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Cristian Bahamóndez López con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SP) Rol: C4744-20

Consejo para la Transparencia, 20/10/2020

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Pensiones, referido a la entrega de la nómina completa de fallecidos con saldo en cuentas individuales sin tramite de beneficios, de afiliados fallecidos a la fecha que se indica, con los respectivos montos y Administradora de Fondos de Pensiones a las que pertenecen. Lo anterior, por configurarse en la especie la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, toda vez que constituye información que compete a la vida privada de los herederos de los afiliados fallecidos, en conformidad a la protección prevista en la Constitución, la Ley de Protección de la Vida Privada, como a la jurisprudencia de esta Corporación sobre la materia. Aplica precedentes contenidos en las decisiones C1407-17, C6613-19, C6646-19 y C2062-20.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4744-20

Entidad pública: Superintendencia de Pensiones

Requirente: Cristian Bahamóndez López

Ingreso Consejo: 09.08.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Pensiones, referido a la entrega de la nómina completa de fallecidos con saldo en cuentas individuales sin tramite de beneficios, de afiliados fallecidos a la fecha que se indica, con los respectivos montos y Administradora de Fondos de Pensiones a las que pertenecen.

Lo anterior, por configurarse en la especie la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, toda vez que constituye información que compete a la vida privada de los herederos de los afiliados fallecidos, en conformidad a la protección prevista en la Constitución, la Ley de Protección de la Vida Privada, como a la jurisprudencia de esta Corporación sobre la materia.

Aplica precedentes contenidos en las decisiones C1407-17, C6613-19, C6646-19 y C2062-20. 

En sesión ordinaria N° 1138 del Consejo Directivo, celebrada el 20 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4744-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 17 de julio de 2020, don Cristian Bahamóndez López solicitó a la Superintendencia de Pensiones -en adelante, indistintamente la Superintendencia- la siguiente información: «nómina completa de fallecidos con saldo en cuentas individuales sin tramite de beneficios, de afiliados fallecidos al 31 de diciembre de 2018, con los respectivos monto y AFP a las que pertenecen».

2) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 5 de agosto de 2020, la Superintendencia de Pensiones respondió a dicho requerimiento de información, denegando su entrega en los siguientes términos:

2.1) Primeramente, señaló que, la información sobre los fondos previsionales de un afiliado, y los beneficios a que haya lugar a su respecto, tanto para el propio afiliado como para sus beneficiarios o causahabientes, según sea el caso, debe ser requerida directamente a la Administradora de Fondos de Pensiones -A.F.P.- a la que se encuentre afiliado.

2.2) Acto seguido, indicó que, cuando se trata de un afiliado fallecido, si bien es cierto que el número de la cédula de identidad y el saldo de la cuenta de capitalización individual de una persona muerta, no constituye un dato personal, toda vez que se refiere a quien a consecuencia del hecho jurídico de la muerte ha dejado de ser persona; su tratamiento podría afectar precisamente los derechos de familiares que sean potenciales beneficiarios de pensiones de sobrevivencia o herencia. Por ello, afirmó que, pueden requerir esta información, los herederos del fallecido, o quienes actúan en representación de uno o más herederos.

2.3) Por lo anterior, expresó que, no habiéndose acreditado tal calidad en el presente caso, corresponde aplicar la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, pues la divulgación de los datos de un afiliado fallecido, podría afectar los derechos de las personas, particularmente los derechos de carácter económico. A fin de refrendar lo anterior, citó jurisprudencia emanada de este Consejo.

2.4) Sin perjuicio de lo anterior, hizo presente que, en el sitio electrónico que indica, se encuentra publicada la información de Afiliados Fallecidos hasta el 31 de diciembre de 2017 con saldos en sus cuentas, sin trámite de beneficios, la cual corresponde a datos proporcionados, al día 31 de Diciembre de 2018 por las Administradoras de Fondos de Pensiones, la cual se puede consultar ingresando el número de cédula del fallecido, y éste señalará -de existir registro- la A.F.P. en que se encuentra la cuenta de ese fallecido, para que concurra a ella a obtener mayor información.

2.5) Finalmente, de acuerdo a las restricciones legales relativas a la privacidad del número de cédula de identidad y nombres ya indicados, expuso que, la única información posible de entregar de estos fallecidos, es la cantidad de ellos, el saldo total en pesos acumulados y su distribución por tipo de cuenta individual, por A.F.P. Conforme a lo anterior acompaña tabla que reseña la información referida.

3) AMPARO: El 9 de agosto de 2020, don Cristian Bahamóndez López dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información proporcionada sería incompleta.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Pensiones, mediante Oficio N° E14174, de fecha 25 de agosto de 2020 solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros.

Mediante presentación, de fecha 8 de septiembre de 2020, la Superintendencia evacuó sus descargos y observaciones, reiterando, en síntesis, lo expuesto en su respuesta.

Sobre lo anterior, hizo presente que, el "Sistema de Fallecidos con Saldos" que mantiene la Superintendencia, donde se cargan los archivos remitidos anualmente por las Administradoras de Fondos de Pensiones para actualizar el sitio web, cuenta con la información del número de la cédula de identidad, nombre y A.F.P de 181.392 afiliados fallecidos, cuyos saldos no han sido pagados en alguna forma de beneficio establecido por el Decreto Ley N° 3.500, de 1980. Al respecto, expuso que, no es posible entregar la información de dichas personas fallecidas, sus cuentas, saldos, domicilio, monto en pesos del saldo indicado, fecha de afiliación, y AFP, ya que ello constituiría efectuar el tratamiento de datos carácter personal de los herederos de cada uno de los causantes, que sean potenciales beneficiarios de pensiones de sobrevivencia o herencia del afiliado fallecido, en los términos señalados en la letra f) del artículo 2 de la Ley sobre Protección de la Vida Privada. En tal sentido, refirió que, la divulgación de los datos de los afiliados fallecidos, podría afectar los derechos de las personas que los sucedan.

En línea con lo anterior, refirió que, la cantidad de personas sujetos de la solicitud son 181.392 fallecidos, a quienes hay que multiplicarlos por los causahabientes que dichas personas deben o deberían tener, lo que no sólo significaría la distracción indebida de los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, sino que es una tarea sumamente difícil de efectuar, ya que para esta Superintendencia no es posible conocer la totalidad de los herederos que una persona fallecida puede tener. A fin de reseñar lo anterior, citó el numeral 2.4 de la Instrucción General N° 10 emanada de esta Corporación. Asimismo, agregó que, el hecho de que los herederos sean indeterminados o difícil de identificar, no implica que con la entrega no se puedan afectar los derechos de tales personas y que la legitimación para hacer efectivas tales garantías es resorte del Estado, por aplicación de los principios y mandatos constitucionales.

Por último, puntualizó que, los derechos de los herederos de los afiliados fallecidos son aquellos contenidos en la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en este caso el respeto y protección de la vida privada de las personas y su familia, así como derechos de carácter comercial o económico, ya que los herederos de dichos afiliados tienen derecho a reclamar los fondos que los causantes han dejado a disposición de sus causahabientes. En dicho sentido, afirmó que, la entrega de dichos antecedentes generaría un incentivo perverso para que personas "caza recompensas", afecten a los legítimos interesados, haciendo uso de normas como la contenida en el artículo 42 del D.L. N° 1.939 de 1977. Del mismo modo, refirió que, también se podrían afectar los derechos de los terceros, ya que con antecedentes como la cédula de identidad y el nombre, potencialmente, efectuando cruce de datos disponibles en internet, se puede verificar antecedentes patrimoniales de los herederos, en este caso, cuánto dinero tienen a su disposición, aspecto que se mantiene resguardado como una expresión del derecho a la privacidad, como es reconocido en el secreto bancario o secreto tributario, de los artículos 154 del D.F.L. N° 3 de 1997, del Ministerio de Hacienda y el artículo 35° del Código Tributario.

Adicionalmente, expuso que, en virtud del principio de máxima divulgación, se puede complementar e informar que el número de fallecidos al año 2017, sin cobro de beneficios, por tramo de saldo en la cuenta individual obligatoria y el saldo promedio en cuenta individual obligatoria, de los afiliados fallecidos a diciembre 2017, sin cobro de beneficios, es el señalado en tabla que se indica. Por último, acompaña tabla que da cuenta del total de afiliados fallecidos al año 2017, sin cobro de beneficios y saldos por tipo de cuenta.

5) PRONUNCIAMIENTO DEL RECLAMANTE: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante Oficio N° E15774, de fecha 20 de septiembre de 2020, solicitó al reclamante manifestar su conformidad o disconformidad respecto de la información que le habría remitido el órgano, y en caso de disconformidad, detallar qué información de la solicitada no le habría sido entregada.

Mediante presentación, de fecha 25 de septiembre de 2020, el peticionario manifestó su inconformidad con los nuevos antecedentes remitidos por la reclamada, con ocasión de sus descargos. Al respecto expuso que, los argumentos esgrimidos por la Superintendencia carece de asidero jurídico y fáctico, ello en atención a que, por una parte, en la página de la Superintendencia de Pensiones, cualquier persona, tiene acceso y puedo solicitar mediante el número de cédula de identidad, si el causante, tiene saldo de capitalización, y en qué AFP, se encuentra afiliado. Asimismo, expuso que, afirmar que se podrían afectar los derechos de sus causahabientes, como potenciales beneficiarios, es decir, afectar derechos de sus herederos, es una presunción de mala de fe de parte de la Superintendencia, ya que lo que se busca es encontrar a los herederos legales de dichos Fondos, que se encuentran en en poder de las A.F.P, y en definitiva, que los herederos de dichos montos, entablen las acciones pertinentes para su recuperación.

Asimismo, expresó que, la letra f) del artículo 2 de la ley N° 19.628, no se ve afectado en caso alguno, pues los datos solicitados son de personas fallecidas, y no son de carácter personal, e identificar a un heredero no es producto de la información solicitada, sino que consta en otros antecedentes que son de carácter público, como por ejemplo, un certificado de matrimonio o nacimiento.

Acto seguido, agregó que, en este caso no es aplicable la excepción dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, ya que, no existe forma de afectar derechos de terceros, sino por el contrario, lo que se pretende es hacer exigible los derechos por quienes los detenten.

Asimismo hizo presente que, en la especie se vulnera los artículos 8° y 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, y la Ley de Transparencia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la falta de satisfacción del reclamante con la respuesta proporcionada por el órgano reclamado, toda vez que ésta sería parcial, referida a la entrega de la nómina completa de fallecidos con saldo en cuentas individuales sin tramite de beneficios, con indicación de los respectivos montos y A.F.P a las que pertenecen. Al respecto, el órgano requerido entregó cuadros informativos con información general sobre el total de afiliados fallecidos y saldos totales, por cada A.F.P, e indicó un enlace electrónico, que contiene un buscador en donde al ingresar el número de cédula de identidad del afiliado fallecido, es posible conocer si tiene saldo en alguna de sus cuentas, denegando la entrega desagregada de los datos requeridos, por concurrir en la especie la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en concordancia de lo dispuesto en el artículo 2° letra f) de la Ley sobre Protección de la Vida Privada.

2) Que, primeramente, en cuanto a la nómina de afiliados fallecidos con saldo en sus cuentas individuales, informadas por las Administradores de Fondos de Pensiones, para el período que indica, se debe señalar que una persona fallecida no es titular de datos personales, a la luz de su definición contenida en el artículo 2°, letra ñ), de la ley N° 19.628, pues como consecuencia del hecho jurídico de la muerte, ha dejado de ser persona, según se desprende de los artículos 55°, 74° y 78° del Código Civil, considerándose además que, tal como se razonó con ocasión de la decisión C840-10, la muerte es un hecho público, cuya difusión se ejecuta mediante los certificados de defunción expedidos por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

3) Que, sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, se debe hacer presente en el caso de análisis que, el nombre, la cédula de identidad, y la afiliación a una determinada AFP, de las personas fallecidas solicitadas corresponden a aquellas que detentan saldos en sus cuentas individuales, información que obra en poder de la Superintendencia por expresa instrucción que impartió dicho órgano a las Administradoras, por medio de ordinario N° 8621, de fecha 12 de julio de 1995. No obstante lo cual, constituyen antecedentes referentes a la vida privada de los herederos de los afiliados fallecidos, quienes si bien no se encuentran identificados, podrían resultar identificables, tratándose por lo tanto de datos personales de conformidad a lo dispuesto en la letra f), de la Ley sobre Protección de la Vida Privada, que establece que son «datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables» (criterio contenido en amparos roles C1407-17, C6613-19, C6646-19 y C2062-20).

4) Que, en este sentido, cabe tener presente que, de conformidad a lo señalado en el Libro III, Título I, Letra G Otros Beneficios, Capítulo III, sobre Herencia, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, los fondos que constituyen herencia de conformidad al decreto ley N° 3.500, son: a) Los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual, en Depósitos Convenidos y en las Alternativas de Ahorro Previsional Voluntario Individual o Colectivo, quedados al fallecimiento de un causante y no contando éste con beneficiarios de pensión de sobrevivencia; b) Los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual, depósitos convenidos y en las Alternativas de Ahorro Previsional Voluntario, al fallecimiento de un afiliado activo por un accidente del trabajo o enfermedad profesional; c) Los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual y en las Alternativas de Ahorro Previsional Voluntario, quedados al fallecimiento de un afiliado pensionado por invalidez total o parcial; d) Los fondos acumulados en las cuentas de ahorro voluntario de un afiliado fallecido; e) Los fondos acumulados en la cuenta de indemnización obligatoria de un afiliado fallecido o de un imponente del sistema antiguo fallecido; f) Los fondos acumulados en depósitos convenidos y ahorro previsional voluntario, de un imponente del sistema antiguo fallecido; g) Las pensiones devengadas y no cobradas por un afiliado pensionado fallecido, incluyendo el monto de APS, si correspondiera; h) Los retiros de excedentes de libre disposición cuyo pago ha sido cursado y ha sido girado el respectivo cheque por la Administradora, pero no cobrado a causa del fallecimiento del afilado; i) Los fondos quedados en la cuenta de capitalización individual al fallecimiento de un pensionado que se encontraba en régimen de pago bajo las modalidades de renta vitalicia inmediata o renta vitalicia diferida, no contando éste con beneficiarios. (énfasis agregado).

5) Que, en esta línea argumentativa, esta Corporación -en conformidad de lo razonado en las decisiones C1407-17, C6613-19, C6646-19 y C2062-20- estima que, la Constitución Política de la República, en el artículo 19°, numeral 4°, reconoce a todas las personas el respeto y protección a la vida privada y a la honra, tanto de la persona misma como de su familia. Por consiguiente, es el propio constituyente el que reconoce esta prolongación de la privacidad del individuo, más allá de su titular originario, para radicarlo en toda su familia. En tal orden de ideas, cabe señalar que en virtud del artículo 21° N° 2, de la Ley de Transparencia, se podrá denegar el acceso a la información solicitada cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de la esfera de su vida privada. En tal sentido, lo requerido constituye información que se enmarca dentro de la vida privada de los herederos de los afiliados fallecidos.

6) Que, acto seguido, el artículo 4° de la Ley sobre Protección de la Vida Privada prescribe que «el tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello», entendiéndose por tratamiento de datos, según los literales c) y o) de su artículo 2°, cualquier operación, de carácter automatizado o no, que permita, entre otras cosas, comunicar o transmitir datos de carácter personal, esto es, «dar a conocer de cualquier forma los datos de carácter personal a personas distintas del titular, sean determinadas o indeterminadas». En tal sentido, no existe en este amparo, la anuencia de los herederos para la entrega de los antecedentes requeridos, cuyos causantes mantienen saldos en sus cuentas individuales.

7) Que, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, y conforme lo dispuesto en el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia, que impone a este Consejo, el deber de velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, no puede entregarse la nómina requerida en los términos solicitados, por resultar aplicable la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, con respecto a los herederos de los afiliados fallecidos, al constituir lo solicitado una información que compete a la vida privada de los primeros, debiendo rechazar el presente amparo.

8) Que, en razón de lo resuelto, este Consejo no se pronunciará sobre las demás alegaciones del reclamante por resultar inoficioso.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Cristian Bahamóndez López, en contra de la Superintendencia de Pensiones, por concurrir en la especie la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Cristian Bahamóndez López; y, al Sr. Superintendente de Pensiones.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.