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Servicio de Impuestos Internos con Consejo para la Transparencia Rol: 367-2020

Consejo para la Transparencia, 16/11/2020

Servicio de Impuestos Internos interpone reclamo de ilegalidad en contra de la Decisión de Amparo dictada por el Consejo para la Transparencia, mediante la cual acogió el amparo de acceso a la información. La Corte de Apelaciones rechaza el reclamo de ilegalidad deducido


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Fernando Carreño Molina

Texto completo:

Santiago, dieciséis de noviembre de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece Miguel Zamora Rendich, abogado, en representación del Servicio de Impuestos Internos, ambos domiciliados en calle Teatinos N° 120, piso 2°, Santiago, quien interpone reclamo de ilegalidad en contra de la Decisión de Amparo dictada por el Consejo para la Transparencia en Sesión Ordinaria N° 1104, de 9 de junio de 2020, notificada el 15 del mismo mes y año, que acogió, con dos votos, el amparo al derecho de acceso a la información, deducido por Rafael Trivelli Diaz, en autos Rol C-8261-19.

Señala que, mediante solicitud de acceso a la información pública, de 5 de noviembre de 2019, Rafael Trivelli Díaz requirió al Servicio de Impuestos Internos "antecedentes, esto es estudios, información, bases de comparación, informes y cualesquier referencia tomada en consideración por ese Servicio que determinen y fundamenten el valor por metro cuadrado asignado al área homogénea WSS106 de la comuna de La Florida, y demás antecedentes tenidos a la vista para ello. Solicita especialmente oficio interno que haya hecho la determinación precedente".

Expone que se dio respuesta a la solicitud, accediendo parcialmente a la entrega de la información, señalando que se encuentra a disposición del público, mediante el sitio web institucional, información y preguntas frecuentes sobre Contribuciones. También se realizó entrega de documentos denominados "Estudio de Precios de Construcción. Proceso de Reavalúo de Bienes Raíces No Agrícolas, Año 2018" y "Documento Respuesta. Informe Antecedentes Reavalúo 2018" y acceso al link sobre información de las muestras utilizadas en la determinación del valor unitario de terreno para el proceso de Reavalúo 2018, visibles para el propietario registrado en la Cartografía Digital junto con la entrega de datos para acceder a información a través del sitio web del SII.

Respecto de la información contenida en los Formularios N° 2890, se "denegó" la entrega de la información, toda vez que concurría la causal de secreto o reserva contemplada en el N° 5° del artículo 21, de la Ley N° 20.285, en relación con el inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario, por encontrarse amparada por el deber de reserva tributario.

Indica que el 16 de diciembre de 2019, el requirente dedujo amparo de acceso a la información pública ante el Consejo para la Transparencia, pidiendo información relativa a antecedentes y fundamentos para determinación de valor de metro cuadrado para zona homogénea WSS106 de la comuna de La Florida, sin solicitarse antecedentes particulares respecto de enajenaciones de predios en esa zona, sino antecedentes generales.

Precisa que, en sus descargos, el Servicio reiteró los fundamentos de hecho y de derecho esgrimidos en la respuesta dada al solicitante. Adicionalmente se manifestó que dicha información conlleva la posibilidad de afectación del derecho a la vida privada y los derechos comerciales y económicos de una o más personas, ya que se trata de información patrimonial, conforme al artículo 21 N° 2 de la Ley N° 21.285. Destaca que, el reclamante circunscribió su solicitud a aspectos determinados, excluyendo expresamente la información que se obtiene del Formulario N° 2890.

Expone que, en Sesión Ordinaria N° 1104 de 9 de junio de 2019 se resolvió acoger el amparo al derecho de acceso a la información deducido, ordenando al Servicio, entregar al reclamante copia de los antecedentes, estudios, bases de comparación, informes y cualquier referencia tomada en consideración por ese Servicio que determinen y fundamenten el valor por metro cuadrado asignado al Área Homogénea WSS106 de la comuna de La Florida, y demás antecedentes tenidos a la vista para ello, incluyendo el oficio interno que haya hecho su determinación.

Destaca que dicha decisión fue acordada con los votos del Presidente del Consejo don Jorge Jaraquemada Roblero y la Consejera doña Gloria de la Fuente González. El Consejero Francisco Leturia Infante, presente en la sesión, manifestó su voluntad de no concurrir con su voto y el Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurrió al acuerdo por encontrarse ausente.

En primer término, reclama que la decisión de amparo ha incurrido en ultra petita, ya que el Servicio entregó al solicitante toda la información requerida por éste y en dicha solicitud se excluyó expresamente cualquier información que se obtiene desde el Formulario N° 2890, no resultando procedente que la Decisión de Amparo ordenara entregar información que el solicitante no pidió.

Reclama también que la decisión de amparo ha sido adoptada en contravención al artículo 40 de la Ley de Transparencia en relación con los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental. Resalta que en la decisión adoptada se dejó constancia que el Consejero Francisco Leturia Infante, sin perjuicio de concurrir para formar quórum, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, es decir, la Decisión fue pronunciada únicamente por Jorge Jaraquemada Roblero y Gloria de la Fuente González. Destaca que encontrándose inhabilitado un consejero, éste no puede concurrir a efectos de formar el quórum.

Argumenta a su vez, que la decisión de amparo ha sido dictada fuera del plazo previsto en el artículo 27, inciso 1°, en relación con el artículo 25, ambos de la Ley de Transparencia. En este caso, el Servicio evacuó su escrito de descargos el 29 de enero de 2020, fecha a partir del cual, comenzó a correr el plazo del artículo 27, inciso primero, de la Ley N° 20.285. Sin embargo, recién se resolvió el asunto el 9 de junio de 2020, es decir, más de 4 meses después, apartándose completamente del plazo antes indicado. Esta circunstancia debe sancionarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 7°, inciso final, de la Constitución Política de la República.

Refiere respecto de las causales de reserva que concurren, la del artículo 21 N° 5 de la Ley N° 20.285, en relación el artículo 35, del Código Tributario, y; la causal prevista en el artículo N° 21 N° 2 del mismo cuerpo legal. Fundamenta que, la entrega de la información solicitada significa poner en grave riesgo datos de la vida privada de las personas, dado que, al acceder un particular a los antecedentes relativos a las compraventas de los bienes raíces que se solicitan, podrá conocer por ejemplo, el mayor o menor valor obtenido por los dueños de dichos inmuebles con dichas transacciones; o cuales son los márgenes de utilidad y ganancias obtenidas de la ventas de dichos bienes, esto es, la renta de la operación; o la forma en que las personas obtienen financiamiento para realizarlas. En relación con la afectación de los derechos de terceras personas, hace presente que, la ley limita la entrega de información por el artículo 21 de la Ley N° 20.285, al señalar las causales de secreto o reserva por las cuales se podrá denegar la información.

Por último, señala que, en el caso de autos no es posible aplicar lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N° 20.285, por el gran número de personas afectadas y la única posibilidad de que terceros vean amparada o protegida su privacidad o intimidad es que se reconozca que, en la especie, procede la causal de reserva establecida en el numeral 2°, del artículo 21, de la Ley N° 20.285, puesto que, de otra manera, esas personas se encontrarían en la total indefensión. Pide que se revoque el acuerdo adoptado por adolecer de vicios de nulidad o ilegalidad según corresponda.

Segundo: Que, en apoyo de su pretensión impugnatoria, la reclamante acompañó copia del Oficio N° E9022, de 12 de junio de 2020 que comunica a la decisión final recaída en el Amparo Rol C8261-19. Durante el curso del procedimiento ante esta Corte acompañó copia de Dictámenes de Contraloría General de la República y sentencias dictadas por esta Corte y por la Excelentísima Corte Suprema.

Tercero: Que, evacua el informe requerido Rodrigo Reyes Barrientos, abogado, por el Consejo para la Transparencia, corporación autónoma de derecho público, domiciliado en calle Morandé N° 360, piso 7, Santiago, quien solicita el rechazo del reclamo.

Funda sus alegaciones señalando que el requirente solicitó al Servicio de Impuestos Internos antecedentes y cualquier referencia tomada en consideración por ese Servicio que determinen y fundamenten el valor por metro cuadrado en un área de la comuna de La Florida, y demás antecedentes tenidos a la vista para ello y el oficio interno que haya hecho la referida determinación. El SII dio respuesta a la solicitud entregando parcialmente la información requerida y en atención a ellos, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del SII.

Expone que se confirió trasado del amparo, el que fue evacuado el 29 de enero de 2020, reiterando lo señalado en su respuesta y se argumentó que "las transferencias efectivamente realizadas entre los años 2013 y 2017, constituyen la principal fuente de información y más relevante antecedente tomado en consideración para la determinación del valor unitario de terreno del Área Homogénea WSS106 de la comuna de La Florida, pero dicha información no es posible entregarla, por las razones ya señaladas"

Indica que, por Decisión de amparo Rol C8261-19, adoptada el 9 de junio de 2020, el Consejo para la Transparencia acogió parcialmente el amparo por denegación de acceso a la información, disponiendo la entrega al solicitante de copia de los antecedentes y cualquier referencia tomada en consideración por ese Servicio que determinen y fundamenten el valor por metro cuadrado asignado al Área Homogénea WSS106 de la Comuna de La Florida, y demás antecedentes tenidos a la vista, incluyendo el oficio interno que haya hecho su determinación.

En forma previa al fondo del asunto, hace presente que la

Decisión de Amparo Rol C8261-19 fue notificada al SII mediante Oficio N° E9022, de 12 de junio de 2020, a través de correo electrónico de la misma fecha, tanto a la casilla oficina.partes@sii.cl, como en la casilla electrónica del enlace con el Consejo designado por dicho organismo y no el 15 de junio como señaló el SII en su reclamo, según da cuenta el documento que acompaña, por lo que el término legal de 15 días corridos, establecido en el art. 28 de la Ley 20.285, para deducir reclamo de ilegalidad en contra de la decisión de amparo venció el 27 de junio de 2020, por lo que el presente Reclamo de Ilegalidad al haber sido interpuesto el 30 de junio de 2020, ha sido presentado en forma extemporánea.

Agrega que la decisión de amparo reclamada no incurrió en vicio de ultra petita, pues no ordena entregar más allá de lo pedido, por cuanto el Consejo al conocer y resolver el amparo se apegó a los términos de lo reclamado por el solicitante, señalando los antecedentes que se deberían tener a la vista para el reavalúo. Precisa que, en la parte resolutiva de la decisión reclamada, el Consejo no ha ordenado la entrega de los F.2890.

Añade que la decisión de amparo no es nula y no contraviene el artículo 40 de la Ley de Transparencia, ni infringe los artículos 6° y 7° de la Constitución, en cuanto al quórum para sesionar, por cuanto, el Consejero don Francisco Leturia, sin perjuicio de concurrir para formar quórum, en forma previa al conocimiento del amparo, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el N° 6 del artículo 62 del D.F.L. N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo del Consejo para la Transparencia sobre tratamiento de los conflictos de intereses, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, solicitud y voluntad que fue acogida.

Hace presente que, la abstención para votar y participar en la discusión de la decisión por parte del Consejero Francisco Leturia no quiere decir que la decisión sea nula, ni que el Consejo se haya convertido en una comisión especial, por cuanto se confunde la exigencia legal sobre el quórum mínimo que se debe cumplir para que el Consejo pueda sesionar, con el quórum de Consejeros presentes para efectos de adoptar una decisión y resolver un amparo, cuestión que se encuentra tratada separadamente en la normativa pertinente. Explica que el artículo 40 de la Ley 20.285 indica que "El quórum mínimo para sesionar será de tres consejeros", lo que fue cumplido en la especie. Además, el Consejo Directivo adopta sus decisiones por la mayoría de sus miembros, cuestión que en este caso igualmente se cumplió por cuanto la decisión fue adoptada con el voto favorable de los consejeros presentes no inhabilitados, esto es, por el Presidente del Consejo Jorge Jaraquemada Roblero y la Consejera Gloria de la Fuente González, que formaron mayoría, pues el ex Consejero Drago ya no estaba presente en la sesión.

Hace presente, que en el año 2019, el Consejo para la Transparencia, debió resolver 8.472 amparos por denegación de acceso a la información, lo que justifica que la decisión final del amparo Rol C8261-19, no se haya podido dictar dentro del plazo establecido en el Art. 27 de la Ley 20.285 y asimila su actuar el plazo que tiene esta Corte para dictar sentencia y no por el hecho de hacerse fuera de plazo, sus sentencias serían nulas o ilegales.

Expresa que los antecedentes pedidos corresponden a información esencialmente pública por ser fundamento de la Resolución Exenta del SII N° 28; y por la otra, de la decisión del SII relativa al actual avalúo fiscal de todos los bienes raíces que comprende cada Área Homogénea. En consecuencia, los antecedentes objeto de la solicitud de información recabada por el SII, son fundamento de decisiones administrativas, y por ende, la aplicación que se ha hecho de los artículos 3°, 4°, 5° y 10° de la Ley 20.285, resulta ajustada al ordenamiento jurídico, en específico, a lo dispuesto en el inciso 2° del Art. 8° de la Constitución, toda vez que al decretar la publicidad de los antecedentes solicitados se está permitiendo el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamento de las decisiones que se adoptan en el ejercicio de su función pública. Resalta que, la información que el Consejo ha ordenado entregar al SII es pública y se encuentra contenida en registros públicos, no siendo aplicable las reglas de tratamiento de datos dispuestas en la Ley N° 19.628, por lo que no resultan reservados en virtud de la causal de secreto contemplada en el art. 21 N° 2 de la Ley 20.285.

A su vez, los datos contenidos en el Registro de Propiedad son los mismos contenidos en el Formulario 2890 de "Declaración Sobre Enajenación e Inscripción de un Bien Raíz" elaborado por el SII, de modo que siendo públicos los registros que lleva el Conservador de Bienes Raíces (CBR) cualquiera puede consultarlos.

Refiere que se trataría en tal caso, de un ejercicio de consulta y recopilación, que ya ha realizado el SII como consecuencia de sus competencias legales, por lo que es información que obra en su poder, sistematizada y que puede extraer de sus bases de datos para entregarla al solicitante en cumplimiento del principio de facilitación, contemplado en el Art. 11 letra f) de la Ley 20.285, por lo que al denegarla, está dificultando o entrabando la entrega de información que no está prohibida ni restringida su entrega.

Añade que, en la escritura pública, existen otros antecedentes, como el estado civil de los contratantes, el domicilio, la forma de pago del precio y, dicha información, por contenerse en escrituras públicas, es también de libre acceso.

Destaca que, la información requerida no es reservada por aplicación del art. 35 del Código Tributario, debiendo desestimarse la causal de secreto del art. 21 N° 5 de la LT, ya que el solicitante sólo pidió información general tenida a la vista para determinar el valor de terreno del área homogénea consultada y no el acceso a antecedentes particulares.

Refiere que, la prohibición que pesa sobre el SII de divulgar información respecto a las rentas de los contribuyentes, debe tener relación con el concepto de renta dispuesto en la ley y que el solo hecho de entregar al solicitante copia de los antecedentes y cualquier referencia tomada en consideración por el Servicio, no implica vulnerar el secreto tributario, pues esos datos, no ponen al descubierto la renta obtenida producto de la enajenación del respectivo bien raíz, en los términos que el Art. 2° N° 1 del D.L 824.

Adiciona que, la entrega de la información requerida en el marco del derecho de acceso a la información regulado en la ley de transparencia no implica que los funcionarios del SII incurran en responsabilidad administrativa. Solicita rechazar el reclamo y confirmar la decisión impugnada.

Cuarto: Que, en apoyo de sus alegaciones, la reclamada acompañó los siguientes documentos copia de Decisión de Amparo C8261-19 de 9 de junio de 2019; solicitud de información realizada por Rafael Trivelli Díaz; Resolución Ex. Nro.: LT Not 0017501, de 29 de noviembre de 2019, del SII, a través de la cual el Servicio dio respuesta a la solicitud de información; copia de amparo por denegación de acceso a la información presentado por don Rafael Trivelli Diaz, ante el Consejo para la Transparencia; presentación a través del cual el SII evacuó sus descargos al amparo C8261-19; presentación del señor Trivelli Diaz ante ese Consejo por los descargos del SII; oficio N° E9022, de 12 de junio de 2020, por el cual el Consejo para la Transparencia notificó la decisión de amparo Rol C8261-19, y el respectivo correo electrónico de la misma fecha, junto a una copia de "captura de pantalla" del Sistema de Gestión Documental del Consejo para la Transparencia asociado con la notificación al SII, que acredita que el SII fue notificado con fecha 12 de junio de 2020; resolución Exenta N° 28, de 9 de marzo de 2018 del SII, que refunde y complementa Resoluciones Exentas SII que fijan valores de terrenos y construcciones para el reavalúo de los bienes raíces de la segunda serie no agrícola y que fija valores de montos de avalúo exento, de avalúo para cambio de tasa del impuesto territorial y exención de pleno derecho, para predios no agrícolas reavaluados.

Quinto: Que, evacuando descargos el tercero interesado pidió el rechazo de reclamo, argumentando la falta de legitimidad activa del SII para pedir la nulidad de derecho público invocada, por no ser un órgano de la Administración del Estado titular de la misma. Añade respecto del supuesto vicio de ultra petita alegado que por un lado no se otorgó algo no pedido, sino que además no pueden incurrir en ésta, las resoluciones dictadas por órganos de la administración del Estado.

Agrega que la decisión fue adoptada con los quórums necesarios para sesionar y alcanzar acuerdos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 20.285.

Que en cuanto a que la sentencia fue dictada fuera de plazo, se trata de un plazo que no es fatal para el Consejo y que además está establecido en favor del particular que solicita el amparo y no del órgano contra quien se interpone.

Finaliza que la información ordenada proporcionar no está protegida por causal de reserva al no afectarse por medio de su uso con lo dispuesto en el artículo 35 del Código Tributario ni provenir de fuentes de consulta y acceso público. Solicita no dar lugar al recurso con costas.

Adjunta a su presentación actuaciones contenidas en el Amparo C 82612019.

Sexto: Que en relación con la alegación de extemporaneidad sostenida por la recurrida, cabe señalar que según consta de los antecedentes acompañados la notificación de la Decisión de Amparo Rol C 8261-2019 al Servicio de Impuestos Internos, fue realizada a la casilla electrónica el día 12 de junio de 2020 a dos correos electrónicos de la recurrente, apareciendo incluso en el recuadro de notificación adjuntado, la alerta en color verde como "notificación recepcionada" al mail oficina.partes@sii.cl. Por su parte, el artículo 28 de la Ley 20.285 dispone que "el reclamo deberá interponerse en el plazo de quince días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada"

Séptimo: Que el propio Servicio de Impuestos Internos reconoce ante esta Corte, en su presentación de 23 de julio del presente año, que la comunicación de la Decisión de Amparo fue recepcionada efectivamente por correo electrónico el 12 de junio de 2020 a las 19:19 horas, para luego agregar que por horario y días de funcionamiento del Servicio no se puede entender notificada en ese día y debe diferirse para el día siguiente hábil, es decir, para el 15 de junio de 2020. Agregó además que según dispone el artículo 27 de la Ley 20.285, la forma de notificación es por carta certificada-la que aún no recibe-y que no renunció a ésta durante el procedimiento administrativo.

Octavo: Que a mayor abundamiento hay que considerar que conforme con los antecedentes expuestos por los intervinientes, a consecuencia de la pandemia se acordó un sistema de coordinación entre ambos órganos, de manera que en el caso sub lite se envió copia del correo de comunicación tanto a la casilla de oficina de partes como a la del coordinador, por lo que no existiendo discusión respecto a que el correo fue enviado y según consta recepcionado el día 12 de junio de 2020, el plazo para interponer el reclamo vencía el 27 de junio del mismo año y, sin embargo, el presente recurso fue interpuesto el día 30 de junio, es decir tres días después de vencido el plazo fatal y legal para hacerlo, por lo que no cabe sino concluir que el presente recurso fue presentado extemporáneamente, lo que constituye motivo suficiente para su rechazo.

Noveno: Que sin perjuicio de lo anterior, y respecto al vicio de ultra petita alegado por la reclamante, de la lectura de los antecedentes pedidos esto es "información relativa a antecedentes y fundamentos para determinación de valor del metro cuadrado para zona... se requiere la entrega de información tenida a la vista, sin solicitarse antecedentes particulares respecto de enajenaciones de predios en esa zona, sino antecedentes generales.." se observa de la lectura de los considerandos 7° y 9° de la Decisión impugnada, que la información requerida es la misma solicitada y que la recurrida no ha ordenado la entrega de los formularios F 2890, sino la copia de los antecedentes, estudios, bases de comparados y otras referencias tomadas en comparación por el SII y que determinan el valor del metro cuadrado en el sector consultado y otros antecedentes tenidos a la vista para ello, incluyendo un oficio interno. Es decir, la decisión reclamada sólo se limitó a pronunciarse sobre la cuestión debatida, por lo que esta alegación debe ser rechazada.

Décimo: En cuanto a la alegación de nulidad de derecho público, en base a la falta de quórum para adoptar la decisión, esta también será rechazada en virtud de lo dispuesto expresamente en el artículo 40 de la Ley para Transparencia que dispone "El Consejo Directivo adoptará sus decisiones por la mayoría de sus miembros y, en caso de empate, resolverá su Presidente. El quórum mínimo para sesionar será de 3 consejeros. El reglamento establecerá las demás normas necesarias para su funcionamiento"

Que en caso de autos, esta normativa se cumplió, en atención que se contaba con el quórum para sesionar, es decir, se inició la sesión con 4 consejeros; y si bien uno de ellos se desconectó durante la sesión, siguió la sesión con tres consejeros y la decisión se adoptó por la mayoría de sus integrantes no inhabilitados, esto es, los Consejeros Jaraquemada y De la Fuente, en atención que el consejero Leturia manifestó inhabilidad, por lo que no se vislumbra el vicio alegado, de manera que también será desestimado.

Undécimo: Respecto del argumento que la sentencia fue dictada fuera de plazo fijado en el artículo 27 de la Ley 20.285, lo cierto que este plazo, según numerosa jurisprudencia judicial y administrativa, resulta no fatal para la administración y, por tanto, no transforma en nula o viciada la decisión, por dictarse fuera del plazo allí señalado, sin perjuicio de eventuales responsabilidades administrativas que pudieren existir, por lo que este argumento será desestimado.

Duodécimo: Que sobre las causales de reserva alegadas, esto es, aquellas contenidas en el artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley 20.285, disponen que se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información: "N° 2 Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico" Y N° 5, "Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política de la República".

Que el artículo 8 de la Carta Fundamental dispone que "El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.

Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional"

Por su parte el artículo 35 inciso segundo del Código Tributario establece: "El Director y demás funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas, que figuren en las declaraciones obligatorias, ni permitirán que éstas o sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona alguna ajena al Servicio salvo en cuanto fueren necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Código u otras normas legales.".

Duodécimo: Que, del análisis de las normas citadas precedentemente, aparece que las causales de reserva o secreto referidas en el artículo 21 de la Ley 20.285 que facultan a los órganos de la Administración del Estado para denegar total o parcialmente el acceso a la información es una regla excepcional, por ende, debe ser interpretada restrictivamente. La regla general, está constituida por los principios de publicidad y transparencia del ejercicio de la función pública. En efecto, el acceso a la información pública, reconocido y protegido en nuestra Carta Fundamental, comprende el derecho de acceso a la información de los órganos públicos y la denominada transparencia activa, reconocida expresamente en el artículo 7° de la referida Ley, al determinar el carácter público de la información actualizada que debe estar siempre a disposición de las personas.

Por lo tanto, tales salvaguardas permiten excluir la información contenida en el acto administrativo del conocimiento público, ya que la que se ordenó entregar, no se refiere a la vida privada de las personas ni a datos patrimoniales susceptibles de revelar la renta o su fuente de ninguna persona natural o jurídica determinada o determinable.

Décimo Tercero: Que el inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario, transcrito precedentemente prohíbe la enunciación de antecedentes que permitan conocer la cuantía o fuente de la renta de los contribuyentes, cuya finalidad no es otra que impedir el acceso público a aspectos patrimoniales de toda persona natural o jurídica, susceptibles de revelar la cuantía o fuente de sus rentas, pérdidas, gastos o cualquier otro dato relativo a ellas.

En consecuencia, la información ordenada no vulnera la norma en comento ya que consta en registros públicos y no está cubierta por el referido secreto, porque no permitir conocer la situación tributaria particular de los contribuyentes, ni operaciones comerciales ni datos patrimoniales susceptibles de revelar su renta o fuente. Por lo tanto, al permitirse la publicidad de la información ordenada entregar, no se produce afectación alguna de algunos de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 8 inciso segundo de la Constitución Política de la República. A mayor abundamiento, la información ordenada entregar, no implica divulgar datos personales que resulten reservados en los términos de la Ley 19.628, de manera que, por este argumento, el presente reclamo de ilegalidad tampoco puede prosperar.

Décimo Cuarto: Que, sobre lo discutido, no debe perderse de vista que la información solicitada es pública, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia y no puede desconocerse que la solicitud esta revestida de interés público, porque permite conocer los fundamentos que consideró el reclamante para la dictación de sus decisiones administrativas y, en este caso en concreto, conocer los antecedentes para determinar el valor unitario de un sector territorial.

Además, la información se encuentra contenida en registros conservatorios y notariales que son de acceso público, de manera que no nos encontramos ante alguna afectación a las causales del articulo 21 N° 2 y 5 ya referidas.

Por otro lado, no existe responsabilidad funcionaria por el hecho de cumplir con la entrega de la información solicitada, toda vez que, no vulnerándose inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario y en virtud del principio de facilitación, es necesario activar mecanismos y desarrollar procedimientos que permitan el acceso a la información de los órganos de la Administración y no imponer exigencias o requisitos que lo obstruyan en conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 20.285.

Décimo Quinto: Que según lo analizado, el acceso a los antecedentes, estudios, bases de comparación, informes y cualquier referencia tomada en consideración por el Servicio que determinen fundadamente el valor por metro cuadrado asignado al Área Homogénea WSS106 de la comuna de La Florida, y demás antecedentes tenidos a la vista para ello, incluyendo el oficio interno que hace su determinación, no está cubierta por secreto o causal de reserva, en tanto no importa permitir conocer la situación tributaria particular de ese contribuyente u otro, ni se trata de antecedentes declarados reservados o secretos, sino sólo conocer la información tenida a la vista por la Administración al tiempo de adoptar sus decisiones.

Que, en consecuencia, la decisión de amparo recurrida en este aspecto se ajusta a derecho, por lo que debe desestimarse el recurso.

Décimo Sexto: Que no modifican lo razonado, los documentos acompañados, en cuanto se trata de sentencias y resoluciones dictadas para los referidos procesos en que inciden.

Por estos fundamentos y citas legales referidas y lo dispuesto en los artículos 28, 29 y 30 de la Ley de Transparencia, se rechaza sin costas el reclamo de ilegalidad interpuesto por el abogado Miguel Zamora Rendich Subdirector Jurídico del Servicio de Impuestos Internos en contra de la Decisión de Amparo adoptada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, en sesión ordinaria N° 1104, de 9 de junio de 2020 recaída en causa rol C 8261-19, por extemporáneo, sin perjuicio de lo expresado sobre el fondo.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro (S) señor Rettig.

N° Contencioso Administrativo-367-2020.

Pronunciado por la Undécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Fernando Ignacio Carreño O. y los Ministros (as) Suplentes Maria Ines Lausen M., Mauricio Rettig E. Santiago, dieciséis de noviembre de dos mil veinte.

En Santiago, a dieciséis de noviembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.