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Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida con Consejo para la Transparencia Rol: 365-2020

Corte de Apelaciones de Santiago, 07/12/2020

Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación interpone reclamo de Ilegalidad en contra de la decisión del Consejo para la Transparencia, que dispuso la entrega de actas de directorio de la COMUDEF. Analizado lo expuesto, la Corte de Apelaciones rechaza el reclamo de ilegalidad deducido.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Alejandro Rivera Muñoz
  • Daniel Calvo Flores
  • Juan Carlos Silva Opazo

Texto completo:

Santiago, siete de diciembre de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Comparece Sebastián Andrade Delvas, abogado, cédula nacional de identidad N.° 16.480.052-0, en representación convencional de la Reclamante, Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida y de su representante legal, don Juan Pérez Ceballos, cédula nacional de identidad N.° 13.673.894-1, todos domiciliados para estos efectos en Calle Serafín Zamora N° 6.600, comuna de La Florida, quien interpone reclamo de Ilegalidad en contra de la decisión recaída en el Amparo C- 6.177-19, pronunciada por el Consejo para la Transparencia, en Sesión Ordinaria N° 1104, con fecha 9 de junio del año en curso, la cual le fue notificada el 12 de junio último.

Del tenor del escrito de reclamo, se cuestiona en parte, la decisión del Consejo para la Transparencia que, en su punto II., en lo que importa, dispuso: "Requerir al Sr. Alcalde y Presidente de la Corporación Municipal de La Florida lo siguiente: a) Entregar al reclamante copia de las actas de directorio de la COMUDEF, correspondientes a los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019, previo pago de los costos directos de reproducción que correspondan. En el caso de los antecedentes correspondientes al período 2017 a 2019, el órgano deberá entregar copia de las actas o de los respectivos borradores o versiones preliminares, en el estado en que se encuentren disponibles, anteriores a la fecha de la solicitud de información objeto del presente amparo. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia".

Segundo: El reclamante al plantear esta acción señala que, en el mes de junio del año 2019, don Nicolás Hurtado Acuña solicitó a la Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida, se le otorgare en formato PDF y que le fuera enviada por correo electrónico, la siguiente documentación: A) Actas del directorio desde 2000 a 2019, B) Planes de salud desde 2000 a 2019, y C) PADEM desde 2000 a 2019.

Ante esta solicitud y previa tramitación de la misma, mediante Oficio Ordinario N° 378 de 28 de agosto del año pasado, la Corporación Municipal señala que dio cumplimiento a la solicitud, dentro de sus posibilidades y recursos disponibles, otorgando la documentación que efectivamente obraba en su poder; haciendo presente que no obran en poder de la Corporación Municipal las Actas de Directorio comprendidas en el período de tiempo entre el 01 de enero del año 2000 y el año calendario 2007; en cuanto a las actas del Directorio de los años 2008 a 2011, se precisó que habían sido acompañados a procesos judiciales y, con respecto a la de los años, 2017, 2018 y 2019 se indicó que estas se encuentran actualmente en proceso de elaboración, denegando igualmente, su elaboración y posterior entrega, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia. Además, en lo concerniente a las actas no comprendidas en lo antes mencionado, expone que se denegó su entrega, conforme a la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, señalando que las diligencias para la búsqueda, recopilación y copia de la documentación, resultan excesivas considerando los recursos materiales y humanos que la entidad corporativa dispone para efectos de atender las solicitudes de información.

Tercero: A continuación, la reclamante indica que esta situación, motivó a que con fecha 29 de agosto del año pasado, el peticionario de la información, don Nicolás Hurtado, planteara el amparo a su derecho de acceso a la información, ante el Consejo para la Transparencia, en contra de la Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida (COMUDEF), exponiendo que esta respuesta es incompleta, en lo relativo a las Actas de Directorio de la entidad y, a la vez, en lo referente a los costos de reproducción de la información solicitada, la cual fue acogida parcialmente.

Cuarto: Luego, precisa esta parte que, si bien don Nicolas Hurtado Acuña recurrió de amparo, para la entrega de la información referida al otorgamiento de copia de las Actas del directorio de la COMUDEF desde el año 2000 al 2019, cuestionando, también el cobro de los costos directos de reproducción; en definitiva, el Consejo Directivo Para la Transparencia, en su decisión sólo dispuso la entrega de copia de dichas Actas del Directorio por los años 2008 a 2019, con excepción del 2015; pues para los años 2000 a 2007 y 2015 se desestimó el amparo, porque esta información ya no estaba en poder de la Corporación Municipal, pues se había traspapelado o destruido y, por ende, el Consejo Para la Transparencia, aplicó lo señalado en los artículos 5 y 10 de la Ley N° 20.285.

Quinto: Así, la Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida (COMUDEF), al deducir el presente reclamo, cuestiona la situación de la entrega de las Actas del Directorio de los años 2008 a 2011, planteando que ellas no pueden ser otorgadas, por operar la causal del secreto o reserva dispuesta en la letra c) del numeral 1° del artículo 21 de la Ley de Transparencia; a continuación, agrega que estas Actas no se encuentran en su poder, pues ellas han sido remitidas en original al juzgado de garantía (14°) y se encuentran en poder de la Fiscalía, con motivo de una investigación penal pendiente, el cual es un órgano público autónomo no vinculado a ella y, por último sostiene, la imposibilidad de entrega de las mismas, por las condiciones de trabajo y las circunstancia sanitarias en que la Corporación Municipal se encuentran actualmente trabajando; así, en definitiva pide revocar la decisión recurrida, en cuanto obliga a la COMUDEF la entrega de la información que no existe o no obra en poder del esta entidad, disponiendo se deniegue en esta parte la entrega de la información solicitada por la peticionaria.

Sexto: Comparece el Abogado don Rodrigo Reyes Barrientos, en representación del Consejo para la Transparencia, evacuando el informe solicitado al tenor de la reclamación, quien luego de hacer una relación de la controversia materia de estos antecedentes, en definitiva, solicita el rechazo del reclamo.

Séptimo: En su libelo, esta parte en lo que nos interesa, argumenta que el reclamo en cuanto plantea la causal del secreto o reserva fundada en la letra c) del numeral 1° del artículo 21 de la Ley de Transparencia, debe ser declarada inadmisible, por carecer de legitimación activa la reclamante, conforme lo dispone el inciso 2° del artículo 28 de esta misma ley (20.285); para luego sostener que las otras alegaciones de la reclamante son improcedentes. Con respecto a esto último, esta parte sostiene que el Consejo para la Transparencia no ha obrado de manera arbitraria e ilegal, como lo sostiene su contraparte, pues si bien las actas solicitadas para los años 2008 a 2011, están en poder de la Fiscalía por una causa penal, en que se investiga el delito de malversación de caudales públicos, resulta inverosímil que al menos la COMUDEF no haya guardado una copia de las mismas actas, ya que resultan necesarias para ejecutar los acuerdos y decisiones adoptadas por su directorio en el ejercicio de las funciones públicas relativas al ámbito de salud, educación y ejecución de proyectos, que debe ejecutar la citada Corporación en la comuna de La Florida; y, por la otra, aun cuando haya cometido tal error consistente en no guardar una copia de las mismas, y por dicha razón llegase a ser efectivo que no obraban en su poder, entonces forzosamente al momento de responder la solicitud de información, en la parte relativa a las actas de directorio de los años 2008 a 2011, debió haber derivado la solicitud de información al Ministerio Público, de conformidad al artículo 13 de la Ley de Transparencia,

En cuanto a la ilegalidad que sostiene la reclamante, el Consejo Para la Transparencia expone que, conforme al marco legal que regula la materia de estas Actas, al tenor de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política de la República, en relación al inciso 2° del artículo 4, 5°, 10 de la Ley de Transparencia (20.285), las actas del Consejo de la Corporación constituyen un documento público, toda vez que dan cuenta de la deliberación y adopción de decisiones públicas por parte de los miembros de su directorio, cuyos efectos se radican en los habitantes de la comuna de La Florida, dado que dicha Corporación es la encargada de administrar las Direcciones de Salud y Educación en dicha comuna, de lo que se sigue que no resulta plausible sostener que el órgano reclamado no cuente con la información requerida, por cuanto una adecuada política de gestión documental y de manejo de archivos o de registros en sistemas informáticos, debiera tener, entre otras finalidades, la de garantizar y materializar el derecho de acceso de los ciudadanos a dicha información, lo que a su vez, permitiría al órgano contar con una copia física de los antecedentes remitidos al Tribunal respectivo, o en su defecto, una copia digital de los mismos, como respaldo ante una eventual pérdida o destrozo de los documentos originales remitidos, o una posible fiscalización por parte de otros organismos competentes.

Octavo: A continuación, notificado que fue don Nicolas Hurtado Acuña, evacua el informe y también pide que la reclamación sea desestimada; argumentando en términos generales que el 14 de julio de 2019, en su calidad de ciudadano y ejerciendo el rol de fiscalizador de los recursos públicos que administra la Corporación Municipal de la Florida, requirió a dicho organismo las "Actas del directorio desde 2000 a 2019, pues este organismo vela por la salud y educación descentralizada a las entidades municipales, administra millones de pesos al año, muchos de ellos provenientes de fondos públicos; así, es incomprensible que el máximo órgano en la toma de decisiones, tenga las actas ya sea en otros órganos, extraviadas y/o en proceso de elaboración y no digitalizadas. En este sentido, expone el requirente de la información que carece de los antecedentes para saber cómo ha actuado el directorio de COMUDEF en los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018 y 2019, esto importa dos décadas de falta de información y de transparencia, salvo en algunos aspectos respecto de las actas de los años 2014 y 2016; a la vez, expone que ya ha transcurrido 1 año y 3 meses desde que requirió información, sin que aún tenga los antecedentes pedidos y, además, hace presente que él es parte en la querella criminal por malversación de caudales públicos seguida ante el Juzgado de Garantía.

Noveno: Para resolver esta controversia, se debe tener presente que el artículo 3° de la Constitución Política de la Republica, dispone el Estado de Chile es unitario, su territorio se divide en regiones. Su administración será funcional y territorialmente descentralizada, o desconcentrada en su caso, en conformidad con la ley."; luego, al referirse este Texto a la administración comunal, en su artículo 107, indica que: "La administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley reside en una municipalidad, la que estará constituida por el alcalde, que es su máxima autoridad, y por el concejo." Exponiendo en el siguiente inciso que: "La ley orgánica constitucional respectiva establecerá las modalidades y formas que deberá asumir la participación de la comunidad local en las actividades municipales."; luego el inciso 4° indica que: "Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con responsabilidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna.".

Décimo: La Ley a que se refiere el texto constitucional es la Ley N° 18.695, conocida como Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la cual en su artículo 1° señala que: "La administración local de cada comuna o agrupación comunas que determine la ley reside en una municipalidad." Señalando, a continuación que: "Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas.". Con posterioridad, el artículo 4° precisa que: "Las municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con: a) La educación y la cultura; b) La salud pública y la protección del medio ambiente; c) La asistencia social y jurídica..", entre algunas de sus funciones; para luego indicar en el artículo 23 de esta ley, que: "La unidad de servicios de salud, educación y demás incorporados a la gestión municipal tendrá la función de asesorar al alcalde y al concejo en la formulación de las políticas relativas a dichas áreas.".

Con posterioridad, este mismo cuerpo legal, en lo que nos importa, dispone en su artículo 129 que: Una o más municipalidades podrán constituir o participar en corporaciones o fundaciones de derecho privado, sin fines de lucro, destinadas a la promoción y difusión del arte y de la cultura. Estas personas jurídicas se constituirán y regirán por las normas del Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en esta ley.". Señalando luego en el artículo 132 que: Las municipalidades podrán otorgar aportes y subvenciones a corporaciones y fundaciones de que formen parte, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65, letra g)." y agregando en el siguiente artículo -133- que: "- Las corporaciones y fundaciones de participación municipal deberán rendir semestralmente cuenta documentada a las municipalidades respectivas acerca de sus actividades y del uso de sus recursos. Lo anterior será sin perjuicio de la fiscalización que pueda ejercer el concejo respecto del uso de los aportes o subvenciones municipales.".

Undécimo: En este mismo orden de ideas, el 12 de abril del año 1982, el Ministerio de Justicia, le concedió la personalidad Jurídica a la Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de la Municipalidad de La Florida. Dicho lo anterior, se debe destacar que lo solicitado dice relación con las actas de Directorio de la Corporación, sobre las cuales el Art. 15 del Decreto Supremo N° 110, del Ministerio de Justicia, de 1979, que aprueba el Reglamento sobre Concesión de Personalidad Jurídica a Corporaciones y Fundaciones que indica, establece lo siguiente: "Artículo 15.- De las deliberaciones y acuerdos del Directorio se dejará constancia en un libro especial de actas que serán firmadas por todos los directores que hubieren concurrido a la sesión. El director que quisiere salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo deberá hacer constar su oposición".

Duodécimo: De lo antes indicado como se puede inferir, tanto las Municipalidades de la Florida y su Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida, son organismos de la administración descentralizada del Estado y, en consecuencia, le es aplicable la ley N° 20.285, Sobre Acceso a la Información Pública. Así, como en el caso de marras, es un reclamo planteado por esta Corporación en esta Sede judicial cuestionando la decisión del Consejo Para la Transparencia que acogió el Amparo para el acceso de la información deducida por un particular, corresponde tener presente que el inciso 2° del artículo 28 de esta Ley -20.285-, expresamente dispone que: "Los órganos de la Administración del Estado no tendrán derecho a reclamar ante la Corte de Apelaciones de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información que hubieren denegado, cuando la denegación se hubiere fundado en la causal del número 1 del artículo 21.".

Décimo tercero: En este escenario, el reclamo de ilegalidad deducido por la Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida, sustentada en la causal de reserva o de secreto para denegar el acceso a la información requerida, basada en el número 1° letra c) del artículo 21 de la Ley 20.285, consistente en que "su publicidad, comunicación o conocimiento afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente: c) Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.", deberá ser desestimada, ya que tal como lo alega el Consejo Para la Transparencia, la reclamante carece de legitimación activa para plantear la presente reclamación ante esta Corte.

Décimo cuarto: En cuanto a las otras alegaciones que formula la reclamante, para cuestionar la entrega de las Actas de los años 2008 a 2011, de la Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida, no pueden ser tildadas de ilegal y/o arbitraria; para el caso, corresponde tener presente que, como ya se dijo, estos son organismos de la administración descentralizada del Estado, razón por lo que le es aplicable el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política de la República, que indica. "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen.".

Décimo quinto: A la vez, la ley N° 20.285, denominada Ley de Transparencia le es aplicable, pues conforme lo indica su artículo 2°, sus disposiciones son atingentes, entre otras instituciones, a las municipalidades y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. Este cuerpo normativo, entre sus principios consagra el de transparencia, señalando en el inciso 2° del artículo 4° que: "El principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley.". Conforme a este principio, el precepto siguiente -artículo 5°-, indica que: "En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado.", agregando a continuación que: "Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas.".

Décimo sexto: Ligado al principio antes indicado, se encuentra el Derecho de Acceso a la Información, contenido en el artículo 10 de la ley en estudio, que al respecto indica: "Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley." Que es justamente la situación planteada por el requerimiento de un particular, en este caso por don Nicolás Hurtado Acuña, ya circunscritas a las actas de directorio de los años 2008 a 2011, de la Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida, la reclamante. Además, es del caso considerar que este derecho de acceso a la información, conforme lo estatuye el inciso 2° de este precepto: "comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales.".

Décimo séptimo: En mérito de lo antes descrito, esta Corte comparte el criterio sostenido por el Consejo Para la Transparencia, en orden a que una interpretación sistemática y armónica de las disposiciones antes citadas, nos lleva a concluir que las actas de la Corporación reclamante, constituyen un documento público, pues dan cuenta de la deliberación y adopción de decisiones públicas por parte de los miembros de su directorio, cuyos efectos se radican en los habitantes de la comuna de La Florida, dado que dicha Corporación es la encargada de administrar, entre otras, las Direcciones de Salud y Educación en dicha comuna.

Décimo octavo: Así, no resulta plausible sostener que los documentos requeridos a esta Corporación Municipal, no se encuentren actualmente en su poder como ocurre en este caso, con las Actas de directorio de los años 2008 a 2011, a lo menos con material de respaldo, por cuanto al día de hoy esta institución debería constar con una adecuada política de gestión documental y de manejo de archivos o de registros en sistemas informáticos, para que, se pueda garantizar y materializar, entre otras finalidades, el derecho de acceso de los ciudadanos a dicha información; en consecuencia, los antecedentes remitidos al Tribunal de Garantía, deben ser obtenidos, ya sea en originales o copias digitales, por la propia reclamante de ilegalidad, esto es, por la Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida, para que queden en su poder, ya sea el original o la copia, con el propósito de tener un respaldo de estas Actas del Consejo ante una eventual pérdida o destrozo de los documentos originales remitidos y, en especial, en este caso, para dar cumplimiento al mandato constitucional y legal de otorgar la información pedida por don Nicolás Hurtado Acuña.

Décimo noveno: Por lo antes señalado, no es plausible lo señalado por la reclamante, en el sentido que sea el particular quien deba acercarse al juzgado de garantía y, en especial, al ente persecutor, para requerir esta información de las Actas del directorio de la COMUDEF de los años 2008 a 2011 y, por ende, el reclamo de ilegalidad planteado en contra del Consejo Para la Transparencia, por la decisión de disponer la entregar de copia de estas actas al particular que recurrió de amparo, no adolece de atisbos de ilegalidad ni de arbitrariedad, como se viene razonando.

Vigésimo: En cuanto a las Actas del directorio de la COMUDEF para los años 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019, por no aparecer del libelo de la reclamante que se hubiese cuestionado la decisión del Consejo Para la Transparencia en este aspecto, a esta Corte no le corresponde emitir pronunciamiento al respecto.

Vigésimo primero: En virtud de los razonamientos anteriores, no cabe sino concluir que el reclamo de ilegalidad deberá ser desestimado.

Por estos fundamentos, y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 1, 21 y 28 de la Ley N 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, se rechaza el reclamo de ilegalidad deducido por la Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida en contra del Consejo Directivo para la Transparencia.

Redacto el fiscal judicial don Daniel José Calvo Flores.

N° Contencioso Administrativo-365-2020.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz e integrada por el Ministro (S) señor Juan Carlos Silva Opazo y por el Fiscal Judicial señor Daniel Calvo Flores.

Pronunciado por la Séptima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Alejandro Rivera M., Ministro Suplente Juan Carlos Silva O. y Fiscal Judicial Daniel Calvo F. Santiago, siete de diciembre de dos mil veinte.

En Santiago, a siete de diciembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.