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Municipalidad de Coihueco con Consejo para la Transparencia Rol: 10-2020

Corte de Apelaciones de Chillán, 04/12/2020

Se interpuso reclamo de ilegalidad de conformidad en contra de la decisión adoptada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, en virtud del cual acoge el amparo interpuesto en contra de recurrente. Corte rechaza el recurso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Darío Silva Gundelach

Texto completo:

Chillan, cuatro de diciembre de dos mil veinte.

Visto:

Que, comparece la abogada Marta Inaipil Castillo, domiciliada en Arturo Prat 1675, de Coihueco, en representación de la Municipalidad de dicha Comuna, en virtud de mandato judicial otorgado por su Alcalde, don Carlos Luis Chandía Alarcón, interpuso reclamo de ilegalidad de conformidad a lo dispuesto en los artículos 28 y siguientes de la Ley 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, en contra de la decisión adoptada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, en Sesión Ordinaria N° 1.125 de fecha 25 de agosto de 2020, notificada a la Municipalidad de Coihueco vía correo electrónico el día 27 del mismo mes, en virtud del cual acoge el amparo interpuesto en contra de dicho ente edilicio, Rol C 2458-20, por estimar que la decisión adoptada por la reclamada adolece de ilegalidad.

Al fundamentar su petición la letrada expresa que el pasado 1 de abril, don Jorge Contreras Villagra presentó una solicitud de acceso a la información, Folio MU053T0000636, solicitando "todos los antecedentes que obran en dicha municipalidad para dar curso a la tala de árboles en el sector de Bureo Bajo, en frente de la propiedad de Juana Villagra, Marisol Villagra, Juan Villagra y Blanca Villagra, lo que dará origen a erosión del terreno por su desnivel y todos los perjuicios que ello conlleva. Se exige a dicho municipio entre otras cosas, los oficios, documentos, resoluciones exentes, planos y/o documentos públicos con las referidas órdenes para la referida tala y expropiación de un terreno particular, además de proporcionar consecuentemente con el actuar de la municipalidad, el ancho del camino público del cual se hace corte de los árboles y si se hace sobre un terreno particular que dada las condiciones del terreno la cerca estaba corrida debido a dichas circunstancias. Se hace presente que al solicitar documentos públicos estos caben bajo el amparo de Ley de Transparencia y que además deben ser proporcionados en los plazos estipulados por dicha Ley". Añade que, con fecha 30 del referido mes, se le informó al solicitante la prórroga del plazo, conforme lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, atendido a que el funcionario encargado de la información se encontraba fuera de funciones por efecto del Covid 19. Posteriormente el 12 de mayo, mediante Ord. N° 94 del Director de Obras Municipales, se dio respuesta al requerimiento, acompañando los documentos que efectivamente se encontraban en poder de la Dirección de Obras, a saber, el programa de caminos dependiente de la Dirección de Obras Municipales, copia del Ord. N° 226 de 30 de abril de 2020 del Alcalde de la Comuna dirigido a doña Claudia Villagra Miranda, el que se emitió en respuesta a una carta presentada al municipio por esta última persona, además, de doña Juana Villagra Moya, doña Marisol Villagra Moya, don José Ávila Guajardo y por el mismo requirente de información, referente sobre la misma materia de corte de árboles y ensanchamiento de camino, estimando que los argumentos allí esgrimidos resultaban igualmente atingentes a la solicitud de acceso a la información, reconociendo la letrada la existencia de un retraso en la entrega de la información, tal como lo ha resuelto el Consejo para la Transparencia en el Resuelvo III de la resolución cuya legalidad impugna.

Enseguida la letrada hace presente que, en forma previa a la emisión de la respuesta, el requirente de información presentó amparo a su derecho de acceso a la información, fundado en la no presentación oportuna de respuesta. Se manifiesta que el Consejo para la Transparencia motivó un sistema anticipado de resolución de controversias (SARC), derivando al requirente de información la respuesta presentada extemporáneamente por el municipio, pronunciándose disconforme por los siguientes aspectos:

a. La Municipalidad no responde dentro de plazo;

b. La respuesta no responde a lo solicitado; y

c. Lo solicitado corresponde a actos administrativos, resoluciones exentas, planos y/o documentos públicos, órdenes municipales, decretos, órdenes de ejecución de obras, expedientes, ancho del camino público, entre otras materias y cualquier otro documento público, los cuales no proporcionó la municipalidad, correspondiente a la tala de árboles sobre un terreno particular, ensanchamiento y obras en camino público.

Se plantea que el Consejo para la Transparencia acordó admitir a tramitación el amparo, confiriendo traslado al Alcalde mediante Oficio N° E10002 de 30 de junio de 2020, el que fue notificado vía correo electrónico el 17 de julio de 2020, siendo evacuado mediante Ord. N° 361 de 22 de julio de 2020, mediante el cual se asumió la responsabilidad por haber emitido una respuesta extemporánea al requerimiento de información, situación excepcionalísima que se debió a la contingencia sanitaria y a la circunstancia de que la mayoría de los funcionarios se encontraban en modalidad de teletrabajo y/o con licencia médica por la misma causa.

Además, destaca, que entregaron la documentación de la que disponían al momento de recibir el requerimiento de información, tales como el programa de mejoramiento de caminos, set de fotografías del camino en el cual se procedió al corte de árboles en forma previa, en el cual se verifica que los árboles estaban fuera de las propiedades privadas y en el camino público, no siendo efectivo que se hubiera realizado afección a la propiedad privada, sosteniendo que también se indicó que, conforme lo dispuesto en la Ley N° 20.285, en sus artículos 5 y 10, la transparencia alcanza a los actos, documentos y antecedentes de respaldo que obren en poder de la Municipalidad y no a aquellos que el solicitante cree que existen o que debieran existir, manifestando que a su entender el reclamante lo que pretendía era el de formular un cuestionamiento al actuar municipal, pues asume y declara como cierto lo expuesto en su presentación, señalando por ejemplo que "lo solicitado obedece a procedimientos que todo municipio debe llevar a cabo cuando intervienen caminos", y más grave aún, formula mediante esta vía una acusación de expropiación de terreno particular, lo que adolece de veracidad.

Finalmente adujo que el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia en Sesión Ordinaria N° 1125 de 25 de agosto de 2020 resolvió lo siguiente: I. Acoger el amparo deducido por don Jorge Contreras en contra de la Municipalidad de Coihueco, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Coihueco, lo siguiente: a) Hacer entrega al reclamante de todos los antecedentes que obran en la Municipalidad para dar curso a la tala de árboles en el sector de Bureo Bajo. Específicamente, entre otras cosas, los oficios, documentos, resoluciones exentas, planos y/o documentos públicos con las órdenes para la referida tala y expropiación de un terreno particular, además de proporcionar el ancho del camino público del cual se hace corte de los árboles. Con todo, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes antes indicados, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo con el punto 2.3, de la instrucción general N° 10."

Por otra parte señaló que en cuanto al derecho, fundada en lo dispuesto en los artículos 21 número 1 y 28 de la Ley N° 20.285, estima que su representada se encuentra legitimada para deducir el presente reclamo de ilegalidad, en contra de la decisión adoptada por el Consejo para la Transparencia ya referida, sosteniendo que la recurrida al acoger el amparo deducido y ordenar a la Municipalidad de Coihueco la entrega de antecedentes que no obran en su poder, ha vulnerado el principio de legalidad y aplicado erróneamente los artículos 5, 10 inciso 2° y 11 letras a), b) , c) de la Ley 20.285, precisando que todas las normas citadas de dicha norma jurídica, presentan como elemento común, consagrar que la transparencia alcanza a los documentos que obren en poder o que posean los órganos de la Administración del Estado, esto es, documentos que efectivamente hayan sido elaborados por el órgano administrativo.

Luego añadió que la recurrida dio por verídicas las afirmaciones expuestas por el recurrente, en cuanto a que la Municipalidad de Coihueco incurrió en una expropiación de un terreno particular, imputación la que considera de la mayor gravedad, toda vez que esa es una materia que el legislador entrega a los Tribunales Civiles y no a un órgano administrativo como el Consejo para la Transparencia, sin perjuicio de que sea considerado como un órgano con facultades jurisdiccionales.

También denuncia la vulneración de normas sobre la competencia de los órganos de la Administración del Estado, consagradas en el artículo 7° de la Constitución Política de la República, ya que al resolver que la Municipalidad debía entregar "documentos con las órdenes para la expropiación de un terreno particular" se habría arrogado facultades propias de los juzgados civiles. Junto con la vulneración de normas legales la letrada estima que la recurrida, ha incurrido en una ilegalidad en su resolución, al asumir que la Municipalidad de Coihueco debió realizar tal o cual procedimiento o tener tal o cual documentación, haciendo presente que el requirente de información, presentó reclamo ante la Contraloría General de la República - Región de Ñuble-, solicitando fiscalización respecto al procedimiento empleado por el municipio particularmente, para saber si éste cuenta con respaldos legales y normativos, además de si los trabajos cumplieron el correspondiente procedimiento administrativo.

Termina solicitando que, en virtud de lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 28 y siguientes de la Ley 20.285, se tenga por interpuesto reclamo de ilegalidad en contra de la decisión adoptada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia en Sesión Ordinaria N° 1125 de 25 de agosto de 2020, respecto del amparo al derecho de acceso a la información pública Rol C-2458-20, por la que resolvió acogerlo, el que fue deducido por don Jorge Contreras, por estimar ilegal la decisión adoptada por el Consejo a la luz de las disposiciones legales y argumentaciones previamente esgrimidas, se someta a tramitación y, en definitiva, se le acoja ordenando sea dejada sin efecto la decisión que se impugna, en la parte en que ordena entregar información de la que no dispone la entidad edilicia.

A su presentación acompaña documentos.

Que, al informar el abogado don David Ibaceta Medina, Director General Suplente y representante legal del Consejo para la Transparencia, corporación autónoma de derecho público, domiciliado para estos efectos en calle Morandé 360, piso 7, comuna de Santiago, solicitó el rechazo del presente reclamo de ilegalidad en todas sus partes.

En primer término, la reclamada procede latamente a efectuar una descripción completa y detallada sobre el proceso, etapas y presentaciones que ha dado origen la presentación efectuada por don Jorge Contreras a la Municipalidad de Coihueco el pasado 1 de abril, hasta la presentación el pasado 10 de septiembre por parte de la letrada Marta Inaipil Castillo, del presente reclamo de ilegalidad, para luego sostener que, habiéndose analizado los argumentos desarrollados por el solicitante y por la Municipalidad en el marco de la decisión de amparo, así como los fundamentos esgrimidos por dicho organismo en su calidad de reclamante de ilegalidad, estima que las consideraciones tenidas en cuenta por el Consejo, se ajustan a derecho y al espíritu del constituyente en materia de publicidad y transparencia, por lo que el reclamo debería ser rechazado al no haberse incurrido en ninguna ilegalidad al adoptarse.

Sobre el particular refiere que, habiendo la Municipalidad indicado no poseer más información que la requerida y entregada, sin dar cuenta fehacientemente de los motivos por los cuales la información adicional no obraría en su poder, o indicar al menos qué antecedentes efectivamente posee, más allá de los que corresponden a un "Programa caminos DOM", documento de una carilla que contiene un listado que enuncia nueve etapas y los meses en los que se realizarían; el Ord. N° 226/2020 del municipio, que da respuesta a una carta de un tercero referida a consultas sobre las obras; y, copia de dos fotografías del camino en el que se efectuaron los trabajos de tala de árboles, el Consejo dispuso en el considerando 7) y en el segundo párrafo de la letra a) del numeral II de lo resolutivo de la decisión que, de ser el caso, que todos los antecedentes que obran en la Municipalidad para dar curso a la tala de árboles en el sector de Bureo Bajo, específicamente, entre otras cosas, los oficios, documentos, resoluciones exentas, planos y/o documentos públicos con las órdenes para la referida tala y expropiación de un terreno particular, además de proporcionar el ancho del camino público del cual se hace corte de los árboles, efectivamente no obren en su poder, deberá acreditar dicha circunstancia de conformidad al punto 2.3 de la Instrucción General N° 10, de este Consejo, estimando que el Consejo, no está obligando a la Municipalidad a entregar información de la cual no disponga, ni a elaborar información a pedido del solicitante, pues en el considerando 7) y en el segundo párrafo de la letra a) del numeral II de lo resolutivo de la decisión se dejó establecido que no resulta exigible la elaboración de información especial, sino que todo lo contrario, ateniéndose al tenor de lo preceptuado en las letra b) y d) del Art. 11 de la LT, y debido a que la Municipalidad señaló que no obraban en su poder más antecedentes, se le confirió a dicho órgano una opción de cumplimiento alternativo de la decisión, para que en caso de que realmente no cuente con los antecedentes solicitados, simplemente exprese fundada y explícitamente dicha circunstancia al requirente de información, dando cuenta de los motivos por los cuales la información sería inexistente, cumpliendo de esa manera con lo establecido en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 del Consejo, sobre el Procedimiento

Administrativo de Acceso a la Información, publicada en el Diario Oficial el 17 de diciembre de 2011.

Enseguida reitera lo expuesto señalando que, dado que la decisión C2458-20 confirió una opción de cumplimiento alternativo a la Municipalidad, en el sentido de que, en el evento que la información no obre en su poder, deberá acreditar dicha circunstancia, considera que de ello se desprende que la decisión reclamada no es ilegal, por cuanto no obliga a entregar información inexistente, pues si fuera efectivo que los antecedentes solicitados no están en poder de la reclamante, basta que en la etapa de cumplimiento de la decisión señale y acredite tal circunstancia al requirente, en conformidad a lo exigido en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10, del Consejo, en lugar de insistir con que no obra en su poder, interponiendo un reclamo de ilegalidad, basado en la supuesta infracción a los Arts. 5°, 10, y 11 de la LT.

Luego sostuvo que su representada obró ajustándose a lo dispuesto en el artículo 13 de la LT, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 2.3. de la Instrucción General N° 10, ya que no le está exigiendo que elabore o que entregue información inexistente, sino únicamente que se limite a efectuar una búsqueda exhaustiva de lo solicitado, dando cuenta fehaciente de las gestiones solicitadas, para luego, en caso de ser habida la información, proporcionar lo requerido o, en su defecto, una vez agotados los medios para encontrarla, sin ser habida, comunicar dicha circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que justifican la inexistencia, por lo cual manifiesta que, en el caso sub lite, no existe un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación o eliminación de los documentos solicitados, debiendo la Municipalidad atenerse a lo dispuesto en la letra b) del numeral 2.3 de la citada Instrucción General N° 10 que, en lo pertinente dispone:

- El órgano administrativo debe agotar todos los medios que se encuentran a su disposición para encontrar la información.

- Si el órgano estima que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, debe instruir el correspondiente proceso sancionatorio.

- Si la información no fuera habida, el órgano debe comunicar esa circunstancia al solicitante e indicarle detalladamente las razones que justifiquen que no fue habida.

Se plantea que la Municipalidad no cumplió con el estándar de búsqueda señalado, ni permitió dar cuenta de una búsqueda exhaustiva de la documentación solicitada, que asegurara que se habían agotado efectivamente todos los medios a su disposición para encontrar la información requerida, tales como:

a) Dejar constancia de la búsqueda de la información en sus diferentes sistemas de registro de las unidades administrativas que tengan o puedan tener la información, por ejemplo, los que mantiene su oficina de partes, su sistema de soporte informático o su archivo material. Además, identificar las características de estos sistemas de registro, como por ejemplo, data de los registros comprendidos en él y su cobertura temática;

b) Certificar o levantar acta de las diligencias desplegadas con el fin de efectuar las búsquedas de dicha información, detallando las mismas, el protocolo observado, criterios de búsqueda empleados y sus resultados;

c) Desarrollar gestiones de coordinación con otros servicios dependientes o relacionados para facilitar la búsqueda de la información propia;

d) Fundamentar la exclusión de la información, explicando las normas legales o reglamentarias que hacen improbables que el organismo cuente con la información requerida, así como las particularidades fácticas que permiten arribar a la misma conclusión.

Por otra parte señaló que la Municipalidad sólo se limitó a señalar tanto al solicitante como al Consejo, que entregó toda la información que obraba en su poder, esto es, un "Programa caminos DOM", documento de una carilla que contiene un listado que enuncia nueve etapas y los meses en los que se realizarían; el Ord. N° 226/2020 del municipio, que da respuesta a una carta de un tercero referida a consultas sobre las obras; y, copia de dos fotografías del camino en el que se efectuaron los trabajos, sin que exista otra documentación de los antecedentes que obran en la Municipalidad para dar curso a la tala de árboles, específicamente, los oficios, documentos, resoluciones exentas, planos y/o documentos públicos con las órdenes para la tala y expropiación de un terreno particular, además de informar el ancho del camino público del cual se hace corte de los árboles, pero nunca acompañó ni adjuntó algún antecedente a partir del cual se pudiere desprender y conocer las gestiones de búsquedas realizadas, las fechas en que éstas fueron efectuadas, el nombre de los funcionarios que tuvieron a su cargo dichas búsquedas, o los lugares o dependencias en que se buscó.

A continuación añadió que atendido que la inexistencia de la información, constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla, sino que dicha alegación siempre debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder, debiendo ser aquello acreditado de forma fehacientemente, tal como también se indicó en el considerando 3) de la decisión reclamada, del tenor de la respuesta entregada al solicitante, y de los descargos evacuados por el órgano ante el Consejo, sostiene que no es posible concluir que la Municipalidad haya cumplido con lo dispuesto en la letra b) del numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10, toda vez que no demostró de forma alguna haber agotado todos los medios que se encontraban a su disposición para ubicar el resto de la información que alega no tener en su poder, ni haber realizado efectivamente la búsqueda de la información, ni detalló las razones que justifican que la información no fue encontrada.

También la reclamada se pronunció respecto a la alegación efectuada por el Municipio relativa a que el Consejo "da por verídicas las afirmaciones expuestas por el recurrente en el sentido de establecer como cierto que la Municipalidad de Coihueco incurrió en una expropiación de un terreno particular, lo que consideramos de la mayor gravedad, toda vez que esa es una materia que el legislador entrega a los Tribunales Civiles y no a un órgano administrativo como el Consejo para la Transparencia, sin perjuicio de que sea considerado como un órgano con facultades jurisdiccionales".

Al respecto expresó que dicha afirmación no es efectiva, toda vez que como la misma reclamante hace presente, aquello corresponde a lo que don Jorge Contreras detalló al realizar su solicitud de información, por lo que se ha cumplido correctamente el mandato que se impone al Consejo en el artículo 33 letra b) de la LT, esto es, "Resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad a esta ley", sin exceder el uso de sus funciones y atribuciones, y ajustando su obrar a lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental, y a las normas legales dictadas conforme a ella, cuales son los preceptos legales que regulan su competencia, resolviendo en la forma prescrita tanto en la LT, como en la Ley N° 19.880, concluyendo que, el Consejo para la Transparencia resolvió acertadamente que la Municipalidad, en primer término, proceda a entregar al solicitante copias de todos los antecedentes que obran en la Municipalidad para dar curso a la tala de árboles en el sector de Bureo Bajo, específicamente, entre otras cosas, los oficios, documentos, resoluciones exentas, planos y/o documentos públicos con las órdenes para la referida tala y expropiación de un terreno particular, además de proporcionar el ancho del camino público del cual se hace corte de los árboles; o, en el evento que dicha información no obre en su poder, se deberá acreditar dicha circunstancia de conformidad al numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10, y al artículo 13 de la LT, por cuanto no se obliga a la Municipalidad a entregar información inexistente o que no obre en su poder, sino que la misma decisión le confiere una opción de cumplimiento alternativo para acreditar la inexistencia de lo solicitado, como en derecho corresponde.

Termina solicitando que, de acuerdo a lo señalado y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, artículos 5, 10, 11, 13, 21, 28, y 33 de la Ley de Transparencia y su Reglamento; numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10; y las demás normas aplicables, se tenga por evacuado el informe, y por efectuados los descargos y observaciones al reclamo de ilegalidad deducido en contra del Consejo para la Transparencia por parte de la abogada doña Marta Inaipil Castillo, en representación de la Municipalidad de Coihueco, y en consideración a los fundamentos de hecho y de derecho esgrimidos, se le rechace en su totalidad, resolviendo en definitiva mantener o confirmar en todas sus partes la decisión de amparo Rol C 2458-20

A su informe acompaña documentos.

Con lo relacionado y considerando:

1°.- Que, en estos autos, compareció la apoderada de la Municipalidad de Coihueco, deduciendo reclamo de ilegalidad, de conformidad a lo establecido en el artículo 28 de la ley 20.285, en contra de lo resuelto por el Consejo para la Transparencia, en sesión de 25 de agosto pasado, que a su vez acogió el amparo interpuesto en contra de su representada por don Jorge Contreras Villagra.

2°.- Que, para una asertada resolución del asunto, conviene hacer una breve reseña de los hechos.

a. - La reclamante refiere que con fecha 1 de abril pasado, don Jorge Contreras Villagra, le solicitó acceso a la siguiente información "todos los antecedentes que obran en dicha municipalidad para dar curso a la tala de árboles en el sector de bureo bajo, en frente de la propiedad de Juana Villagra, Marisol Villagra, Juan Villagra y Blanca Villagra, lo que dará origen a erosión del terreno por el desnivel del terreno y todos los perjuicios que ello conlleva. Se exige a dicho municipio entre otras cosas, los oficios, documentos, resoluciones exentes, planos y/o documentos públicos con las referidas órdenes para la referida tala y expropiación de un terreno particular, además de proporcionar consecuentemente con el actuar de la municipalidad, el ancho del camino público del cual se hace corte de los arboles y se hace sobre un terreno particular que dada las condiciones del terreno la cerca estaba corrida debido a dichas circunstancias. Se hace presente que al solicitar documentos públicos estos caben bajo el amparo de Ley de Transparencia y que además deben ser proporcionados en los plazos estipulados por dicha Ley".

b. - Que al responder a dicha petición, el Director de Obras, a cargo del mejoramiento de caminos, extemporáneamente -reconoce-, envió el programa de caminos y una copia del Ord 226, consistente en la respuesta a una carta presentada por 4 personas y el propio requirente, sobre la misma materia de corte de árboles y ensanchamiento de camino, por ser atingentes.

c. - Por la tardanza en la entrega, el requirente antes aludido presentó un amparo ante la hoy reclamada, y en cuya tramitación el Municipio aquí reclamante, reconoció su demora, pero adujo haber respondido el requerimiento mediante el programa referido en la letra b.- que precede, y dos fotografías, pues, carecía de otros antecedentes, considerando que su deber era entregar la información que tenía y no la que se creía tenía.

d. - Por resolución de 25 de agosto, el Consejo, acogió el amparo y requirió al alcalde respectivo la entrega de los antecedentes pedidos, y en caso de no tenerlos, deberá explicarlo y acreditarlo.

3°.- Que, en síntesis, el presente reclamo, se funda en la vulneración de la reclamada del artículo 6 de la Carta Fundamental, en relación a los artículos, 5, 10 inciso 2, 11 a), b), y c) de la ley 20.285, pues, ellos discurren sobre el acceso de la información, es decir, en este caso la transparencia de documentos que obren en poder del órgano respectivo, y ello, ya se cumplió, careciendo de más antecedentes. Igualmente alega la transgresión del artículo 7 de la Constitución Política, al pedir documentos sobre expropiaciones de terreno, considerando que dicha materia es competencia de los Tribunales Civiles de Justicia, por lo que al pedirlo, se arroga facultades que de otros órganos. Por último protesta por exigir la reclamada que su parte debe realizar los procedimientos de maneras determinadas y tener ciertos documentos de cada acto, en circunstancias que informó no tener más que lo dado. Y si bien en lo resolutivo, se le permite excusarse de entregar, en caso de no tener los documentos, ya ha señalado carecer de ellos.

4°.- Que, la reclamada en síntesis, sostuvo, que no estaba obligando a la reclamante a la entrega de documentos que no posea, desde que, en la parte resolutiva de la decisión censurada, le dio la opción de no hacerlo, expresando fundada y explícitamente esa circunstancia, y explicando los motivos de dicha inexistencia, por lo que no entiende como podría existir ilegalidad. Tampoco la Municipalidad reclamante fundó la inexistencia de los documentos, limitándose a afirmar que no existían.

5°.- Que, el artículo 8° de la Constitución Política de la República dispone: "Son públicos los actos y resoluciones de los Órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen. Sin embargo una ley de quorum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional"

Allí se consagra el principio de publicidad que rige los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen, sin perjuicio de las excepciones que indica.

A su turno, la Ley 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, en su artículo 1° establece: "La presente ley regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimiento para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información".

Además, el artículo 5° del mismo estatuto legal prescribe: "En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirven de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado.

Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas".

A su vez el artículo 10 del mismo cuerpo legal ordena: "Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece la ley.

El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales".

Por último, los incisos primero, segundo, y tercero del artículo 16 de dicha Ley expresan: "La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, estará obligado a proporcionar la información que se le solicite, salvo que concurra la oposición regulada en el artículo 20 o alguna de las causales de secreto o reserva que establece la ley.

En estos casos, su negativa a entregar la información deberá formularse por escrito, por cualquier medio, incluyendo los electrónicos.

Además, deberá ser fundada, especificando la causal legal invocada y las razones que en cada caso motiven su decisión. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades, dará lugar a las acciones y recursos correspondientes...".

6°.- Que, del conjunto de normas citadas, puede concluirse que existe un principio general y de rango constitucional en virtud del cual todos los actos y resoluciones de los órganos de la administración del Estado son públicos, al igual que todos los elementos que le sirvieron de antecedente o fundamento, salvo, las excepciones legales, entre las que no se encuentra la información pedida por el requirente.

Asimismo, cabe asentar a la luz de lo previsto en el artículo 16 de la ley 20.285, que no basta la excusa o negativa de información de la institución a la que se le requiere. Ésta deberá explicar fundadamente las razones por las que carece de ella, pues, se asume, que toda la actividad y decisiones de la administración del Estado tiene antecedentes que la justifican, generalmente documentales, que a su vez quedan en algún registro, y ésta se materializa en decretos o resoluciones.

7°.- Que, en el caso de autos, decidir la tala de determinados árboles, seguramente tuvo una serie de antecedentes que la motivaron, tales como evaluaciones, designación de funcionarios o empresas a cargo, requerimientos de vehículos, aprobación de gastos, evaluación de riesgos, peticiones de vecinos, etc., por lo que no resulta admisible en esta etapa de evolución del Derecho Administrativo, que un Municipio diga simplemente que no tiene más antecedentes para dicha obra, que una carilla de un programa de camino, que no dice prácticamente nada, unas fotos y la carta de respuesta a vecinos. Por ello, debe justificar y explicar detalladamente porqué razón, actos como el descrito carecen de mayores registros, dando cuenta del modus operandi Municipal, con lo cual podrá demostrar, que ciertos actos se ejecutan de un modo informal, y sin registro.

De lo contrario, bastaría que cualquier entidad alegara carencia de antecedentes cuando una petición no aluda a un documento especifico, y ciertamente aquél no ha sido el espíritu del legislador al regular la materia, con la que se pretende justamente lo contrario, es decir, que todos los actos y decisiones tengan su justificación y respaldo a fin de ser escrutada por quien lo requiera.

8°.- Que, además tal como sostuvo la reclamada, la petición de entrega de los antecedentes requeridos, puede ser excusada, en la medida que la reclamante explique, como se refirió precedentemente la razón de su inexistencia, de modo que no existe una imposición absoluta en que se le obligue a entregar material del que carece.

9°.- Que, por otro lado no es efectivo, que se le exija al Municipio reclamante tener un procedimiento determinado cada vez que realiza cualquier acto, sino que simplemente los antecedentes que lo motivaron, sea cual sea el sistema operativo que adopten.

10°.- Que, tampoco tiene razón el reclamo de ilegalidad, cuando alega la intromisión de la reclamante en materias propias de la judicatura civil, desde que se pidió, obviamente en caso de existir, antecedentes de alguna expropiación, pero jamás resolver o hacer ejecutar lo juzgado. Es sólo aportar algún antecedente expropiatorio, si lo hubiere.

11°.- Que, por todo lo expuesto, no cabe sino desestimar el presente reclamo, pues, no se advierte ilegalidad alguna en la decisión de la reclamada, que en su decisión se apegó a la normativa atinente al asunto discutido, en un justo y racional procedimiento, amparando al requirente en su derecho de acceso a la información.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 28 y siguientes de la ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, se declara sin lugar el reclamo de ilegalidad deducido por la Municipalidad de Coihueco en contra de la decisión de Amparo C2458- 20 pronunciada por el Consejo para la Transparencia, acto que se ajusta a derecho.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redactó el Ministro Claudio Arias Córdova.

No firma el Fiscal Judicial subrogante, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente haciendo uso de permiso.

Rol N° 10-2020- Contencioso-Administrativo.-

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Chillan integrada por los Ministros (as) Darío Fernando Silva G. Claudio Patricio Arias C. Chillan, cuatro de diciembre de dos mil veinte.

En Chillan, a cuatro de diciembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.