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Fundación ONG El Paciente Inglés con Consejo para la Transparencia Rol: 615-2019

Consejo para la Transparencia, 21/10/2020

Se interpone reclamo de ilegalidad contra la decisión adoptada por el Consejo para la Transparencia que resolvió acoger parcialmente el amparo deducido. Corte rechaza el reclamo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Alejandro Rivera Muñoz

Texto completo:

Santiago, veintiuno de octubre de dos mil veinte.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que comparece Diego Jazanovich, por sí y en representación de la Fundación ONG El Paciente Inglés, quien interpone reclamo de ilegalidad de conformidad al artículo 28 de la Ley N° 20.285, contra la decisión adoptada por el Consejo para la Transparencia, en Sesión Ordinaria N° 1047 de 7 de noviembre de 2019, que resolvió acoger parcialmente el amparo deducido con motivo del procedimiento Rol C-748-2019.

Señala que interpone el reclamo por constituir la decisión del Consejo un acto contrario a la normativa vigente y cuyos efectos significan un daño a los derechos fundamentales de su representada. Agrega que el artículo 28 de la Ley N° 20.285 establece el derecho del afectado a reclamar de la resolución del Consejo ante la Corte de Apelaciones respectiva, cuando la causal invocada hubiere sido la oposición oportunamente deducida por el titular de la información de conformidad con el artículo 20 de la misma ley.

Precisa que con fecha 18 de enero de 2019, solicitó al Honorable Consejo para la Transparencia se pronunciara respecto a los requerimientos de información relativos a la revalidación de los títulos extranjeros de las carreras de Nutricionista, Kinesiología, Medicina, Psicología, Administrador Público, Ingeniero Civil Industrial, Químico Farmacéutico, Ingeniería Civil Química, Ingeniero en Alimentos, Ingeniero Civil Mecánico, Arquitecto, Médico Veterinario, Fonoaudiología, Derecho y Enfermería en la Universidad de Chile, respecto del cual la Universidad de Chile no dio respuesta íntegra y oportuna a las solicitudes presentadas.

Sostiene que la sentencia recurrida infringe el inciso 3° del artículo 16 de la Ley N° 20.285. Explica que la información rechazada en el amparo se refirió a los siguientes aspectos: a) Quiénes componen la Comisión de Revalidación del programa académico en cuestión. Se solicita un listado completo de todas las personas que hayan sido integrantes de dicha Comisión desde, e incluyendo, el año 2007 hasta la fecha; e) En referencia a la etapa del estudio de antecedentes de los postulantes: i. Cómo y quién realiza el estudio curricular de cada postulante en la unidad académica responsable de la revalidación de dicho programa académico. Si se utilizan rúbricas, pautas u otros instrumentos, y se solicitan copias de estos. ii. Cuántos estudios curriculares ha realizado la unidad académica de dicho programa académico desde, e incluyendo, el año 2007 y cuántos de estos estudios curriculares fueron rechazados. iv. Si es posible revisar el estudio curricular y recibir una explicación en caso de ser denegada la solicitud para revalidar título. Indicar si es posible apelar la denegación; f) Descripción detallada del proceso de revalidación de dicho programa académico, en particular: ii. Copias de las rúbricas, pautas, normas, temario, bibliografía, materiales y tiempos de ejecución para cada una de las pruebas. iii. Por qué? no es posible acceder a ninguno de estos documentos a través de la página web de la Universidad de Chile; g) En relación a la calendarización del proceso de revalidación de dicho programa académico: i. Con cuánto tiempo de anticipación se calendarizan los exámenes teóricos y prácticos y cómo se le avisa al revalidante de éstos. ii. Listado de las fechas de todos los exámenes de revalidación de dicho programa académico, teóricos y prácticos, desde, e incluyendo, el año 2007 hasta la fecha, indicando para cada instancia la fecha de aviso; h) Cuál es el número de personas, por año, nacionalidad y universidad de egreso, desde, e incluyendo, el año 2007 hasta la fecha, que: iii. Aprobaron las pruebas teóricas y prácticas, por asignatura, señalando en cuántas ocasiones tuvieron que rendir cada examen teórico y práctico. iv. Reprobaron las pruebas teóricas y prácticas, por asignatura, señalando en cuántas ocasiones tuvieron que rendir cada examen teórico y práctico. v. Abandonaron el proceso de revalidación sin terminarlo con posterioridad; i) Si se restan puntos al puntaje del postulante por cada respuesta incorrecta en los exámenes, y el por qué? de esta práctica; j) Si se entrega retroalimentación luego de los exámenes de revalidación y cómo se realiza y k) Cuál es el período reglamentario para entregar los resultados de los exámenes y si siempre se han cumplido.

Añade que todos los aspectos referidos fueron rechazados bajo el entendido que se configuraría la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.

Señala que el objeto de la Fundación ONG El Paciente Inglés es la realización de acciones que tengan por objeto simplificar, acortar, dar eficiencia y objetivar los procesos de revalidación de títulos de profesionales extranjeros que deseen radicarse en Chile, eliminando todo tipo de discriminaciones, arbitrios, abusos y barreras de entrada.

Respecto a la plausibilidad de la causal de reserva, expresa que es un mecanismo que puede ser utilizado por diversos organismos a fin de justificar una negativa de entrega de información pública. Sin embargo, dicha denegación de acceso a la información debe ponderarse de una forma restrictiva y de conformidad con la Ley N° 20.285, lo cual ha sido claramente establecido por la jurisprudencia al pronunciarse acerca del alcance de estas causales. Cita la sentencia dictada por la Excelentísima Corte Suprema, en el recurso de queja Rol N° 12.793-2019 caratulado NIC Chile con CPLT.

Arguye que el derecho de acceso a la información se encuentra implícitamente consagrado en la Constitución Política de la República. En relación con su consagración legal y constitucional, la jurisprudencia ha indicado en reiteradas ocasiones el derecho de acceso a la información como una garantía constitucional. Así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha señalado: "De esta manera, es posible afirmar que el derecho de acceso a la información pública se encuentra reconocido en la Carta Fundamental aunque no en forma explícita como un mecanismo esencial para la vigencia plena del régimen democrático y de la indispensable asunción de responsabilidades unida a la consiguiente rendición de cuentas que este supone por parte de los órganos del Estado hacia la ciudadanía. Al mismo tiempo, la publicidad de los actos de tales órganos, garantizada, entre otros mecanismos, por el derecho de acceso a la información pública, constituye un soporte básico para el adecuado ejercicio y defensa de los derechos fundamentales de las personas que, eventualmente, puedan resultar lesionados como consecuencia de una actuación o de una omisión proveniente de los mismos." En el mismo sentido, se estableció en el recurso de queja Rol N° 13.510-2013, caratulado Ministerio Relaciones Exteriores con CPLT.

Luego indica que la invocación - y consecuente aplicación - de la causal invocada, debe encontrarse profundamente argumentada y acreditada, así lo ha señalado la Excelentísima Corte Suprema: "Decimo: Que solo a mayor? ? abundamiento, pues no es aplicable por disposición expresa del artículo 28 de la Ley de Transparencia la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano, debería explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de que manera el control ciudadano reflejado en la solicitud de autos podr? ía afectar el debido cumplimiento de las funciones de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente, o cómo puede verse afectado el interés nacional, es decir, aquel que es compartido por toda la comunidad sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales como daños en el funcionamiento del sistema funcionario y bancario o afectación de factores sensibles del mercado financiero o la entrega de señales equivocas a éste"

Reclama que en este caso no ha existido argumentación alguna en pos de materializar la aplicación de dicha reserva, limitándose solo a una mera invocación carente de justificación por parte de la sentencia recurrida, por lo que debe considerarse la decisión del Consejo como un acto contrario a la normativa vigente y cuyos efectos significan un daño a los derechos fundamentales de su representada.

Finalmente, solicita tener por deducido reclamo de ilegalidad contra la decisión de amparo Rol C-748-19, de fecha 07 de noviembre de 2019, adoptada en la sesión ordinaria del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, declarar su ilegalidad, dejándola sin efecto en aquella parte que denegó el amparo presentado, disponiendo que se debe hacer entrega de la información respecto de la cual el amparo fue rechazado.

Segundo: Que Fernando Molina Lamilla, en nombre y representación convencional de la Universidad de Chile, al formular los descargos y observaciones, indica que con fecha 26 de noviembre de 2018, la Unidad de Transparencia recibió 3 solicitudes de acceso a la información pública de la Casa de Estudios Superiores, presentadas por don Diego Jazanovich, identificadas todas bajo el número 509 de dicha anualidad, por tratarse de un mismo requerimiento distribuido en tres formularios de ingreso, cada uno acompañado de 5 archivos adjuntos (en adelante, la "Solicitud"). El Sr. Jazanovich requirió a la Universidad de Chile responder un conjunto de 15 cuestionarios, adjuntados en archivos PDF, cada uno con veintidós ítems o preguntas para responder con información sobre el funcionamiento, la reglamentación y datos estadísticos de la revalidación de títulos extranjeros que efectúa la Institución. Tales cuestionarios ya habían sido presentados a través de 15 solicitudes de acceso a la información pública de la Universidad de Chile, ingresadas con fecha 6 de agosto de 2018 por el mismo Sr. Jazanovich, y que ya habían sido respondidas a través de Oficio N° 418 de la Unidad de Transparencia, de fecha 4 de septiembre del mismo año.

Explica que cada cuestionario estaba dirigido a la Prorrectoría de la Universidad, y se refieren a distintos títulos obtenidos en el extranjero -Ingeniería Civil Química, Ingeniero(a) en Alimentos, Químico(a) Farmacéutico(a), Administrador(a) Público(a), Ingeniero(a) Civil Industrial, Ingeniero(a) Civil Mecánico(a), Arquitecto(a), Médico(a) Veterinario(a), Fonoaudiología, Derecho, Enfermería, Psicología, Medicina, Kinesiología y Nutricionista-, y por cada uno se requirió responder el siguiente tipo de preguntas:

a) Integrantes de la Comisión de Revalidación del título en cuestión. Se solicita un listado completo de todas las personas que hayan sido integrantes de dicha Comisión desde el año 2007, inclusive, hasta la fecha. b) Facultades responsables del proceso de revalidación del título en cuestión. c) Dónde se encuentra la información en relación al proceso antedicho en la web de la Universidad de Chile. d) Si existe un reglamento interno de revalidación del título en cuestión. Se solicita copia y fecha de aprobación del mismo. e) En referencia a la etapa del estudio de antecedentes de los postulantes: (i) Cómo y quién realiza el estudio curricular de cada postulante en la unidad académica responsable de revalidación del título en cuestión. Si se utilizan rúbricas, pautas u otros instrumentos, se solicitan copias de éstos. (ii) Cuántos estudios curriculares ha realizado la unidad académica del título en cuestión desde el año 2007, inclusive, y cuántos de estos estudios curriculares fueron rechazados. (iii) Cómo se informa a los postulantes, luego del estudio curricular, la denegación a la revalidación de título en cuestión. (iv) Si es posible revisar el estudio curricular y recibir una explicación en caso de ser denegada la solicitud para revalidar título en cuestión. Indicar si es posible apelar la denegación. f) Descripción detallada del proceso de revalidación del título, en particular: (i) Estructura completa del proceso y su costo. (ii) Copias de las rúbricas, pautas, normas, temario, bibliografía, materiales y tiempos de ejecución para cada una de las pruebas. (iii) ¿Por qué no es posible acceder a ninguno de estos documentos a través de la página web de la Universidad de Chile? (iv) De cuánto tiempo se dispone para completar el proceso y cuántas veces es posible prorrogar los exámenes, según el reglamento. g) En relación a la calendarización del proceso de revalidación del título en cuestión: (i) Con cuánto tiempo de anticipación se calendarizan los exámenes teóricos y prácticos y cómo se le avisa al revalidante de éstos. (ii) Listado de las fechas de todos los exámenes de revalidación de Ingeniería Civil Química, teóricos y prácticos, desde el año 2007, inclusive, hasta la fecha, indicando para cada instancia la fecha de aviso. h) Cuál es el número de personas, por año, nacionalidad y universidad de egreso, desde el año 2007, inclusive, hasta la fecha, que: (i) ingresaron al proceso de revalidación; (ii) aprobaron el proceso de revalidación; (iii) aprobaron las pruebas teóricas y prácticas, por asignatura, señalando en cuántas ocasiones tuvieron que rendir cada examen teórico y práctico; (iv) reprobaron las pruebas teóricas y prácticas, por asignatura, señalando en cuántas ocasiones tuvieron que rendir cada examen teórico y práctico; (v) abandonaron el proceso de revalidación sin terminarlo con posterioridad. i) Si se restan puntos al puntaje del postulante por cada respuesta incorrecta en los exámenes del título en cuestión, y el por qué de esta práctica. j) Si se entrega retroalimentación luego de los exámenes de revalidación y cómo se realiza. k) Cuál es el período reglamentario para entregar los resultados de los exámenes y si siempre se han cumplido.

Sostiene que ya en la primera respuesta al Sr. Jazanovich, mediante el Oficio N° 418, de 2018, se proporcionaron los enlaces de la página web institucional donde podía acceder a información general relativa a los procedimientos de revalidación de títulos extranjeros y las atribuciones de Prorrectoría, portales donde se puede obtener el detalle de revalidaciones concedidas desde el año 2011 y las reglamentaciones vigentes en la materia, en especial el Decreto Universitario N° 0030203, de 27 de octubre de 2005, Reglamento sobre reconocimiento, revalidación y convalidación de títulos profesionales y grados académicos obtenidos en el extranjero (en adelante, el "Reglamento de Revalidaciones"), y la Resolución Exenta N° 00960, de 2005, que establece aranceles para dichos trámites. Por medio de dicha comunicación, se respondió también, que, en lo no contemplado por dichos portales, la recopilación, sistematización y análisis de lo requerido, hacían procedente aplicar la causal de reserva contemplada en el artículo 21, número 1, letra c), de la Ley N° 20.825, es decir, denegar requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes, o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.

Señala que, ante el reingreso de los mismos 15 requerimientos, a través de una nueva Solicitud, el entonces Jefe de la Unidad de Transparencia por medio de correo electrónico de fecha 4 de enero de 2019, le reiteró al Sr. Jazanovich lo informado en el citado Oficio N° 418 de 2018, señalándole nuevamente que en la especie resultaba aplicable la causal de reserva establecida en el artículo 21, número 1, letra c), de la Ley N° 20.825, especificada anteriormente.

Luego, el 1 de abril de 2019, su representada fue notificada del Oficio N° E3892 de la Jefa de Unidad de Análisis y Admisibilidad del Consejo para la Transparencia, emitido con fecha 28 de marzo de 2019, mediante el cual se le daba a conocer la presentación del amparo C748-19, deducido por don Diego Jazanovich respecto a la Solicitud. Por medio del Oficio N° 0622 del Sr. Director Jurídico de la Institución, de 18 de abril de 2019, la Universidad de Chile evacuó sus descargos y observaciones respecto al amparo C748-19, presentación en la que se expuso al Consejo para la Transparencia, en primer término, que la información requerida se refiere, en su mayoría, a materias reguladas en el Reglamento de Revalidaciones, disposición universitaria que aclara los procedimientos y plazos de las revalidaciones conducidas por la Prorrectoría. En tal sentido, por medio de los antecedentes que ya habían sido proporcionados, accesibles de forma permanente por medio de los portales y las reglamentaciones mencionadas, el Sr. Jazanovich ya había podido obtener en una importante medida la información solicitada, y que, en lo no contemplado en tales fuentes, el acceso a la información pública no puede transformarse en un derecho a que se procese, sistematice y ordene antecedentes para elaborar un informe ad hoc a los intereses de cada peticionario.

Asevera que, en tal contexto, no resultaba razonable que el personal de Prorrectoría, Facultades e Institutos que tramitan las solicitudes de reconocimiento, revalidación y convalidación de títulos profesionales y grados académicos obtenidos en el extranjero, fueran destinados a la recopilación y sistematización de datos correspondientes a doce años, en relación a quince títulos profesionales de alta demanda profesional, prescindiendo de, al menos, un funcionario en cada unidad durante más de una jornada para procesar tales antecedentes

Posteriormente, con fecha 19 de noviembre de 2019, la Universidad fue notificada del Oficio N° E16365 del Sr. Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia, emitido el 12 de noviembre del mismo año, por el cual se comunicó la Decisión de Amparo C748-19 que acogió parcialmente lo exigido por el Sr. Jazanovich, ordenando a su representada poner a su disposición, en un plazo de 10 días hábiles desde que la resolución estuviese firme, la información que a continuación señala, relativa al período 2007 a 2019, de cada uno de los programas académicos consultados: "i. Facultad responsable del proceso de revalidación de títulos extranjeros de dicho programa académico. ii. Copia de reglamento interno de revalidación de los programas académicos consultados. En el evento de que algunas carreras no cuenten con dicho instrumento, deberá informarlo expresamente al reclamante y a este Consejo. iii. Copia de documento que contenga la manera en que se informa a los postulantes la denegación a la revalidación del título, por parte de la Prorrectoría. iv. Documento que dé cuenta del número de personas, por año, nacionalidad y universidad de egreso, que ingresaron al proceso de revalidación y los que lo aprobaron." En consecuencia, mediante Oficio N° 418 de la Unidad de Transparencia, de 13 de diciembre de 2019, remitido al reclamante con igual fecha, la Universidad de Chile informó al Sr. Jazanovich en detalle sobre tales materias, conforme a lo ordenado por el Consejo para la Transparencia, acompañando la documentación y reportes estadísticos pertinentes a tales exigencias.

Hace presente que los Estatutos de la Universidad de Chile, establecidos en el Decreto con Fuerza de Ley N° 3, de 10 de marzo de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 153, de 1981, ambos del Ministerio de Educación (en adelante, los "Estatutos de la Universidad"), en el inciso primero de su artículo 6 dispone lo siguiente: "Artículo 6°. A la Universidad de Chile le corresponde la atribución privativa y excluyente de reconocer, revalidar y convalidar títulos profesionales obtenidos en el extranjero, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales." A objeto de regular el ejercicio de dicha función, mediante el Decreto Universitario de Rectoría N° 0030.203, de 27 de octubre de 2005, se aprobó el Reglamento de Revalidaciones, que establece los procedimientos a seguir en la materia. Por último, a través de la Resolución Exenta de Prorrectoría N° 00960, de 30 de octubre de 2005, se establecieron los aranceles para trámites de reconocimiento, revalidación y convalidación de títulos profesionales y grados académicos obtenidos en el extranjero.

Añade que el Sr. Jazanovich, en la página 2 de su presentación, indica que interpone la reclamación de ilegalidad "de conformidad con el artículo 28 de la Ley N° 20.285 que establece el derecho del afectado a reclamar de la resolución del Consejo ante la Corte de Apelaciones respectiva cuando la causal invocada hubiere sido la oposición oportunamente deducida por el titular de la información de conformidad con el artículo 20 de la misma ley". Tal aseveración que resulta inadecuada, pues en ningún caso nos encontramos ante una solicitud de acceso que se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros, según prescribe el artículo 20 de la Ley N° 20.285, ni nadie ha ejercido "la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados", por lo que el fundamento legal para interponer el reclamo de ilegalidad de autos se encuentra equivocado.

En relación a la infracción del artículo 16 inciso tercero de la Ley N° 20.285, indica que no se advierte de qué manera la negativa de la Universidad de Chile a responder cada punto de los 15 cuestionarios del reclamante habría sido infundada, cuando en su misma reclamación hace inmediata referencia a la causal invocada por el servicio (artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley N° 20.285). En el mismo punto, el reclamante continúa refiriéndose al objeto de la Fundación ONG El Paciente Inglés, esto es "la realización de acciones que tengan por objeto simplificar, acortar, dar eficiencia y objetivar los procesos de revalidación de títulos de profesionales extranjeros que deseen radicarse en Chile, eliminando todo tipo de discriminaciones, arbitrios, abusos y barreras de entrada". Sobre esto último, no se entiende qué relación tiene el objeto de una fundación de derecho privado con el debido cumplimiento de las funciones de un órgano de la Administración del Estado, ni cómo tales propósitos, por muy legítimos que sean, pueden explicar la existencia de una ilegalidad en la Decisión de Amparo reclamada.

En cuanto a la segunda infracción que acusa el reclamante, expresa que la

Decisión de Amparo en parte acogió y en otra desestimó las alegaciones de la Universidad de Chile, es decir, interpretó restrictivamente los argumentos tendientes a resguardar el debido cumplimiento de las funciones del servicio, expuestos por su representada en el procedimiento de amparo.

Enfatiza que es absolutamente falso, lo señalado por el reclamante en cuanto a que "no ha existido argumentación alguna en pos de materializar la aplicación de dicha reserva, limitandose (sic) solo a una mera invocación carente de justificacón (sic) por parte de la sentencia recurrida". Cita lo consignado en el considerando 7) de la Decisión de Amparo.

Afirma que la decisión impugnada precisa caso a caso las razones para acoger el amparo y ordenar a la Universidad proporcionar información al reclamante, en sus considerandos 10, 11, 13 y 16, mientras que, en sus considerandos 9, 12, 14 y 15, explica detalladamente los motivos para entender que el requerimiento no se ajusta al derecho de acceso a la información pública, o que la publicidad, comunicación o conocimiento de lo solicitado implicaría afectar el debido cumplimiento de las funciones del servicio. Es decir, la resolución justifica plena y detalladamente las razones para rechazar tales peticiones y aplicar la norma y causal de reserva respectiva.

En lo atingente a las razones que justifican desestimar la entrega de la información que exige el Sr. Jazanovich, sostiene que la petición del reclamante no se enmarca en el derecho de acceso a información pública, ya que, acorde a lo prescrito en el artículo 10 de la Ley N° 20.285, el Consejo para la Transparencia ha establecido, a través de varias y sucesivas resoluciones, que no cabe confundir el derecho de acceso a información pública con otra especie de peticiones dirigidas a los órganos de la Administración del Estado, que no están encaminadas a obtener informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos, acuerdos o que esté elaborada con presupuesto público, sino un pronunciamiento de la autoridad o la elaboración de informes ad hoc para cada requirente y, en similar sentido, se ha manifestado el Tribunal Constitucional en los fallos en causas Rol 3111-16 y 2558-13.

Indica que, en este caso, el hecho que el reclamante haya adjuntado 15 cuestionarios con 22 ítem o preguntas que responder, exigiendo por sobre 330 datos o respuestas, da a entender que lo solicitado no corresponde a un acto, documento o antecedente determinado, sino que busca la recopilación y sistematización de variados antecedentes, en orden a que se elabore un informe ad hoc a sus intereses o los de la fundación que representa. Esto último, pese a que gran parte de dicha información ya se encuentra en fuentes de acceso permanente al público, como las páginas web y normativa interna de la Universidad, o que muchas preguntas busquen directamente que la Institución dé explicaciones sobre ciertas circunstancias o hechos presuntos, como cuando pide que se responda por qué determinados antecedentes no estarían publicados en el portal institucional o por qué se descontarían las preguntas incorrectas en ciertas evaluaciones (los literales f) - punto iii) -, g) - punto i) -, i), j) y k) de la Solicitud, desestimadas en el considerando 15) de la Decisión. Tal especie de requerimiento escapa a la definición misma del derecho de acceso a la información pública, y condiciona a que los órganos de la Administración del Estado, en lugar de abocarse al debido cumplimiento de sus funciones, conforme determine la jefatura del servicio o las autoridades legalmente facultadas para ello, se dediquen a emitir informes y pronunciamientos en los términos que piden los requirentes de información, supeditando la elaboración y procesamiento de información y las labores de su personal a lo que éstos determinen, en cada caso.

Agrega que sin perjuicio de lo señalado, la sistematización, elaboración y entrega de la información en los términos que demanda el reclamante, significaría una afectación al debido cumplimiento de las funciones de la Universidad de Chile, particularmente, tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, según prescribe el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley N° 20.285. Precisa que dicha norma establece dos circunstancias alternativas que pueden dar lugar a la aplicación de la causal de reserva: que el requerimiento genérico (de acuerdo a la Real Academia Española, "perteneciente o relativo al conjunto de los miembros de una clase o especie") se refiera a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes, o; que la atención del requerimiento genérico requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En el presente caso, se producen ambas condiciones.

Añade que, habiendo cumplido lo ordenado por la Decisión de Amparo, el presente reclamo busca que su representada sistematice y elabore un informe con más de 210 datos o respuestas adicionales, que satisfagan sus requerimientos restantes. Es decir, en la especie, claramente nos encontramos ante un conjunto de requerimientos genéricos, que se refieren a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes, circunstancia que, por sí sola, da lugar a la aplicación de la causal de reserva invocada, pues afecta el debido cumplimiento de las funciones de la Universidad de Chile.

Asimismo, la sistematización, elaboración y entrega de la información en los términos que demanda el reclamante, conduce a distraer indebidamente a los funcionarios de la Universidad del cumplimiento regular de sus labores habituales, pues implicaría que el personal de la Unidad de Transparencia, Prorrectoría y de nueve Facultades e Institutos de la Institución, encargados de la tramitación de las solicitudes de reconocimiento, revalidación y convalidación de títulos profesionales y grados académicos obtenidos en el extranjero, sea destinado a la recopilación y sistematización de datos correspondientes a doce años en quince programas académicos de alta demanda profesional. Lo anterior, significaría prescindir de un funcionario, al menos, en cada una de estas unidades, durante más de una jornada, dado que se desconoce con exactitud el tiempo que demoraría procesar los múltiples antecedentes exigidos, circunstancia que comprometería y afectaría el debido cumplimiento de las funciones universitarias, desatendiendo, precisamente, los procedimientos de reconocimiento, revalidación y convalidación en curso (que incluyen a decenas de personas diarias en entrevistas, además de las labores administrativas propias) y, asimismo, las obligaciones de transparencia y acceso a información de muchos otros requirentes.

Precisa además, que en razón de la emergencia sanitaria y las medidas adoptadas por la autoridad pública a causa de la pandemia de COVID-19, las labores presenciales en la Universidad de Chile se encuentran suspendidas desde el lunes 16 de marzo de 2020, circunstancia que dificultaría aún más sistematizar, elaborar y entregar la información en los términos que demanda el reclamante, pues ello probablemente obligaría a la revisión de antecedentes físicos y, por ende, a exponer y distraer al personal universitario que actualmente cumple su trabajo de forma remota.

En suma, solicita rechazar el reclamo de ilegalidad interpuesto por el Sr. Diego Jazanovich en contra de la resolución del Consejo para la Transparencia en el amparo C748-19.

Tercero: Que comparece Rodrigo Reyes Barrientos, abogado, mandatario judicial del Consejo para la Transparencia, quien evacua el informe, solicitando que el reclamo de ilegalidad sea rechazado en todas sus partes.

En cuanto a los hechos, menciona la información solicitada con fecha 26 de noviembre de 2018 por don Diego Jazanovich, en representación de la O.N.G. El Paciente Inglés a la Universidad de Chile. Dicha información fue latamente detallada en el acápite precedente.

Luego indica, que mediante correo electrónico de fecha 28 de diciembre de 2018, la Universidad de Chile denegó el acceso a la información solicitada por configurarse la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, debido a que una atención efectiva, pormenorizada y simultánea de todas las solicitudes presentadas obligaría, tanto a la Prorrectoría, a las Unidades Académicas y a la Unidad de Transparencia, destinar un tiempo excesivo y desproporcionado de la jornada laboral de su personal, lo que comprometería y afectaría el debido cumplimiento de sus funciones, desatendiendo por una parte los procedimientos de revalidación en curso (que incluyen a decenas de personas diarias en entrevistas, además de las labores administrativas propias) y atender las obligaciones de transparencia y acceso a información de otros tantos requirentes. No obstante lo informado, y para efectos de facilitar la obtención gradual de un resultado final satisfactorio de su expectativa, le plantearon la alternativa de fraccionar el alcance de sus requerimientos de información, como medio de poder hacer viable una atención efectiva dentro del procedimiento.

Posteriormente, el 18 de enero de 2019, don Diego Jazanovich, en representación de la O.N.G. El Paciente Inglés, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Universidad de Chile, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. El Consejo Directivo acordó admitir a tramitación el amparo, confiriendo traslado al Sr. Rector de la Universidad de Chile, quien mediante presentación Oficio N° 622, presentó sus descargos y observaciones.

Explica que por Decisión de Amparo Rol C748-19, adoptada con fecha 26 de mayo de 2020 (sic), el Consejo para la Transparencia acogió parcialmente el Amparo deducido por don Diego Jazanovich, ordenando entregar a la Universidad de Chile, la siguiente información: "i. Facultad responsable del proceso de revalidación de títulos extranjeros de dicho programa académico. ii. Copia de reglamento interno de revalidación de los programas académicos consultados. En el evento de que algunas carreras no cuenten con dicho instrumento, deberá informarlo expresamente al reclamante y a este Consejo. iii. Copia de documento que contenga la manera en que se informa a los postulantes la denegación a la revalidación del título, por parte de la Prorrectoría. iv. Documento que dé cuenta del número de personas, por año, nacionalidad y universidad de egreso, que ingresaron al proceso de revalidación y los que lo aprobaron".

Precisa que el amparo se rechazó respecto de lo pedido en los literales a), e) - puntos i), ii) e iv)-, f) - puntos ii) e iii) -, g) - puntos i) e ii)-, h) - puntos iii), iv) y v)-, i), j) y k) de la solicitud, por configurarse a su respecto la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia y por requerirse un pronunciamiento por parte del órgano reclamado, respectivamente.

En cuanto al fondo, señala que el objeto de la controversia que motivó la interposición del reclamo de ilegalidad, se centra únicamente en determinar si el Consejo para la Transparencia obró conforme a derecho al rechazar el amparo deducido por el Sr. Jazanovich en la representación invocada, en contra de la Universidad de Chile, al estimar configurada la causal de secreto o reserva de la información del Art. 21 N° 1 letra c) de la LT, en la decisión recurrida, respecto de parte de la información requerida en la solicitud de acceso, en particular, los relativos a: literal a); los puntos i), ii) y iv) del literal e); el punto ii) del literal f); el punto ii) del literal g); y, en los puntos iii), iv) y v) del literal h).

Añade que si bien el recurrente funda su impugnación únicamente en relación a controvertir la resolución del Consejo, al estimar procedente la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, de la lectura de la decisión Rol C748-19; consta que parte del amparo, fue rechazado por estimarse que algunos puntos de la solicitud de información no constituyen requerimientos de información que queden comprendidos por el derecho de acceso a la información, reglado por la Ley de Transparencia; sino que se tratan del ejercicio del derecho de petición, consagrado en el artículo 19 N° 14, de la Constitución Política de la República. El reclamo de ilegalidad incurre en una omisión relevante, por cuanto, sin hacerse cargo de lo resuelto en el considerando 15° de la Decisión recurrida, pretende que la Ilustrísima Corte de Apelaciones resuelva sobre la totalidad de su presentación efectuada ante la Universidad de Chile, incluyendo en ella, los puntos que son parte del derecho de petición, a fin de que igualmente sean revisados y se desestime la aplicación de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, en general, sin efectuar una distinción previa y necesaria para resolver acertadamente el reclamo deducido, por cuanto la revisión de legalidad sobre la causal invocada por la Universidad de Chile solo debe versar respecto de los puntos que efectivamente constituyen una solicitud de información.

Enfatiza que las consultas correspondientes a "por qué no es posible acceder a los documentos de revalidación a través de la página web de la Universidad de Chile; con cuánto tiempo de anticipación se calendarizan los exámenes teóricos y prácticos y cómo se le avisa al postulante de éstos; si se restan puntos al puntaje del postulante por cada respuesta incorrecta en los exámenes, y el por qué? de esta práctica; si se entrega retroalimentación luego de los exámenes de revalidación y cómo se realiza; y cuál es el período reglamentario para entregar los resultados de los exámenes y si siempre se han cumplido", equivalen a solicitar variados pronunciamientos a la Universidad de Chile, lo que constituye una manifestación del ejercicio del derecho de petición, y no del derecho a solicitar información pública que obre en un soporte documental de aquellos a los que se refieren el artículo 5° y el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 20.285, normas que no amparan los requerimientos que importan confeccionar información o emitir pronunciamientos en conformidad a lo requerido, como sería en este caso, expresar las razones o los motivos por los cuales la página web de la Universidad no mantiene un correcto funcionamiento, indicar cuál es la forma específica de efectuar correcciones a evaluaciones, etc., pues dichas normas, se refieren a información ya elaborada que obre en poder del órgano público. En apoyo sus argumentos, cita lo resuelto por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en causa Rol N° 10.307-2015 y por la Ilustrísima Corte de Punta Arenas en la sentencia pronunciada en el Rol N° 2-2016.

A continuación, sostiene que el amparo por denegación de acceso a la información, en relación a materias relativas a revalidación de títulos, deducido en contra de la Universidad de Chile, fue rechazado parcialmente, en virtud de la causal de reserva consagrada en el art. 21 N° 1 letra c) de la Ley N° 20.285, la cual fue acreditada por la Universidad de Chile.

Explica que el Consejo estimó que se configuraba la causal de reserva invocada, produciéndose una afectación presente o probable y con suficiente especificidad al debido funcionamiento del órgano, ya que se acreditó que para dar respuesta a la solicitud, en relación a los antecedentes requeridos, con el nivel de desagregación solicitado, se produciría una afectación al cumplimiento de las funciones de la Universidad de Chile, pues se trata de un requerimiento cuya atención requiere distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Este supuesto de afectación de funciones del órgano requerido, se encuentra expresamente definido en el Art. 7° inciso final del Reglamento de la Ley de Transparencia, bajo los siguientes términos: "Se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

Añade que, en la decisión de amparo C377-13 - citada en el considerando 3) de la decisión de amparo reclamada - el Consejo razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado".

Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estimaron concurrentes en la especie, y por tanto darían lugar a esfuerzos desproporcionados por parte de la Universidad de Chile, para atender la solicitud de información, ya que su búsqueda, sistematización, revisión, clasificación y entrega, demanda esfuerzos excesivos para la institución, incurriendo en distracción indebida de las labores habituales de sus funcionarios.

Agrega que debe tenerse presente que en virtud de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 6 del decreto con fuerza de ley N° 3, de 2007, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 153, de 1981, que establece los Estatutos de la Universidad de Chile - en adelante D.F.L. N° 3/2006-, "A la Universidad de Chile le corresponde la atribución privativa y excluyente de reconocer, revalidar y convalidar títulos profesionales obtenidos en el extranjero, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales". Por su parte, el procedimiento de reconocimiento y revalidación de dichos títulos se encuentra regulado en el D.U.E N° 30.203, en cuyo artículo 2, dispone que: "Corresponde a la Prorrectoría la supervisión y coordinación general de los procesos de revalidación, reconocimiento y convalidación en la Universidad de Chile. Resolverá en última instancia todas las situaciones generales y particulares que se presenten en relación con éstos, velará por el adecuado desarrollo de esta labor universitaria y establecerá las instrucciones y/o normativas generales aplicables".

Entonces, de tal marco normativo se concluye que, a la Universidad de Chile, le corresponde ejercer, entre muchas otras, la función de reconocer, revalidar y convalidar títulos profesionales obtenidos en el extranjero. A su vez, la norma del D.U.E N° 30.203, establece procedimientos de comunicación entre los diversos estamentos institucionales, para efectos del desempeño de dichas funciones públicas, sin regular expresamente un procedimiento unificado de gestión documental. Lo anterior, sin perjuicio de que además la Universidad de Chile, debe dar cumplimiento a las otras funciones asignadas por normas generales. No obstante que, en virtud del referido marco normativo, la información requerida obre en poder de la Universidad de Chile, dar acceso a la misma, implica desplegar desproporcionados esfuerzos de búsqueda, revisión, clasificación y sistematización de antecedentes, en atención a la diversidad de materias objeto de la solicitud de información.

En relación a lo solicitado en el literal a), esto es, un listado de todas las personas que han integrado la "Comisión de Revalidación" en cada uno de los 15 programas académicos por los cuales se consulta, a contar del año 2007 a la fecha, hace presente lo dispuesto en el artículo 8 del D.U.E N° 30.203, que establece que: "Las Facultades e Institutos podrán constituir comisiones especializadas en la materia, o designar a determinados órganos o autoridades de la unidad, que tendrán a su cargo el análisis, supervisión, coordinación y evaluación de los procesos de revalidación que se lleven a efecto en sus respectivas unidades. Asimismo, existirá una Comisión Especial que el Vicerrector de Asuntos Académicos designará para estos mismos fines, respecto de las solicitudes de revalidación y reconocimiento que correspondan a dicha Vicerrectoría".

Entonces, de conformidad a la norma recién transcrita y lo informado por el órgano reclamado, la constitución de dichas comisiones se establece sólo como una posibilidad dentro del procedimiento, y no con carácter obligatorio, por lo que resulta plausible que tal información no se encuentre ordenada o sistematizada por cada una de las carreras y para el período consultado, por lo que se estimó configurada la causal de excepción alegada.

Detalla que los puntos i), ii) e iv) del literal e) de la solicitud, dicen relación con una serie de consultas referentes al estudio curricular que se realiza a cada uno de los postulantes de revalidación de título, correspondientes a cada uno de los programas académicos consultados, como por ejemplo, cómo y quién lo realiza, copias de las rúbricas, pautas u otros instrumentos si es que se utilizan, cuántos se han realizado y se han rechazado, posibilidad de revisarlos, de recibir una explicación en caso de ser denegada, si es posible apelar la denegación. En atención a la variedad de los antecedentes consultados por cada una de las 15 unidades académicas y al periodo comprendido (12 años), se consideró que se configuraba en la especie la causal de reserva alegada, motivo por el cual fue rechazado el amparo en estos aspectos, en el entendido que los antecedentes consultados abarcan materias que no se encuentran previamente sistematizadas, relacionadas a diversas unidades educativas, por un extenso período de tiempo.

Por su parte, los puntos ii) del literal f), en el punto ii) del literal g) y en los puntos iii), iv) y v) del literal h) de la solicitud, se refieren a las copias de las rúbricas, pautas, normas, temario, bibliografía, materiales y tiempos de ejecución para cada una de las pruebas; al listado de las fechas de todos los exámenes de revalidación de dicho programa académico, teóricos y prácticos, indicando para cada instancia la fecha de aviso; al número de personas desglosada por año, nacionalidad y universidad de egreso que aprobaron y reprobaron las pruebas teóricas y prácticas, por asignatura, señalando en cuántas ocasiones tuvieron que rendir cada examen teórico y práctico; y las que abandonaron el proceso de revalidación sin terminarlo con posterioridad. Al respecto, se debe considerar que se trata de antecedentes relativos a cada una de las 15 unidades académicas consultadas y respecto de cada uno de los exámenes rendidos en aquellas durante un total de doce años, por lo que, en atención a su naturaleza resultó plausible para el Consejo, que dicha información no se encuentre previamente sistematizada por la Universidad de Chile, en los términos solicitados.

Agrega que se tuvo presente al momento de resolver, que la información requerida en estos puntos, según se desprende de los once ítems en los que se desglosa por cada una de las quince carreras por las que se efectúa la consulta, se trata en su mayoría de materias reguladas en el citado D.U.E N° 30.203, el que aclara que los procedimientos de revalidación los conduce la Prorrectoría de la Universidad, la que una vez verificada la regularidad y autenticidad de los documentos presentados por el solicitante, requiere informe a la Facultad o Instituto que imparte la carrera o programa correspondiente, o a la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, si se trata de títulos que dicho establecimiento educacional no ofrece. Asimismo, el señalado cuerpo reglamentario establece como mera posibilidad el que las Facultades o Institutos constituyan comisiones especializadas en la materia, o que designen a determinados órganos o autoridades de la unidad para efectuar el análisis, supervisión, coordinación y evaluación de los procesos de revalidación que lleven a efecto. En este contexto, atendida la forma en que se regula el proceso de revalidación de títulos, en la que no existe un procedimiento centralizado para llevar a cabo las tareas de revalidación de títulos profesionales, se concluyó que, para efectos de sistematizar la información reclamada, la Universidad de Chile debía prescindir de al menos un funcionario en cada una de las 15 unidades educativas consultadas, durante más de una jornada, a fin de procesar los antecedentes requeridos.

En consecuencia, el Consejo estimó que desplegar el cúmulo de acciones señaladas, implicaba la realización de un esfuerzo desproporcionado para atender parte del requerimiento de acceso materia de autos, lo que significa incurrir en una distracción indebida por parte del personal de la Universidad, de las funciones que le son habituales, configurándose la causal de secreto o reserva de la letra c), N° 1 del Art. 21 de la LT, pues el tiempo de dedicación de dichos funcionarios, para dar respuesta íntegra a la solicitud de acceso tramitada por la O.N.G., considerando el amplio universo de información a revisar sobre materias en que el organismo ha debido intervenir como órgano encargado de los procesos de revalidación de títulos profesionales, que no se encuentran previamente sistematizadas ni incorporados a sistemas automatizados de gestión documental, ni están parametrizadas en la forma específicamente solicitada por el recurrente, ni en un procedimiento único y centralizado, unido al extenso período de tiempo en que se deberían efectuar las tareas de búsqueda y sistematización, permitió estimar fundadamente, que dar respuesta íntegra al requerimiento en los términos solicitados, efectivamente distrae indebidamente al personal de la Universidad de Chile, de la atención de las otras funciones públicas que debe desarrollar habitualmente, lo que se traduce en una afectación presente, probable, y con la suficiente especificidad al debido cumplimiento de sus funciones. El conjunto de actividades descritas precedentemente y el tiempo que conlleva atender la solicitud de información, son de una entidad tal que afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, ya que implicaría para los funcionarios de la Universidad de Chile la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo y un alejamiento de sus funciones habituales, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el Servicio debe desarrollar.

Agrega que este criterio ha sido recientemente ratificado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago en las sentencias Rol N° 497-2019, Rol N° 3834-2014 y Rol N° 3.179-2017. También alude a lo decidido por la Excma. Corte Suprema, mediante sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013.

Afirma que en el caso de marras, el órgano señaló en detalle las gestiones que deben ser desplegadas para revisar, extraer y clasificar la información objeto del requerimiento, en los términos específicamente consultados por el recurrente, y el tiempo aproximado mínimo que cada funcionario de cada unidad educativa debiera emplear en dicho fin, por lo que la atención del requerimiento implicaría para los funcionarios del órgano, la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de esta solicitud de información, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que la Universidad debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a favor de esta persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás, por cuanto implica proceder a revisar el universo de antecedentes relativos a procesos de revalidación de títulos, tramitados por la Universidad de Chile, a fin de sistematizar la totalidad de la información requerida por la O.N.G. El Paciente Inglés, motivo por el cual el Consejo procedió a acoger parcialmente el amparo C748-19, rechazándolo en relación a los puntos en análisis, por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, en lo relativo a de la Universidad de Chile, con la desagregación y el período de tiempo consultado.

Solicita rechazar en su totalidad el Reclamo de Ilegalidad presentado, resolviendo en definitiva mantener o confirmar la Decisión de Amparo Rol C748-19 del Consejo.

Cuarto: Que para analizar adecuadamente el presente reclamo de ilegalidad, debe precisarse, que si bien don Diego Jazanovich al interponerlo alude en parte de su escrito a la situación regulada en el artículo 20 de Ley N° 20.285, esto es, que la solicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros, lo cierto es que la causal de reserva invocada por la Universidad de Chile fue la contenida en el artículo 21 N° 1 letra c) de dicha norma. Alegó también la institución de educación superior, que algunas de las peticiones formuladas por el señor Jazanovich no estaban amparadas por el derecho de acceso a la información pública.

En tal contexto y conforme a los razonamientos plasmados en su decisión, el Consejo acogió parcialmente el amparo del peticionario, rechazándolo respecto de aquellas solicitudes en que estimó acreditada la causal de reserva invocada por la Universidad de Chile y, además, concluyó, en lo que atañe a algunas peticiones, que tal acción era improcedente por cuanto estas no decían relación con el acceso a un acto o resolución de la Universidad de Chile en los términos establecidos en la Ley de Transparencia.

Quinto: Que conviene reseñar el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República, en cuanto dispone que "Son públicos los actos y resoluciones de los Órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen. Sin embargo, una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional."

De lo preceptuado por la Carta Fundamental se deduce que la publicidad es un principio constitucional, de orden general que rige los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen. Dicho principio se recoge en las normas de la Ley N° 20.285, que consagró el derecho fundamental del acceso a la información, en el interés de avanzar hacia una mayor transparencia en la gestión de la Administración del Estado y de la rendición de cuentas de la función pública que regula. Por ello, en su artículo 1° se plasmó el principio de la transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la información. En este entendido se desprende que la regla general es que la información generada, distribuida, recibida, gestionada y almacenada en y por la administración pública, es también pública y sólo en ciertos casos, que constituyen la excepción, la información puede revestir el carácter de reservada y/o secreta.

El correlato de este principio se encuentra en el artículo 10 de la referida normativa, que consagra el derecho a toda persona de solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley.

Sexto: Que, entonces, de acuerdo con el principio de transparencia y publicidad, procede -por norma general- la entrega de la información, salvo que, efectivamente, la requerida se encuentre comprendida dentro de las situaciones de excepción a este principio. En este último caso, corresponde a quien lo alega, acreditar las causales de reserva.

Séptimo: Que, en esta estructura, es misión del Consejo para la Transparencia resolver el fondo de las peticiones que sean efectuadas al respecto, mediante la respectiva Decisión Amparo.

Ahora bien, el recurso en contra de las decisiones del Consejo para la Transparencia no es un recurso de alzada, ni de fondo. Es una reclamación, por decisiones ilegales que el referido organismo cometa en la dictación de sus Decisiones de Amparos, motivo por lo cual el rol de este tribunal es verificar la existencia de las supuestas infracciones normativas que se esgrimen en contra de aquellas.

Octavo: Que, tal como se consigna en el motivo 8) de la decisión reclamada, el Consejo, en atención a la variedad y extensión de la información cuya entrega reclamaba el señor Jazanovich, analizó la configuración de la casual alegada o la procedencia de la entrega de lo pedido, respecto de cada uno de los literales del requerimiento, los que, para efectos del análisis que debe efectuar esta Corte, se referirán de la misma manera utilizada tanto en el reclamo como en los informes reseñados en los acápites previos.

Noveno: Que por ser relevante en el caso sub judice, debe dejarse asentado que la Ley N° 20.285 no ampara requerimientos en virtud de los cuales se daba15 elaborar un pronunciamiento por parte del órgano público requerido, ya que ello constituye una manifestación del ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14° de la Constitución Política de la República.

En tal sentido resulta oportuno citar lo establecido por el Excelentísimo Tribunal Constitucional en sentencia de fecha quince de enero de dos mil quince, dictada en causa Rol N° 2558- 2013, esto es, " DÉCIMO. Que, en tercer lugar, el artículo 8° no hace público todo lo que el Estado tenga o posea, sino sólo "los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y procedimientos que utilicen"; DECIMOPRIMERO. Que, en cuarto lugar, de acuerdo al artículo 8° de la Constitución, la publicidad opera respecto de documentos o actos que ya existen. La Constitución habla de "actos y resoluciones" y de "fundamentos" y de "procedimientos". Lo mismo hace la Ley N° 20.285, que dispone que lo que se entrega, después de solicitada la información, es copia de la misma (artículo 19). Y cuando regula el pago, habla de "costo de reproducción" (artículo 18). En el mismo sentido se expresa la ley cuando regula el traslado a terceros. Esto tiene lugar cuando existen "antecedentes que contengan información" que pueda afectarlos (artículo 20)

Lo mismo hace el reglamento de la Ley N° 20.285 (D.S. N° 13/2009, Minsegpres), que obliga a quien solicita la información a identificar lo que pide para que la petición no sea calificada como un requerimiento genérico (artículos 7°, c), y 28,c)). El derecho de acceso a la información, que regula la Ley N° 20.285, pone a la Administración en la obligación de dar o entregar los actos o documentos que ella tenga. No es un derecho a que la Administración elabore una información. Eso transformaría la obligación de dar en una de hacer. La imposición ya no sería entregar algo, sino hacer un informe. Eso excede o contraviene el derecho legal de acceso a antecedentes que ya existen: actos, resoluciones, fundamentos, procedimientos. El acceso es a documentos que ya existen. Este no es un derecho a que se procese, sistematice u ordene antecedentes contenidos en dichos documentos. El derecho de acceder no puede transformarse en un derecho a obtener informes hechos ad hoc para cada peticionario. De este modo reflejará la inaplicabilidad de esta norma, el efecto que la aplicación de ella irrogue a potenciales derechos constitucionales que se vean afectados en su razón"

Décimo: Que, acorde a lo expuesto, esta Corte no advierte ilegalidad en la decisión del Consejo para la Transparencia, en cuanto, dentro de sus atribuciones y por los fundamentos plasmados en el motivo 15) de la resolución reclamada, decidió rechazar por improcedente el amparo deducido, al estimar que los siguientes requerimientos formulados por el peticionario: "por qué? no es posible acceder a los documentos de revalidación a través de la página web de la Universidad de Chile; con cuánto tiempo de anticipación se calendarizan los exámenes teóricos y prácticos y cómo se le avisa al postulante de éstos; si se restan puntos al puntaje del postulante por cada respuesta incorrecta en los exámenes, y el por qué? de esta práctica; si se entrega retroalimentación luego de los exámenes de revalidación y cómo se realiza; y cuál es el período reglamentario para entregar los resultados de los exámenes y si siempre se han cumplido"; no dicen relación con el acceso a un acto o resolución de la Universidad de Chile, en los términos establecidos en la Ley de Transparencia, sino que más bien se solicita un pronunciamiento de aquella, lo que corresponde al ejercicio del Derecho de Petición establecido en el artículo 19 N° 14 de la Carta Fundamental.

Resulta entonces, que tales solicitudes, en los términos que fueron formuladas, no se refieren a un acto, documento o antecedente determinado en poder de la Administración del Estado, que obre en alguno de los soportes indicados en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia y en el artículo 3 letra e) del Reglamento de la misma ley, sino que, su respuesta implica emitir pronunciamientos para satisfacer los requerimientos del peticionario.

Undécimo: Que, por otra parte, la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley N° 20.285, en relación al artículo 7° letra c) del Reglamento de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, invocada por la Universidad de Chile, contempla dos supuestos de reserva, que son: a) Si la solicitud o requerimiento es del carácter genérico, referido a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes, o bien; b) que la atención del requerimiento de información, aún sin ser genérico, requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.

Duodécimo: Que contrario a lo sostenido por el recurrente, de acuerdo al mérito de los antecedentes acumulados en el presente reclamo, aparece que el rechazo parcial al Amparo por denegación de acceso a la información lo fue porque en este caso efectivamente se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, invocada y acreditada por la Universidad de Chile, ya que, la variedad de los antecedentes consultados por cada una de las quince unidades académicas, abarcando un período de 12 años, implicaría para los funcionarios la utilización de un tiempo excesivo y un alejamiento de sus funciones habituales, interrumpiendo con ello la atención de las otras funciones públicas que la Institución de Educación Superior debe desarrollar.

Tal como razona el Consejo, la configuración de la casual implica una ponderación de hecho sobre los aspectos que suponen los esfuerzos que debe desplegar el organismo requerido, entre ellos, el volumen de información o el costo de oportunidad, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otros.

Así, en el considerando 9) se establece que lo pedido en el literal a) de la solicitud es un listado de todas las personas que han integrado la "Comisión de Revalidación" en cada uno de los 15 programas académicos por los cuales se consulta, a contar del año 2007 a la fecha. En este punto el Consejo concluye que en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 del D.U.E N° 30.203 y de lo informado por el órgano reclamado, la constitución de dichas comisiones se establece sólo como una posibilidad dentro del procedimiento, y no con carácter obligatorio, por lo que resulta plausible que tal información no se encuentre ordenada o sistematizada por cada una de las carreras y para el período consultado.

Luego, en el motivo 12) expone que lo pedido en los puntos i), ii) e iv) del literal e) de la solicitud, dice relación con una serie de consultas referentes al estudio curricular que se realiza a cada uno de los postulantes de revalidación de título correspondiente a cada uno de los programas académicos consultados, como por ejemplo, cómo y quién lo realiza, copias de las rúbricas, pautas u otros instrumentos si es que se utilizan, cuántos se han realizado y se han rechazado, posibilidad de revisarlos, de recibir una explicación en caso de ser denegada, si es posible apelar la denegación. Entonces, en atención a la variedad de los antecedentes consultados por cada una de las 15 unidades académicas y al periodo comprendido (12 años), considera que se configura la causal de reserva alegada. En este caso y a mayor abundamiento, hace presente que algunas de las preguntas efectuadas - sin detallar cuáles - no dicen relación con el acceso a un acto o resolución de la Universidad de Chile, en los términos establecidos en la Ley de Transparencia, sino que más bien se solicita un pronunciamiento de aquella lo que corresponde al ejercicio del Derecho de Petición establecido en el artículo 19 N° 14 de la Carta Fundamental.

Que si bien en este punto, el Consejo alude referencialmente a solicitudes que no dicen relación con el acceso a un acto o resolución de la Universidad de Chile en los términos establecidos en la Ley de Transparencia, lo cierto es que el rechazo del amparo y por ende el motivo del reclamo, lo es como se señala expresamente en el motivo 12), por configurarse respecto de todas las peticiones consignadas la causal de reserva invocada y acreditada por el órgano requerido.

Posteriormente, en el acápite 14 ) y en cuanto a lo requerido en el punto ii) del literal f), en el punto ii) del literal g) y en los puntos iii), iv) y v) del literal h) de la presentación, esto es, copias de las rúbricas, pautas, normas, temario, bibliografía, materiales y tiempos de ejecución para cada una de las pruebas; al listado de las fechas de todos los exámenes de revalidación de dicho programa académico, teóricos y prácticos, indicando para cada instancia la fecha de aviso; al número de personas desglosada por año, nacionalidad y universidad de egreso que aprobaron y reprobaron las pruebas teóricas y prácticas, por asignatura, señalando en cuántas ocasiones tuvieron que rendir cada examen teórico y práctico y las que abandonaron el proceso de revalidación sin terminarlo con posterioridad. El Consejo, ponderando que se trata de antecedentes relativos a cada una de las quince unidades académicas consultadas y respecto de cada uno de los exámenes rendidos en aquellas durante un total de doce años, concluye que en atención a su naturaleza resulta plausible que no se encuentren sistematizados en los términos solicitados, configurándose la causal de reserva alegada.

Décimo Tercero: Que, de acuerdo a todo lo razonado, a los informes evacuados en autos y lo sostenido en estrados por los comparecientes, esta Corte concluye que el presente reclamo de ilegalidad debe ser desechado, por cuanto lo decidido por la recurrida en su Sesión Ordinaria N° 1047, de fecha 7 de noviembre 2019, rechazando parcialmente la solicitud de amparo al derecho a la Información Pública deducida por el recurrente en Amparo Rol N° C748-19, lo fue en uso de las facultades legales que el ordenamiento jurídico le ha entregado al Consejo para la Transparencia, y actuando dentro de sus atribuciones y competencias, esto es, interpretando la normativa conforme a la Constitución y la Ley de Transparencia, sin excederse de sus facultades y dando razones o fundamentos suficientes para dicho rechazo, por lo que no se aprecia, en este caso, que haya procedido con ilegalidad en su decisión y por el contrario se encuentra absolutamente ajustada a derecho. Más todavía, cuando se explica, que la Universidad de Chile, señaló en detalle las gestiones que debían ser desplegadas para revisar, extraer y clasificar la información objeto del requerimiento, en los términos específicamente consultados por el recurrente, y el tiempo aproximado mínimo que cada funcionario de cada unidad educativa debiera emplear en dicho fin, por lo que la atención del requerimiento implicaría para los funcionarios del órgano, la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de esta solicitud de información, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que la Universidad debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a favor de esta persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás, por cuanto implica proceder a revisar el universo de antecedentes relativos a procesos de revalidación de títulos, tramitados por la Universidad de Chile, a fin de sistematizar la totalidad de la información requerida por la O.N.G. El Paciente Inglés.

Décimo Cuarto: Que como corolario de lo que se viene diciendo, se colige que el Consejo para la Transparencia al rechazar parcialmente el amparo, se ha limitado a actuar conforme a las atribuciones que la ley le entrega de resolver conflictos sobre el acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 28 y 30 de la Ley N° 20.285, se declara:

Que se rechaza el reclamo de ilegalidad interpuesto por Diego Jazanovich por sí y en representación de Fundación ONG El Paciente Inglés, en contra de la Decisión de Amparo N° C748-2019, de siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Consejo para la Transparencia.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Redacción de la ministra (s) Paulina Gallardo García, quien no firma por ausencia.

Contencioso Administrativo Rol N° 615-2019.

Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Mireya Eugenia Lopez M., Alejandro Rivera M. Santiago, veintiuno de octubre de dos mil veinte.

En Santiago, a veintiuno de octubre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.