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Verónica Cuadra Aguilar con Consejo para la Transparencia Rol: 373-2020

Corte de Apelaciones de Santiago, 15/12/2020

Se interpone reclamo de ilegalidad contra la resolución adoptada por el Consejo para la Transparencia, mediante la cual se rechaza el amparo por acceso a la información interpuesto en contra de la negativa del Consejo de Defensa del Estado a hacer entrega de correos electrónicos intercambiados entre la recurrente y una funcionaria de ese servicio. La Corte de Apelaciones acoge el reclamo de ilegalidad deducido


Tipo de solicitud y resultado:

  • Acogido


Ministros:

  • Alejandro Rivera Muñoz
  • Mireya López Miranda

Texto completo:

Santiago, quince de diciembre de dos mil veinte.

Vistos:

1°.- Que, comparece VERÓNICA PAMELA CUADRA AGUILAR, por sí y domiciliada para estos efectos en calle Los Laureles N° 6949, comuna de La Reina, quien en la forma dispuesta por el artículo 28 del Artículo Primero de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública ("Ley de Transparencia"), interpone el presente reclamo de ilegalidad en contra del acuerdo de fecha 16 de junio de 2020 y notificada a esa parte con fecha 22 del mismo mes y año, adoptado por el Consejo para la Transparencia ("Consejo"), en el marco del Amparo Rol C-1007-2020 que rechazó el amparo interpuesto en contra de la decisión del Consejo de Defensa del Estado ("CDE") de denegar la entrega de correos electrónicos intercambiados entre la recurrente y una funcionaria de ese servicio, solicitando acoger la presente reclamación, dejando sin efecto el mencionado acuerdo y declarando en definitiva que se debe ordenar la entrega de correos electrónicos solicitados.

2°.- Que, lo anterior se produce en el marco de las tratativas para llegar a un acuerdo extrajudicial por una causa de una hermana de la recurrente, la doctora Daniela Cuadra Aguilar, quien habría intercambiado diversos correos electrónicos con la abogada del CDE, doña Laura Rojo Vergara, en el año 2016, en los cuales se daba cuenta de los costos efectivos en que habría incurrido el Servicio de Salud Metropolitano Norte ("SSMN") durante su proceso de formación en su beca de especialización. Estos documentos contienen antecedentes solamente respecto de la situación de su hermana y en ellos tenía la calidad de destinataria de los mismos. A su vez, fueron realizados entre su correo personal (vpcuadra@uc.cl) y el correo institucional de doña Laura Rojo Vergara (laura.rojo@cde.cl) desde octubre de 2016 hasta enero de 2017.

Dentro de los correos electrónicos solicitados al CDE se encontraba la copia del correo remitido por doña Laura Rojo Vergara el del día 26 de enero de 2017, donde se hacía una propuesta en relación con los gastos efectivamente realizados por el SSMN y en el que se daba cuenta en un correo de arrastre enviado por el señor Patricio Muñoz Formas. Se trata de antecedentes muy importantes en relación a la situación personal de su hermana y familia, a los cuales no se les deja acceder, a pesar de que se trata de correspondencia personal en la que tengo la calidad de destinataria y que se encuentra en poder de un órgano de la Administración del Estado, como es el CDE.

Sin embargo, ésta información solicitada fue denegada -de plano- amparándose en el artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia, argumentando que:

(i) el correo electrónico es una comunicación esencialmente privada, no constituye información pública y está protegida por el derecho a la inviolabilidad;

(ii) para acceder a dichos correos, el CDE debe necesariamente revisar las comunicaciones privadas de la funcionaria, lo que sería una invasión a su intimidad personal;

(iii) se infringirían el artículo 61 de su Ley Orgánica Constitucional y los artículos 231 y 247 del Código Penal; y

(iv) actuando el CDE como abogado de las instituciones públicas estaría amparado por el secreto profesional de acuerdo al artículo 7 del Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados.

Por ello es que la misma parte interpuso un recurso de amparo ante el Consejo para la Transparencia quien, con fecha 16 de junio de 2020 y notificada a esa parte el día 22 del mismo mes y año, decidió rechazar el amparo, en una votación empatada y que fue dirimida por el Presidente del Consejo. La decisión dirimente explica que, ante la ausencia de autorización expresa para acceder a las comunicaciones requeridas, se estima que los correos electrónicos son "interacciones entre personas individualmente consideradas, pudiendo incluir información, ideas, opiniones o juicios de valor confidenciales o privados, a pesar de que dichos correos electrónicos se generen en el ámbito del ejercicio de la función pública y sin perjuicio de que sean decantados en casillas institucionales". Además, argumenta que el Estado está al servicio de la persona humana, por lo que debe resguardar "los derechos constitucionales consagrados en los numerales 4° y 5° del artículo 19 de la Constitución". En suma y según el voto dirimente, "son comunicaciones que se transmiten por canales cerrados, no abiertos y tienen emisores y destinatarios acotados, y el hecho de que esos correos sean de funcionarios públicos no constituye por ello una excepción de tutela", de modo que se encuentran amparados por la reserva contemplada en el N° 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia.

3°.- Que, a lo anterior, la recurrente contrapone el principio de que el derecho a la información es un derecho consagrado constitucionalmente y que la regla general es su publicidad, correspondiendo determinar si respecto de los correos solicitados por la suscrita concurre alguna causal establecidas en la Constitución (y recogidas en la Ley de la Transparencia), que justificaría su reserva.

A dicho respecto, señala que las causales para declarar como reservado una información deben cumplir copulativamente dos requisitos, a saber, (i) que la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional; y (ii) que así lo declare una ley de quórum calificado. Las causales contempladas en la Ley de Transparencia no son más que explicitaciones de lo contemplado en el artículo 8° de nuestra Constitución.

Luego, faltando alguno de estos requisitos se debe entender que la información debe ser declarada pública y entregada a quien lo requiera.

En la especie, ninguno de los dos requisitos se cumple, por lo que se debe declarar que la información es pública y se le debe dar acceso, dando copias íntegras de los correos electrónicos solicitados.

Así alude a que los correos electrónicos que contienen información personal de su hermana y de la cual es destinataria no afectan la seguridad de la Nación ni tampoco el interés nacional, mucho menos afectan el debido cumplimiento de las funciones del CDE, porque se han solicitado correos electrónicos precisos, que han emanado de dos direcciones de electrónicos concretas -de doña Laura Rojo y a la mía-, dentro de un determinado período de tiempo. Luego, no es un requerimiento genérico, no se refiere a elevado número de antecedentes y tampoco se distrae indebidamente al funcionario del cumplimiento regular sus funciones.

En segundo lugar y contrariamente a lo sostenido por el voto de mayoría del Consejo, la información solicitada no puede ser considerada como reservada porque no afecta los derechos de las personas involucradas. Ni la de la recurrente ni la de doña Laura Rojo, no hay nada en ellos que fuese de carácter privado o personal del funcionario implicado, sino que todo lo contrario, se refieren a hechos puntuales que dicen relación estrictamente con una situación que afectaba a su hermana y en donde actuaba como su representante. Los correos intercambiados no contienen información personal alguna de la abogada Laura Rojo, y se han emitido en el marco del ejercicio de una función pública.

Aún más, agrega que no debe perderse de vista que el Consejo -aplicando el artículo 11 letra (c) de la Ley de Transparencia que consagra el principio de apertura- ha señalado que "teniendo por origen la misiva de un particular dirigida a un funcionario público, razón por la cual ésta debe en principio, considerarse pública" porque la información en poder de la Administración del Estado se presume pública.

En tercer lugar, tampoco es cierto que una ley de quórum calificado haya declarado como reservada la información, según esgrimió el CDE en el procedimiento administrativo, porque de acuerdo al artículo 61 de su Ley Orgánica, todos sus funcionarios están a obligados a mantener reserva sobre todos los trámites, documentos, diligencias e instrucciones relacionados con los procesos o asuntos en que intervenga dicho Servicio. Sin embargo, lo anterior no es efectivo porque, como ha explicado, el constituyente determinó que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos", por lo que este mandato -sin distinción alguna- obliga a todos los órganos del Estado den a conocer sus actos decisorios -tanto en sus contenidos y fundamentos- y que aquellos obren con la mayor transparencia posible en los procedimientos a su cargo, circunstancia que se relaciona con el derecho de las personas a ser informadas.

A mayor abundamiento, tampoco concurren los delitos mencionados por el CDE porque, por un lado, no entrega los argumentos o razones suficientes y precisas por las cuales se configuraría la infracción en este caso y, por otro lado, mal podría señalar que se configura algún delito si negó de plano la entrega de información sin haber revisado los correos específicos que se solicitan.

Por último, el artículo 8 de la Constitución dispone que sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de actos o procedimientos que utilicen los órganos del Estado, de modo que solo pueden ser declarados de forma particular y no genérica, como pretende el CDE.

En cuarto lugar, tampoco se puede alegar que dichos correos electrónicos estarían amparos por la confidencialidad del secreto profesional, ya que los correos fueron intercambiados entre doña Laura Rojo y la recurrente, de modo que -de haber mediado alguna confidencialidad entre el CDE y el SSMN- ésta fue liberada tácitamente al haber enviado los correos que contenía información proveniente del SSMN. Luego, no puede haber secreto profesional allí donde las partes han mantenido correspondencia recíproca durante un período de 4 meses. Tampoco se trata de una materia en que el CDE pueda asilarse en el secreto profesional pues, como ha dicho de forma reiterada, contiene información personal sólo de su hermana y que se le ha transmitido directamente, sin que nada se diga respecto de las tareas o funciones que ha cumplido o debe cumplir el CDE. Además, las decisiones de esta entidad se deben ajustar a la ley, siendo conocido por todos los efectos y debiendo poner a disposición del juez todos los antecedentes con que se cuenta en relación el caso.

Finalmente, y en subsidio de lo anterior, solicito que se aplique el principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 letra (e) de la Ley de Transparencia que dispone que si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que deba denegarse por alguna causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda.

Luego, corresponde que -examinados los correos- el Consejo disponga aquella información que deba ser entregada y la que no puede ser publicada.

4°.- Que, por todo ello, solicita tener por interpuesto el presente reclamo de ilegalidad en contra de la Decisión Amparo seguidos bajo el Rol C- 1007-20 del Consejo para la Transparencia, de fecha 16 de junio de 2020 adoptada en la Sesión Ordinaria N° 1106 de su Consejo Directivo, a través de la cual se rechazó la solicitud de información y ordenar en definitiva dejar sin efecto dicha decisión, ordenando la entrega de los correos electrónicos institucionales, objeto del requerimiento de información.

Adjunta los antecedentes que describe en el primer otrosí de su presentación.

5°.- Que, informando el Consejo para la Transparencia, en el marco de la Decisión de Amparo Rol C1007-20, señaló que la controversia en estos autos radicó en determinar si la publicidad de los correos electrónicos requeridos afecta o no el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas (Art. 19 N° 5 de la Constitución Política de la República) de los titulares de las casillas electrónicas de las que se enviaron y recibieron dichas comunicaciones, en términos de encontrarse protegidos por la causal de reserva del N° 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia en adelante LT.

Así sostuvo que la información requerida, detenta solo en principio, el carácter de pública, por obrar en poder de un órgano de la Administración del Estado, pero no por ese simple hecho, se convierte o deviene automáticamente en pública, refiriéndose al artículo 8 de la Constitución Política, y el inciso 2° del artículo 5° de la LT establecen que es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas y, que si bien existe una "presunción de publicidad" contenida en el artículo 11 letra c) de la misma ley, que establece: "...toda la información en poder de los órganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas", se trata de una presunción simplemente legal, que puede ser desvirtuada y que permitió que en este caso, el Consejo para la Transparencia determinara que la publicidad de la información requerida, afecta el derecho a la vida privada y la inviolabilidad de la comunicaciones privadas de las personas que intercambiaron los correos electrónicos, por lo que se configura a su respecto, la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la LT.

6°.- Que, más adelante, afirmó que tal como ocurre con las conversaciones telefónicas, cartas u otros medios de comunicación audiovisuales o radiofónicos, son interacciones entre personas individualmente consideradas, pudiendo incluir información, ideas, opiniones o juicios de valor confidenciales o privados, a pesar de que dichos correos electrónicos se generen en el ámbito del ejercicio de la función pública y sin perjuicio de que sean decantados en casillas institucionales. Toda vez que se trata de una forma de comunicación que puede abarcar una multiplicidad de situaciones humanas o de hecho, similares a las que se producen a través de las llamadas telefónicas que las personas tienen día a día al interior de los órganos de la administración del Estado y que no tienen la relevancia necesaria para justificar su publicidad en aras del control social, ya que a su juicio no se ha acreditado por parte de la reclamante, que los correos electrónicos solicitados hayan servido de fundamento de actos administrativos o hayan resultado ser complemento directo o esencial de dichos actos, o hayan integrado un procedimiento administrativo, o cuanto menos, haber proporcionado algún indicio que lleve a la existencia de una conexión directa o sustantiva con alguno de dichos asuntos, en términos de permitir descartar la concurrencia de causales de reserva a su respecto.

A mayor abundamiento, sostuvo el reclamado que de acuerdo a la Constitución Política de la República, en sus artículos 1°, inciso tercero, y 5°, inciso segundo. Por su parte, los derechos constitucionales consagrados en los numerales 4° y 5° del artículo 19 de la Constitución, aseguran el respeto y protección a la vida privada de la persona y su familia, y la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, configurando en conjunto el ámbito de protección de la vida privada. Las vincula con las disposiciones del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para fundar que se estimó que los correos electrónicos son una extensión moderna de la vida privada, en cuanto manifiestan una forma de comunicación de carácter personalísimo, por lo tanto, deben ser protegidos por el derecho a la vida privada, garantía que es base y expresión de la libertad individual y que está íntimamente ligada a la dignidad de las personas, valores fundamentales consagrados en el artículo 1° de la Constitución Política de la República, citando doctrina y jurisprudencia en igual sentido.

Asimismo, aduce que las comunicaciones electrónicas enviadas y recibidas desde una casilla de correo electrónico de una funcionaria pública, que también es titular del derecho a la vida privada y el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, ésta última no fue consultada por el Consejo de Defensa del Estado en conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la LT, por lo que ha sido la actitud del órgano requerido el que imposibilitó que los terceros se hicieran parte del procedimiento, de modo que en virtud de lo dispuesto en el Art. 5° inciso 2° de la Constitución Política, los órganos del Estado, a respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, los garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, por lo que igualmente resulta procedente la reserva de los correos electrónicos solicitados, por aplicación de la causal de secreto prevista en el N° 2 del artículo 21 de la LT, por lo que estima que su decisión de encuentra ajustada a derecho, habiéndose dictado dentro de las atribuciones y competencias que expresamente le encomendó el legislador, e interpretando la normativa conforme al artículo 8° de la Constitución y la LT, no configurándose las ilegalidades alegadas por la actora, lo cual debería llevar a rechazarlo en todas sus partes.

7°.- Que, también el tercero interesado efectuó sus alcances en la presente causa, indicando LAURA ROJO VERGARA, Abogado, domiciliada para estos efectos en calle Agustinas N° 1687, Santiago, que solicita el rechazo, en todas sus partes, del reclamo de ilegalidad interpuesto en contra de la decisión adoptada por el Consejo para la Transparencia (CPLT) que se ventila en estos autos.

En primer lugar señala que la única forma en que el órgano requerido podría recabar la información solicitada implicaría ineludiblemente la conculcación de los derechos que le asisten en cuanto titular de la cuenta de correo afectada.

Si se ordena la entrega de la información, se verá obligada a proporcionar acceso a su casilla individual, protegidas con clave secreta, para luego imponerse del contenido de las comunicaciones solicitadas, independientemente de su carácter de funcionaria del servicio.

Añade que sobre la garantía del artículo 19 N° 5 de la Carta Fundamental, esta se relaciona estrechamente con la protección a la vida privada y la privacidad, se refiere a la inviolabilidad de las comunicaciones.

Cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en la Sentencia Rol N° 2153-11, en que señaló que "(...) se protege el secreto de las comunicaciones. "Lo que esta garantía protege es la comunicación, cualquiera sea su contenido y pertenezca o no éste al ámbito de la privacidad o intimidad. El secreto se predica respecto de la comunicación. Por lo mismo, abarca el mensaje y los datos de tráfico (ruta, hora, fecha, sujetos, etc.). Y es indiferente la titularidad pública o privada del canal que se utilice".

En consecuencia, por el sólo hecho abrir la casilla de correo electrónico para poder discriminar la información que se pretende buscar se estaría vulnerado las garantías constitucionales citadas, independientemente de su naturaleza, aún más, cuando los mismos correos electrónicos enviados podrían contener algún correo recibido como de arrastre.

Manifestó que también la doctrina se ha pronunciado sobre la materia, señalando que las comunicaciones privadas se tratan de comunicaciones restringidas entre dos o más personas y, por tanto, no están destinadas al dominio público. Así, más que el medio empleado, prevalece la intención de privacidad. Incluso ello alcanza a las comunicaciones que son en lugares públicos en la medida que la comunicación sea privada. Asimismo, se ha establecido que este derecho posee eficacia erga omnes, es decir, garantiza su impenetrabilidad por terceros, sean estos agentes públicos o privados, refiriéndose la inviolabilidad de la comunicación privada, cualquiera sea su contenido y pertenezca o no el contenido de la comunicación al ámbito de la privacidad o intimidad.

8°.- Que, añade el tercero interesado, que el derecho al acceso a la información no es absoluto ni ilimitado, las normas relativas a la transparencia se extienden únicamente a actos, resoluciones, fundamentos y procedimientos, no así a toda la información que intercambian los funcionarios públicos. Aceptar aquello, nos conduciría a entender que todo aquello que hace o dice un empleado estatal dentro de su jornada de trabajo debe estar sujeto a publicidad, lo que resulta claramente inadmisible y constituiría una discriminación arbitraria.

Por lo demás, el contenido de los correos electrónicos no es información que esté en poder del órgano, que es el presupuesto básico para que se exigible la entrega. La Ley de Transparencia no puede exceder el marco constitucional señalado, ni mucho menos violentar garantías específicas.

El Constituyente prohibió perentoriamente que las comunicaciones y documentos puedan ser "allanados, interceptados, abiertos, registrados o conocidos, salvo que algún texto legal lo autorice, para casos determinados y de excepción y con las formalidades que eviten o impidan el abuso o la arbitrariedad".

En ese marco, los artículos 218 y 219 del Código Procesal Penal contemplan un procedimiento especial para que, previa solicitud del Fiscal y mediando una resolución judicial, se disponga la retención e incautación de la correspondencia "cuando por motivos fundados fuere previsible su utilidad para la investigación". Lo que también rige para el caso de la "obtención de copias o respaldos de la correspondencia electrónica dirigida al imputado o emanada de éste".

Más adelante, aduce una eventual vulneración a la garantía de igualdad ante la ley, toda vez que si se llegara a aceptar la tesis de la reclamante, se colocaría a los funcionarios públicos en una incomprensible situación de desigualdad respecto a quienes se desempeñan en empresas o instituciones del ámbito privado. Al efecto, bastaría reflexionar que el intercambio de correos entre los trabajadores de una empresa se encuentra protegido por la garantía de la privacidad y no podría exigirse la divulgación de su contenido total o parcial, en forma alguna, salvo que exista una orden judicial expedida en situaciones excepcionalísimas, mientras que los servidores públicos estarían en una situación de absoluta y total exposición, situación que claramente configuraría una discriminación arbitraria y carente de toda razonabilidad.

Por último, añade que los correos están resguardados por el secreto profesional que tiene el CDE en su calidad de abogado del Fisco de acurdo al artículo 61 de la Ley Orgánica del CDE y 7° del Código de Ética del Colegio de Abogados), ya que son aquellos que intercambió con motivo de la evaluación de un juicio de cobranza y se intercambiaron entre colegas con la habitual reserva y respeto propios de quienes defienden derechos e intereses ajenos.

No puede soslayarse tampoco que dicho intercambio lo hizo en el ejercicio de sus funciones propias de abogado del Consejo de Defensa del Estado. En tal contexto, la reserva de estos antecedentes está amparada por la norma del artículo 21 N° 1 letra a) de la número 20.285, siendo el cometido principal del Consejo de Defensa del Estado, la defensa judicial de los intereses del Estado, la publicidad de los antecedentes que obren en su poder y que él mismo genere, en el marco de la decisión de defensa, importa una violación al secreto profesional y con ello al derecho de defensa, cuestión que se traduce en la afectación directa a la función del órgano, generándose a su respecto la causal de reserva o secreto contemplada en la ley.

Finaliza, reiterando su solicitud de rechazar el presente reclamo en todas sus partes.

9°.- Que, expuesta la controversia, cabe adelantar el sustrato jurídico que presupone el presente reclamo de ilegalidad.

Este considera en primer lugar lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 8° de la Carta Fundamental, donde se expresa que: "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional."

Tal consagración de la garantía constitucional determinó la promulgación, con fecha 20 de agosto de 2008, de la Ley Número 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, la cual en su artículo 32 dispone que: "El consejo tiene por objeto promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado, y garantizar el derecho de acceso a la información.".

En su artículo 3° preceptúa que: "La función pública se ejerce con transparencia, de modo que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio de ella."

Luego, su artículo 4° de esa misma ley dispone que: "Las autoridades, cualquiera que sea la denominación con que las designen y las leyes, y los funcionarios de la Administración del Estado, deberán dar estricto cumplimiento al principio de transparencia de la función pública".

Y se agrega por el inciso segundo de ese artículo 4° que, "El principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley."

Asimismo, el artículo 2°, indica en su inciso primero que "Las

disposiciones de esta ley serán aplicables a los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa.

El artículo 10, precisa que: "Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece la ley.

El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales."

El Artículo 11 letra c), precisa que "El derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado reconoce, entre otros, los siguientes principios:

c) Principio de apertura o transparencia, conforme al cual toda la información en poder de los órganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas.

A su tiempo el artículo 13, señala que "En caso que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario. Cuando no sea posible individualizar al órgano competente o si la información solicitada pertenece a múltiples organismos, el órgano requerido comunicará dichas circunstancias al solicitante."

El artículo 15 dispone que "...cuando la información esté permanentemente a disposición del público, o lo esté en medios impresos tales como libros, compendios, folletos, archivos públicos de la Administración, así como también en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio, se comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información, con lo cual se entenderá que la Administración ha cumplido su obligación de informar.

En tanto que, el artículo 21, indica que "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:

1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente:

a) Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales.

b) Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas.

c) Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.

2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico.

3. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública.

4. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés nacional, en especial si se refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país, y

5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política.

10°.- Que, el contexto fáctico se produce, como ya se anticipó, al rechazarse el amparo Rol C-1007-2020, que la aquí reclamante había interpuesto en su oportunidad en contra de la decisión del Consejo de Defensa del Estado ("CDE") de denegar la entrega de correos electrónicos intercambiados entre ésta y una funcionaria de ese servicio, generados en el marco de las tratativas para llegar a un acuerdo extrajudicial por una causa de una hermana de la primera, en los cuales se daba cuenta de los costos efectivos en que habría incurrido el Servicio de Salud Metropolitano Norte ("SSMN") durante su proceso de formación en su beca de especialización, materializados entre un correo personal (vpcuadra@uc.cl) y un correo institucional (laura.rojo@cde.cl) desde octubre de 2016 hasta enero de 2017.

11°.- Que, en primer lugar, a juicio de esta Corte, conforme al marco normativo desplegado en el motivo noveno de la presente sentencia, las que deben entenderse como barreras de protección en favor de los ciudadanos respecto del accionar del Estado y no a la inversa, por lo que no entregar información debe ser la excepción y no la norma general, por lo que correspondía en el presente caso, atendidas sus particularidades, si respecto de los correos solicitados concurre alguna causal establecidas en la Constitución (y recogidas en la Ley de la Transparencia), que justifique su reserva.

Para ello debían cumplirse, copulativamente, dos requisitos, por un lado que la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional; y que así lo declare una ley de quórum calificado, faltando alguno de estos requisitos se debe entender que la información debe ser declarada pública y entregada a quien lo requiera.

12°.- Que, en efecto, en este escenario es dable concluir como aproximación general previa que los correos electrónicos generados desde una casilla institucional son públicos siempre que digan relación directa con el ejercicio de competencias públicas, lo que conlleva considerar la utilización de todo medio de comunicación para ello, siendo que, el mismo Estado ha dotado a cada funcionario de la correspondiente casilla institucional, la que es costeada por el presupuesto nacional y que es apoyada técnicamente por la plataforma de la entidad respectiva, todo ello con el objeto de facilitarles el cumplimiento de sus tareas de igual orden, lo que concretiza los principios de eficiencia, eficacia y coordinación consagrados en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del MINSEGPRES, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, constituyendo estos medios de comunicación digital, el mecanismo que facilita un intercambio eficaz de información, que no están ajenos al escrutinio y control social que la ciudadanía en los términos dispuestos en los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia y 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República.

13°.- Que, sostener la existencia -de facto- de canales privados de comunicación, al margen de control público, pese a sostenerse en correos electrónicos institucionales en materias propias del desempeño de sus funciones de igual carácter, claramente importaría transformar antecedentes esencialmente públicos en privados solo por el mecanismo usado, lo que desvirtúa, además, la normativa constitucional y legal citada al efecto, particularmente por ser esta la forma genérica en que los órganos de la Administración utilizan para comunicar sus actuaciones, las que son posibles de control ciudadano en el ejercicio de las funciones públicas y el adecuado ejercicio de la libertad de expresión.

Esta forma de proceder de la Administración, no hace sino reconocer que estos correos constituyen una manera de comunicación formal entre los funcionarios públicos que forman parte de la estructura estatal, lo que supone reconocer que estas comunicaciones tienen el carácter de información pública, siendo que -como ya se adelantó- es la misma entidad pública la que facilita servidores de correo electrónico a disposición de sus funcionarios y les entregan cuentas de correo sostenidas por la plataforma técnica de las entidades respectivas, precisamente con el objeto de facilitarles el cumplimiento de sus tareas.

14°.- Que, por ello aparece del todo pertinente la entrega de los correos electrónicos requeridos por el reclamante, los que fueron generados desde una casilla institucional en el ejercicio de competencias públicas, al no concurrir una causal de secreto o reserva a su respecto, toda vez que no se ha demostrado la eventual afectación de los derechos de los terceros interesados en lo que se refiere a la esfera de su vida privada, en el marco de lo establecido en la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, toda vez que lo pedido dice relación solo con intercambios de correos en el ejercicio de la función pública.

15°.- Que, a mayor abundamiento, lo que se ha solicitado de información contenida en esos correos claramente es pública, ya que se refiere a hechos puntuales que dicen relación estrictamente con una situación que afectaba a las hermana de la reclamante en la que actuaba como su representante.

Los correos intercambiados se emitieron en el marco del ejercicio de una función pública, generados desde una casilla institucional, por lo que no cabe reserva alguna respecto de ellos, cuyo contenido no puede ser calificado como propio de la esfera privada de la emisora, pues dice relación exclusiva con el devenir de la función pública desempeñada por funcionarios, siendo que por aplicación del principio de probidad, se impide que los funcionarios públicos utilicen sus correos para fines particulares o ajenos a la función que cumplen, de modo que el deber de sometimiento del desempeño funcionario a la ley resulta incompatible con la expectativa de privacidad que se pretende argüir en el fallo en análisis.

16°.- Que, por otro lado, si bien de acuerdo al artículo 61 de la Ley Orgánica del CDE, todos sus funcionarios están a obligados a mantener reserva sobre todos los trámites, documentos, diligencias e instrucciones relacionados con los procesos o asuntos en que intervenga dicho Servicio, ello se subordina a lo que la Carta Fundamental dispone en orden a que son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos, por lo que este mandato -sin distinción alguna- obliga a todos los órganos del Estado den a conocer sus actos decisorios -tanto en sus contenidos y fundamentos- y que aquellos obren con la mayor transparencia posible en los procedimientos a su cargo, circunstancia que se relaciona con el derecho de las personas a ser informadas.

En cuanto a los supuestos ilícitos penales que menciona la defensa fiscal, lo cierto es que no se entregan argumentos o razones suficientes y precisas por las cuales se configuraría la infracción en este caso y, por otro lado, mal podría asegurar tal situación si se negó de plano a la entrega de la información requerida, sin haber revisado los correos específicos que se solicitaron.

17°.- Que, en lo que toca a la confidencialidad, se opone a ello que los correos fueron intercambiados entre la profesional del CDE y la reclamante, de modo que -de haber mediado alguna confidencialidad entre el CDE y el SSMN- ésta fue liberada tácitamente al haber enviado los correos que contenía información proveniente del SSMN, que en síntesis es información personal de la hermana de la recurrente y que se le ha transmitido directamente a ella, sin que nada se diga respecto de las tareas o funciones que ha cumplido o debe cumplir el CDE.

18°.- Que, como se advierte, todas las reflexiones precedentes no hacen sino reafirmar el derecho que tiene la reclamante a acceder a la información por ella solicitada, sin que se haya demostrado que hubieran operado en la especie cláusulas de reserva o secreto de la misma.

Sin embargo, dado lo descrito en el párrafo segundo del motivo 16° de esta sentencia, en atención a que se desconoce el contenido total de esas comunicaciones, se hará aplicación de manera preventiva del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, que dispone que si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que deba denegarse por alguna causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda, precisamente por este desconocimiento.

Luego, corresponde que -examinados los correos- el CDE disponga aquella información que deba ser entregada y la que no pueda ser publicada, según exponga algún antecedente acerca de la intimidad o vida privada de su emisor, su receptor o un tercero, o no se relacionen con el ejercicio de funciones públicas, debiendo entregar toda aquella que diga relación a los costos efectivos en que habría incurrido el Servicio de Salud Metropolitano Norte ("SSMN") durante el proceso de formación en beca de especialización de parte de la hermana de la reclamante de autos, en la forma en que se señalará en lo resolutivo de la presente sentencia.

19°.- Que, como se advierte, dada la forma especial de entrega que se dispone, mediante la aplicación del principio de divisibilidad, en modo alguno se revelarán aspectos sensibles relativos a la intimidad de la tercero interesada.

20°.- Que, asimismo, cabe reafirmar lo expresado en el artículo 32 de la Ley N° 20.085, toda vez que es al Consejo a quien se le entrega el objetivo de promover la transparencia de la función pública como fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado, para así garantizar el derecho de acceso a la información, competencia que no se encuentra limitada y que se extiende a todos los órganos sometidos a la ley respectiva, siendo que la expresión que utiliza el artículo 2°, al manifestar que las disposiciones "de esta ley" serán aplicables, no supone una limitación de sus efectos solo para los casos del artículo 1°, sino que su referencia lo es a toda la casuística contenida Ley N° 20.285, desde su artículo primero a undécimo y sus disposiciones transitorias, única interpretación armónica que permite una aplicación sistémica de todas sus disposiciones.

21°.- Que, de la forma señalada en la presente sentencia se cumple a cabalidad con los dispuesto en el inciso 2° del Art. 8° de la Constitución Política de la República, que establece que para determinas si la específica información pedida se encuentra cubierta o no por la reserva alegada y es consistente con el carácter excepcional de los casos de reserva o secreto -dado que la regla general es la publicidad y la excepción los casos de reserva o secreto-, lo que a su vez determina que la interpretación y aplicación de las causales de secreto y reserva debe ser restrictiva.

En aras de esta demostración o ponderación de los valores en conflicto y la necesidad de realizarse en cada caso concreto un "test de daños" también encuentra sustento en el artículo 5° de la Ley de Transparencia, conforme a la cual es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación, o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas" y en la presunción legal de publicidad establecida en el Art. 11 letra c) de la misma ley, debiendo la parte afectada por la citada presunción, para desvirtuarla, justificar la concurrencia de algunas de las excepciones a la publicidad, establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, lo que no aconteció en el presente asunto.

22°.- Que, de lo expresado, aparece de toda evidencia que en este escenario, la decisión adoptada por la reclamada, debe ser revocada, ordenando la publicidad de la forma descrita en lo resolutivo y en el motivo 18°.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 28 y 30 de la Ley N° 20.285, se declara:

Que se ACOGE el reclamo de ilegalidad deducido por VERÓNICA PAMELA CUADRA AGUILAR, en contra del acuerdo de fecha 16 de junio de 2020, adoptado por el Consejo para la Transparencia ("Consejo"), en el marco del Amparo Rol C-1007-2020 que había rechazado su amparo interpuesto, y en su lugar se dispone que se deja sin efecto lo allí decidido, lo que se extiende a la resolución de 18 de febrero de 2020, emanada del Consejo de Defensa del Estado CDE que mediante Oficio Ordinario N° 0967, se negó a entregar la información requerida, organismo que ahora deberá proceder a la entrega de los correos electrónicos intercambiados entre la dirección electrónica personal (vpcuadra@uc.cl) y la institucional (laura.rojo@cde.cl) desde octubre de 2016 hasta enero de 2017, solo en aquellas partes que den cuenta o digan relación a los costos o gastos efectivos en que habría incurrido el Servicio de Salud Metropolitano Norte ("SSMN") durante el proceso de formación en beca de especialización de parte de la hermana de la reclamante de autos.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz.

Rol Corte Contencioso N° 373-2020.

Pronunciado por la Quinta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra Sra. Mireya López Miranda e integrada por el Ministro Sr. Alejandro Rivera Muñoz y el Ministro (S) Sr. Juan Olivares Urzúa, quien no firma por ausencia.

Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Mireya Eugenia Lopez M., Alejandro Rivera M. Santiago, quince de diciembre de dos mil veinte.

En Santiago, a quince de diciembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.