logo
 

Servicio de Impuestos Internos con Ministros Sres Javier Moya Cuadra y Alejandro Madrid Crohare y del Abogado Integrante Sr Jaime Guerrero Pávez Rol: 58508-2020

Corte Suprema, 23/10/2020

Servicio de Impuestos Internos dedujo recurso de queja en contra de los Ministros Sres. Javier Moya Cuadra y Alejandro Madrid Crohare y del Abogado Integrante Sr. Jaime Guerrero Pávez, por las faltas y abusos que habrían cometido al dictar la sentencia que rechazó el reclamo de ilegalidad que ejerció respecto de la Decisión de Amparo decretada por el Consejo para la Transparencia (CPLT), en virtud de la cual se dispuso la entrega de: "copia de los correos electrónicos por medio de los cuales se remitió desde la Dirección Regional de Valdivia a la Dirección Nacional del Servicio, el Informe de Evaluación, en que se fundó la no renovación del nombramiento de la requirente en el cargo de Jefa de Fiscalización de la Dirección Regional de Valdivia. Corte rechaza el recurso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Alvaro Quintanilla López
  • Jorge Lagos Gatica
  • María Angélica Repetto García
  • María Eugenia Sandoval Gouet

Texto completo:

Santiago, veintitrés de octubre de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el Servicio de Impuestos Internos (SII), en autos sobre reclamo de ilegalidad seguidos ante la Corte de Apelaciones de Santiago, dedujo recurso de queja en contra de los Ministros Sres. Javier Moya Cuadra y Alejandro Madrid Crohare y del Abogado Integrante Sr. Jaime Guerrero Pávez, por las faltas y abusos que habrían cometido al dictar la sentencia que rechazó el reclamo de ilegalidad que ejerció respecto de la Decisión de Amparo decretada por el Consejo para la Transparencia (CPLT), en virtud de la cual se dispuso la entrega a la peticionaria, doña Marcia Muñoz Mancilla, de: "copia de los correos electrónicos por medio de los cuales se remitió desde la Dirección Regional de Valdivia a la Dirección Nacional del Servicio, el Informe de Evaluación, en que se fundó la no renovación del nombramiento de la requirente en el cargo de Jefa de Fiscalización de la Dirección Regional de Valdivia.

Se hace presente a la reclamada que de forma previa a la entrega de dicho antecedente, deberá tarjar todos los datos personales de contexto incorporados en la información pedida, como por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia y el principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), del mismo cuerpo legal."

Segundo: Que antes de exponer los fundamentos del recurso de queja, para su adecuado entendimiento se debe tener presente los siguientes antecedentes:

a) El 15 de enero de 2018, doña Marcía Muñoz Mancilla, funcionaria del SII, solicitó a dicho Servicio "i.- Informe, correo electrónico o cualquier documento remitido por la Directora Regional, Sra. Jimena Castillo B., (o su subrogante, si correspondiese) a la Subdirección de Desarrollo de las Personas y/o Subdirección de Fiscalización, a través de los cuales se solicitó, recomendó o decidió su no renovación en el cargo de Jefe del Departamento de Fiscalización de Valdivia; ii.- o a través de los cuales se complementó el citado informe, correo electrónico, o documento originalmente emitido, con el mismo fin; iii.- Informe, correo electrónico o cualquier otro documento en que el Jefe del Departamento de Gestión de las personas, don Mario Schellman, o el Subdirector de Desarrollo de las personas, don Christian Hansen, o el Subdirector de Fiscalización, don Víctor Villallón (o sus subrogantes, si correspondiese), se hayan pronunciado acerca del Informe o solicitud de su no renovación en el cargo; iv.- Todos los informes o documentos que contengan antecedentes que me permitan entender las situaciones de hecho consideradas para tomar la decisión de no renovación en el cargo, v.- Respecto de los primeros cuatro puntos, solicitó se le remita las constancias formales de envío y recepción de dichos documentos, en las que se dé cuenta del emisor, destinatario, fecha, forma de despacho y persona que recibe."

b) El SII entregó a la requirente, mediante Resolución Exenta LT N° 0013778 de 2 de febrero de 2018, el "Informe de Evaluación Primer Periodo Jefatura de Tercer Nivel Jerárquico" y su complemento los que dice contienen, íntegramente, los antecedentes que justificaron la decisión de no renovarla por un nuevo período, en el cargo de Jefa de Fiscalización de la Dirección Regional de Valdivia y que a lo único a que no se dio lugar, fue a la entrega de los correos electrónicos porque, señaló que a su respecto se configuran las causales de secreto o reserva contempladas en el artículo 21 numerales 1 y 2 de la Ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública (LT), al afectarse con la publicidad de la información requerida el cumplimiento de las labores del órgano y el derecho a la vida privada de las personas, lo cual, dice el quejoso es acorde a lo resuelto por el CPLT en otra causa (Amparo C482-2017), en que declaró que los correos electrónicos "son una extensión moderna de la vida privada, en cuanto manifiestan una forma de comunicación de carácter personalísimo, por lo tanto, deben ser protegidos por el derecho a la vida privada, garantía que es base y expresión de la libertad individual y que está íntimamente ligada a la dignidad de las personas, valores fundamentales consagrados en el artículo 1° de la Constitución Política de la República". La referida resolución, añadió que los correos electrónicos se enmarcan dentro de la expresión "comunicaciones y documentos privados" que utiliza el artículo 19 N° 5 de la Carta Fundamental.

De todas formas, indica que las comunicaciones que se produjeron con ocasión del proceso de decisión de no renovación de la jefatura y que fundamenta la solicitud de la requirente, esto es, los correos electrónicos, no constituyen formalmente actos o resoluciones que integren esa decisión, por tanto, de existir éstos, tampoco, tienen la calidad de públicos conforme lo dispone el artículo 5 de la LT.

c) Respecto de esta decisión la requirente con fecha 23 de febrero de 2018, recurrió de amparo por denegación de información ante el Consejo para la Transparencia. En dicha oportunidad el quejoso reiteró sus argumentaciones, en cuanto a que entregó la información, porque lo pedido por la requirente consistió en conocer las razones por las cuales no se la renovó, por un nuevo período, en la Jefatura del Departamento de Fiscalización de la Dirección Regional de Valdivia, las que se encuentran en el Informe de Evaluación Primer Período Jefatura de Tercer Nivel Jerárquico y su complemento, siendo los correos electrónicos sólo el medio para enviar esa información, los que dice tienen la naturaleza de reservados y por ello se configuran las causales de secreto contempladas en los numerales 1 y 2 del artículo 21 de la LT, cita nuevamente la Decisión de Amparo en que se declaró la reserva de los correos electrónicos y precisó que en virtud de la Resolución Exenta N° 12.529, de 27 de agosto de 2014, que contiene las bases del concurso para proveer el cargo que ejerció la solicitante, se deja constancia que dicho funcionario "permanecerá en el cargo por un periodo de tres años, al término del cual y por una sola vez, el Director del Servicio podrá, previa evaluación de su desempeño, resolver la prórroga del nombramiento por un periodo igual (...)".

Indica que mediante la Resolución SIIPERS N° 1051, de 10 de diciembre de 2014, se nombró a doña Marcia Muñoz Mansilla, como Jefe de Departamento de Fiscalización, dependiente de la XVII Dirección Regional de Valdivia, consignándose como fecha de inicio y termino de su período, "desde el 09 de diciembre de 2014, hasta el 09 de diciembre de 2017". Así las cosas, "de ello se desprende que el cargo duraba sólo tres años y que "facultativamente" el Director Nacional del SII "podrá" prorrogar su nombramiento por igual período, bajo un único antecedente condicionante, cual es, su evaluación de desempeño".

d) El CPLT conforme lo dispone el artículo 25 de la Ley N° 20.285, confirió traslado a doña Jimena Castillo Bascuñán, en su calidad de tercero interesado en el amparo, por ejercer el cargo de Directora Regional del Servicio de Impuestos Internos de Valdivia, quien se opuso a la entrega de los correos electrónicos requeridos, compartiendo lo expresado por el Servicio en sus descargos, reiterando que éstos no son parte ni fundamento de la decisión de no renovar a la peticionaria en el cargo, sino que constituyen el medio idóneo y efectivo de comunicación con la Dirección Nacional del órgano, expresando que: "En ellos no se incluyen comentarios, sugerencias u otras evaluaciones anexas a las señaladas en los informes que, como archivo adjunto se remitieron a la autoridad, informes que por lo demás y en su momento ya fueron entregados a la solicitante. De no existir esa forma de comunicación, hubiese enviado el Informe de Desempeño en formato papel, mediante un Memorandum dirigido en sobre cerrado a la Dirección Nacional del Servicio", razones por las que estima se configuran las causales de reserva del artículo 21 numerales 1 y 2 de la Ley de Transparencia.

e) EL CPLT, por mayoría, decidió acoger en parte el Amparo y al efecto expuso que la no renovación de la solicitante al cargo se sustenta en la llegada del plazo y, por tanto, no es necesario que el SII dicte un acto administrativo adicional para dichos efectos. Sin embargo, teniendo presente, que el quejoso reconoció la existencia de correos electrónicos que, si bien, no son fundamento de la decisión, fueron utilizados como medio idóneo y efectivo de comunicación entre la Dirección Regional de Valdivia y la Dirección Nacional del SII, para remitir el Informe de Evaluación de doña Marcia Muñoz y su complemento. En este contexto, señaló "que se trata de correos electrónicos generados desde una casilla institucional, son públicos, en la medida que digan relación directa con el ejercicio de competencias públicas, configurándose en una forma de concretar los principios de eficiencia, eficacia y coordinación que contempla la Ley N° 18.575, de forma que los correos han reemplazado los documentos administrativos contenidos en formato papel, tales como, entre otros, memorándum, oficios, constituyéndose, en la actualidad, en una comunicación formal entre los funcionarios públicos, por lo que no están ajenos al escrutinio y control social, en los términos dispuestos en los artículos 5 y 10 de la LT y 8 inciso segundo de la Constitución Política de la República, por tanto, los correos institucionales no tienen el carácter privado", razón por la cual se concluye que habiéndose generado los correos electrónicos solicitados desde una casilla institucional, en el ejercicio de competencias públicas, no se configura causal de reserva alguna, sin perjuicio que la Sra. Castillo tampoco aportó antecedentes que permitieran colegir la afectación de su vida privada con la entrega.

f) En contra de aquel dictamen, el Servicio de Impuestos Internos dedujo reclamo de ilegalidad, fundado en el artículo 21 N° 2 de la LT, en síntesis, expresó que la entrega de correos electrónicos no forma parte de las materias comprendidas en el deber de publicidad consagrado en el artículo 8 inciso 2° de la Constitución Política de la República, tratándose de comunicaciones privadas amparadas por la garantía reglada en el numeral 5° del artículo 19 de la Carta Fundamental.

g) Tal reclamación fue rechazada mediante sentencia dictada por los ministros recurridos, concluyéndose que, en primer lugar, el SII carece de legitimación activa para interponer el presente reclamo de ilegalidad porque sólo le corresponde intervenir en resguardo de los intereses institucionales del Servicio, siendo la única afectada doña Jimena Castillo, a quien se solicitan sus correos electrónicos, la que no impugnó la decisión del CPLT y, en cuanto al fondo, la sentencia cita un fallo de esta Corte cuyo rol no incorpora íntegro y del cual colige que no se configura la causal de reserva alegada por el Servicio, al constituir los correos electrónicos una comunicación entre funcionarios públicos realizadas en el ejercicio de sus funciones.

h)El 21 de diciembre de 2018, SII solicitó ante el Tribunal Constitucional se declarara la inconstitucional de los artículos 5 inciso 2 y 10 inciso 2 LT, en los presentes autos, lo cual fue acogido por sentencia 21 de noviembre de 2019.

Tercero: Que, asentado el contexto del recurso, se debe tener presente que según expresa el quejoso, los jueces recurridos cometieron las siguientes faltas o abusos graves al desestimar su reclamación y mantener la decisión del CPLT:

1. Errada interpretación del Derecho:

(i) Al declarar la falta de legitimación activa del Servicio de Impuestos Internos y estimar que la Sra. Jimena Castillo Bascuñán, sería la única titular de la acción de reclamación, porque señala que esa es una equivocada interpretación del artículo 19 de la Constitución Política de la República al no considerar que en él se asegura a todas "las personas" los derechos que en ella se consagran, sin distinguir entre personas naturales y jurídicas, como es el caso del Servicio de Impuestos Internos, lo cual se ratifica por los artículos 1 y 2 de la LT que expresamente prescriben que dicha normativa es aplicable a los órganos de la administración pública.

Añade que lo anterior, también, importa la contravención a lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 28 de la Ley N° 20.285 y 90 del Estatuto Administrativo pues, de estas normas se desprende el derecho de los funcionarios públicos a ser defendidos por el Servicio con motivo de hechos acaecidos durante el desempeño de sus funciones y el que éstos, en su calidad de terceros afectados, no están obligados a deducir una reclamación judicial para corroborar que se oponen a la entrega de la información, tal como dice acontece en la especie y, añade que los sentenciadores, olvidan que el correo electrónico cuya entrega se pretende, se encuentra dirigido a la Dirección Nacional, de forma tal que, afecta, también, el derecho a la privacidad de los funcionarios de esa repartición, quienes, a su vez, actúan en representación y a nombre del Director Nacional, jefe superior del Servicio de Impuestos Internos y quien tiene la facultad legal de representación de éste.

ii) Como una segunda falta o abuso grave, expresa quese produce porque la sentencia no reconoce a los correos electrónicos enviados por funcionaros públicos, en el ejercicio de sus funciones, el carácter de reservados, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 8 inciso 2° y 19 N° 5 de la Constitución Política de la República en relación al artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, al referirse a un fallo de esta Corte, sin explicitar sus propios fundamentos, el que por lo demás, dice que no es aplicable en la especie, puesto que en aquel se reconoce que el acto respecto del cual se ha interpuesto reclamo de ilegalidad, se integra de una materia que no es de aquellas cuya publicidad ordena la Carta Fundamental en su artículo 8°, sino que, éstas sólo fueron incorporadas por el legislador en el inciso segundo de los artículos 5° y 10° de la LT, los que fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional.

iii) Sobre la base de lo expuesto, invoca como otra falta y abuso grave, el que los jueces recurridos prescindieron de lo resuelto por el Tribunal Constitucional en causa Rol N° 5841-2018, incurriendo en la contravención de lo dispuesto en el artículo 170 N° 6 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que se omitió resolver parte de su defensa, puesto que en dicha sentencia se declaró la inaplicabilidad de los preceptos 5°, inciso 2° y 10°, inciso 2° de la LT y, por tanto, dice que se otorgó vigencia y validez a un acto que carece de fundamento legal, porque la decisión de amparo, a su juicio, se fundó exclusivamente en la circunstancia que el correo electrónico cuya entrega se ordenó por el CPLT, se encuentra dentro de las materias comprendidas en los incisos segundos de los artículos 5° y 10 de la LT.

2.- En el segundo capítulo de su queja el Servicio, expresa que la sentencia efectuó una falsa apreciación de los antecedentes del proceso y consecuente contravención formal del derecho, insistiendo en las alegaciones previamente desarrolladas, en lo relativo a la improcedencia de la declaración de la falta de legitimación activa.

Solicita que se acoja el presente recurso de queja colocando término a los efectos de las graves faltas o abusos cometidos por los recurridos y, teniendo en especial consideración lo establecido en los artículos 8°, inciso 2° y 19 N° 5, de la Constitución Política de la República y el artículo 21 N° 2, de la LT, así como lo resuelto por el Tribunal Constitucional en causa Rol N° 5.841-2018; declarando que la información solicitada constituía información de carácter privada, no amparada por la LT dejando, en consecuencia, sin efecto lo resuelto por el CPLT, al acoger el reclamo de ilegalidad que interpuso en su contra e imponiéndose a los recurridos las sanciones que esta Corte considere adecuadas.

Cuarto: Que, en su informe, los recurridos reproducen los argumentos que se expresaron en la sentencia que dictaron, para resumir que se han limitado a ejercer la jurisdicción mediante la aplicación del derecho correspondiente, no bastando la mera discrepancia con dicha exégesis para que se configure la falta o abuso grave que se les imputa.

Quinto: Que el recurso de queja está regulado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, designado "De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales", y su acápite primero, que lleva el título de "Las facultades disciplinarias", contiene el artículo 545 que lo instaura como un medio de impugnación que tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de sentencias interlocutorias que pongan fin al juicio o hagan imposible su continuación, o en sentencias definitivas, siempre que, cualquiera sea el caso, no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario.

Sexto: Que, como reiteradamente esta Corte ha declarado, la Constitución Política de la República señala, en su artículo 8°, que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

Igualmente, asegura el derecho de acceso a la información pública como una manifestación de la libertad de opinión y a recibir información (art. 19, N° 12), que se encuentra reconocido en la Carta Fundamental como un mecanismo esencial para la plena vigencia del régimen democrático y de la indispensable asunción de responsabilidades, unida a la consiguiente rendición de cuentas que éste supone por parte de los órganos del Estado hacia la ciudadanía, sin perjuicio que representa, además, un efectivo medio para el adecuado ejercicio y defensa de los Derechos Fundamentales de las personas.

La relevancia de este derecho público subjetivo queda de manifiesto al observar que, reconocido inicialmente a nivel legal, fue posteriormente incorporado a la Carta Política por la reforma de agosto de 2005, como una de las bases de la institucionalidad, principio fundamental del Estado Constitucional y democrático de derecho que funda el ordenamiento fundamental, donde la publicidad es la regla y el secreto la excepción.

Tal preceptiva, que sin distinción obliga a todos los órganos del Estado, exige de éstos que den a conocer sus actos decisorios -tanto en sus contenidos y fundamentos- y que aquellos obren con la mayor transparencia posible en los procedimientos a su cargo, circunstancia que se relaciona con el derecho de las personas a ser informadas.

Con todo, la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado tiene justificadas excepciones que contempla la Constitución, las que dicen relación con los valores y derechos que la publicidad pudiere afectar, referidas todas ellas explícita y taxativamente en la norma constitucional antes transcrita y que sólo el legislador de quórum calificado puede configurar. Se sigue de ello que la interpretación de dichas excepciones debe efectuarse restrictivamente.

En cumplimiento del mandato constitucional fue dictada la Ley N° 20.285 de Acceso a la Información Pública que preceptúa, en lo que interesa, que "la función pública se ejerce con transparencia, de modo que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio de ella" (art. 3°). También que "el principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley" (art. 4). Por último, que "en virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado" (art. 5). (Corte Suprema Rol N° 7.484-2013, 183-2017, 4.242-2019 y 1.824-2019)

Finalmente, la letra c) del artículo 11 estatuye que:

"El derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado reconoce, entre otros, los siguientes principios":

(...)

c) Principio de apertura o transparencia, conforme al cual toda la información en poder de los órganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas".

Séptimo: Que, por consiguiente, el derecho de acceso a la información pública es un derecho implícito que, como otros -entre ellos el derecho a la identidad personal o al desarrollo libre de la personalidad-, nuestro orden constitucional asegura a toda persona y, por tal consideración, merece íntegra protección.

Octavo: Que el recurso de queja en estudio se sustenta, en primer lugar, en que los jueces recurridos, incurrieron en falta y abuso, al estimar que el SII carece de legitimación activa para ejercer el reclamo de ilegalidad en el cual inciden estos autos, porque dicha interpretación importa la creación, al margen de la ley, de una carga y una presunción en relación a la tercera afectada, cual es, que acepta la entrega de la información requerida por el hecho de no ejercer el reclamo judicial, lo cual desconoce el que la LT no limita la facultad de ejercer esta acción, salvo para la causal contenida en el numeral 1° del artículo 21 y, el que el SII conforme lo dispone el artículo 90 del Estatuto Administrativo, está obligado a asumir la representación de sus funcionarios cuando se vean afectados en el ejercicio de sus cargos y, por último, porque la información fue solicitada por la requirente directamente al SII.

Noveno: Que resulta pertinente señalar que la legitimación procesal es la consideración especial que tiene la ley, dentro de cada proceso, a las personas que se hallan en una determinada relación con el objeto del litigio y, en virtud de la cual, exige, para que la pretensión procesal pueda ser examinada, en cuanto al fondo, que sean dichas personas las que figuren como parte en tal proceso ejerciendo las acciones y defensas pertinentes.

En ese sentido, es necesario agregar que conforme se dispone en el artículo 20 de la LT, cuando la solicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar derechos de terceros, la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, deberá comunicar mediante carta certificada, a la o las personas a que se refiere o afecta la información correspondiente, lo cual se reafirma en el artículo 25 del citado estatuto jurídico.

Se añade en su artículo 28 que "el afectado también podrá reclamar de la resolución del Consejo ante la Corte de Apelaciones respectiva, cuando la causal invocada hubiere sido la oposición oportunamente deducida por el titular de la información, de conformidad con el artículo 20".

Décimo: Que, conforme se explicó, el principio de publicidad recae en la información emanada de los órganos del Estado, la que se encuentra referida exclusivamente a la función pública que éstos ejercen, independiente de la oposición del tercero afectado. Así entonces, la intervención del SII para legitimar su actuación debe estar dirigida a la defensa de aspectos institucionales, cuestión que no cabe duda que en la especie acontece, desde que, la entrega de la información que le fue solicitada por la requirente, dice relación directa con un procedimiento administrativo, seguido e instruido por el quejoso, en su calidad de tal, puesto que refiere a la no renovación de la peticionaria en la jefatura que se indica, es decir, se trata de una información que se enmarca en la afectación de fines institucionales -nombramiento del personal de dicho órgano-.

Por tanto, en estas circunstancias, queda en evidencia que el SII posee la legitimación activa para ejercer la reclamación de legalidad en comento, en tanto, el asunto en discusión dice relación directa con el desarrollo de las labores institucionales del Servicio, sin perjuicio, que la tercera interesada y el quejoso aleguen, además, el derecho a la privacidad de las comunicaciones en relación a los funcionarios involucrados, porque aquello refiere a aspectos fácticos que se enmarcan en contextos normativos distintos.

Undécimo: Que, en cuanto al fondo y, conforme esta Corte se pronunció, en los autos Rol N° 1.824-2019, el correo electrónico es información pública, "en cuanto se trata de una comunicación entre funcionarios públicos, emitida a través de canales institucionales, que puede ser considerada como complementaria, de manera directa y esencial, a un acto administrativo".

En este caso y, como se explicó, es posible arribar a dicha conclusión, desde que, se trata de correos electrónicos que tienen por finalidad poner en conocimiento de la Dirección Nacional del SII, el informe en virtud del cual se evaluó el desempeñó de la requirente en el cargo de jefatura, en cumplimiento a lo ordenado por la Resolución Exenta N° 12.529, de 27 de agosto de 2014, que contiene las bases del concurso para proveer el cargo que ejerció la solicitante y, en el cual, expresamente se estableció que la funcionaria permanecería en dicha labor por un período de tres años, "al término del cual y por una sola vez, el Director del Servicio podrá, previa evaluación de su desempeño", resolver la prórroga del nombramiento por un período igual. Es decir, el informe de evaluación constituye un elemento integrante de dicho procedimiento administrativo, razón por la cual la información cuya publicidad se ha requerido - el correo electrónico por medio del que se remitió el mismo- se relaciona de manera inmediata y directa con un acto de la Administración del Estado preciso y determinado, al punto que no se entiende sin él, circunstancias, todas, que denotan la complementariedad esencial exigida por el artículo 5°, inciso primero, de la Ley N° 20.285 para ser entendida como información pública accesible, prima facie, a todo aquel que la requiera, norma que concreta, por lo demás, lo dicho por el artículo 8 de la Constitución Política de la República según su texto transcrito con anterioridad.

Duodécimo: Que la conclusión antes anotada no se desvirtúa por la declaración de inaplicabilidad dispuesta por el Tribunal Constitucional en causa Rol N° 5841-18-INA respecto de los artículos 5° inciso 2° y 10 de la Ley N° 20.285 pues, se insiste, incluso sin acudir a tales normas, la información objeto del conflicto ha de considerarse pública, requiriendo, para su secreto o reserva, la configuración de alguna de las causales taxativamente señaladas en la ley.

Décimo tercero: Que, en cuanto a este último punto, el quejoso ha invocado el motivo contemplado en el artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285, aduciendo, en síntesis, la afectación de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, porque a su juicio, lo público es lo que se comunica y no el medio por el cual se hace, esto es, los correos electrónicos, los cuales constituyen de por sí, comunicaciones privadas, cuyo fundamento legal se encuentra consagrado en el artículo 19 N° 5 de la Constitución Política de la República y que dicha naturaleza es independiente de la calidad de las personas que la realicen, es decir, aun cuando la emita un funcionario público, no altera su carácter de privado, desde que se realizan por un canal cerrado, en el cual sólo tienen acceso los intervinientes del mismo y que esta protección la Constitución la resguarda respecto de toda persona sin distingo alguno e independiente del medio a través del cual se realiza la comunicación y/o quien la efectúe, lo cual dice que ha sido reconocido por la Inspección del Trabajo y la Contraloría General de la República, entre otros, precisando que los correos en examen no contienen, por lo demás, ningún elemento que diga relación con el acto administrativo mismo, esto es, la no renovación del cargo, sino que, sólo se trató del medio idóneo y eficiente para el envió del acto administrativo propiamente tal, cual es, el informe de desempeño de la requirente.

Décimo cuarto: Que tal como lo declararon los jueces recurridos, la causal en comento plantea un conflicto entre el derecho a la información de los órganos del Estado y el derecho a la vida privada e inviolabilidad de las comunicaciones de quienes forman parte de dichos órganos.

Sin embargo, los correos electrónicos, tal como se han descrito por el SII y, teniendo en especial consideración, las palabras de su emisora la Sra. Jimena Castillo Bascuñán, en cuanto expresa que "en ellos no se incluyen comentarios, sugerencias u otras evaluaciones anexas a las señaladas en los informes que, como archivo adjunto se remitieron a la autoridad" y (...) "que de no existir esa forma de comunicación, yo hubiese enviado el Informe de Desempeño en formato papel, mediante un Memorandum dirigido en sobre cerrado a la Dirección Nacional del Servicio"; se colige, entonces, sin lugar a dudas, que su contenido no puede ser calificado como propio de la esfera privada de la emisora y menos del receptor del correo, como insinúa el quejoso, pues se trata del análisis de un acontecimiento que surge y se agota al interior del Servicio, relacionado exclusivamente con el devenir de la función pública desempeñada por funcionarios que poseen la misma calidad.

Décimo quinto: Que, por tanto, la información ordenada entregar al consistir en una comunicación entre funcionarios públicos en su calidad de tales a través de los medios institucionales destinados para ello y sobre materias relativas al Servicio, constituyen circunstancias de hecho que, como lo resolvieron los recurridos, resultan suficientes para descartar la expectativa de privacidad que se pretende proteger por el SII, no configurándose entonces, la única causal de secreto o reserva invocada por el reclamante, en consecuencia, los jueces informantes no han incurrido en falta o abuso, siendo innecesario analizar las demás alegaciones del quejoso por cuanto, incluso de ser efectivas, no revisten la gravedad exigida por el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales para el éxito de este recurso, pues lo dicho en los motivos precedentes determinaba, de por sí, el necesario rechazo de la reclamación.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, se rechaza el recurso de queja deducido por el Servicio de Impuestos Internos en contra de los integrantes de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ya individualizados.

Se previene que el Ministro señor Muñoz, concurre al rechazo del recurso de queja teniendo, además presente, que el SII carece de legitimación activa para invocar la causal del numeral 2 del artículo 21 de la LT, al defender un derecho fundamental de la funcionaria que emitió la información cuya publicidad se requiere porque, en primer lugar, incurrió en una discordancia en la estructura de su argumento, puesto que, en el reclamo judicial, sostuvo que los correos electrónicos, por su naturaleza, independiente de su emisor, constituían comunicaciones privadas y, en tal sentido, lo protegido era la "comunicación privada y no el contenido de la misma". Sin embargo, en el presente arbitrio y, especialmente, en estrado, alegó que la revelación de la información, afectaría la inviolabilidad de las comunicaciones privadas de sus funcionarios, en especial, de la Sra. Castillo Bascuñán e incluso amplio dicha afectación a los empleados receptores de esos correos - Dirección Nacional del SII-, lo cual da cuenta, desde ya, de la contrariedad de sus argumentos y, por tanto, de la imposibilidad de decidir sobre los mismos así planteados.

Sin perjuicio de lo anterior, en los autos Rol N° 1.824-2019 a propósito del acceso a la información de corresos electrónicos institucionales de empleados del quejoso, este Ministro sostuvo que: "La relación entre el Servicio y el funcionario se encuentra reglada en diversos aspectos por el legislador, en lo relativo a la publicidad de los actos que en el contexto del acceso a la información se refiere, sea regulado la notificación al posible afectado, conforme se dispone en el artículo 20, luego de lo cual es el funcionario quien debe manifestar su parecer en relación con lo requerido y el Servicio podrá actuar por los intereses institucionales. Efectuado este emplazamiento, son las personas a quienes pueda afectar la publicidad de los actos quienes podrán ejercer su derecho de oposición, dentro de tercero día, por escrito y de manera fundada, lo cual deberá ser ponderado por el Consejo. En el evento de no deducirse oposición se entenderá que el tercero afectado accede a la publicidad de la información requerida", circunstancia que no ocurre en la especie porque la Sra. Castillo Bascuñán dedujo oposición en la etapa administrativa.

(...)"Sin embargo, la funcionaria no efectuó ninguna otra acción, omitiendo presentar reclamo de ilegalidad en contra de la decisión del Consejo.

Ante tales circunstancias prácticas, el Servicio solamente ha podido instar por la defensa de sus intereses, puesto que al no reclamar la funcionaria se entiende que aceptó la decisión del Consejo y, por lo mismo, el expresado Servicio carece de legitimación para representarla".

Acordado con el voto en contra de la Ministra Sra. Sandoval y el Abogado Integrante Sr. Lagos, en lo que refiere al fondo del asunto controvertido, quienes entendiendo que la presente discusión dice relación con la interpretación de la normativa aplicable y no con la aplicación de las facultades disciplinarias de este Tribunal, estuvieron por actuar de oficio, dejando sin efecto la sentencia dictada por los jueces recurridos y, en su lugar, acoger el reclamo de ilegalidad, teniendo para ello en consideración los siguientes fundamentos:

1°.- Para la debida inteligencia y adecuada resolución del asunto sometido al conocimiento de esta Corte resulta pertinente, en primer lugar, reproducir la normativa constitucional contenedora de las garantías invocadas por el quejoso como transgredidas por la decisión recurrida.

Así, el artículo 19 de la Constitución Política de la República dispone, en lo pertinente, que: "La Constitución asegura a todas las personas: (...)

4°.- El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia;

5°.- La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar sólo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley".

2°.- Asimismo, es pertinente destacar que de la lectura del artículo 8 de la Carta Fundamental, reproducido en el razonamiento sexto del presente fallo, el constituyente ha dispuesto la publicidad sólo respecto de "los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen", lo cual a juicio de estos disidentes, conduce a concluir, basados en su claro tenor literal, que el acceso a la información, respecto de los órganos del Estado, sólo se refiere o abarca sus actos y resoluciones, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen, carácter que indudablemente no comparten los correos electrónicos en disputa.

3°.- En efecto, no resulta razonable sostener que éstos, por su propia naturaleza, puedan ser definidos como actos o resoluciones, pues su misma sustancia se opone a tal caracterización, de lo que dan cuenta, por ejemplo, la calificación de formal o informal de unos y otros, o la fuente de la que emanan, esto es, simples funcionarios públicos o autoridades con facultad para tomar decisiones que se enmarcan dentro del ámbito propio de actividad del organismo estatal respectivo, etc. A ello se suma la circunstancia que lo pedido por la requirente consistía en conocer las razones por las cuales no fue renovada en el cargo de jefatura que ejercía y que, conforme a la Resolución Exenta N° 12.529, que contiene las bases del concurso para proveer el cargo que ejerció la solicitante, se estableció que dicho funcionario permanecería en el cargo por un periodo de tres años, al término del cual y por una sola vez, el Director del Servicio podrá, previa evaluación de su desempeño, resolver la prórroga del nombramiento por un periodo igual, siendo este último documento, fundamento del requerimiento de información, entregado íntegramente a la Sra. Muñoz en su oportunidad, razón por la que, pierde utilidad la entrega de los correos si lo solicitado decía relación, en concreto, con el acto administrativo de no renovación.

4°.- En cuanto a las restantes categorías mencionadas por la Carta Fundamental en este punto, esto es, los fundamentos de los actos y resoluciones y los procedimientos utilizados, es evidente que los correos electrónicos no corresponden ni a unos ni a otros, puesto que los primeros deben formar parte del mismo acto o resolución que sustentan o, en su defecto, han de constar en el proceso administrativo respectivo, el que cuenta con su propio soporte, sea en papel o virtual, pero en ningún caso se habrá de radicar en un correo electrónico, el que conforme, quedo asentado en el proceso, sólo constituyó la vía para remitir el informe en cuestión, no siendo parte del proceso administrativo, en virtud del cual se decidió no renovar en el cargo a la requirente.

5°.- De este modo entonces, sólo cabe concluir que los correos de cuya publicidad se trata, corresponden a comunicaciones y documentos privados, carácter que se desprende de su propia condición de mensajes particulares intercambiados por individuos determinados que sólo pueden acceder a ellos en cuanto titulares de una cuenta de correo que les es propia y en la medida en que a ellos sean dirigidos.

Agréguese copia de esta resolución a los autos tenidos a la vista. Hecho, devuélvase.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del fallo a cargo del Abogado Integrante Sr. Lagos y la prevención y el voto en contra de sus autores.

Rol N° 58508-2020.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (a)Sr. Sergio Muñoz G., Sra. María Eugenia Sandoval G., y Sra. María Angélica Repetto G., y los Abogados Integrantes Sr. Álvaro Quintanilla P., y Sr. Jorge Lagos G. Santiago, 23 de octubre de 2020.

Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a veintitrés de octubre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.