserva establecidas en el artículo 21 N° 3 y 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 436 Nos 1 y 2, del Código de Justicia Militar.

2) Que, a modo de contexto, cabe señalar respecto del fondo del asunto consultado, que "para el objeto de velar por el orden público y reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional, los jefes de la Defensa Nacional dictarán instrucciones que precisen el uso de la fuerza por parte de las unidades militares durante los estados de excepción constitucional de catástrofe, emergencia y sitio. Para este efecto deberán precisar el empleo de armamento y otros dispositivos en conformidad a las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF)".

3) Que, en cuanto al fondo del asunto, cabe tener presente que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

4) Que, en cuanto a la causal de reserva alegada por el órgano reclamado, estos es, aquellas prescritas en el artículo 21 N° 3, de la Ley de Transparencia es menester indicar que el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación -de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia- debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad.

5) Que, en la especie el Estado Mayor Conjunto ha sido consistente en señalar, tanto en su respuesta como en los descargos evacuados ante esta Corporación, que con la publicidad de las Reglas del Uso de la Fuerza, particularmente las del año 2012, se afecta concretamente la seguridad de la Nación o el interés nacional, al dar a conocer a terceros los planes de empleo y estándares en que operan las FF.AA. y de Orden y Seguridad Pública, porque de esa información se pueden extraer conclusiones que terceros Estados (en el ámbito internacional) o delincuentes nacionales y antisociales (en el ámbito interno), podrían utilizar para inhibir, impedir, entrabar, cohibir, limitar, frenar o evitar las acciones del Estado de Chile para proteger la defensa nacional, la mantención del orden público o el resguardo público, al conocer por anticipado sus planificaciones de empleo de la fuerza y sus estándares operacionales.

6) Que, asimismo, la reclamada, con ocasión de la Medida Para Mejor Resolver de 24 de junio de 2020, instruida por esta Corporación, señaló que Las Reglas de Uso de la Fuerza del año 2012 no están vigentes, desde la publicación del Decreto Supremo N° 8, publicado en el Diario Oficial de 22 de febrero de 2020, que "Establece las Reglas de Uso de la Fuerza para las Fuerzas Armadas en los Estados de Excepción Constitucional". En este sentido, se concluye que las afirmaciones de la reclamada se limitan a consignar situaciones genéricas, hipotéticas y subjetivas, de difícil o nula concreción, que este Consejo no advierte cómo podrían afectar la seguridad de la Nación, por cuanto al dictarse un nuevo reglamento para el uso de la fuerza, como ocurrió en la especie, el antecedente consultado pasó a quedar en desuso. En virtud de lo razonado, se estima que la recurrida no ha aportado antecedentes suficientes que permitan estimar que la entrega de la documentación reclamada genere una afectación al bien jurídico - seguridad de la Nación - cautelado por el artículo 21 N° 3 de la Ley Transparencia, por cuanto no logró acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva alegada.

7) Que, en cuanto a la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 436 Nos 1 y 2, del Código de Justicia Militar, este Consejo ha razonado que para poder realizar el análisis de procedencia de la misma deben aportarse por parte de la reclamada los antecedentes que permitan hacer una ponderación de la misma, lo que no sucede en la especie, toda vez que el órgano reclamado se limita a señalar que lo pedido son antecedentes que, de publicarse, frente a un nuevo Estado de Excepción, pondrían en peligro la seguridad del personal, de la institución, de sus recintos militares y los planes de operación o de servicio en futuros Estados de Excepción, por lo que se desestimará dicha causal.

8) Que, sin perjuicio de lo resuelto precedentemente, este Consejo en un afán precautorio estima que la revelación de aquella parte de la solicitud de acceso, referida a planes operativos, despliegue de personal, acciones en terreno, equipos y otras materias similares, detalladas en el instrumento objeto del presente amparo, en caso de conocerse podrían suponer una afectación al debido cumplimiento de las funciones de la reclamada en orden a velar por la seguridad nacional en contextos de Estados de Excepción Constitucional. En consecuencia, la reclamada en forma previa a la entrega del texto consultado, deberá anonimizar los aspectos antes reseñados. Lo anterior, en conformidad a lo previsto en el artículo 11 letra e) y 33 letra j) de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Javier Morales en contra del Estado Mayor Conjunto, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Jefe del Estado Mayor Conjunto, lo siguiente;

a) Entregue al reclamante copia del texto íntegro de las reglas del uso de la fuerza dictadas el año 2012, tarjando previamente aquella información referida a planes operativos, despliegue de personal, acciones en terreno, equipos y otras materias similares. Lo anterior, en conformidad a lo señalado en el considerando 8° del presente acuerdo.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Javier Morales y al Sr. Jefe del Estado Mayor Conjunto.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y su Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.