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Productos de Mar Ventisqueros SA con Consejo para la Transparencia Rol: 379-2018

Corte de Apelaciones de Santiago, 21/10/2020

Se interpuso reclamo de ilegalidad contra decisión de amparo adoptada por el Consejo para la Transparencia que acogió un amparo al derecho de acceso a la información. Corte rechaza el recurso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Alejandro Rivera Muñoz
  • Javier Aníbal Moya Cuadra

Texto completo:

Santiago, veintiuno de octubre de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

1°.- Que Matías Ruiz-Tagle Méndez, abogado en representación de Productos de Mar Ventisqueros S.A., sociedad del giro producción salmones, todos domiciliados para estos efectos en calle Huérfanos N° 863, oficina 812, Santiago centro Región Metropolitana deduce reclamo de ilegalidad en contra de la decisión de amparo rol C 1003-2018, adoptada por el Consejo para la Transparencia, corporación de derecho público, representada por su Director General, don Raúl Ferrada Carrasco, ambos con domicilio en calle Morandé N° 360, piso 7, comuna de Santiago, Región Metropolitana. El objeto del presente reclamo es que se deje sin efecto la referida decisión, que ordenó la entrega de; (i) Cantidad y clase de antibióticos utilizados durante los años 2015, 2016 y 2017 (por toneladas) desagregado por empresa y centro de cultivo de la industria del salmón. (ii) Biomasa producida durante los años 2015, 2016 y 2017 (por año y en toneladas) desagregado por empresa y centro de cultivo de la industria del salmón correspondiente a las empresas que han accedido a publicar el dato referido a "Cosecha peso vivo (ton)" concerniente a los años en que tales empresas han consentido en publicar, y en consecuencia se deniegue la entrega de dicha información respecto de su representada Productos del Mar Ventisqueros S.A. Señala que la decisión desconoce la concurrencia y configuración de la causal de secreto y reserva contenida en el número 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia y en la ilegalidad que incurre al ignorar que la información que es objeto del presente reclamo no tiene el carácter de pública.

Sostiene que la información solicitada significa que se haga pública información productiva y sanitaria de su representada, información que es estratégica para los intereses de la compañía y que, de ser pública y con libre acceso a los demás empresas productoras, atenta fuertemente contra la libre competencia, valor que el Estado de Chile debe procurar e incentivar. La entrega de esta información sensible y protegida, tiene el potencial claro de afectación de sus derechos comerciales y económicos, principalmente en materias de seguros, créditos y comercio exterior. A mayor abundamiento, los datos requeridos dan cuenta de la planificación estratégica, especialmente referida a la forma en que maneja el uso de antibióticos en su producción, por lo que constituye un bien económico estratégico, respecto del cual se es titular, derechos de carácter comercial o económico, teniendo con ello acreditada la procedencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Si bien la información solicitada ha sido entregada al Servicio Nacional de Pesca, ese solo hecho no la convierte en información pública, por lo que no puede ser revelada a un particular, mediando oposición de esta parte. En efecto, los informes del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura se nutren de información reservada relativa a un procedimiento industrial, estrictamente confidencial y su divulgación, afecta comercial y económicamente los derechos de la empresa. La información relativa a la cantidad y tipo de productos utilizados, tiene potencial suficiente para afectar los derechos de carácter comercial o económico de las empresas, en su capacidad de operar comercialmente, redundando en un perjuicio en su competitividad en el mercado de que se trata.

En síntesis, señala que su parte fundó la concurrencia de la causal de secreto del número 2 del artículo 21 de la Ley 20.285 en la existencia de inversiones económicas en la definición de estrategias sanitarias y en el dato indesmentible que existe reserva de los productos que cada empresa utiliza, en el contexto de la aplicación y fiscalización de la normativa de pesca y acuicultura. No obstante ello, el Consejo desconoció la concurrencia de los criterios orientadores que el propio CPLT ha definido para determinar si la entrega de la información puede afectar derechos económicos y comerciales, en armonía con lo previsto en el artículo 21 número 2 de la Ley de Transparencia y artículo 7° número 2 del

Reglamento de esa ley (Decreto Supremo N° 13 de 2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia), y que se relacionan con los aspectos señalados en los párrafos anteriores. No resulta razonable ni ajustado a derecho que el Consejo para la Transparencia estime que la información no tiene valor comercial para sus titulares cuando ellos invierten recursos en contratación de personal, capacitaciones regulares, así como en investigación y desarrollo. La inversión económica en materia de antibióticos, así como en la aplicación de estrategias sanitarias en general, tratándose de empresas privadas, no puede tener otra explicación sino en la circunstancia que tales aspectos tienen un claro valor comercial, estratégico y competitivo para las compañías. Todo lo expuesto pone en evidencia que, el desconocimiento que el Consejo hace de la causal de reserva alegada no tiene razonabilidad alguna, y tal desconocimiento no hace sino devenir en ilegal la decisión emanada del Consejo. La falta de fundamento legal de la decisión cuestionada se pone en evidencia cuando a mayor abundamiento, el CPLT señala que la inexistencia de daño al prestigio de las empresas por la entrega de la información queda en evidencia por el hecho que algunas empresas accedieron a la entrega de los antecedentes. En definitiva, en opinión del Consejo, es el actuar de algunas compañías que aceptaron la entrega de los antecedentes, y no la aplicación estricta de la ley de Transparencia, lo que le permite discernir si accede o no al requerimiento de información. En otro línea argumentativa, pero que tiene relación con la alegación anterior, hace presente que los antecedentes objeto de la Decisión reclamada, esto es, información de privados que obre en poder de la administración, no siempre tiene el carácter de pública, conforme los límites que la Constitución Política fija a la publicidad de la función pública. En efecto, el artículo 8° de la Carta Fundamental dispone acotadamente que son públicos los actos y resoluciones del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. En consecuencia, todos aquellos antecedentes o información que obren en poder de los órganos del Estado que no estén contenidos en actos administrativos (actos y resoluciones) ni formen parte de sus fundamentos o de los procedimientos para su dictación, quedan fuera de la esfera de aquello que debe ser público conforme la Ley de Transparencia. Lo expresado es así porque lo que pretende asegurar el diseño constitucional y legal es que exista publicidad o transparencia allí precisamente donde exista actuación administrativa. Luego, si no existe tal actuación, materializada en un acto administrativo, sus fundamentos o procedimientos de dictación, no hay antecedente alguno que hacer público. En definitiva, la Constitución garantiza a los privados que se vean obligados a entregar antecedentes propios a la administración, que tales datos no estarán expuestos a ser entregados a cualquiera que los solicite, sino a condición que la información entregada acceda a actos administrativos. Incluso más, esta garantía luego es reforzada a nivel legal en el sentido que, incluso respecto de información privada que forme parte de actuación administrativa, podría no accederse a la solicitud de acceso a tales antecedentes si se configura una causal de secreto o reserva. Esto tiene su explicación en el interés de la Constitución y cuerpos legales de proteger también los derechos de los titulares de la información que se pretenda transparentar. Concretamente, la Decisión recurrida no identifica de manera alguna ningún acto administrativo del que la información solicitada forme parte, esté en sus fundamentos o haya sido considerada en su procedimiento de dictación, de manera tal que no existe forma alguna de entender que entre en la esfera de la Ley de Transparencia sin que tal razonamiento no quebrante el límite previsto en el inciso segundo del artículo octavo de nuestra Constitución. Por todo lo expuesto solicita se acoja a tramitación y, en definitiva, hacer lugar al mismo y dejar sin efecto la decisión impugnada, ordenando que no se entregue la información requerida.

2°.- Que informa el recurso doña Andrea Ruiz Rosas, abogada, Directora General Suplente y representante legal del Consejo para la Transparencia. En primer lugar se hace referencia en el informe al contexto del reclamo y se hace presente que Productos del Mar Ventisqueros S.A., conforme a los Informes sobre Uso de Antimicrobianos en la Salmonicultura Nacional de los años 2015 y 2016, que se acompañan, consistió expresamente en que Sernapesca publicara sus datos de "Cosecha peso vivo (ton)", no así respecto del Informe del año 2017, por lo que las alegaciones de reserva que efectúa la citada empresa y el objeto de la controversia del presente reclamo, sólo deben entenderse circunscritas a la biomasa producida durante el año 2017 por Productos del Mar Ventisqueros S.A, ya que en lo referido a los años 2015 y 2016, se encuentra contenida en el Informe correspondiente a dichos años.

Enseguida en el informe se detalla el marco normativo aplicable al caso y se señala que es posible colegir que la información que ha sido solicitada, constituyen antecedentes que deben ser proporcionados al SERNAPESCA por el titular de cada uno de dichos centros, en cumplimiento de la normativa sectorial citada, y que por lo tanto, obra en poder del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, en atención a la función fiscalizadora que le corresponde según lo establece el artículo 122 de la Ley de Pesca. Por lo tanto, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° constitucional y artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, tiene el carácter de información pública, salvo que concurra alguna causal de secreto o reserva legal, lo que en la especie no ocurre, como se pasará a explicar. Se reitera que la información solicitada, es pública de conformidad a lo dispuesto en los arts. 5° inc. 2°, 10° y 11 letras a), c) y d) de la ley de transparencia, y arts. 86 y 90 quater de la ley de pesca, habiendo sido aportada a la administración por así disponerlo la normativa sectorial, sirviendo de fundamento para la dictación de actos administrativos dictados por sernapesca, de modo que su aplicación no contraviene el art. 8° inciso 2° de la Constitución. Se señala que en el año 2005, con la promulgación de la Ley N° 20.050, Ley de Reforma Constitucional, se incorporó el nuevo Art. 8° de la Constitución Política por lo que sobre la base de este nuevo texto y del inciso segundo del artículo 5 de la Ley de Transparencia, y en consecuencia, aunque la información por cada centro de cultivo, identificado por su titular, no haya sido elaborada con presupuesto público, se considera pública por el sólo hecho de obrar en poder de la Administración. La carga de la prueba del secreto le corresponde a quien lo invoca. Así por más que la reclamante sostenga que la información solicitada por Oceana Inc., no constituya un acto, resolución, fundamento o sea parte de un procedimiento de la Administración del Estado, y a su juicio, sobrepase lo estatuido en el inciso 2° del Art. 8° de la Constitución Política, esta aseveración no es efectiva, ya que constituye información que sirvió de fundamento para la dictación de actos administrativos por parte del Sernapesca, en cuya virtud puede declarar zonificaciones, establecer medidas de manejo sanitario, dictar programas sanitarios de control y erradicaciones de enfermedades, entre otras facultades conforme a lo dispuesto en los artículos 18 y siguientes del Decreto Supremo N° 319/2001, del Ministerio de Economía y citando al efecto diversas resoluciones que así lo demuestran. A mayor abundamiento hace referencia a los literales a), c) y d) del Art. 11 de la LT, que consagran los principios de relevancia, apertura o transparencia, y de máxima divulgación, que inspiran el derecho de acceso a la información, también permiten disponer la publicidad de la información solicitada al SERNAPESCA.

Posteriormente señala, en razón de las causales de reserva que para determinar la afectación a los bienes jurídicos protegidos por estas causales secreto de la información, ha señalado que es necesario, en primer lugar, no sólo que la información de que se trate concierna a las materias sobre las que éstos versan, sino que además su publicidad debe dañarlos o afectarlos negativamente en alguna magnitud y con alguna especificidad que habrá de ser determinada, daño que no cabe presumir, sino que debe ser acreditado por los órganos administrativos o terceros que tiene alguna probabilidad de ocurrir, empleándose el denominado "test de daño". Así señala que el Consejo concluyó que no era posible dar por configurada la causal de secreto o reserva del Art. 21 N° 2 de la ley, ya que las empresas involucradas no lograron vencer la presunción legal de publicidad, ni justificaron fehacientemente la afectación de sus derechos que le provocaría la publicidad de la información solicitada. Es más, un grupo de ellas incluso accedió expresamente a que se entreguen esos antecedentes y otras ni siquiera evacuaron el traslado que les fue conferido, lo que corrobora que no estamos en presencia de información altamente sensible para el rubro y que afecte sus derechos, pues de lo contrario, todo el gremio salmonero que tenga centros de cultivos se hubiera opuesto o incluso hubiera reclamado de ilegalidad, lo que tampoco aconteció. Tanto es así que la información requerida, respecto de dichas empresas, ya fue proporcionada por SERNAPESCA a Oceana Inc., con fecha 30 de agosto de 2018.

Indica que la entrega de la cantidad y clase de antibióticos utilizados durante los años 2015, 2016 y 2017 (por año y en toneladas) desagregado por centro de cultivo, no afecta los derechos comerciales y económicos de la reclamante. Afirma que el Consejo analizó los requisitos para dar por configurada la causal de reserva alegada, concluyendo respecto al primer requisito consistente en que la información sea secreta, y al segundo requisito consistente en que la información sea objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto, que ambos no concurren en el caso de marras, por cuanto es posible acceder a parte de la información solicitada, la que se encuentra contenida en los Informes sobre Uso de Antimicrobianos en la Salmonicultura Nacional del año 2015 y 2016, publicados en la página institucional del SERNAPESCA, en relación a las empresas que han consentido en tal publicación ante el órgano fiscalizador, unido al hecho que en las resoluciones que otorgan la concesión de acuicultura necesaria, para desarrollar el cultivo de salmónidos, se encuentra el detalle de la ubicación geográfica de los centros de cultivos respectivos, por lo que es posible relacionar ambos datos para obtener la información desagregada por empresa en lo relativo a los antibióticos y la biomasa producida. En consecuencia, considerando el acotado número de antibióticos que pueden utilizar las empresas, y la extensa información disponible respecto de la materia en comento, no es posible sostener tampoco que la información requerida sea objeto de razonables esfuerzos para mantenerla en secreto, puesto que no es secreta, ya que la cantidad y clase de antibióticos a que se refiere la solicitud constituyen contingencias conocidas por todos aquellos que realizan la actividad en el país y en el extranjero, ya que se encuentran presentes en otras zonas también, de modo que informar los centros de cultivo que reportaron su presencia, no da cuenta de información comercial o estratégica alguna, y menos aún puede dañar la imagen de la empresa titular del centro de cultivo, ya que es parte del desarrollo inherente de la industria salmonera la prevención y combate de parásitos. A mayor abundamiento, se debe considerar el hecho que algunas de las empresas afectadas accedieron expresamente a su entrega, y de la revisión de ésta, muchos de sus centros de cultivo reportaron presencia de patologías.

Por último, en cuanto al tercer requisito, consistente en que la información tenga un valor comercial per se secreta, entendiendo que poseerla proporciona a su titular una ventaja competitiva o su publicidad pueda afectar el desenvolvimiento competitivo, tampoco concurre en la especie, debido a que la Resolución Exenta N° 13/2015 prescribe el uso exclusivo de productos farmacéuticos registrados o autorizados de acuerdo a la normativa vigente, además, de que se podrán emplear principios activos administrados por inversión, que pertenezcan a la misma familia química por un máximo de 3 veces consecutivas durante un ciclo productivo. En consecuencia, informar la cantidad y clase de antibióticos desagregados por centro de cultivo, no da cuenta de información comercial o estratégica alguna, ni menos aún puede dañar la imagen de la empresa titular del centro de cultivo, pues es un hecho conocido la presencia de enfermedades en salmones y su tratamiento farmacológico en el país, por lo que se deben tomar los resguardos necesarios para su control, además se debe considerar que no se está requiriendo los períodos de uso de aquellos, ni el procedimiento aplicado para inocular los salmones, por lo que no se trata de información reservada en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

Señala también que la entrega de la biomasa producida durante los años 2015, 2016 y 2017 (por año y en toneladas) desagregado por centro de cultivo de la industria del salmón correspondiente a las empresas que han accedido a publicar el dato referido a "cosecha peso vivo (ton)" concerniente a los años respectivos en que han consentido en publicar, no afecta los derechos comerciales y económicos de la reclamante. En efecto, aduce que teniendo en cuenta los Informes sobre Uso de Antimicrobianos en la Salmonicultura Nacional del año 2015 y 2016, que remitió Sernapesca a través del Ordinario N° 127.156, de fecha 13 de abril de 2018, al evacuar sus descargos al amparo presentado por Oceana Inc., el Consejo realizó el examen de afectación que exige el Art. 8° de la Constitución y Art. 21 de la LT, a fin de determinar la concurrencia o el cumplimiento de los tres requisitos copulativos que se analizaron precedentemente en relación a los antibióticos, concluyendo que la reclamante al haber autorizado a Sernapesca a divulgar en los años 2015 y 2016 sus datos relativos a la "Cosecha peso vivo (ton)", renunció a la protección de los derechos comerciales y económicos que ahora dice que se verían afectados con tal publicidad, por lo que con esa actitud, claramente se entiende que en los relativo a los años 2015 y 2016, no ha realizado razonables esfuerzos para mantener su secreto, lo que es suficiente para desestimar la causal de reserva alegada en relación a la biomasa producida respecto a ese período de tiempo. , así como también aquella que consten en el informe correspondiente al año 2017, y en consecuencia, este Consejo tampoco pudo apreciar que dicha información diera cuenta, en definitiva, de antecedentes cuya publicidad pueda generarle desventajas competitivas, resultando totalmente contradictorio que si durante los año 2015 y 2016 la reclamante consintió expresamente en la divulgación de la información requerida de sus centros de cultivo, sin generarle afectación alguna, para el año 2017 alegue una supuesta afectación de sus derechos comerciales y económicos. Añade además que la ley de transparencia expresamente en su art. 11 letra g) prohíbe exigir causa, motivo o interés para presentar una solicitud de información pública, como asimismo, en su art. 19 impide condicionar o restringir el uso de ésta en caso de proporcionarse, por lo que las alegaciones de la reclamante, que cuestiona la finalidad o el interés que pueda tener el solicitante resultan contrarias al texto expreso de la ley. En conclusión, y atendido todo lo expuesto señala que claramente la Decisión de Amparo Rol C1003-18 emitida por el Consejo para la Transparencia se encuentra absolutamente ajustada a derecho, habiéndose dictado dentro de las atribuciones y competencias que expresamente le encomendó el legislador, e interpretando la normativa conforme al art. 8° de la Constitución y la Ley de Transparencia, no configurándose ninguna de las ilegalidades alegadas por la parte reclamante.

3°.- Se dispuso la vista conjunta de esta causa con la rol N° 376-2018 y la con la rol 382-2019.

4°.- Que, acertadamente, el fallo en alzada en primer lugar desarrolló e hizo referencia al marco regulatorio relacionado con la materia objeto del presente amparo, destacando el Decreto N° 430, del Ministerio de Economía, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.892 de 1989 y sus modificaciones, también conocida como Ley de Pesca y Acuicultura o Ley de Pesca, que en su artículo 90 quáter prescribe que: "Sin perjuicio de las normas sobre acceso a la información pública, el Servicio deberá mantener en su sitio de dominio electrónico la información actualizada sobre las siguientes materias: (...) b) Informes sobre situación sanitaria y uso de antimicrobianos por cantidad y tipo de las agrupaciones de concesiones e informes sobre el programa nacional de vigilancia de enfermedades de alto riesgo, de conformidad con el reglamento a que se refiere el artículo 86. La información será actualizada semestralmente c) Resultados de los informes ambientales de los centros de cultivo; d) Zonificación sanitaria que se realice de conformidad con el reglamento a que se refiere el artículo 86, indicando las zonas libres, infectadas y de vigilancia; e) Centros de cultivo con suspensión de operaciones por incumplimiento de las condiciones ambientales dispuestas en el reglamento (...)".

Luego, se citó el Decreto N° 129, de 18 de diciembre de 2013, del Ministerio de Economía, que fijó el Reglamento para la entrega de información de pesca y acuicultura y la acreditación de origen en su artículo 6°, en donde se señala que "los titulares de inscripciones, autorizaciones y concesiones de acuicultura o quienes éstos designen, deberán entregar la información a que se refiere el presente reglamento". Agregando su artículo 7°, que "la información específica por cada centro de cultivo, que deben entregar las personas naturales o jurídicas a que se refiere el artículo anterior, será la siguiente: a) En el caso de centros de cultivo cuyo proyecto técnico comprenda especies de peces, deberá especificarse, según corresponda: 4. Situación sanitaria: i. Especie, peso, número de ejemplares, etapa de desarrollo y/o actividad productiva, unidad de cultivo, causa de mortalidades y todos los otros egresos de peces vivos o muertos que no correspondan a cosecha. ii. Información sobre las medidas profilácticas y terapéuticas aplicadas a cada unidad de cultivo, y el profesional responsable de los mismos. iii. Enfermedades o infecciones presentadas, signología clínica asociada y diagnósticos de laboratorio. iv. Programas sanitarios específicos: en los casos que exista un programa sanitario específico de conformidad con el artículo 86 de la ley, se deberá dar cumplimiento a las exigencias de información contenidas en ellos referidos a la enfermedad específica de que se trate".

En cuanto a la oportunidad, condiciones y periodicidad de las declaraciones, estas deben regirse (artículo 8°): e) Cualquier otra información, de las enumeradas en el artículo anterior, deberá ser entregada mensualmente (...). La información deberá ser entregada al Servicio mediante el "Sistema de Información para la Fiscalización de Acuicultura (...). Finalmente, este reglamento, en su Título VI, artículo 19° prescribe que "las infracciones a las disposiciones contenidas en el presente reglamento serán sancionadas con las penas y conforme al procedimiento establecido en la Ley General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones".

5°.- Que, asimismo, se precisó que el Decreto Supremo N° 319/2001 del Ministerio de Economía, que establece el Reglamento de Medidas de Protección, Control y Erradicación de Enfermedades de Alto Riesgo para Especies Hidrobiológicas, señala es su artículo 10, que el SERNAPESCA deberá "mediante resolución, previo informe del Comité Técnico, establecer programas sanitarios generales y específicos. Los programas generales determinarán las medidas sanitarias adecuadas de operación, según la especie hidrobiológica utilizada o cultivada, con el fin de promover un adecuado estado de salud de la misma, así como evitar la diseminación de las enfermedades. Los programas específicos estarán referidos a la vigilancia, control o erradicación de cada una de las enfermedades de alto riesgo de las especies hidrobiológicas en todos sus estados de desarrollo". El cumplimiento de las medidas previstas en los programas sanitarios serán de cargo de los titulares de los establecimientos sometidos a ellos (artículo 11).

6°.- Que, se destacó también que la información solicitada fue entregada por las empresas salmoneras al SERNAPESCA, en cumplimiento de una obligación establecida en la Ley de Pesca, en el Decreto Supremo N° 129, que fijó el Reglamento para la entrega de información de pesca y acuicultura y la acreditación de origen. De este modo, por aplicación de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política, así como los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia, dicha información resulta ser de carácter pública, salvo la concurrencia de alguna causal de secreto o reserva.

Sin embargo, solo algunas empresas a que se refiere la información se opusieron al acceso a la misma, pues a su juicio concurriría la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, conforme con la cual se podría denegar total o parcialmente la información solicitada cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico.

7°.- Que, lo que explicitó la reclamada en su fallo, fue que atendida la naturaleza de la información solicitada en la letra a), referida a la cantidad y clase de antibióticos utilizados durante los años 2015, 2016 y 2017 (por año y en toneladas), teniendo presente que en la decisión Rol C2454-17 dispuso la entrega de "información sobre el uso de antimicrobianos por empresa, utilizadas en la salmonicultura en el año 2016, detallando la cantidad antimicrobiano (ton), peso cosecha vivo (ton), biomasa mortalidad (ton), índice antimicrobiano/biomasa producida".

Al respecto, y habida cuenta que en el anotado literal se solicitó información de carácter análogo -cantidad y clase de antibióticos utilizados durante los años 2015, 2016 y 2017 (por año y en toneladas) desagregado por empresa y centro de cultivo de la industria del salmón, siguió el criterio sostenido por esa Corporación en la mencionada decisión.

Además, para fijar ese proceder, se manifestó que el Programa Sanitario General de Manejo de Enfermedades (PSGE), prescribe que para efectos de evitar problemas de salud pública, resistencia precoz a las terapias antimicrobianas y otros inconvenientes asociados a la sobremedicación o submedicación, los productos farmacéuticos utilizados deberán, en lo posible, ajustarse a las dosis, periodos de tratamiento, preparación y condiciones recomendadas por el fabricante, consignadas en el registro sanitario respectivo. A su turno, destaca lo regulado por el D.S. N° 319/2001, que establece el Reglamento de Medidas de Protección, Control y Erradicación de Enfermedades de Alto Riesgo para Especies Hidrobiológicas, en cuanto a que los productos farmacéuticos utilizados deben administrarse según las indicaciones de la prescripción médico veterinaria, la que deberá ajustarse a la ley N° 18.755 y sus normas complementarias o la normativa que la reemplace. Asimismo, del análisis del "Manual de buenas prácticas en el uso de antibióticos y antiparasitarios en la salmonicultura chilena", se concluye que el uso de antibióticos en la industria se encuentra regulado, debiendo velar que las dosis aplicadas, dependiendo del tipo de antibiótico, se ajusten a las recomendaciones tanto del fabricante como de los especialistas en la materia. Además, se precisa que los tratamientos terapéuticos que consistan en sustancias antimicrobianas, antifúngicos y antiparasitarios aplicados a poblaciones de especies hidrobiológicas, deben estar avalados por la prescripción escrita de un médico veterinario (artículo 57°, del D.S. N° 319). De dicha disposición, entre otras que establecen cargas de registro según ya se ha detallado, deriva para las empresas la obligación de contar con veterinarios que cumplan con las labores que al efecto ha establecido la legislación, cuyo incumplimiento se encuentra sancionado por la Ley de Pesca y otros instrumentos normativos. Por ello, no puede considerarse como un elemento innovador y de inversión adicional el contar con este tipo de profesionales por parte de las empresas.

8°.- Que, de lo anterior, se concluyó acertadamente que el proceso de aplicación de antibióticos a un grupo de especies afectadas con una patología que haga necesario el tratamiento, constituye un proceso en el cual se combinan factores tales como la cantidad, el tipo, los períodos, como asimismo factores climáticos o geográficos. Dicho proceso por lo demás se encuentra regulado por la normativa actualmente vigente y las recomendaciones y directrices nacionales e internacionales, existiendo una regulación pormenorizada que rige el modo en que deben proceder las empresas salmoneras respecto de la utilización de los antimicrobianos en sus procesos productivos, tanto en lo que atañe al tipo como a la cantidad que debe ser aplicada según el caso, contexto en el cual se arribó a la convicción de que la revelación de la información solicitada no revela en modo alguno una manera particular y única de proceder, por lo que no constituye una materia propia de secreto empresarial y tampoco es de aquella información cuyo conocimiento pueda proporcionar una ventaja competitiva a las demás empresas.

9°.- Que, respondiendo a las alegaciones de los terceros referidos a que el uso de la información podría generar efectos adversos en su prestigio, lo cierto es que aquellos constituiría un riesgo remoto que no permite identificar una afectación presente o probable y con suficiente especificidad a los bienes jurídicos que la causal de reserva invocada cautela. Además, en el evento de que las empresas hayan ajustado su proceder a los estándares normativos, no se aprecia de qué modo el conocimiento de la información requerida pueda producir los efectos alegados.

Por otro lado, algunas empresas autorizaron la entrega de la misma información, elemento de ponderación que refuerza lo concluido en orden a que los datos que se solicitan no constituyen información sensible de la actividad comercial en análisis, y, por tanto, su divulgación no tiene el mérito de afectar los derechos comerciales o económicos de las empresas que han denegado su entrega, siendo que el "Informe sobre Uso de Antimicrobianos en la Salmonicultura Nacional" publica información sobre cantidades de antibióticos desagregado por empresas que han accedido a la publicación de tales datos, y que, según ha podido constatarse, constituye un número mayoritario dentro de esa industria.

Finalmente, la materia reviste interés público, por cuanto el uso de determinados fármacos puede afectar el medioambiente, existiendo una detallada regulación que obliga tanto a los partícipes de la industria acuícola, como a la autoridad que ejerce un rol de control, en este caso el SERNAPESCA, cuyo principal objeto es resguardar al ambiente y a la salud humana, animal o vegetal, según ya se indicó, por lo que el acceso a los antecedentes requeridos supone un control social al ejercicio de la atribuciones del SERNAPESCA en la materia, recordando que la ley N° 20.417 (D.O. 26.01.2010), que reformó la ley N° 19.300, de Bases del Medio Ambiente, creando el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, agregó un nuevo párrafo denominado "Del Acceso a la Información Ambiental". Su artículo 31 bis dispone que "Toda persona tiene derecho a acceder a la información de carácter ambiental que se encuentre en poder de la Administración, de conformidad a lo señalado en la Constitución Política de la República y en la ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública", entendiendo por información ambiental "toda aquélla de carácter escrita, visual, sonora, electrónica o registrada de cualquier otra forma que se encuentre en poder de la Administración y que verse sobre las siguientes cuestiones":

a) "El estado de los elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, los paisajes, las áreas protegidas, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos genéticamente modificados; y la interacción entre estos elementos.

b) Los factores, tales como sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos, incluidos los residuos radiactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente, que afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente señalados en el número anterior.

c) El estado de salud y seguridad de las personas, condiciones de vida humana, bienes del patrimonio cultural, cuando sean o puedan verse afectados por el estado de los elementos del medio ambiente citados en la letra a) o por cualquiera de los factores y medidas señaladas en las letras b) y c).

d) Toda aquella otra información que verse sobre medio ambiente o sobre los elementos, componentes o conceptos definidos en el artículo 2° de la ley".

Finalmente, el artículo 31 quáter dispone que cualquier persona "que se considere lesionada en su derecho a acceder a la información ambiental, podrá recurrir ante la autoridad competente, de conformidad con lo señalado en la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública".

10°.- Que, en virtud de los motivos precedentes, es que se desestimó correctamente la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, pues la publicidad de la información requerida en el literal a) no tiene el mérito de afectar el bien jurídico protegido por dicha causal, y se acogió en esa parte el amparo.

11°.- Que, en lo que respecta al literal b), referido a la Biomasa producida durante los años 2015, 2016 y 2017 (por año y en toneladas) desagregada por empresa y centro de cultivo en la industria del salmón, cabe reproducir aquí los fundamentos expresados al resolver el reclamo de Oceana Inc. en el reclamo Rol N° 376-2018, visto de manera conjunta con este, el Rol N° 379-2018 y que son los siguientes.

12°.- Que, en primer lugar, destacar el "Informe sobre Uso de Antimicrobianos en la Salmonicultura Nacional" correspondientes a los años 2015, 2016 -acompañados por el órgano reclamado a sus descargos- en el que se encuentra una tabla que, entre otra información, contiene el dato relativo a la "Cosecha peso vivo (ton)" por año referido a un conjunto de empresas operadoras que ahí se individualizan. Dicha circunstancia hizo inoficiosa la alegación de reserva de las empresas que se encuentran en los mencionados documentos así como aquellas que consten en el informe correspondiente al año 2017, ya que no se han acreditado las razones por las que habiendo consentido en la divulgación de la anotada información, la entrega del dato adicional referido a cada centro de cultivo afecte los bienes jurídicos contenidos en el citado artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

Por ello, acertadamente se accede al literal b) de la solicitud respecto de las mencionadas empresas cuya información sobre "Cosecha peso vivo (ton)" se encuentra contenida en los informes antes citados y se requiere al órgano reclamado que haga entrega de la información que ahí se solicita correspondiente a los años en que tales empresas han consentido en publicar su entrega.

13°.- Que, sin embargo -erradamente- a juicio de esta Corte, en lo que toca a las empresas que no accedieron voluntariamente (razones que en todo caso también son aplicables a las compañías que asintieron) a la divulgación del dato señalado en el considerando precedentemente en los mencionados informes y el suponer de facto que ello significaría que han realizado esfuerzos por mantener dicha información en reserva citando lo resuelto en la decisión Rol C2771-17 respecto de la información actualizada sobre las cosechas de una concesión de salmones, estimó el Consejo desestimar su acceso, por considerar que constituiría un bien económico estratégico, respecto del cual existe un titular que ejerce derechos de carácter comercial o económico, en los términos del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, lo que exige mantener su carácter secreto, por corresponder al concepto de secreto empresarial que recoge la legislación nacional.

14°.- Que, contrario a lo afirmado por la sentencia que se revisa, esa información se encuentra en manos de la administración, por lo que se presume pública, así lo dispone por lo demás el Decreto 129, que constituye el "Reglamento para la entrega de información de Pesca y Acuicultura y la acreditación de origen", que establece en sus artículos 6 y 7 que los titulares de inscripciones, autorizaciones y concesiones de acuicultura deberán entregar la siguiente información específica por cada centro de cultivo:

"2. Existencia: por unidad de cultivo, especie, número y peso de los ejemplares, especificando la etapa de desarrollo y/o actividad productiva en que se encuentran.

3. Cosecha: tipo y fecha del evento, especie, número y peso de los ejemplares, así como la identificación del transporte utilizado y del documento tributario que respalda el movimiento.

Respecto del destino del movimiento, se deberá identificar, según corresponda, la planta de proceso, centro de acopio o planta de faenamiento, o bien cualquier otro establecimiento al que se destinen los peces.

4. Situación sanitaria:

i. Especie, peso, número de ejemplares, etapa de desarrollo y/o actividad productiva, unidad de cultivo, causa de mortalidades y todos los otros egresos de peces vivos o muertos que no correspondan a cosecha.

ii. Información sobre las medidas profilácticas y terapéuticas aplicadas a cada unidad de cultivo, y el profesional responsable de los mismos.

iii. Enfermedades o infecciones presentadas, signología clínica asociada ydiagnósticos de laboratorio.

iv. Programas sanitarios específicos: en los casos que exista un programasanitario específico de conformidad con el artículo 86 de la ley, se deberá dar cumplimiento a las exigencias de información contenidas en ellos referidos a la enfermedad específica de que se trate."

Siendo que la información solicitada corresponde a la biomasa producida durante los años 2015, 2016 y 2017 (por año y en toneladas), la que constituye la sumatoria entre la cosecha y la mortalidad de cada centro de cultivo, cada titular tiene la obligación de entregar periódicamente a la autoridad, informes sobre la cosecha y la mortalidad de cada centro de cultivo, lo que equivale a la biomasa respectiva, por lo que en definitiva, la información solicitada obra en manos de Administración y por lo tanto se presume pública.

15°.- Que, asimismo, esta segunda información no afecta derechos comerciales desde que para poder operar, los centros de cultivo deben contar con una Resolución de Calificación Ambiental ("RCA") que autorice su funcionamiento, conforme lo establece la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente. Para obtener una RCA favorable mediante la cual la autoridad ambiental les autorice su funcionamiento, los titulares de cada centro de cultivo deben presentar una Declaración o un Estudio de Impacto Ambiental en el que describan detalladamente su proyecto o actividad, dentro de lo que incluye la biomasa que producirán en cada centro.

Por su parte, las RCAs son actos administrativos, que conforme al Principio de Transparencia y de Publicidad, recogido en el artículo 16 de la Ley 19.880 de la "Ley General que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado", son públicas.

Además, como consecuencia de sentencias de las Ilma. Cortes de Apelaciones y la Excma.Corte Suprema, provocaron que el Sernapesca comenzara a incorporar dentro de sus publicaciones anuales de "Informes sobre Uso de Antimicrobianos en la Salmonicultura Nacional", información sobre la cantidad de antimicrobianos, cosecha, mortalidad e índice de antibióticos utilizados por empresa de cultivo respecto de aquellas que accedieron a publicar la información. Así, el año 2016, 22 empresas accedieron a publicar los datos sobre biomasa reportados durante el año 2015; el año 2017, 16 empresas accedieron a publicar los datos sobre biomasa reportados durante el año 2016 y; el año 2018, 12 empresas accedieron a publicar los datos sobre biomasa reportados durante el año 2017.

O sea, en general el mercado de explotación de salmones accedió a entregar la información proporcionada por un número importante de empresas de forma voluntaria, lo que también descarta su carácter de secreto.

16°.- Que, incluso esa misma información tampoco permite acceder la información que el Consejo para la Transparencia ordenó entregar, porque no tiene valor comercial, conocer la biomasa no podría reflejar información tan compleja como los precios de los productos que cada centro comercializa, la proyección de la estructura de costos, la proyección financiera y la capacidad de respuesta frente a variaciones de precio o costos, siendo que la estructura de costos referida a todo lo que se gasta para que un producto llegue a los usuarios. Entre estos se encuentran los salarios de los trabajadores que elaboran el producto, el costo de los materiales que se emplean en dicha elaboración, el gasto del transporte, electricidad, y otros, siendo que la biomasa no refleja cuál es la estructura de costos de las empresas, y menos su proyección, siendo que la información que ha sido solicitada se limita al monto total por año de biomasa producida, lo que de ninguna manera revela procesos de producción, técnicas y estrategias, ni condiciones económicas de las compañías.

En este sentido, la información que ha sido solicitada no refleja procesos de producción, técnicas y estrategias comerciales, condiciones económicas, ni tampoco es parte del know-how de cada compañía. De lo contrario no explica que a través de tantos medios las empresas no sólo estén señalado cuanto han producido, sino que incluso expresen, cuanto proyectan producir, por lo que no se configura una afectación de los derechos económicos o comerciales de las compañías, ya que la información solicitada no revela procesos productivos.

17°.- Que, la información de biomasa solicitada recae en los años 2015, 2016 y 2017, por lo tanto se trata de cosechas de peces bastante antiguas, por lo que no tienen absolutamente ningún efecto en la competitividad ni en los mercados. Esto es así, porque las cosechas recaídas en tales años ya fue vendida e incluso despachada a sus mercados de destino, por lo que no produce efectos en los precios ni en los mercados, el hecho que la información se haga pública. Incluso, todas las empresas abiertas en bolsa, que a su vez coinciden con las mayores productoras, en sus reportes indican lo cosechado en cada trimestre, llegando incluso algunos a mostrar sus estimaciones futuras, siendo la biomasa uno de muchos factores de determinan el precio del salmón, como es la proporción en ton/año de las cosechas por especie; el número anual de exportadores por línea de elaboración y el número de enfermedades por año en salmones y trucha arco iris. El valor promedio anual del dólar observado en pesos chilenos (CLP); el Indicador de Actividad Económica Regional (Inacer) promedio del año de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes; el valor promedio anual US$/ton de harina de pescado, y la serie anual de precios promedio en US$/barril del petróleo WTI (West Texas Intermediate), entre otros.

18°.- Que, por último, la información solicitada se limita a la biomasa producida por concesión por cada compañía durante los años 2015 a 2017, por lo que no se encuentra amparada por la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial, que en su artículo 86 contempla el secreto empresarial respecto de procedimientos industriales, ya que en ningún caso la información requerida revela los procedimientos industriales implementados por las compañías. A mayor abundamiento, el proporcionar la biomasa producida, no sería indicativa de los precios de los productos que cada centro comercializa, la proyección de la estructura de costos, la proyección financiera y la capacidad de respuesta frente a variaciones de precio o costos.

Por lo demás, la información sobre el uso de antibióticos es de interés público, y debe primar por sobre la protección de una supuesta afectación de derechos económicos y comerciales. Sin embargo, para informar adecuadamente a la población y a los consumidores, no es suficiente conocer la cantidad de antibióticos utilizados, sin que este dato no esté vinculado a una cantidad de salmones producidos, pues de ello se podrá determinar el efecto en la producción de un tonelada de salmón y la proporción de uso de antibióticos, en la misma.

19°.- Que conforme a lo que se ha venido diciendo, no se advierte de qué manera pudiera afectar el derecho a desarrollar cualquier actividad económica ni la de estar sometido a una competencia desleal por parte de los demás competidores, como tampoco en el derecho de propiedad que se ejerce en este caso respecto de dicha información, contemplados en los numerales 21 y 24, del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el acceso a la información relativa a la biomasa, sin que sirva de único argumento que lo ordenado no puede afectar a aquellas empresas que se opusieron a la publicación del dato sobre sus cosechas en los ya citados informes que ha publicado la reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por lo que también a su respecto se decretará su publicidad. Argumentos que, también son homologables a las empresas que accedieron a su entrega.

Y de conformidad a los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia, se resuelve que:

Se RECHAZA en todas sus partes la reclamación deducida por Productos de Mar Ventisqueros S.A., en contra de lo resuelto el catorce de marzo de dos mil dieciocho, en el amparo C1003-2018 por el H. Consejo para la Transparencia.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro señor Moya Cuadra.

ROL N° 379-2018.

Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Javier Anibal Moya C., Mireya Eugenia Lopez M., Alejandro Rivera M. Santiago, veintiuno de octubre de dos mil veinte.

En Santiago, a veintiuno de octubre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.