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Claudia Escobar Muñoz con SERVICIO NACIONAL DE MENORES (SENAME) Rol: C4375-20

Consejo para la Transparencia, 20/10/2020

Se acoge el amparo deducido en contra del Servicio Nacional de Menores, solo en cuanto a la falta de derivación de la solicitud en lo relativo a la información considerada en la elaboración de los informes evacuados por el Programa de Prevención Focalizada Mahuida de Coquimbo, efectuados en el marco de las causas judiciales singularizadas. Lo anterior, por estimarse que atendida la naturaleza de la información pedida y la normativa que la regula, es el Poder Judicial el órgano que está en mejor posición para pronunciarse sobre el requerimiento, del cual forma parte el Juzgado de Familia de La Serena que requirió dichos informes. Se representa la infracción a la Ley de Transparencia al no haber aplicado el procedimiento de derivación de la solicitud en lo pertinente, y por facilitación este Consejo derivará el requerimiento formulado al Poder Judicial, a fin de que dicho órgano se pronuncie respecto de la información reclamada. El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

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Tipo de Documento


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Inhabilitación)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4375-20

Entidad pública: Servicio Nacional de Menores (SENAME)

Requirente: Claudia Escobar Muñoz

Ingreso Consejo: 24.07.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra del Servicio Nacional de Menores, solo en cuanto a la falta de derivación de la solicitud en lo relativo a la información considerada en la elaboración de los informes evacuados por el Programa de Prevención Focalizada Mahuida de Coquimbo, efectuados en el marco de las causas judiciales singularizadas.

Lo anterior, por estimarse que atendida la naturaleza de la información pedida y la normativa que la regula, es el Poder Judicial el órgano que está en mejor posición para pronunciarse sobre el requerimiento, del cual forma parte el Juzgado de Familia de La Serena que requirió dichos informes.

Se representa la infracción a la Ley de Transparencia al no haber aplicado el procedimiento de derivación de la solicitud en lo pertinente, y por facilitación este Consejo derivará el requerimiento formulado al Poder Judicial, a fin de que dicho órgano se pronuncie respecto de la información reclamada.

El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1138 del Consejo Directivo, celebrada el 20 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C4375-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 9 de junio de 2020, doña Claudia Escobar Muñoz solicitó al Servicio Nacional de Menores - en adelante también SENAME-, lo siguiente:

a) "Antecedentes con los que cuenta PPF Mahuida, triangulación de información y metodología utilizada para la elaboración de Informe emitido el 9 de Abril del 2020, en causas proteccionales...".

b) "Acciones de fiscalización, supervisión técnica, realizadas por Corporación Gabriela Mistral a PPF Mahuida, debido a los graves hechos denunciados a SENAME, Región de Coquimbo el 20/04/2020 en causas proteccionales...".

2) PRÓRROGA: El Servicio Nacional de Menores por medio de carta N° 965, de fecha 30 de junio de 2020, comunicó que "en cumplimiento de lo dispuesto en el punto 6.2 de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia, efectuada la búsqueda de la información, se comprobó que existen circunstancias que hacen difícil reunir la información solicitada, toda vez que se necesitan días de prórroga debido a la contingencia sanitaria que hay en el país. En razón de lo anterior y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, se ha estimado necesario ampliar el plazo para otorgar respuesta a su solicitud en 10 días, venciendo este nuevo plazo el día 14/07/2020".

3) RESPUESTA: El Servicio Nacional de Menores mediante carta N° 399, de fecha 21 de julio de 2020, informó, en lo pertinente, a lo pedido en el literal a) del requerimiento, que "la Directora Regional de SENAME Región de Coquimbo, mediante Carta N° 624/20, de fecha 15 de junio dio respuesta a sus inquietudes, relativas al Informe emitido en las causas judiciales que usted individualiza, así como a otras consultas efectuadas, acompañándose toda la documentación de respaldo. Dicho documento fue enviado a su correo electrónico, con fecha 16 de junio de 2020, según consta en el verificador que se adjunta a la presente carta. No obstante, lo señalado anteriormente, y respecto a los antecedentes disponibles que debe tener a la vista un proyecto PPF para la elaboración de un determinado informe, cabe indicar que, dichos procedimientos se encuentran establecidos en las Orientaciones Técnicas de la modalidad correspondiente, la que se encuentra publicada en la página web de nuestro Servicio, en el siguiente link...".

4) AMPARO: Con fecha 24 de julio de 2020, doña Claudia Escobar Muñoz dedujo amparo a su derecho de acceso en contra del Servicio Nacional de Menores, fundado en la respuesta incompleta o parcial a la solicitud. En particular, sostuvo que no otorgaron lo consultado en el literal a) del requerimiento "en cuanto a la triangulación de información con la que cuenta PPF Mahuida, antecedentes, correos electrónicos, llamadas telefónicas, para emitir informe el 09 de abril del 2020 en causas proteccionales (...) En que se basó PPF Mahuida para hacer ese informe, con que antecedentes contó para su elaboración.? Debo mencionar que soy parte involucrada directamente en los hechos...".

5) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: Este Consejo mediante Oficio N° E12.979, de fecha 10 de agosto de 2020, hizo presente al reclamante que, luego de revisados los antecedentes adjuntos a su amparo, se observa que se están solicitando documentos que podrían contener datos sensibles de los menores a los cuales se refiere, por lo que deberá acompañar la documentación que la habilite para poder comparecer en representación de aquellos. Debido a lo anterior, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 46, inciso segundo, del Reglamento de la Ley de Transparencia, se solicita a usted subsanar su amparo de conformidad a lo señalado acreditando su parentesco con aquellos.

La reclamante por medio de correo electrónico de fecha 17 de agosto de 2020, acompañó certificados de nacimiento de los menores y copia de su cédula nacional de identidad.

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores mediante Oficio N° E14.740, de fecha 1° de septiembre de 2020, para que formule sus descargos y observaciones solicitando, especialmente, lo siguiente: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente su denegación; (5°) se refiera a la existencia de los correos electrónicos solicitados, de ser efectivo, indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (6°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe a este Consejo todos los documentos del procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de las respectivas comunicaciones, de los documentos que acrediten su notificación, de las oposiciones deducidas y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en que éstas se presentaron ante el órgano que usted representa; y, (7°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

El órgano reclamado por medio de correo electrónico de fecha 15 de septiembre de 2020, remitió escrito mediante el cual realizó sus descargos y observaciones, señalando que lo requerido son los antecedentes relativos a informe evacuado por el Programa de Prevención Focalizada - PPF Mahuida de la Región de Coquimbo-, ejecutado por el organismo colaborador acreditado de SENAME, Corporación Gabriela Mistral; a requerimiento del Juzgado de Familia respecto de la intervención efectuada a los hijos de la reclamante. En este punto, hacen presente que "siempre tratándose de información relativa a un procedimiento judicial sobre medida de protección, tramitada ante un Tribunal de Familia, corresponde siempre a dicha instancia resolver las solicitudes y requerimientos que se efectúen en el contexto de dicho proceso. Por tanto, si la reclamante es parte de la causa en comento, puede solicitar una presentación por escrito, directamente al Juzgado de Familia de Coquimbo, si resulta pertinente entregar o no, información sensible y si ello resulta concordante con el contexto del requerimiento, pues se refiere estrictamente a información directamente relacionada con el proceso judicial, en el cual solo el Tribunal competente tiene facultades para decidir".

De esta forma, sostienen que la entrega de la información solicitada, en la medida de que obre en su poder, supondría una afectación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes involucrados, especialmente, en cuestiones que dicen relación con datos sensibles en los términos dispuestos en el artículo 2 letra g) de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-. Así, hacen presente lo dispuesto en el artículo 7 de dicha ley, por lo que, la eventual entrega de lo pedido significaría una afectación a la esfera de la vida privada de los menores involucrados, lesionando sus derechos resguardas, principalmente, en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, incurriéndose con ello en la responsabilidad legal, derivada de la infracción al deber de custodia en los términos prescritos en los artículo 4, 7, 10 y 11 de la ley N° 19.628. Lo anterior, en relación, con la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Trasparencia.

Finalmente, señalan que la documentación que no fue entregada a la reclamante no obra en su poder, en los términos solicitados, y que tienen el carácter de reservados.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo se funda en la respuesta incompleta o parcial, circunscribiéndose el objeto de este a la información utilizada para elaborar los informes evacuados, con fecha 9 de abril de 2020, por el Programa de Prevención Focalizada Mahuida de la Región de Coquimbo en las causas de cumplimiento de medidas de protección que se indican en el literal a) del requerimiento. Al respecto, el órgano reclamado alegó que no posee la información pedida, y que en cualquier caso corresponde al Juzgado de Familia competente pronunciarse sobre su entrega, y que aún para el caso que pudiera disponer de aquella, procedería denegarla por concurrir la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, en relación con el deber de resguardo que prescribe la ley N° 19.628.

2) Que, a modo de contexto, cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 8 de la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, referido a la competencia de aquellos, en virtud de la cual les corresponderá conocer y resolver, "N° 7: Todos los asuntos en que aparezcan niños, niñas o adolescentes gravemente vulnerados o amenazados en sus derechos, respecto de los cuales se requiera adoptar una medida de protección conforme al artículo 30 de la Ley de Menores". A su vez el artículo 16 de la citada ley, relativo al interés del niño, niña o adolescente y derecho a ser oído, prescribe que "Esta ley tiene por objetivo garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y goce pleno y efectivo de sus derechos y garantías."

3) Que, además se debe tener presente lo dispuesto en los artículos 2 letras f) y g), y 9 de la ley N° 19.628, en relación con lo dispuesto en el artículo 16 de la Convención sobre Derechos del Niño, ratificada por nuestro país el año 1990, que señala que "Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. // El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques". De esta forma, la protección del interés superior del niño, niña o adolescente supone un especial cuidado en el tratamiento de todo antecedente que forme parte de su esfera íntima.

4) Que, sobre lo reclamado el SENAME sostuvo que los informes por cuyos antecedentes se consultan fueron elaborados por el Programa de Prevención Focalizada Mahuida de Coquimbo, ejecutado por el organismo colaborador acreditado Corporación Gabriela Mistral, y que se efectuaron a requerimiento del Juzgado de Familia de La Serena, en cumplimiento de las medidas de protección individualizadas en el requerimiento, en las cuales no intervienen como parte, de forma tal que no pueden acceder a la información reclamada. Agregó, que aun en el evento de poder disponer de aquella, no sería pertinente hacer entrega de esta, por cuanto no tendrían suficientes antecedentes para analizar si corresponde o no otorgar acceso a ella, dado que se trata de una causa judicial, por lo que estima que corresponde al Tribunal en cuestión evaluar la pertinencia de su entrega.

5) Que, en el presente caso, de los antecedentes examinados, a juicio de este Consejo ha sido posible determinar que el órgano que se encuentra en mejor posición para resolver la procedencia de la entrega de la información reclamada, tanto en atención a la normativa examinada en el presente caso, la naturaleza de aquella y de los procedimientos judiciales que le dieron origen, es el Juzgado de Familia de La Serena ante el cual se tramitan las causas judiciales individualizadas. En este punto, cabe hacer presente que conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, cuando el órgano requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico.

6) Que, por lo expuesto, advirtiéndose que en el presente caso es el Juzgado de Familia de La Serena el órgano que se encuentra en mejor posición para responder sobre la procedencia de la entrega de la información reclamada, se acogerá el presente amparo, solo en cuanto SENAME no dio aplicación al artículo 13 de la Ley de Transparencia, además se representará aquello en la parte resolutiva de esta decisión.

7) Que, por aplicación del principio de facilitación consagrado en el artículo 11 letra f) de la Ley de Transparencia, este Consejo derivará la solicitud al Poder Judicial, a fin de que se pronuncie sobre la publicidad o reserva de los antecedentes requeridos.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por doña Claudia Escobar Muñoz en contra del Servicio Nacional de Menores, sólo en cuanto no procedió conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Representar a la Sra. Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores la infracción al artículo 13 de la Ley de Transparencia, por cuanto no procedió a derivar la solicitud de información, en lo pertinente, como prescribe la citada norma legal. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, lo siguiente:

a) Derivar la solicitud de acceso, en lo pertinente, al Poder Judicial, a fin de que se pronuncie sobre ella, en los términos que exige la Ley.

b) Notificar la presente decisión a doña Claudia Escobar Muñoz y a la Sra. Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y su Consejera doña Gloria de la Fuente González. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, sin perjuicio de concurrir para formar quórum, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el presente caso, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido; solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.